Breves reflexiones en torno a la utilización como prueba en el proceso laboral de los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen

Mar&ia= cute;a José Rodríguez Crespo

Profesora Asociada del Departame= nto

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Universidad de Córdoba.

Artícul= o 90 LPL-. 1. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley, admitiéndose como tales los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas. 2. Podrán, asimismo, solicitar, al menos= con tres días de antelación a la fecha del juicio, aquellas prueb= as que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento.

1.-= Especialidades en la utilización de los medios de reproducción de la palabra= , de la imagen y del sonido en el proceso laboral.

La prueba en el proceso laboral se enc= uentra regulada en el Título I del Libro II de la Ley de Procedimiento Labo= ral (en adelante LPL), en lo que se refiere a aspectos procedimentales, a la proposición y práctica de la misma en el acto del juicio y a ciertas reglas específicas sobre medios de prueba. Junto a esta regulación específica han de tenerse en cuenta la multiplicid= ad de disposiciones que sobre la misma se encuentran dispersas en otros aparta= dos de la LPL.

En materia de medios de prueba, la LPL, en su art.90, al decir expresamente que “las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley”, se está remitiendo a lo que s= obre el particular se encuentre regulado en la LEC, y, concretamente, a su art.2= 99. Esta remisión permite que puedan utilizarse como medios probatorios = en el proceso laboral, tanto el interrogatorio de las partes, como la prueba documental, el dictamen de peritos, el interrogatorio de testigos y el reconocimiento judicial. Junto a estos medios el art. 90.1 LPL reconoce expresamente como utilizables en el proceso laboral, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen relevantes para el proceso.

La utilización de ambos medios probatorios presenta en el procedimiento laboral dos especialidades que lo aleja de lo que acontece en la jurisdicción civil.=

En primer lugar, tanto los medios de reproducción como los instrumentos de archivo no tienen que aportarse necesariamente con la demanda o con la contestación a la misma, dado= que se proponen y presentan en el acto de juicio. Ello determina que en el supu= esto de que se presenten dudas sobre su autenticidad y se pretenda plantear su impugnación, deberán utilizarse para ello las diligencias para mejor proveer (1= ).

En segundo lugar, no es posible utilizarlos en los procesos sobre vulneración de los derechos fundamentales, respecto de los que su utilización viene vetada (2).

Por lo que se refier= e a su naturaleza, los medios mecánicos de reproducción de la palabr= a, de la imagen y del sonido han de ser entendidos como pruebas documentales. A pesar de que el art. 90.1 LPL no lo recoge expresamente, la jurisprudencia así lo viene admitiendo (3). Así, la STS d= e 17 de junio de 1999 expuso que: «Aunque nuestro ordenamiento jurídico-civil básico, tan= to sustantivo, como procesal (Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civi= l), dada la antigüedad de su redacción, no contemplan como posibles medios probatorios los mecanismos o elementos derivados de los importantes avances y descubrimientos técnicos de los tiempos modernos, como son= las cintas magnéticas, vídeos y cualquier otro medio de reproducción hablada o representación visual del pensamiento humano, los mismos aparecen admitidos por la jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de 30 de noviembre de 1992 [RJ 1992, 9458] y 2 de diciembre de 1996 [RJ 1996, 8939]), debiendo ser catalogados, dentro de la enumeración contenida en los artícu= los 1215 del Código Civil y 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como prueba documental asimilable a los documentos privados, por cuanto que, al igual que con éstos ocurre, si la parte a quien perjudiquen no los reconoce como legítimos, habrán de ser sometidos a la correspondiente verificación o comprobación, por medio de la prueba pericial o, incluso de reconocimiento o inspección personal d= el Juez, y siendo ello así, o sea (volvemos a decir), admitida la conceptuación como prueba documental de tales elementos o medios técnicos reproductores de la palabra o de la imagen, ha de regir para ellos la misma norma procesal que para los documentos...».=

En definitiva, aun cuando el material obtenido= por medio de reproducción de la imagen y del sonido no es propiamente un documento, accede al proceso por medio de la actividad que constituye el me= dio de prueba documental, dada su condición de soporte material representativo de hechos y procede asignarle valor de prueba documental a l= os efectos previstos en el art. 191 b) LPL (4). =

2. Los medios de prueba.<= /o:p>

a)&n= bsp; Las cintas de video.

= Las cintas de video son consideradas por la jurisprudencia como medio electrónico de reproducción de la imagen, aceptado como eleme= nto de prueba por el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicia= l, condicionado a que ofrezca garantías de autenticidad, “al estar adornado de una indudable fuerza de convicción al permitir que el juez disponga directamente de la imagen filmada por el apar= ato de video (5).

Sobre la cuestión de si las cintas de vídeo se pueden considerar co= mo prueba documental y por lo tanto tener efectos revisorios según lo dispuesto en el art. 194.3 de la LPL, debemos acudir a la = LECiv 1/2000, lo que provoca una cierta incertidumbre sobre su naturaleza. A pesar de que dicho medio de prueba como reproductor de sonido, palabra o im= agen se admite como tal por la nueva LECiv 1/20= 00 en los arts. 299.2 y 382 , sin embargo lo hace con un carácter autónomo al de la documental. No obstante, puede entenderse que, en la medida en que la imagen o so= nido ha sido reproducida y consta en filmación, debe interpretarse en un concepto amplio de «documento» identificándose con &laqu= o;cosa mueble apta para la incorporación de señales expresivas de un determinado significada» (6). Ha esta opini&oa= cute;n coadyuva el hecho de que el Tribunal Supremo ha admitido expresamente, en el ámbito procesal laboral, que las cintas de vídeo “constituyen per= se un documento de examen y visión” (7), por l= o que, en consecuencia, como prueba documental las cintas de video a efectos revisorios (8). <= /o:p>

Su idoneidad ha sido admitida como medio de demostrar la realización de actividades laborales por parte de los trabajadores durante el perío= do de incapacidad laboral transitoria (9). Asimismo, el establecimiento de cámaras en el centro de trabajo, cuya existencia y ubicación no tiene por qué ser conocida por los trabajadores = (10), constituye un medio idóneo para el desempe&ntil= de;o de las facultades de vigilancia y control por parte del empresario. La instalación por éste de una cámara fija de grabación en el lugar de prestación de servicios de trabajado= r, con la única finalidad de comprobar su conducta laboral, no puede ser considerada como atentatorio de su derecho a la intimidad, como tuvo ocasión de matizar la STC 186/2000, de 10 de julio.= Esta sentencia, aplicando el principio de proporcionalidad que es el que debe es= tar presente para determinar la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, estableció la viabilidad de esta conducta. Por ello, a través de las grabaciones, el empresario, puede controlar cómo se desempeña= el trabajo, siendo por ello utilizadas como un elemento probatorio idón= eo para demostrar la procedencia del despido disciplinario (11<= /a>).

b)Las cintas magnetofó= nicas.

Las grabaciones realizadas en cintas magnetofónicas constituyen una modalidad más de los me= dios mecánicos de reproducción del sonido permitidos como prueba p= or el art. 90.1 LPL. La eficacia revisora de la prueba resulta indiscutible a partir de su propia naturaleza intrínseca y de reiterada doctrina de Suplicación que ha hecho hincapié en la validez y eficacia de= la prueba de cintas magnetofónicas que presente garantías de credibilidad y obtenida de forma lícita (12).

Las circunstan= cias en las que pudo tomarse la grabación en cuestión podrán ser valoradas por la juzgadora de instancia, al igual que el restante mater= ial probatorio, para establecer su conclusión sobre los hechos, pero no puede erigirse en elemento obstativo a su uso como medio de prueba. Su inadmisión sólo cabrá adoptarla cuando hayan sido obtenidos mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales y libertades públicas. Pero no cuando la grabaci&oacut= e;n se hubiera realizado sin el consentimiento del trabajador, pues, en tal cas= o, todo medio de prueba obtenido sin el consentimiento de alguna de las partes debería ser rechazado, lo que no resulta ni mucho menos acorde con el tenor del art. 87.1 LPL (13). Por ello, la inadmisión de la grabación realizada sin atentar contra los derechos fundamentales y las libertades públicas del trabajador afectado deberá entenderse como una violación del derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador, en la medida en que, = al haber sido privado del derecho a practicar todas las pruebas pertinentes pa= ra acreditar su petición o para defender sus afirmaciones (14).

c)&n= bsp; Las fotografías.

Respecto de las fotograf&iacu= te;as, la doctrina se encuentra divida, división que ha puesto incluso de manifiesto el propio Tribunal Supremo en la sentencia de 17 de junio de 1996 (RJ. 5166) (15), entre los que la considera documento y = los que creen más apropiado encuadrarlas dentro del reconocimiento judic= ial. No obstante independientemente de su calificación no cabe duda de que son un medio idóneo para probar las aseveraciones en las que se fundamenta la demanda (16).

d) Los Informes de una Agenci= a de Investigación.

El Tribunal Supremo ha admitido el valor probatorio de los informes realizados= por una Agencia de Investigación Privada, aportados la juicio por la empresa. Al equipararlos el Alto Tribunal a un documento privado reconocido legalmente,= le es de aplicación lo dispuesto en el art.604 LECiv., el cual le recon= oce un valor probatorio similar al del documento público. No obstante, e= llo no es óbice para que sea el juzgador de instancia el que deba analiz= ar su pertinencia e idoneidad probatorio sumado con otros medios probatorios (= 17).

Aplicando la doctrina sentada por la ya mencionada STC 186/2000, la utilizació= n de los informes que sobre la conducta del trabajador pueda encargar la empresa= o una Mutua de Seguros, en casos control del proceso de incapacidad temporal = del trabajador, no atenta contra su derecho a la intimidad. Es evidente que pudiendo constituir la conducta del trabajador un fraude, no sólo dentro del esquema convencional del contrato de trabajo, sino incluso a la = Seguridad Social, la legitimación para realizar la investigación se encuentra en manos tanto de la empresa como de la Seguridad Social u organismo autorizado, como puede ser la Mutua que controle el proceso de = IT del trabajador, por lo que si la misma empresa puede efectuar la contratación de los detectives, del mismo modo puede servirse del resultado de las investigaciones llevadas a cabo por cuenta del otro legiti= mado (18).

e) Las grabaciones digitales.

Respecto de las grabaciones, dada la novedad de su aparición, la cuestión que entonces se pl= antea es la si tales nuevos medios probatorios, pueden ser o no considerados como documental, y si, por lo mismo, pueden ser instrumento revisorio háb= il. En la actualidad, supliendo cierta deficiencia del art. 90 LPL/1990, que no incluía entre los medios probatorios al soporte informático, dispone novedosamente el art. 299 LECiv/2000 que se admitirán como prueba «cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo [del que] pudi= era obtenerse certeza sobre hechos relevantes».

Tomando como base la línea argumental que nos ha permitido admitir que todos= los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen pueden considerarse como prueba documental porque, a pesar de que no son propiamen= te un documento, su condición de soporte material representativo de hec= hos y procede asignarle valor de prueba documental a los efectos previstos en el art. 191 b) LPL (19), podemos afirmar que también= las grabaciones digitales deben ser entendidas como tales. Si bien el soporte q= ue utilizan no es de papel o materia semejante y tampoco incorpora un pensamie= nto humano o declaración de voluntad mediante signos gráficos o de escritura, con un concepto amplio, sí podrían entenderse como documentos, en la medida que representan en un soporte hechos que tienen va= lor probatorio y son incorporables a las actuaciones (20). <= o:p>

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1 Memen= to Práctico. Procedimiento Laboral 2004-2005. Ed. Fra= ncis Lefebvre. Pág.426.

2 Antes de que el art. 90.1 LPL lo prohibiera, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 114/1981, se había manifestado contra la utilización como medio de prueba = de medios mecánicos de reproducción de la palabra, como podían ser las cintas magnetofónicas, si ello conllevaba la violación de un derecho fundamental o de una libertad fundamental. No obstante, el Alto Tribunal admitió la prueba en esa ocasión, porque la conversación había sido grabada por una de las dos personas que intervenían en la misma, ya que la norma constitucional= que garantiza el secreto de las comunicaciones se dirige inequívocamente= a garantizar su impenetrabilidad por terceros ajenos a la comunicación misma.

3 SSTS 8-2-1991 (RJ 817/91); 17-6-199= 6 (RJ 5166/96); 12-6-1999 (RJ 4735/99).

4 <= /span>STSJ País Vasco de 14-3-2000 (AS. 785/0= 0). En la misma línea STSJ Andalucía de 28-1-2000 (AS 2184/00).=

5 STS de 25-11-89 (RJ 8251/89). La utilización de este medio audiovisual como prueba ha si= do admitida posteriormente por Tribunal Supremo en los siguientes pronunciamientos: 4-6-1990 (RJ 5012/90); 8-2-1991 (RJ 817/99).<= /o:p>

6 Como expresamente admitió el Tribunal Supremo en Sentencia de 5-2-1988 (RJ 857/88).

7 La STS de 8 de febrero de 1991 (RJ 817/91).

8 Así lo viene manteniendo la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia: STSJ de Galicia 22-10-20= 02 (AS. 3471/02); STSJ Murcia 15-7-2002 (AS. 227640/02); STSJ Comunidad Valenc= iana 4-7-2002 (AS. 2998/02).

9 STSJ Galicia de 22-10-2002 (AS.347= 1/02); STSJ Valencia de 4-7-2002 (AS.4216/02).

10 STC 186/2000, de = 10 de julio.

11 STSJ La Rioja de 30-5-2002 (AS.146= /02); STSJ Galicia de 20-3-2002 (AS.3385).

12 = STSJ Galicia de 4-7-= 2002 (AS. 194022/02), con cita de otras sentencias anteriores de la misma Sala; = STSJ Comunidad Valenciana 12-12-2001 (AS. 3191/02): en este pronunciamiento se admite como prueba la grabación de una conversación con el Director Gerente de la empresa y su utilización en juicio, sin que p= ueda entenderse como atentatoria del derecho a la intimidad del trabajador.

13 STSJ Comunidad Valenciana 11-12-20= 00 (AS. 164366/01).

14 STSJ Comunidad Valenciana 11-12-200= 0 (AS. 164366/01); STSJ Galicia de 4-7-2002 (AS. 194022/02).

15 Para quienes sostienen que en la noción de documento lo fundamental es la existen= cia de un objeto que incorpora una representación con posible valor probatorio y que puede ser trasladado a presencia judicial e incorporado a = las actuaciones las fotografías serían un documento. Pero para la tesis que considera que la noción de documento debe limitarse a las declaraciones de voluntad manifestadas por escrito, estaríamos ante = una forma especial de reconocimiento judicial, en la que la imagen del objeto q= ue el Juez examina se independiza de ese objeto y puede ser presentada en el a= cto de juicio, aunque lo representado, en cuanto acción pasada, haya desaparecido.

16 SSTS 17 de junio de 1996 (RJ 5166/= 96); 17-7-1984 (RJ 4189/84).

17 STS de 26 de enero de 19888 (RJ 54/1988).

18 STSJ Comunidad Valenciana 4-7-2002 = (AS. 2998/02).

19 <= /span>STSJ País Vasco de 14-3-2000 (AS. 785/00). En la misma línea STSJ Andalucía de 28-1-2000 (AS 2184/00).

20 STSJ Galicia 3-5-2002, AS.3411/02.