La sombría regulación jurídica en los ceses de funcionarios provistos mediante libre designación en la Administración Periférica

De la excelencia gestora a la burocracia polít= ica : la oculta realidad de la organización pública.

por

Juan B. Lorenzo de Membiela

Doctor en Derecho .

Sinopsis:

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Los numerosos ceses producidos en las ultimas fechas producen no sólo un deterioro de quienes luchan por profesionalizar = la Administración Pública sino también una conmoci&oa= cute;n para quienes se encuentran afectados por tal medida. La regulación jurídica aplicable a l= os funcionarios cesados es incompleta y, en alguna medida , confusa= . Este estudio intenta aclarar si di= cha profesionalización es factible bajo el actual esquema político-administrativo, analizando posteriormente los inconvenientes que el cese ocasiona a los funcionarios afectados .

Sumario[1]:

I. Introducción: de la profesionalización administrativa a las cesantías. II. Cese y desviación de poder. III. Regulación normativa del cese: la laguna jurídica del mo= mento inmediato posterior al cese y antes de la adscripción provisional del funcionario público . I= V. Retribución del funcionario transcurrido el mes del cese hasta la adscripción provisional en puesto de trabajo. V. Creación del puesto a proveer media= nte adscripción y retribuciones a percibir. a) Existencia de vacante idónea, apartado III.2º.2.a). b) Inexistencia de vacante idónea en el lugar del cese , apartado III.2º.2.b). c) Inexistencia de vacante en la Administración Periférica, apartado III.2º.2.c). d) Funcionario perteneciente a cuerpo o escala que tenga atribuido puestos en exclusiva, a= partado III.2º.2.d). e) Retribución a percibir por el funcionario publico adscrito provisionalmente. VI. Diferencia entre las retribuciones a recibir por el funcionario después del primer mes del cese y las determinadas por la CECIR en la creación de la plaza en adscripción provisional.

I. Introducción: d= e la profesionalización administrativa&n= bsp; a las cesantías.

No abundan los estudios administrativos sobre la situación que se crea tras el cese en un puesto provisto mediante libre designación . Ello pu= ede que responda a que es una parcela del Derecho de funcionarios[2] m= uy concreta; tal vez a la falta de interés general o , quizás, a motivos más profundos , pues tambi&= eacute;n la circunstancia del cese puede generar una afección anímica = que hunde a quien la padece en una gran frustración si quiera sea temporalmente[3].

Estamos acotando el problema a la Administración Periférica en donde la provisión de cargos se centraría en un nivel difícilme= nte calificable de político, a decir de muchos autores, entre ellos Jiménez Asensio[4]. Concretamente puestos tales como Director Provincial, Delegado Provincial o Jefe Provincial, que pose= en un carácter subordinado respecto a los altos cargos directivos de la Administraci&oa= cute;n General de marcado énfasis político; cargos , en suma , puestos de naturaleza burocrática-directiva cuyos miembros pertenecen a la función publica profesional , a grupos “A “ concretamente . Sin embargo= , a pesar que la gestión a realizar se limita ,en muchas ocasiones ,a obedecer las órdenes de sus superiores y que su independencia gestor= a es exigua por no decir inexistente , suelen sufrir igualmente el azote elector= al.

De este modo, esta última trinchera directiva que, hoy por hoy, tenemos esb= ozada en los textos de función pública de la Administraci&oa= cute;n General del Estado , se aparta bruscamente de la tan espe= ra profesionalización convirtiéndose , en la más de las veces, en tributo político del partido ganador = o de la autoridad gubernativa provincial de turno o del responsable polít= ico provincial.

En la jornadas de trabajo sobre función pública organizadas por FETAP-Unión General de Trabajadores en 1981[5], = se apuntaba – y con total actualidad puede reproducirse hoy en dí= a:

«La libre designaci&oacut= e;n , que parecía configurarse como un sistema excepcional de provisi&oacu= te;n de vacantes ha cobrado en la práctica una importancia excepcional, ya que a los numerosos puestos de carácter administrativo reservados pa= ra nombramientos políticos han venido a sumarse la casi totalidad de los que suponían una pequeña parcela de poder administrativo, si = bien se hace preciso reconocer que las más de las veces no han sido crite= rios políticos los que han predominado, sino más bien relaciones personales u otros mil factores aleatorios ya que no ha existido ning&uacut= e;n baremo objetivo sobre el que las designaciones se realizaran.»=

En algunos estudios he defendido la libre designación como sistema de provisión idóneo para optimizar la gestión public= a[6]. Dirigir una organización sin poder contar con un equipo de tu confia= nza es algo que difícilmente puede entenderse , pero esa utilizaci&oacut= e;n se enmarcaría dentro de un propósito gestor en la consecución del principio de eficiencia y eficacia del art. 103.1&or= dm; de la CE . Esto es diferente al cambio directivo por razones infrajurídicas aunque, en e= ste último caso, también se podría justificar únicamente dependiendo de lo que por eficacia entienda el comisario político. No seamos ingenuos: pensamos que el poder de los altos directivos se asienta sobre entes políticos territorialmente más reduci= dos: las provincias, que son las que constituyen la base primaria del alto poder político, concretamente los alcaldes y presidentes o secretarios políticos provinciales. Esa estructura piramidal es inversamente proporcional a la dependencia= que los cargos más altos poseen respecto a sus bases políticas . = Como vemos, todo es una cuestión de matices y perspectivas.

Jiménez Asensio, atribuyó a ese último escalón directivo la responsabilidad del correcto funcionamiento de la Administración Pública [7] , constituyéndose, como defiende Arenilla Sáez[8] , « en el núcleo de lo que sean los directivos en la Administración del Estado» ; « de la memoria histórica » de la unidad administrativa, como apunta Jiménez Asensio y= a decir de Max Weber &= laquo; del saber especializado que garantiza la burocracia profesional» [9].<= o:p>

No corresponde hablar aquí de la independencia y objetividad de la burocracia – en la acepción empleada por Fernández-Carnicero González[10] : organización dirigid= a a un aprovechamiento racional de los recursos sociales mediante una funcionaliza= ción del ejercicio del poder-. Tampoco de la incidencia del management públi= co en el aparato burócrata[11]; pero, indudablemente, todo viene correlacionado: No se puede pretender modernizar la Administración Pública si el = uso y abuso del cese político discrecional prescinde de directivos que , c= on objetividad, cumplan la efica= cia y eficiencia intrínsecas a todo servicio público. Tampoco se puede defender la exist= encia de una Administración Pública profesional cuando el partido político busca denodadamente candidatos afines a su intereses, no a = sus ideas ( ya que incurrir&iacut= e;a en una evidente paradoja que seria contraria a al Estado democrático del art. 1.1º de la CE… ) , generando desconfianza y recelo.

Sin embargo, todo esto se está produciendo y, si con ello, el Parlamento, que es la única institución que puede fiscalizar la eficacia = de la Administración Pública no se pronuncia, habrá que convenir que la realidad supera los ansiados postulados de= la Ciencia de la Administración de construir una Administración Pública neutral, impar= cial, y profesionalizada, volviendo ,de facto ,al régimen de cesantí= ;as suprimidas por la Ley de Presupuestos de 3 de mayo de 1845[12].=

II. Cese y desviación de poder.

La función directiva en la Administración Pública está sujeta a distintos y distantes condicionantes. El primer gran problema es la limitación de su mandato, sometido a término resolutorio, dies certus an et i= ncertus quando, pues la duración en el cargo se encuentra estrechamente unida, en el mayor numero de ocasiones, a la permanencia de la autoridad que confirió el nombramiento. De un modo pragmátic= o el Tribunal Supremo entra a analizar este problema haciendo pivotar la desviación de po= der postulada en que se demuestre el carácter político del cese, = cosa que puede resultar difícil cuando el cesado carezca de afiliaci&oacu= te;n política pero quizás pueda ser más evidente cuando el nombrado sea afiliado o simpatizante del poderdante administrativo . El FD cuarto de la Sentencia de 29 = de mayo de 1995<= span style=3D'mso-special-character:footnote'>[13] - con cita de otras del mismo Tribunal- explicita:

= « […] La facultad de acordar el relevo en puestos de libre designación, que forma parte de la potestad organizativa de la Administración, se ejerció con la finalidad de llevar a buen puerto una línea política de gestión marcada por el nuevo Gobierno autonómico, objetivo que se presume vocacionado a la satisfacci&oacu= te;n de los intereses públicos[…] » .

Como acto jurídico, el cese es un acto discrecional que no supone qu= e se encuentre fuera de los imperativos del Derecho Administrativo en general y de la función públ= ica en particular [14]<= /span>. Ello significa que los requisitos formales o procedimentales cobren especial relieve para evitar ser calificado como acto arbitrario. El carácter restrictivo de derechos del cese otorga una nueva dimensión jurídica al mismo lo que obliga a la autoridad competente a ser escrupulosa = con su dictado y manifestación evitando la arbitrariedad y la desviación de poder.

Preceptos constitucionales tales como el art. 105.c) = que exige la audiencia al interesado en todos los procedimientos administrativos que le afecten que ,curiosamente, no ha tenido una traducción normat= iva en el regulación del cese en la LMRFP de 1984 o en el RGI de 1995, p= ero que quizás deba ser exigido por la incidencia de la Ley 30/1992; o , sobretodo, el art. 9.3º de la CE, cuando garantiza la irretroactividad de l= as disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales, este último artículo, incluido en el Titulo Preliminar de la Constitución, lo que fortalece su ineludible observancia.

Esa última observación viene a colación de ceses que se están produciendo en la actualidad, muchos de ellos publicados en el BOE, que declaran la retroactividad del mi= smo a fechas anteriores a su publicación oficial[15].= No creo que estas formas pertenezcan a una Administración moderna que ha invertido mucho para alcanzar la excelencia gestora como medio de modernización. Esa fal= ta de consideración, además, viene jalonada con otras consecuencias colaterales que bien podrían calificarse como “ensañamiento administrativo” , consecuencia subsiguient= e al cese, y que no pueden tener otro resultado que la desmotivación laboral. No hay que olvidar q= ue la Administración es, sobretodo , producto de una continua evolución , su= jeta inexorablemente a los modos gestores que sucesivamente han plasmado sus directivos. Y de entre todos esos modos, el creativo, es para mi el más provechoso para la organización y el ciudadano. Mucho m&aacut= e;s eficaz y elegante que el revanchista , sin sentido y absurdo en una sociedad que se autoproclama democrática, muy extendido hoy desgraciadamente y que a medio o largo plazo puede producir consecu= encias imprevisibles.

El cese en los cargos de libre designación ado= lece de imperfecciones graves. A salvo la consideración que las normas reguladoras del cese y adscripción provisional de puesto de trabajo prevén para los cuerpos especiales, para los funcionarios directivos de cuerpos generales ce= sados en libre designación la vuelta al anterior puesto es práctica= mente imposible. So pena de permitir alguna triquiñuela legal como proveer= la plaza vacante por otro funcionario en comisión de servicios y, posteriormente, cuando cese el directivo revocar la comisión concedi= da ubicando al cesado en lugar del comisionado. A salvo, siempre, las acciones judiciales contra el acuerdo revocatorio por desviación de poder, ya que el directivo no podría volver a su plaza como titular de la misma sino en adscripción provisional, no definitiva, lo que invalidaría la extinción de la comisi&oacu= te;n de servicios que exige que se provea de modo definitivo. La adscripción provisional, como sabemos,= es una situación transitoria. La ilicitud de la resolución admin= istrativa acordando tal modo atípico de provisión se obtendría mediante la aplicación analógica del art. 64.3º del RGI de 1995 que impide la prórroga de la comisión de servicios cuando el puesto sea provisto de forma definit= iva, constante la urgente e inaplazable necesidad de su ocupación por necesidades del servicio – que a la postre motivó su otorgamie= nto- en relación con el art. 6.4º del CC que regula el fraude de ley= .

De todos modos, la doctrina de los tribunales, sancio= na la ilegalidad de revocar una comisión de servicios por otra causa diferente a la provisión definitiva de la plaza. La STSJ de Andalucía de 20 de septiembre de 1999[16],= FD tercero, expone:

« […] La discrecionalidad no puede significar arbitrariedad, y es lo cierto que, = en el caso enjuiciado, no sólo no se ha acreditado la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el citado artículo 64, sino que ni tan siquiera se ha motivado la causa del cese, sin que, por otra par= te, el recurrente haya tenido noticia o información alguna de dicho cese hasta el momento en que le fue notificada la lacónica resoluci&oacut= e;n ahora recurrida[…] » .

Lejos de pensar estratagemas legales que puedan construirse y, muchas, dependiendo siempre de la voluntad favorable del órgano competente a tal fin, no olvidemos que para los directivos ,en genera= l, ser cesado supone una « caída en vacío»[17] = en su carrera profesional por los perjuicios que conlleva. Entre otros: no regresar a su plaza de origen y perder&nbs= p; ,por ello, una retribución dineraria de cierta envergadura . Estos impedimentos condicionan ,de forma inequívoca , la promoción profesional de los funcionarios y, con ello, su carrera administrativa . La solució= n no puede ser otra que el legislador modifique la regulación actual dict= ando otra más ajustada a lo que se pretende: la existencia de una verdade= ra carrera directiva con todas las garantías posibles, con una regulación más seria y profunda del cese.

Ello compensaría, en parte, los grandes sacrificios que un directivo periférico debe soportar, sometido ,implacablemente , a variadas presiones de todo tipo= y siempre bajo el recelo del ce= se por la sutil confianza polí= ;tica. No olvidemos que esa primera línea de mando debe lidiar no únicamente con las presiones políticas de la provincia, sino también, con la gestión de personal de la organización, cuestión pelia= guda sino se trata con filosofía gestora y templanza humana. Conjugando no sólo poderes o facultades sino también diferentes sensibilida= des, imprescindibles, para mantener motivado al personal.

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III. Regulación normativa del cese: la laguna jurídica del momento inmediato posterior al ces= e y antes de la adscripción provisional= del funcionario público .

El art. 58 del RGI de 1995 regula el cese de forma curiosa. Llamativo es que el apartado 1º del articulo – en relación con el art. 20.1º.e) de la LMRFP de 1984 - lo primero que quiere expresar es su carácter facultativo o arbitrario : « los funcionarios nombrados para puestos de trabajo de libre designación podrán ser cesados con carácter discrecional» . No define lo que es el cese, no da un concepto del mi= smo, sino que se limita a una de sus características administrativas como acto que es. No cabe duda que el legislador ha querido ir directamente a lo sustancial del cese obviando aspectos menos “relevantes” que pu= edan frenar su urgencia. Tampoco ha querido revestir el cese de mayores garantías, prescinde de una motivación, característica= de todos los actos administrativos y máxime en materia de personal que afecta a derechos esenciales de los funcionarios. En suma, se quiere imprim= ir cese y rapidez de resolució= n, sumariedad a cualquier precio.

Esas inmediatez, como es lógico, tendrá algunos beneficios, si se realiza conforme a Derecho, siguiendo el procedimiento adecuado,   pero lo que sí posee = son defectos importantes en su regulación: La Resolución de 15 de febrero de 1996 de la Secretaria de Estado pa= ra la Administración pública y la Secretaría de Estado de Hacienda, que dicta reglas aplicables= a determinados procedimientos en materia de reingreso al servicio activo y de asignación de puestos de trabajo, es prueba de la deficiente regulación de esta institución no ya en la LMRFP de 1984, sino también en el RGI de 1995. Además que sólo regula pormenorizadamente la adscripción provisional en puesto de trabajo de funcionarios cesados, en lo que a este estudio importa, pero obvia, una regulación jurídica de la situación producida inmediatamente posterior al cese y anterior a la adscripción provisional más profunda y detallad= a.

Efectivamente, antes de la adscripción provisional el funcionario queda en u= na situación atípica, indefinida. No es expectativa de destino[18] . Por no ser, no tiene ni nombre. ¿Alguna prueba más de la deja= dez del legislador en la regulación del cese?. Las únicas previsiones son las contempla= das en la RSE de 1996 , a= partado III.1º.b) y III.1º.d) y el art. 21.2º.b) de la LMRFP de 1984. La primera de contenido económico, determinado la retribución a percibir hasta que sea adscrito provisionalmente: « Sie= mpre que no exista puesto idóneo disponible, el Ministerio en el que haya tenido lugar el cese o la remoción continuará acreditando en nómina, hasta tanto se asigne puesto de trabajo al funcionario, las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado persona= l y las dos terceras partes del complemento específico que corresponda a= un puesto de nivel de complemento de destino inferior en dos niveles al de su grado personal, complemento específico que se determinará según lo acordado por la Comisión Ejecutiva de la Comisi&oacut= e;n Interministerial de Retribuciones en su Resolución= de 29 de noviembre de 1995, apartado tercero.

Las retribuciones acreditadas hasta el momento= de la asignación del puesto de trabajo lo serán con el carác= ter de «a cuenta» de las que finalmente correspondan al funcionario= . El Ministerio u organismo al que el funcionario sea destinado procederá= a regularizar la situación retributiva del funcionario» .

Ese complemento específico que refiere = este apartado viene contemplado en la Resolución de 29 de noviembre de 19= 95 de la Interministerial de Retribuciones, debiendo ser ,al menos, uno de los comprendidos entre los normalizados más frecuentes del nivel y área correspondiente = al nuevo puesto de trabajo.

La segunda regla fija las funciones a realizar durante ese periodo, señalando que « durante el período que transcurra hasta= la asignación de puesto de trabajo podrá encomendarse al funcion= ario tareas adecuadas al cuerpo o escala al que pertenezca » .<= /span>

El art. 21.2º.b) de la LMRFP de 1984 dispone la autoridad de la cual depende el funcionario público cesado antes de ser adscrito a su plaza correspondiente, previendo   que q= uedarán a disposición del Subsecretario, Director del Organismo, Delegado del Gobierno o Gobernador civil u órganos análogos de las demás Administraciones, que les atribuirán el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su Cuerpo o Escala.

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Si se trata de cuerpos especiales, será= el órgano superior, por ejemplo, la Subdirecció= ;n General del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social en el caso de Letrados de la Administración de la Seguridad Social o la Dirección Gen= eral del Servicio Jurídico del Estado, si Abogados del Estado.=

Esa situación indefinida es considerada= por el art. 3.h) del RGI de 1995 y = art. 3.h) del RSAFC de 1995 como servicio activo a todos los efectos.

La resolución administrativa acordando = el cese será remitida al Registro Central de Personal dentro de los tres días hábiles siguientes a su formalización, art. 37 del RGI de 1995 .

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Al amparo del art. 34 de la Ley 33/1987, de 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988 en relación con e= l apartado 2.2º.3 de la Resolución= de 2 de enero de 2004 que Dicta instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2-8-1984 y actualiza para el año 2004 las cuantías de las retribuciones del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, las retribuciones = que deberá recibir el funcionario cesado serán las correspondient= es al mes del cese , tanto las básicas como las complementarias . Ambos artículos señalan que: « Las retribuciones básicas y complementa= rias de los funcionarios del Estado que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual se harán efectivas por mensualidades completas = y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al pri= mer día hábil del mes a que corresponden[…] » .<= /o:p>

IV. Retribución del funcionario transcurrido el mes del cese hasta la adscripción provisional en puesto de trabajo.

Transcurrido ese mes y si no queda adscrito el funcionario a vacante idónea pasará a percibir las retribuciones que la RSE de 1996 prevé en el apartado III.1º.b)= que dice        =     « Siempre que no exista puesto idóneo disponible, el Mi= nisterio en el que haya tenido lugar el cese o la remoción continuará acreditando en nómina, hasta tanto se asigne puesto de trabajo al funcionario, las retribuciones básicas, el complemento de destino de= su grado personal y las dos terceras partes del complemento específico = que corresponda a un puesto de nivel de complemento de destino inferior en dos niveles al de su grado personal, complemento específico que se determinará según lo acordado por la Comisión Eje= cutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en su Resolución de 29 de noviembre de 1995, apartado tercero» .

V. Creación del puesto= a proveer mediante adscripción y retribuciones a perc= ibir.

Una de las consecuencias del cese es que se convierte en= modo de provisión de puesto= s de trabajo a través de la adscripción provisional , previsión contenida en el ar= t. 63.a) del RGI de 1995 . De este modo, el art. 58.2º del RGI de 1995 explicita que : « Los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo correspondiente a su Cuerpo o Escala no inferior en más de d= os niveles al de su grado personal en el mismo municipio, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, con efectos del día siguiente a= l de la fecha del cese y de acuerdo con el procedimiento que fije el Ministerio = para las Administraciones Públicas» .

Ese procedimiento es recogido en la RSE de 1996 . Concretándonos en la Administración Periférica el apartado III.2º.2.de aquélla distingue varios supuestos:

a) Existencia de vacante idónea, apartado III.2º.2.a).

La asignación a la plaza se producirá en el plazo máximo = de 15 días por el Delegado o el Subdelegado del Gobierno oído el Ministerio.

b) Inexistencia de vacante idónea en el lugar del cese , apartado III.2º.2.b).

El Deleg= ado del Gobierno o el Subdelegado en el ámbito de sus respectivas competenci= as y a propuesta de los Directores o Jefes de Unidades de los servicios periféricos de cada departamento, atribuirá en el plazo máximo de 15 días el desempeño provisional de un puest= o de trabajo vacante idóneo, a la vista de las necesidades de los servici= os.

c) Inexistencia de vacante en la Administración Periférica, ap= artado III.2º.2.c).

El Deleg= ado del Gobierno o el Subdelegado en el ámbito de sus competencias, oí= ;dos los Directores o Jefes de Unidades de los servicios periféricos de c= ada Departamento, determinará en el plazo máximo de 7 días= , a la vista de las necesidades de los servicios, el centro o la unidad en que deberá crearse el puesto, e instará al Ministerio u organismo afectado a que eleve la propuesta a la Comisión Eje= cutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en plazo máximo de otros 7 días. Dicha propuesta será incluida = en el orden del día de la primera reunión de la citada Comisió= n.

d) Funcionario perteneciente a cuerpo o escala que tenga atribuido puestos en exclusiva, apartado III.2º.2.d).

Si el funcionario pertenece a un cuerpo o escala que tenga atribuido puestos en exclusiva o a un cuerpo o escala al que corresponda desempeñar puest= os no incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, la asignación = del puesto y, en su caso, la creación de puesto por la Comisión Eje= cutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, se efectuará a propuesta del Ministerio de adscripción. Tanto la= asignación como la propuesta se efectuarán en el plazo máximo de quince días.

e) Retribución a percibir por el funcionario público adscrito provisionalmente.<= /o:p>

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El a= partado III.1º.f) de la RSE de 1996 establece que los puestos asignados con carácter provisional han de tener un complemento específico q= ue deberá ser, al menos, uno de los comprendidos entre los normalizados más frecuentes del nivel y área correspondiente al nuevo pues= to de trabajo, según lo acordado por la Comisión Eje= cutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones en su Resolución de 29 de noviembre de 1995, sobre asignación de puestos de trabajo.

Ese apartado Tercero.3º.1 de la Resolución de 1995 concreta como complemento específico uno de los comprendidos entre los normalizados más frecuentes del nivel y área correspondiente al nuevo pues= to de trabajo. No obs= tante queda por analizar qué entiende la CECIR como nivel de complemento normalizado más frecuente. Sin perjuicio de criticar que las Resoluciones de febrero de 1996 y noviembre d= e 1995 no expliciten la fórmula para concretar cuantitativamente ese concep= to, esa omisión sólo acarrea un perjuicio económico tempor= al – pero perjuicio al fin y al cabo-&n= bsp; toda vez que las retribuciones acreditadas hasta el momento de la asignación del puesto de trabajo lo serán con el carác= ter de «a cuenta» de las que finalmente correspondan al funcionario= . El Ministerio u organismo al que el funcionario sea destinado procederá= a regularizar la situación retributiva del mismo, apartado III.1º= .b) in fine de la RSE de 1996 .

Al a= mparo de la RSE de 1995 , apartado III.3º.2. in fine, = la plaza creada en adscripción provisional para los cesados en libre designación figurarán en la RPT con el acrónimo A.P.P.( Asignación provisional de puestos).

VI. Diferencia entre las retribuciones a recibir por el funcionario después del primer mes del cese y las determinadas por la CECIR en la creación de la plaza en adscripción provisional.

En cuanto a las retribuciones a percibir en tanto haya agotado el mes que le corresponde percibir integra la retribución y antes de ser adscrito provisionalmente al puesto vacante o creado , el apartado III.1º.b) de= la RSE de 1996, concreta los siguientes conceptos: a) las retribuciones básicas, b) el complemento de destino de su grado pers= onal y c) las dos terceras partes del complemento específico que correspo= nda a un puesto de nivel de complemento de destino inferior en dos niveles al d= e su grado personal.

Una vez creada la plaza por la CECIR para ser proveída mediante adscripción provisional las retribuciones serán las contenida= s en el apartado III. 1º. f) de la RSE de 1996: tendrán un complemento específico que deberá ser, al menos, un= o de los comprendidos entre los normalizados más frecuentes del nivel y área correspondiente al nuevo puesto de trabajo, según lo acordado por la Comisión Ejecutiva de la Comisi&oacut= e;n Interministerial de Retribuciones en su Resolución= de 29 de noviembre de 1995, sobre asignación de puestos de trabajo.

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Es evidente que la primera situación es más gravosa en tanto el funcionario únicamente percibir&aacut= e; las dos terceras partes del complemento específico. Ese perjuicio qu= eda compensado una vez adscrito provisionalmente a su puesto de trabajo , en cu= yo momento se regularizará económicamente por el Ministerio receptor .

Se obvian, por ser debidas, las retribuciones básicas: sueldo, trien= ios y pagas extraordinarias, art. 23.1º de la LMRFP de 1984 , en tanto no = sufren ninguna modificación tras el cese. Tampoco el complemento de destino consolidado al grado del funcionario cesado que será el mismo, art. 23.3º.a). El perjuicio más patente quedaría en la determinación del complemento específico.