ACTOS PROCESALES
J=
uez y
Docente Universitario en Colombia.
Magíster en Derecho Procesal por la Universidad de
Medellín. Doctorado en
Filosofía por Universidad Pontificia Bolivariana
1.
SIGNIFICADO DE
La actividad procesal se plasma por medio de
manifestaciones de voluntad concretas emitidas por los sujetos procesales
(director, partes y terceros) en el desarrollo del proceso. Se expresa por medio de acto=
s coordinados,
sucesivos y escalonados que avanzan en medio de un instrumento que va dirig=
ido
a la realización del derecho objetivo material. Esta actividad debe cumplir en su
totalidad con los requisitos impuestos desde el debido proceso, porque de l=
o contrario
puede generarse nulidad en la correspondiente actuación procesal.
Son dos momentos básicos que se compren=
den en
el desarrollo de toda la actividad procesal:
(a) &n=
bsp;
Un momento liminar: dirigido a la integración del contradic=
torio
y a la fijación de los extremos litigiosos o del tema de decisi&oacu=
te;n. Comprende la afirmación de =
la
pretensión procesal, el auto admisorio, la notificación al
opositor y la fase en la que =
se le
posibilita al opositor que resista
frente a la pretensión planteada, para lo cual se le da un
término específico para su respuesta (que es contingente y no
dato necesario del proceso jurisdiccional).
(b) =
&nb=
sp;
=
Momento
para las etapas sustanciales del proceso:&=
nbsp;
Comprende
la instrucción o etapa probatoria, la fase de alegaciones o de conclusiones y, finalmente, la sentencia.=
2.=
IDENTIFICACION
DE DIVERSOS ACTOS PROCESALES
Los actos procesales pueden ser variados. Su clasificación, como lo p=
recisa
el maestro Francesco Carnelutti (1), es sumamente compleja y presenta
numerosas dificultades. El
procesalista italiano acude a una distinción técnica y
jurídica. La primera a=
tiende
a la función que a cada uno de ellos concurre en aras de obtener la
justa composición del litigio.
La segunda responde a la red de situaciones jurídicas que se
encuentran en el Derecho. Des=
de el
punto de vista técnico, Carnelutti identifica los siguientes actos: =
de
gobierno procesal (disposiciones, órdenes e instancias), de
adquisición procesal (afirmaciones, exhibiciones, aprehensión=
),
de elaboración procesal (inspección, administración,
notificación y documentación), y actos de composición
procesal (conminación, transformación). En cuanto a la clasificació=
n por
las situaciones jurídicas, Carnelutti los clasifica según el
efecto (hechos procesales constitutivos, extintivos), según la final=
idad
(actos procesales facultativos, negocios procesales, proveimientos procesal=
es,
cumplimientos procesales, actos procesales necesarios, actos procesales deb=
idos
e ilícitos), y según la estructura (operaciones procesales,
inspecciones procesales, declaraciones procesales, actos procesales simples=
y
compuestos, continuados, colegiados, convenciones procesales, acuerdos
procesales, contratos procesales). <=
/span>
No es el propósito en este escrito pres=
entar
una explicación detallada sobre este aspecto, pero se sugiere sobre =
el
particular el estudio detenido de la obra carneluttiana, en la que igualmen=
te
se ofrece un análisis exhaustivo sobre los requisitos de los actos
procesales (capacidad, legitimación, forma, de la voluntad, de la ca=
usa,
del tiempo, sobre el lugar y presupuestos) y sobre los remedios de los actos
procesales (nulidades e impugnación).
A
continuación se presenta un esbozo sencillo sobre las clases de actos procesales, sin
entrar en detalles teniendo en cuenta que esta es una obra meramente
introductoria:
2.=
1. Por los sujetos
2.=
1.1.
Actos del director del proceso: Se
distinguen los diversos proveídos jurisdiccionales y las distintas
resoluciones judiciales emitidas por el juez a título de autos o de
sentencias. Los autos son
generalmente providencias que deciden cuestiones diferentes al tema de
decisión, como aquellas que resuelven sobre la admisión,
inadmisión o rechazo de la demanda, sobre la admisibilidad de una
reconvención, sobre la procedencia de una acumulación de pret=
ensiones,
sobre una nulidad procesal, sobre una cuestión incidental, las que
aprueban u homologan un acuerdo autocompositivo emanados de las partes, una
providencia por la que se decrete la práctica de una prueba, una
resolución que dé un traslado, y, en general, cualquier tipo =
de
actuación emanada del director sin haberse agotado toda la serie
lógica y consecuencial de etapas propia del proceso. De otro lado, las sentencias son
resoluciones definitivas por las que se pone fin al trámite normal d=
el
proceso, en primera instancia, mediante el estudio del tema de decisi&oacut=
e;n,
tras haberse agotado un juicio previo de admisibilidad sobre los requisitos
formales; e igualmente, se tienen en cuenta como especies de este tipo de
actuaciones aquellas resoluciones que decidan los recursos interpuestos fre=
nte
a las sentencias de primera instancia. Téngase en cuenta que=
la
mal denominada sentencia inhibitoria no es una auténtica sentencia, =
sino
un auto, “... porque carece del elemento necesario de esta, el acto de
decisión. Es una provi=
dencia
que centra su atención en cuestiones de orden: delata la existencia =
de
una anomalía o irregularidad material (de contenido) de la
pretensión que ocluye cualquier juicio de favorabilidad” (2=
).
=
Salvo los autos de mero trámite, las
resoluciones judiciales deben contener una parte motiva y otra resolutiva o
dispositiva. Su expresi&oacut=
e;n
debe ajustarse a las reglas
procesales que existen sobre el particular en el ordenamiento jurídi=
co,
teniendo en cuenta el lugar y el tiempo en el cual deba realizarse,
además de las formas que deben observarse en su realización.<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> Téngase en cuenta que la
motivación se constituye en exigencia básica del debido
proceso. Una vez se notifique=
n, los
demás sujetos participantes afectados con la resolución pueden
impugnar, pero para la interposición del recurso se deberán t=
ener
en cuenta los plazos establecidos sobre el particular.
2.=
1.2.
Actos de parte: Hace referencia a todo tipo de
actuación que presenten los sujetos parciales en ejercicio de su der=
echo
constitucional y abstracto de acción, en perfecta situación de
igualdad (principio de isonomía procesal). Pueden ser actos de insta=
ncia
o actos de postulación. Como ejemplos se presentan los siguientes: la
pretensión (acto contenido generalmente en acto continente, ya sea
demanda o acusación), excepción de fondo o de mérito (=
acto
emanado del opositor y generalmente incorporado en la respuesta que realiza
frente a la demanda), interposición de un determinado recurso frente=
a
una determinada resolución judicial, una solicitud incidental deriva=
da
de la parte, un acto de un interviniente que se involucra en el proceso como
parte, etc.
=
2.=
1.3.
Actos de terceros que no se convierten en partes procesales:
2.=
2.
Diversidad de actos procesales que pueden manifestarse en el desarrollo del
proceso
2.=
2.1.
Actos de iniciación: S=
on
actuaciones propias de la etapa liminar del proceso jurisdiccional, previas=
al
decreto y práctica de pruebas.
Como ejemplos se presentan:
(a) La demanda: Acto d=
el
pretensor presentado ante el órgano competente, en el que se identif=
ican
las partes, se narran hechos fundantes y se expone el petitorio con
precisión; contiene generalmente la pretensión procesal, aunq=
ue
esta puede ser ajustada duran=
te la fase
liminar del proceso); (b)
Admisión: Auto contralor sobre la demanda, emitido tras el estudio de
los requisitos o condiciones que debe cumplir un escrito como el de
afirmación; cuando la demanda no cumple con los requisitos, se recha=
za o
se concede un término para que se subsanen determinados defectos. (c)
Notificación al opositor o resistente: Por este acto se integra el
contradictorio, con la comunicación que se hace de la existencia de =
la
afirmación y del correspondiente auto admisorio. (d) La respuesta por el opositor o
contestación: Acto emitido por el resistente o demandado en el que se
pronuncia sobre la veracidad o la certeza de los hechos expuestos en la dem=
anda
o sobre la autenticidad de los documentos que se aportan con
2.=
2.2.
Actos de comunicación:
Mediante estos actos el
Despacho dispone de un contacto permanente con los demás sujetos
procesales en la dirección del
procedimiento jurisdiccional, ya sea en la modalidad de notificacion=
es o
en la de requerimientos. Como
ejemplos se presentan:
notificaciones para dar a conocer el contenido de una resoluci&oacut=
e;n,
de una diligencia o actuación concreta, emplazamientos para que suje=
tos
distintos del juez puedan personarse y actuar dentro de un plazo determinado
dentro del proceso, citaciones para comparecer y actuar en el despacho,
requerimientos para ordenar una conducta o inactividad, mandamientos para
ordenar el libramiento de certificaciones, testimonios, etc. Téngase en cuenta que las
diligencias de ordenación ya son propias de los secretarios judicial=
es,
para darle a ciertos autos el curso que la ley establezca y se limitar&aacu=
te;n
a la expresión de lo que se disponga con el nombre del secretario ju=
dicial
que las dicte.
2.=
2.3.
Actos de instrucción:<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> Son los propios de la etapa de
confirmación, requeridos para acreditar la certeza de las afirmacion=
es y
negaciones realizadas por las partes; se destacan los siguientes: solicitud=
de
pruebas, decreto y práctica de pruebas, autos para mejor proveer.
2.=
2.4.
Actos de conclusión: Concluida la etapa probatoria se pasa a la fas=
e de
alegaciones en la que se destacan los siguientes actos: el traslado a las
partes para que realicen la evaluación correspondiente y los alegatos
presentados por aquéllas a modo de conclusión. Por los alegatos las partes
evalúan si las pruebas practicadas confirman sus hechos afirmados (e=
n el
caso del actor) o sus hechos negados (en el caso del resistente), cuestiona=
ndo
igualmente los hechos fundantes expuestos en contra de las mismas. Un buen alegato debe limitarse
exclusivamente a cotejar el hecho con la prueba, buscando la convicci&oacut=
e;n
en juez acerca del derecho que deberá proteger o tutelar finalmente a
quien tenga la razón.
2.=
2.5.
Actos de impugnación: =
Por
regla general, los actos del juez son impugnables. La impugnación expresa un d=
erecho
en cabeza de los sujetos distintos al director, como las partes, los tercer=
os
intervinientes en el proceso y otros sujetos que puedan ser afectados por u=
na
determinada resolución judicial. Como actos de impugnación se
destacan los recursos ordinarios y extraordinarios frente a los
proveídos emitidos por el juez (reposición, apelación o
alzada, hecho o queja, casación, recurso de oposición de terc=
ero)
y las nulidades procesales.
2.=
2.6.
Actos incidentales: Estos act=
os son
propios de procedimientos que se desarrollan junto al proceso jurisdicciona=
l y
que no tienen por cometido estimar o desestimar pretensión
procesal. Por trámites
incidentales se conocen y resuelven asuntos distintos del tema de
decisión, aunque son dependientes en su formulación y ordenad=
os
en su decisión a las cuestiones principales propias del proceso, sie=
mpre
que no proceda otro medio de tramitación. Como regla general, los
incidentes no suspenden el trámite del procedimiento jurisdiccional
principal, salvo disposición en contrario. Como ejemplos se presentan
los siguientes: recusación, levantamiento de medida cautelar,
oposición frente a una medida cautelar, excepciones formales, etc.
3.=
LA
SENTENCIA
3.=
1. La sentencia como momento definiti=
vo del
proceso
La sentencia es un acto procesal que pone fin =
al
proceso jurisdiccional tras haberse superado todas sus etapas, tanto las de=
la
fase liminar y de integración del contradictorio, como el momento
confirmatorio y de evaluación o de alegaciones. La regla de la congruencia exige q=
ue su
estudio y la norma jurisdiccional que se genere tengan por límites el
tema de decisión presentado en el proceso, en últimas, la
pretensión y la excepción; por esto no puede considerarse com=
o verdadera
sentencia aquella providencia que sólo realice un estudio sobre los
requisitos formales del proceso, sin hacer un juicio de favorabilidad sobre=
los
extremos litigiosos planteados, sobre el tema de decisión. Por medio de este acto final del p=
roceso
se concluye la primera instancia o se deciden los recursos interpuestos fre=
nte
a ella (el ordinario de alzada o apelación y extraordinarios como el=
de
casación).
La
sentencia es el acto que da unidad teleológica al proceso
jurisdiccional. El proceso es un método de
creación de una norma jurídica particular,
Las sentenc=
ias
deben cumplir con una forma y con un contenido. En cuanto a lo primero, se debe te=
ner en
cuenta la estructura previamente establecida por el ordenamiento procesal s=
obre
los requisitos y condiciones de orden formal y las circunstancias de tiempo,
modo y lugar. Pero, adem&aacu=
te;s
de la forma, debe observarse el contenido que se revela en su motivaci&oacu=
te;n
y en su parte resolutiva. En la sentencia declarativa estimatoria de la
pretensión procesal se genera una norma jurisdiccional que puede ser=
de
tres tipos: merodeclarativa o declaración pura (limitada a la sola
declaración del derecho), constitutiva (crea, modifica o extingue un
estado jurídico), y, por último, de condena (por la que se im=
pone
una prestación). Pero =
por la
sentencia también puede desestimarse la pretensión presentada=
por
el actor, por medio de una declaración pura emitida por la
jurisdicción a través de la cual declara su improcedencia.
3.=
2. La sentencia como momento creador =
de
derecho
La sentencia es un acto realmente productivo y
generador de derecho, emitido por un juez que interpreta el ordenamiento
jurídico de forma creadora, así se esté refiriendo a u=
na
sentencia puramente declarativa. El
juez no puede concebir la sentencia como un acto de mera aplicación,=
de
acuerdo a las reglas de la subsunción y del silogismo, apoyán=
dose
en una lógica deductiva y matemática que sacrifica
De esta forma lógica formal y ló=
gica
de lo razonable deben ser tenidas en cuenta en
3.=
3. Momentos de la sentencia
&nbs=
p;
En la sentencia el juez debe, en primer lugar,
narrar los antecedentes, es decir, explica en qué consistieron los
extremos propios del tema decisión (extremos litigiosos: estructura =
de
la pretensión procesal y de la excepción). Posteriormente, debe estudiar si se
cumplieron o no los requisitos formales del proceso. No podrá sentenciarse de fo=
ndo o
de mérito, cuando no se cumplan con los presupuestos procesales y
materiales para la sentencia de fondo. Una vez se supere este examen inicia=
l el
juez distribuye su resolución de fondo en dos partes bien
diferenciadas: una motiva o
considerativa y otra resolutiva.
3.=
3.1 De los considerandos:
3.=
3.2. De la parte resolutiva: En la parte final de la sentencia de fondo o de mérito, tras=
la
presentación de las razones que apoyan la emisión de la
resolución proferida,
deberá explicitarse la conclusión que obtiene el
juez. En dicha parte, de
manera específica se expresa que se merodeclara, que se constituye, =
que
se condena, que se absuelve, o que se desestima una determina pretensi&oacu=
te;n. Luego de la argumentación
ofrecida en la parte motiva, el juez plasma en su providencia la norma
jurisdiccional que debe regir la relación de las partes. Generalmente esta parte
resolutiva se expresa en una norma individual, cuya reconstrucción s=
e logra
a partir del razonamiento judicial expresado en argumentos cuyas premisas se
hallan en los considerandos. Si los hechos afirmados por el actor no son
probados, se emite una sentencia desfavorable al pretensor. Sólo la excepción de=
fondo
o de mérito es estudiada, teniendo en cuenta la prueba, cuando los
elementos axiológicos de la pretensión están llamados a
ser estimados. Si el hecho
exceptivo es acreditado, se declara probada la correspondiente excepci&oacu=
te;n
sustantiva; si no se prueba el hecho de la excepción, se
proferirá una sentencia de fondo favorable a la parte actora. Es posible que el juez decla=
re
probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones
procesales, pudiendo abstenerse de analizar las demás.
=
4.
La sentencia se encuentra en firme cuando no se
pueda interponer recurso alguno una vez ha transcurrido el término
previsto en el ordenamiento procesal.
Dicha resolución en firme pasa en autoridad de cosa juzgada, =
por
lo que el Juez director y las partes afectadas con la decisión han de
estar a lo dispuesto en
4.=
1.
Replanteamiento la cosa juzgada desde la relación justicia- seguridad
jurídica
La cosa juzgada se refiere al efecto o cualida=
d que
tiene el juicio contenido en =
la
sentencia, es decir, atañe exclusivamente al litigio, suministrando =
la
regla de conducta para los destinatarios de esa decisión. La estabilidad es el atributo prop=
io de
lo que se llama cosa juzgada y se ha asociado a la inmodificabilidad de la =
norma
jurisdiccional, una vez se adquiera firmeza procesal, evitando que se profi=
eran
decisiones contradictorias en sede de nuevos procedimientos. El juez que dirija el nuevo proces=
o, se
encuentra vinculado en su
pronunciamiento de fondo a la consideración de una cuestión
previa, toda vez que no puede realizar un nuevo examen sobre una
pretensión idéntica ya estudiada en proceso anterior cuyos he=
chos
hayan sido comprobados. El di=
rector
del proceso debe rechazar la pretensión procesal por inadmisible, de=
bido
a que la jurisdicción no puede ofrecer protección jurídica =
en un
asunto carente de tutela debido a que ya se había generado anteriorm=
ente
la regla concreta que permitió solucionar un conflicto afirmado o
definir un cierto estado de insatisfacción o de incertidumbre entre =
las
mismas partes.
Se ha señalado por cierto sector de la
doctrina que la cosa juzgada se erige como un atributo esencial de
Allorio asigna a la cosa juzgada un efecto
declarativo, al permitir que las decisiones judiciales obtengan eficacia
normativa de la declaración de certeza jurisdiccional. Plantea el contraste existen=
te
entre la concepción sustancial y la concepción procesal de la
cosa juzgada. El ilustre prof=
esor
italiano considera que la doctrina procesal de la cosa juzgada proviene de<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> considerar el proceso como instrum=
ento
para la actuación del derecho, mientras que la doctrina sustancial
concibe el proceso como instrumento destinado al logro de la composici&oacu=
te;n
de
De otra parte, para Eduardo J. Couture la cosa
juzgada es “la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando =
no
existen contra ella medios de impugnación que permitan
modificarla” (10). La
considera como una calidad o un atributo propio del fallo emanado del
órgano jurisdiccional cuando adquiere carácter definitivo. En
cuanto a su naturaleza considera que debe suministrarse una respuesta al
planteamiento problemático acerca de si la cosa juzgada es el mismo
derecho sustancial que existía antes del proceso transformado en
indiscutible y ejecutable, o si la cosa juzgada es otro derecho independien=
te
del anterior nacido en función del proceso y de la sentencia.
Es
necesario, pues, orientar el examen hacia el problema de la esencia de la c=
osa
juzgada. Ese problema propone=
la
dificultad de determinar la naturaleza vinculativa de la declaración
judicial. Reducida a sus
términos más simples se renueva aquí la cuestió=
n de
determinar si la cosa juzgada obliga bajo la forma de derecho nuevo, no
existente antes de la sentencia (función creativa), o si, por el
contrario, eso ocurre por la mera declaración (función
declarativa) de los mismos derechos que se hallaban instituidos en el orden
jurídico de la demanda y de la sentencia (11).
La cosa juzgada ha sido asociada a la
garantía de la seguridad jurídica, aunque tal
identificación debe replantearse en términos de justicia. Para
Clariá Olmedo la cosa juzgada no es efecto sino una calidad atribuid=
a a la
firmeza adquirida por la sentencia al no poder ser ya impugnada. Al respecto sostiene:
...=
la
cosa juzgada no es la sentencia misma ni el efecto de ella, sino un atributo
que la ley asigna a la sentencia, además de su pronunciamiento se dan
los requisitos necesarios para que quede firme y sea intangible (inmutable,
indiscutible). El ordenamiento
jurídico es el que impone la prohibición de revisar y de repe=
tir
la consideración y decisión (nueva) de un caso ya resuelto po=
r la
jurisdicción (Imaz). De aquí que la vigencia de =
la
cosa juzgada tenga su fundamento en razones de seguridad, de estabilidad y =
de
orden en las relaciones jurídicas, aun en desmedro de una estricta
justicia. Este es el alcance =
que
corresponde otorgar a la llamada “certeza jurídica” como referencia al problema probat=
orio (12).
No
puede seguirse analizando la institución de la cosa juzgada desde una
postura mecanicista y rígida, toda vez que es necesario interpelarla
desde
La teoría de la cosa juzgada debe ser
entendida desde la justicia, ya que no puede seguirse absolutizando en la vida humana un valor funcional =
como
el de seguridad jurídica, que no es el valor supremo que el Derecho =
ha
de tener por norte, sobre el cual se ha exagerado y sigue impregnando las
mentalidades de diversos operadores jurídicos. Lo que sucede es que se ha dogmati=
zado
una concepción errada sobre la seguridad, ante la equivocidad que ha
predominado en
...=
la
necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la neces=
idad
que triunfe
En un Estado social=
de
derecho no puede rendirse un culto ciego a la certidumbre y seguridad sin
verificar la medida de proporcionalidad que también se requiere en l=
os
diferentes fallos, del justo medio que ha de traducirse en términos =
de
dignidad humana. La certeza y
seguridad deben ser medios de realización de la justicia por medio d=
el
ejercicio de la función jurisdiccional, siendo una necesidad sentida=
de
orden antropológico, no solo de los sujetos del proceso sino,
también, de toda
La
experiencia cotidiana del jurista le muestra que el problema central de todo
proceso consiste en evitar el peligro de la sentencia injusta. Este riesgo no puede ser evitado c=
on el
sacrificio de la verdad material a la verdad formal que representa la cosa
juzgada. Cuando en aras de la
seguridad, el carácter irrevocable de la cosa juzgada se lleva hasta=
sus
últimas consecuencias se identifica el resultado formal del proceso =
con
la verdad (14).
Sólo desde e=
sta
dimensión, la tensión entre justicia y seguridad juríd=
ica
puede ser superada, en pro de considerar la cosa juzgada como un sello de la
norma jurisdiccional que ha emanado de un proceso en el que se procur&oacut=
e;
asegurar los parámetros de una justicia procedimental, sin desconoce=
r la
realidad de los derechos fundamentales que deban ser asegurados. Esta sería la vía ad=
ecuada
para enfrentar las problemáticas de las posibles sentencias injustas=
. La
norma jurisdiccional no puede elaborarse simplemente en términos de
validez, previo el cumplimiento de los presupuestos procesales y materiales
para la sentencia de fondo; su
firmeza e inmutabilidad debe abordarse desde la justicia, con el afianzamie=
nto
de los derechos fundamentales y de los principios mediatizadores del debido proceso.=
El calificativo de derecho fundame=
ntal
para la cosa juzgada, solamente podrá constatarse cuando aquel sello formal se mida en
términos de justicia material. Su carácter de fundam=
ental
se comprende desde la idea de la efectividad en las resoluciones judiciales=
a
la que tienen derecho las personas que participen en un proceso, dado el núcleo fundamental de la tu=
tela
judicial efectiva. El derecho=
a la
inmodificabilidad se funde con la seguridad jurídica; pero es preciso
conciliar este aspecto con el otro referente que desde el orden estimativo =
ha
generado cierta tensión:
4.=
2.
Problemática sobre los límites subjetivos de la cosa juzgada
desde el horizonte de la bilateralidad de la audiencia
El presupuesto de ausencia de cosa juzgada imp=
ide la
modificación de una norma jurisdiccional ya emitida en proceso anter=
ior
y evita la generación de decisiones contradictorias, al rechazar la
posibilidad de discusión de una cuestión ya tratada y decidid=
a. No sólo es necesario que una
decisión jurisdiccional se plasme a través de un contenido
vinculante entre las partes, sino que también se requiere proteger el
contenido interno, evitándose que posteriormente se genere una nueva
decisión contradictoria.
Para determinar el alcance de este presupuesto es preciso definir sus
límites subjetivos, uno de los puntos más difíciles de
abordar en el ámbito de los estudios procesales, por cuanto aunque a
través de este presupuesto se prohíbe el estudio de una
controversia que ya fue decidida entre partes idénticas, es posible
encontrar ciertas situaciones problemáticas como las referentes a la
legitimación extraordinaria o a aquellas en las que los terceros son
juntamente con las partes titulares de la relación material subyacen=
te
que se procesa o como cuando el tercero tiene con una parte procesal una
relación que es dependiente de aquella otra que se ha afirmado en el
proceso (v. gr. una relación de garantía como la derivada de =
un
contrato de seguro o de un contrato de compraventa).
Deben diferenciarse dos tipos de terceros: Unos que deben respetar totalmente=
el
contenido de la sentencia que se pronunció frente a las partes, en
cuanto se ha decidido una controversia entre otros y que por esto ha de
respetarse, en cuanto no afectan sus derechos. Existen otros que pueden estar
interesados por el contenido de la sentencia pronunciada inter alios y que han de reconocer su eficacia:
...
aquellos que son, o creen, o pretenden ser titulares de una relación=
que
está con la de las partes en un orden de dependencia lógica y
jurídica, por lo cual la decisión sobre la relación que
fue objeto del juicio influye sobre la relación de tercero, determin=
ando
su existencia o inexistencia, o bien su contenido. Más precisamente, es releva=
nte en
estos casos una relación de =
prejudicialidad,
en cuanto la sentencia ha decidido una o más cuestiones determinantes
para la decisión sobre la relación condicionada del
tercero... Si también =
ellos
deben respetar y reconocer la sentencia que se pronunció entre las p=
artes
de la relación prejuzgante, también su relación queda =
de
reflejo modelada en armonía con lo que la sentencia ha dispuesto =
(16).
Se contempla de esta forma la posibilidad de
afectación de terceros, en la medida en que una norma jurisdiccional=
que
les es ajena total o parcialmente pueda influir sobre sus relaciones
materiales. Autores como Liebman sostienen frente a estas problemáti=
cas
que es preciso distinguir entre eficacia refleja de la sentencia y cosa
juzgada, por cuanto estar som=
etido
a la primera no implica sujeción necesaria frente a la segunda, ya q=
ue
está en juego el principio del contradictorio. Se afirma que la sentencia emitida=
sin
su participación puede ser eficaz frente a terceros más no
cubierta de la autoridad de cosa juzgada.&=
nbsp;
El referido maestro anota sobre el particular lo siguiente:
...=
los
terceros, al no haber participado en el proceso, no han podido hacer conoce=
r al
juez sus razones y sus pruebas; en otros términos, no han podido
defenderse. La sentencia,
pronunciada sin su participación, puede ser eficaz también
respecto de ellos, aunque no esté -para ellos- cubierta por la autor=
idad
de la cosa juzgada, esto es, a condición de que se conceda a los mis=
mos
hacer valer, aunque sea con retardo y en otra sede, las razones habrí=
;an
podido plantear y eventualmente probar en el juicio en defensa de su derech=
o,
con la consecuencia de que, si la discusión resulta convincente, la
sentencia, con respecto a ellos, sea desaplicada y la demanda que se fundaba
sobre la misma sea rechazada (17).
Como exigencia del debido proceso, se ha consi=
derado
que la cosa juzgada sólo puede cobijar las partes del proceso, entre=
las
que ha sido definido un estado de inseguridad, insatisfacción e
incertidumbre, sin que puedan afectarse otras personas que no sean partes (=
lo
que se remonta a la regla del derecho romano de Res inter alios iudicata tertio non nocet); de lo contrario se
lesionaría el derecho constitucional a ser oído. La cosa juzgada sólo cobija=
a los
sujetos que se involucraron en el proceso jurisdiccional a título de
parte (es decir, como sujeto activo o pasivo de la pretensión o de l=
as
pretensiones procesales que se cumularon en el mismo). Sin embargo, en los ordenamientos jurídi=
cos
procesales -como el caso
colombiano-, por mandato expreso de ley, se prevé cierta
extensión de la cosa juzgada a terceros en diversos casos especiales=
, lo
que resulta discutible, como en el caso del litisconsorcio cuasinecesario, =
de
la solidaridad, de la sustitución procesal y en los de las sentencia=
s erga omnes, para todos (v.gr. esta=
do
civil de las personas), por las que se declara un derecho
“absoluto”, en donde desaparece la regla de la relatividad de la
cosa juzgada y, además, en las situaciones de terceros que est&eacut=
e;n
ligados a una parte procesal por otra relación material que aunque n=
o es
la procesada pueda ser afectada indirectamente por la cosa juzgada. Según el maestro
alemán Leible:
Por
encima de tales casos legalmente reglados de la extensión de la fuer=
za
de cosa juzgada está controvertido, si aún puede existir un
llamado -legalmente no reglado- tercer efecto de la cosa juzgada. En ello se trata especialmente de =
casos,
en los que el carácter determinante de una sentencia entre A y B en =
un
procedimiento ulterior entre A y C o B y C es deseable (18). =
Los terceros pueden ser titulares de relaciones
dependientes con las procesadas. Es
posible encontrar una serie de relaciones que se cruzan o que son
interdependientes o interferidas entre sí, lo que puede implicar la
afectación directa e indirecta de terceros. Se extiende de esta forma la cosa
juzgada como consecuencia lógica de las relaciones sustanciales
procesadas que se conectan a otras, siendo inevitable la afectación =
de
terceros. Estos se constituye=
n en
sujetos plenamente legitimados para desplegar una oposición manifies=
ta
frente a una decisión que los involucra y los afecta reflejamente, t=
oda
vez que no resulta admisible tolerar el sacrificio del derecho de defensa de
los mismos.
La
situación del tercero es esencialmente diversa de la situació=
n de
la parte: en efecto, no ha participado en el proceso y, consiguientemente, =
no
ha podido desarrollar sus defensas; habría podido intervenir en el
proceso por adhesión..., para apoyar o suplir la defensa de la parte=
a
la que se adhiere, pero -independientemente de que no había una carg=
a de
la intervención que pueda justificar una consecuencia dañosa =
por
el hecho de no haber intervenido- él puede haber ignorado la existen=
cia
del proceso mientras estaba pendiente.&nbs=
p;
En esta situación, al ser ahora el tercero demandado en juicio
sobre la relación dependiente con fundamento en la sentencia
prejudicial, su sujeción a la eficacia refleja de la sentencia es
aceptable solamente si es una sentencia justa,
esto es, si ha aplicado exactamente la ley al hecho específico. Esta legitimación subordina=
da...
que consentía al tercero intervenir por adhesión en el proceso
pendiente sobre una relación ajena, le consiente “ver” la
sentencia que ahora refleja la eficacia sobre la propia relación, es=
to
es discutirla en hipótesis como injusta, haciendo valer las razones =
que
existían para echar por tierra la decisión entonces pronuncia=
da
y, si la demostración le da resultado, obtener la desaplicación a su respecto de la decisión ajena,=
con
las obvias consecuencias que de ello derivarán para la propia lite <=
b>(19).
Teniendo en=
cuenta
los postulados teóricos que se han venido desarrollando, se impone la
exigencia clara de unos mecanismos de publicidad en las diversas series
procedimentales, que estarían justificados desde el valor justicia como meta
preponderante a la que debe llegar el Derecho, claro está precisando=
la
idea de justicia en los términos ya explicados, es decir, teniendo en
cuenta elementos procesales que no obvien la dimensión de los derech=
os
fundamentales y sin “sacralizar” hasta sus últimas
consecuencias el valor de certeza y seguridad jurídica para que
éste no se convierta en categoría absoluta. Desde estas premisas, es pos=
ible
presentar unas disquisiciones más reales en torno a las soluciones q=
ue
deben suministrarse a los diversos problemas que pueden ser planteados en t=
orno
a la temática de los límites subjetivos de la cosa juzgada. <=
/span>
La inserción de la cualidad de la cosa
juzgada dentro de parámetros de certeza y seguridad jurídica =
que
exige la norma jurisdiccional, no puede
tener caracteres de inevitables y absolutos, toda vez que certeza y segurid=
ad
jurídica no son los valores supremos a los que se dirige el
Derecho. La bilateralid=
ad de
la audiencia, como exigencia de justicia, impide que sujetos que no lleguen=
al
proceso sean afectados al lesionarse el derecho constitucional de ser
oído. Una extensi&oacu=
te;n
de la cosa juzgada sobre terceros ha de estar condicionada por la existenci=
a de
unos mecanismos suficientes de publicidad en el proceso, para que se les
permita hacer valer sus derechos e intereses en el proceso, sosteniendo una
posición jurídica concreta; porque de lo contrario,
estarían exentos de la cosa juzgada, por lo que debe darse la
posibilidad de impugnar la decisión por medio de recursos como el de
oposición de terceros, en aquellas situaciones de afectación =
de
sujetos que no se involucraron como participantes del proceso. Es conveniente tener en cuenta que=
si se
ha verificado la participación del tercero, no existiría
legitimación para la oposición, en cuanto ya está cobi=
jado
íntegramente por la cosa juzgada, siempre y cuando no se restrinjan =
las
posibilidades de intervención.
La seguridad que propicie la cosa juzgada sola=
mente
se debe pregonar de una relación procesal en la que se surtieron
mecanismos de publicidad suficientes para que la justicia no sea vulnerada =
en
el ámbito estimativo en cada caso concreto; es así como resul=
ta
compatible conciliar ambas realidades de justicia y seguridad
jurídica. S&oacu=
te;lo
podrá afectarse con la sentencia aquel sujeto al que se le
ofreció de forma clara la oportunidad de llegar al proceso, por los
medios claros de publicidad con los que contaba éste instrumento, ha=
ya o
no estado presente en el mismo desplegando actos concretos, siempre y cuando
haya tenido interés en perseguir
Haya
estado o no en el proceso, como el ofendido que no pretendió la
reparación del daño, el caso fue juzgado también para
él, si tuvo interés en perseguir la sentencia y no lo hizo sin
justificación... Interés jurídico, interés para
obrar; esto es lo que viene a dar la pauta para resolver el problema de los
límites: objetivos y subjetivos del juzgamiento (20).=
En la actuación procesal no se debe
establecer limitación en su intervención para los sujetos que
pueden versen afectados por los efectos de la norma jurisdiccional. Esos terceros alcanzados por el ef=
ecto reflejo, deben contar con la posib=
ilidad
de intervenir en el proceso, para defender sus derechos materiales, aunque =
no
sean llamados en virtud de citación de oficio o a instancia de una p=
arte
original, porque de lo contrario se emitiría una sentencia injusta c=
omo
consecuencia de un proceso en el que se ha vulnerado el derecho constitucio=
nal
de
La bilateralidad de la audiencia delimita los
contornos y alcances de la cosa juzgada.&n=
bsp;
Por esto, se requiere que todos los procesos jurisdiccionales
estén “irradiados” de garantías constitucionales
claras e implementen mecanism=
os que
garanticen la viabilidad de la defensa, no limitados a la mera posibilidad =
que
se llegue a los mismos solamente con las notificaciones; adicionalmente,
______________________________
(1) =
Cfr.
CARNELUTTI, Francesco. Sistem=
a de
Derecho Procesal Civil. Tr. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y
Santiago Sentís Melendo.
Buenos Aires: UTEHA (Unión Tipográfica Editorial Hispa=
no
América), 1944. T. III,
parte segunda: De la Estructura del Proceso. 787p.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(2)
CEBALLOS VELASQUEZ, Alberto. El tema de decisión. En: Temas procesales. Medellín. No. 21 (Octubre 1=
997);
p. 79.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(3)
Ibid., p. 85.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(4)
Se sugiere:&nbs=
p;
FULLER, Lon L. El caso=
de
los exploradores de las cavernas.
Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1993.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(5)
Cfr.
DWORKIN, Ronald. Los
derechos en serio. Barcelona:
Ariel, S. A., 1984.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(6)
Cfr.
DWORKIN, Ronald. Los
derechos en serio. Barcelona:
Ariel, S. A., 1984.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(7)
Expresa Don Quijote: “Cuando pudiere y
debiere tener lugar la equida=
d no
cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del
juez riguroso, que la del compasivo”. De otra parte le aconseja a Sancho:
“Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la
dádiva, sino con el de la misericordia”.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(8)
“El juez, sobre todo, debería ser
centro de amor. Lo cual,..., =
no
excluye en modo alguno su poder y su deber de castigar, ya que el castigo d=
el
padre es su más puro acto de amor.&=
nbsp;
Pero una cosa es el castigo de quien se cree bueno frente al malo, y
otra cosa de quien se siente igual y hermano suyo. Así, el juez juzga con amor=
, no
solo su juicio se aproximará todo lo humanamente posible a la verdad,
sino que irradiará de él un ejemplo que, en una sociedad cada=
vez
menos dominada por el egoísmo, hará cada vez menos necesario =
su
triste oficio”. CARNELUTTI, Francesco. Cómo se hace un Proceso.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(9)
Cfr. ALLORIO, Enrico. Problemas de Derecho Procesal. Tomo II.
Tr. de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EJEA, 1963.
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:Arial;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>(10) =
&nb=
sp;
Ibid.=
, p.
137
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:Arial;mso-f=
areast-font-family:
Arial'>(11) &n=
bsp;
COUTU=
RE,
Eduardo J. Fun=
damentos
del Derecho Procesal Civil.
3ed. Buenos Aires: Dep=
alma,
1958. p. 401.
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:Arial;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>(12) =
&nb=
sp;
Ibid. p. 409.
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:Arial;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>(13) =
&nb=
sp;
CLARIÁ OLMEDO,
<=
span
lang=3DES-TRAD style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-fam=
ily:
Arial;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:ES-TRAD'>(14)=
&nb=
sp;
COUTU=
RE,
Eduardo J. Op. cit., p. 406.P&E=
acute;REZ
LUÑO, Antonio- Enrique. La
seguridad jurídica.
Barcelona: Ariel, 1994=
. p. 114..
<=
span
lang=3DES-TRAD style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-fam=
ily:
Arial;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:ES-TRAD'>(15)=
&nb=
sp;
Ibid.,
pp. 114-115.
<=
span
lang=3DES-TRAD style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-fam=
ily:
Arial;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:ES-TRAD'>(16)=
&nb=
sp;
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil.<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> Tr. de Santiago Sentís
Melendo. Buenos Aires: Edicio=
nes Jurídicas
Europa-América, 1980. =
p.
587.
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:Arial;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>(17) =
&nb=
sp;
Ibid.=
, p.
603.
<=
span
lang=3DES-TRAD style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-fam=
ily:
Arial;mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:ES-TRAD'>(18)=
&nb=
sp;
LEIBL=
E,
Stefan. Proceso Civil Alemán. Konrad-Adenauer Stiftung y Dike,
1999. p. 358.
<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-famil=
y:Arial;
mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:EN-US'>(19) =
&nb=
sp;
LIEBMAN, Enrico Tullio. Op. cit., p. 588.
(20)=
&nb=
sp;
BRISEÑO SIERRA, Humberto. Derecho Procesal. México: Harla, 1995. p. 1456.
|
PAGE=
|
|
PAGE=
1 |