José Rico de la Cruz<= o:p>
Dada la
época en la que nos encontramos, en la que las empresas se articulan=
en
Sociedades de capital y los pagos suelen aplazarse en varios vencimientos,<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> nos podemos topar con la
situación de que siendo acreedores de una determinada sociedad, por
negocios jurídicos diversos, está desaparezca “de
facto” del tráfico mercantil, esto es “cierre sus
persianas”, dejando una deuda que numerosas ocasiones
calificaríamos de incobrable. Es pues el objeto del presente, no ya =
los
supuestos en que opera la reclamación de responsabilidad a los
administradores societarios, ni quien está legitimado a ello, si no =
que
nos centraremos únicamente en la acción que tiene un tercero
ajeno a la sociedad para exigir los cobros de deudas pendientes (daño
sufrido por el tercero) en aquellos supuestos de desaparición de fac=
to
de la sociedad del tráfico jurídico y mercantil.
El
legislador, en algunos casos excelente previsor, como en el que nos ocupa,
creó los medios jurídicos necesarios para combatir estas
situaciones, con la implantación de la responsabilidad de los
administradores de las sociedades de capital, por sus actuaciones contraria=
s a
la diligencia media exigible y que causen daño a socios o a
terceros. Así el
artículo 949 del Código de Comercio recoge que el plazo para =
el
ejercicio de la acción contra los administradores terminará a=
los
cuatro años a contar desde que cesaren en el ejercicio de la
administración.
No es o=
bjeto
del presente ni pretende serlo, el estudio tanto de lo que se entiende por =
el
concepto jurídico indeterminado actuación conforme a la
diligencia media, ni por el daño causado, sino más bien, y de=
sde
un punto de vista estrictamente de la práctica procesal, cuando
prescribe la posibilidad de ejercitar tales acciones frente a los
administradores, acciones a entablar por terceros acreedores de una sociedad
“desaparecida” que han visto como sus deudas no pueden ser
reclamadas a la misma, precisamente por los escasos o nulos visos de cobro =
.
En prin=
cipio
y realizando una interpretación estricta y literal del artícu=
lo
949 del Código de Comercio, entenderíamos prescrita la
acción con el transcurso de cuatro años desde el cese, si bie=
n,
es a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21-V-1992, cuando hay un
criterio uniforme y pacífico sobre la cuestión de la
responsabilidad de los administradores, tal criterio interpretativo reconoc=
e a
la responsabilidad de los administradores, una naturaleza de índole
contractual, dimanante del propio contrato societario concretándose,=
por
tanto, en 4 años el plazo de vigencia y ejercicio de dicha acci&oacu=
te;n
de responsabilidad, así recogido también en Sentencia del
Tribunal Supremo de 11-III-1999. Dicho plazo de prescripción de esta
acción comenzará a contar desde el cese del administrador, es=
to
es, el “dies a quo” para el cómputo del plazo h=
a de
fijarse en la fecha en la que el actor ha tenido conocimiento del cese de h=
echo
de los administradores, porque el daño deriva de su pasividad, y por
consiguiente será a partir de esa fecha cuando el actor podrá
ejercitar sus acciones. Tal conocimiento ha de presumirse “iuris et de iure” d=
esde el
momento en que dicho cese se anote en el Registro Mercantil en base al
principio de fe pública registral y oponibilidad frente a terceros de las actuaciones
válidamente inscritas. Fuera de ese caso el conocimiento del cese por
parte del actor habrá de ser cumplidamente acreditado por la parte q=
ue
alega la prescripción.
La sent=
encia
del Tribunal Supremo de 11-III-1999 señala que si una mercantil mant=
iene
aunque sea ficticiamente, una vida social, sin que conste que se haya proce=
dido
a la liquidación y dis=
olución
de la misma, y sin que conste que sus responsables hayan cesado en el ejerc=
icio
de sus funciones administradoras, no es posible señalar el “
Es clar=
o que
Aplican=
do la
disposición contenida en el artículo 125 de la Ley de Socieda=
des Anónimas
y el artículo 148 del reglamento del Registro Mercantil, que contemp=
la
específicamente la inscripción del cese de los administradore=
s,
así como el artículo 4 del mismo Reglamento, que determina qu=
e la
inscripción en el Registro Mercantil tendrá carácter
obligatorio, se ha de entender que hasta que no se inscriba, el plazo de
prescripción no empieza a contar, debido a que no se puede determinar el “dies
a quo” o día inicial del cómputo, con la salvedad del
conocimiento por parte del acreedor. Existen por tanto dos posibles situaci=
ones
para el inicio del cómputo cuatrienal; la primera de ellas y de
fácil solución no situará en el inicio del plazo a par=
tir
de la fecha de inscripción del cese en el cargo de administrador en =
el
Registro Mercantil, y la segunda más controvertida, al faltar tal
inscripción, desde que el actor tuviera conocimiento del cese por
cualesquiera medios.