EL ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL:
ABOGADO
La m= ás grande innovación del constituyente de 1991 fue la acción de tutela. La llamo gran innovación dado que gracias a ella se ha logra= do un cambio en la mentalidad jurídica del país, la constitución ha estado en manos de todos y cada uno de los colombian= os y ha logrado tener el carácter de norma jurídica que otorga derechos subjetivos a los habitantes del territorio.
Las = sentencias de las salas de revisión o de la sala plena, en principio solo produ= cen efectos interpartes, es decir, circunscritos al ámbito de acci&oacut= e;n del proceso en particular. No obstante lo anterior, la Corte ha establecido= la posibilidad de que sus fallos de revisión produzcan efectos má= ;s allá de las partes involucradas en el proceso. Lo anterior lo ha realizado a través de varias construcciones jurisprudenciales, entre ellas el llamado Estado de Cosas Inconstitucional. La presente disertación pretende desarrollar la doctrina del Estado de Cosas Inconstitucional, definirlo, establecer los requisitos para su declaratoria, efectos y en general realizar un estudio crítico y análisis de esta construcción jurisprudencial de la Corte.
Lo anterior se realizará teniendo =
en
cuento los fallos en los cuales la Corte ha declarado dicho estado de cosas
contrario a la constitución, los que serán confrontados con l=
as
normas constitucionales y legales que regulan la competencia de
Para iniciar el
análisis del Estado de Cosas Inconstitucional, es importante partir =
de
una definición de dicho concepto.
El Estado de Cosas
Inconstitucional, es un conjunto de hechos, acciones u omisiones que dan co=
mo
resultado una violación masiva de los derechos fundamentales. Estos
hechos pueden emanar de una autoridad pública específica que
vulnera de manera constante los derechos fundamentales, o de una problema
estructural que no sólo compromete una autoridad en particular sino =
que
incluye consigo la organización y funcionamiento del Estado, y que p=
or tanto
se puede calificar como una política pública, de donde nazca =
la
violación generalizada de los derechos fundamentales.
Entremos a explicar la
definición intentada, a la luz de la jurisprudencia de
1. LOS FALLOS DE
La jurisprudencia de
La Corte ha centrado la declaratoria en t=
res
tesis fundamentales: a) la falla estructural o política públi=
ca
del Estado, b) la falla en la estructura interna de una entidad públ=
ica
y c) la falta de voluntad política del gobierno. Se pasan a estudiar
seguidamente dichas tesis.
a)
EL ESTADO DE COSAS INCONSTIT=
UCIONAL
COMO UNA FALLA ESTRUCTURAL Y/O UNA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTAD=
O
La primera providencia que declara el Est=
ado de
Cosas contrario a la Constitución, fue la SU 559 de 1997. En dicha
sentencia se revisaban dos expedientes acumulados de tutelas interpuestas p=
or
docentes de los municipios de María la Baja y Zambrano (Bolív=
ar),
los cuales alegaban la violación del derecho fundamental a la salud =
por
parte de los Alcaldes, puesto que no se encontraban afiliados al Fondo Naci=
onal
de Prestaciones Sociales del Magisterio. La Corte después de analiza=
r lo
concerniente a la política económica de la educación e=
n el
país con relación a la distribución del situado fiscal=
y
al nombramiento de docentes sin contar con recursos presupuestales para ell=
o,
concluye que se está frente a “...
un problema general que afecta a un número significativo de docentes=
en
el país y cuyas causas se relacionan con la ejecución desorde=
nada
e irracional de la política educativa” (1). La Corte
seguidamente pasa a analizar la pertinencia de la declaratoria y de la toma=
de
medidas conducentes a hacer cesar el estado de cosas contrario a la
constitución, apoyándose en la colaboración
armónica de los órganos del Estado (Artículo 113 de la
C.P.) y en la inminencia del desbordamiento de la acción de tutela p=
ara
la protección de los derechos fundamentales violados de manera
generalizada por el Estado (2), es decir, tomo en cuenta un factor cuantita=
tivo
para evitar la congestión y disminuir el número de procesos en
los que se ventilen los mismos hechos y así cortar el problema de
raíz, no solo para los casos analizados, sino para que el Estado reh=
aga
su política que vulnera los derechos fundamentales.
La jurisprudencia en comento, es reiterad=
a por
la Corte en las Sentencias T 153, T 590 y T 606 de 1998, en las cuales la C=
orte
declara el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario
colombiano. En la primera sentencia aludida (ST 153 de 1998) basa la
declaratorio en la inexistencia de política criminal, en la negligen=
cia
e ineficacia de los responsables del sistema carcelario. Se trata no solo d=
e la
violación de los derechos fundamentales de los reclusos por parte del
INPEC, sino que todos los actores del sistema (Ministerio de Justicia,
Departamentos, Municipios, Rama Judicial y Rama Legislativa) influyen por
acción u omisión, es decir, que en la vulneración
confluyen y coadyuvan múltiples entidades del Estado y por tanto se
puede calificar como una falla estructural del sistema por la ausencia de
políticas públicas. Reitera la declaratoria en el sistema
carcelario a través de
En las sentencias T 559 y U 909 del 2000,=
pone
en conocimiento de las autoridades el desorden administrativo, financiero y
político del Departamento del Chocó, siguiendo los lineamient=
os
referentes a la vulneración masiva de los derechos fundamentales y u=
na
falla estructural del Estado que no solo compromete a la entidad demandada.=
b)
EL ESTADO DE COSAS INCONSTIT=
UCIONAL
COMO UNA FALLA EN
La doctrina inicialmente fijada en
Nuevamente la Corte tiene en cuenta el fa=
ctor
cuantitativo de número de tutelas interpuestas en contra de CAJANAL =
para
declarar el estado de cosas contrario a la constitución.
En igual sentido
c)
EL ESTADO DE COSAS INCONSTIT=
UCIONAL
COMO
Merece comentario aparte
La Corte al estudiar el caso planteado po=
r la
ex – notaria, lo analiza a la luz del inciso 2 del artículo 13=
1 de
Una vez analizada la jurisprudencia exist=
ente a
la fecha sobre el tema planteado, se pasa a realizar un estudio de los efec=
tos
de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.
1. ALCANCES Y EFECTOS DE
Para estudiar los alcances y efectos de la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional, es necesario estudiar los
alcances y efectos de las sentencias de
En primer lugar, es importante precisar q=
ue la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional lo realiza la Corte al
momento de revisar los fallos de tutela de los jueces de instancia. Por lo
tanto, los efectos deben estudiarse con base en las normas que regulan los
efectos de las sentencias de revisión de tutelas, lo que encuentra su
regulación legal en los artículos 36 del Decreto 2591 de 1992=
y
48 numeral 2 de la ley 270 de 1996, normas que me permito transcribir:
“ARTÍCULO 36. EFECTOS DE
“...
2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acci&oacut=
e;n
de tutela tiene carácter obligatorio únicamente para las part=
es.
Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la activ=
idad
de los jueces.” (4)
La anterior norma parece clara al estable=
cer
los efectos de los fallos de la Corte en revisión de tutelas. Sin
embargo, la jurisprudencia constitucional no es uniforme al interpretar dic=
has
normas para determinar los efectos de los fallos de revisión. Para c=
itar
solo dos ejemplos, uno de los cuales interpreta de forma literal las normas
transcritas (ST 321 de 1993) y restringe los efectos del fallo a las partes=
, y
otro en el cual se hace generales los efectos de sus fallos de tutela, dado=
que
a través de ellos la Corte fija la forma como debe interpretarse la
constitución y en particular los derechos fundamentales (ST 260 de 1=
995).
Además de lo anterior, el estado de cosas inconstitucional lo podemos
calificar como una excepción jurisprudencial a las normas citadas y =
como
una declaratorio de inconstitucionalidad no de normas sino de hechos. Por lo
tanto, los efectos del fallo que declare el estado de cosas inconstitucional
van más allá de las partes del proceso.
Si se analiza lo anterior a la luz de las
sentencias estudiadas en el capítulo 1, la Corte a tomado medidas
conducentes a subsanar los hechos que generan violación constante y
reiterada de los derechos fundamentales que incluyen una amplia gama de
autoridades públicas que no intervinieron en el proceso, pero que se=
ven
compelidas a adoptar una serie de medidas para dar por terminada la
violación de los derechos fundamentales. Por ejemplo en la SU 559 de
1997, las partes del proceso eran como demandantes un grupo de docentes y c=
omo
demandados los municipios de María la Baja y Zambrano. Sin embargo, =
la
Corte ordena a las autoridades competentes (Ministro de Educación,
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departam=
ento
Nacional de Planeación=
y a
los demás miembros del CONPES Social; Gobernadores y Asambleas
Departamentales, y Alcaldes y Concejos Municipales) que en un término
razonable corrijan la situación que dio origen a las acciones de tut=
ela.
Es así como nos encontramos frente=
a una
actuación judicial sin parte especificas, como de hecho es toda
revisión de los fallos de tutela por parte de la Corte, y adem&aacut=
e;s
la Corte se aventura y vincula con su sentencia a autoridades que no hicier=
on
parte en ningún momento del proceso, hecho este que se puede entender
como una violación por parte de
=
a)
FINES DE
La Corte al momento de declarar el estado=
de
cosas contrario a la constitución, no pretende más que lograr=
la
realización efectiva de las normas constitucionales y conlleva a que=
“La incorporación dentro =
de la
jurisprudencia constitucional de la doctrina que aquí se ha venido
analizando implica un reconocimiento por parte de la Corte de la diferencia
radical que puede existir entre lo consagrado normativamente y lo real en
términos sociales” (5), lo anterior, trayendo a
colación al Profesor José Libardo Ariza en el artículo
referenciado en el pie de página.
Con relación a los fines
prácticos de las declaratorias del estado de cosas inconstitucional,
estos son diversos y se analizarán alrededor de cada fallo.
§ &nbs=
p;
SU
559 DE 1997: Al ser esta la providencia que le dio vida a la instituci&oacu=
te;n
jurisprudencial en estudio, la Corte fue un poco laxa en las medidas y orde=
nes
que impartió.
§ &nbs=
p;
ST
068 Y ST 439 DE 1998: Ambos casos alrededor de CAJANAL, hacen pensar que las
medidas tomadas en las dos declaratorias, no han surtido efectos
prácticos y que dicha institución reitera la vulneració=
;n
de los derechos fundamentales de sus afiliados.
§ &nbs=
p;
SU
250 DE 1998: En este fallo se ordenaba al gobierno realizar el concurso
notarial, el cual a la fecha no se ha llevado a cabo, entre otras cosas por=
las
tutelas interpuestas por los notarios en ejercicio, lo que resulta
paradójico.
§ &nbs=
p;
ST
289 DE 1998: Se desconocen los efectos producidos con este fallo.
§ &nbs=
p;
ST
§ &nbs=
p;
ST
559 DE 1998 Y SU DEL 2000: Ambos fallos se centra en los problemas
presupuestales del Departamento del Chocó con relación a sus
pensiones, el primero de ellos puso como término en el cual deb&iacu=
te;an
corregirse y realizarse las correspondiente partidas presupuestales antes d=
el 1
de enero de 1999, lo cual no se cumplió, tal como se desprende de la
lectura de
En general los fallos no producen grandes
transformaciones institucionales, dado que las ordenes específicas q=
ue
ha dado la Corte para proteger los derechos fundamentales, tienen un
carácter general y no delimitado en el tiempo.
=
b)
SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE <=
st1:PersonName
ProductID=3D"LA DECLARATORIA DEL ESTADO" w:st=3D"on">LA DECLARATORIA DEL ES=
TADO
DE COSAS INCONSTITUCIONAL
Sin embargo, no considero que esta sea la
interpretación que haya de darse a la competencia de la Corte.
=
c)
EL INCIDENTE DE DESACATO Y E=
L ESTADO
DE COSAS INCOSNTITUCIONAL
Alrededor del incidente de desacato y el =
estado
de cosas inconstitucional, nos planteamos los siguientes interrogantes:
¿Es viable iniciar un incidente de
desacato por el incumplimiento de un fallo en el cual se declare el estado =
de
cosas inconstitucional, en especial alrededor de las medidas ordenadas no e=
n el
caso particular, sino como medidas tendientes a resolver de raíz el
problema generalizado?
De ser positiva la respuesta a la anterio=
r pregunta
¿quién o quienes estarían legitimados para iniciar tal
incidente?
La respuesta al primero de los interrogan=
tes
parece en principio obvia, dado que se trata de una orden judicial tomada e=
n un
proceso de tutela y así lo consagra la reglamentación de dicha
acción (Artículos 52 y siguientes del Decreto 2591 de 19991).=
Sin
embargo y por el contenido sui gene=
ris
de los fallos que declaran el estado de cosas inconstitucional (Medidas de
carácter general que vinculan a personas que no hicieron parte del p=
roceso)
la respuesta merece un poco de reflexión.
En primer lugar y analizando el sustento y
justificación constitucional de la declaratoria, nos hace pensar en =
una
respuesta afirmativa a la pregunta analizada. Las dudas nos surgen, por una
parte dado que los fallos que declaran el estado estudiado, emiten ordenes =
de
carácter general y no limitado en el tiempo, por lo que sería
difícil establecer y delimitar el desacato del fallo; y por otra par=
te
en el debido proceso al incluir como responsable de realizar determinada
conducta a alguien que no intervino en el proceso. Estas dudas las podemos
resolver con base en las argumentaciones presentadas en el acápite
anterior sobre la ponderación que debe existir entre el derecho de l=
as
autoridades y personas no vinculadas al proceso y los derechos fundamentale=
s de
las personas que pretenden proteger con
Con relación a la segunda pregunta
(¿quién o quienes estarían legitimados para iniciar tal
incidente?) creemos que la respuesta deberá ser cualquier persona,
puesto que lo que se pretende proteger con la declaratoria del estado de co=
sas
inconstitucional, más que los derechos fundamentales de X o Y person=
as,
es la integridad y primacía del orden constitucional y todos los
colombianos estamos en el deber de valer por que permanezcan incólum=
es
los mandatos constitucionales (Artículo 98 de
NOTAS:
(1) CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia U 559 de 1997, fundamento jurídico No. 30.
(2) Ibídem, fundamento jurídico No. 31.
(3) DECRETO 2591 de 1992, Artículo 34.
(4) LEY ESTATUTARIA DE
(5) ARIZA, Libardo José. La Realidad contra el Texto: Una Aproximación al Estado de Cosas Inconstitucional, en REVISTA TUTELA, ACCIONES POPULARES Y DE CUMPLIMIENTO, Santa Fe de Bogotá: Editorial Legis S.A., 2000. Tomo I No. 4 pág. 975.
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