Arturo Todolí
Gómez
Abogado Fiscal Sustituto
INDICE
CAPITULO I.
CAPITULO II.
CAPITULO III.
CONCLUSIONES.
ABREVIATURAS.
BIBLIOGRAFÍA.
NOTAS.
<= o:p>
<= o:p>
I. &n=
bsp;
<= o:p>
=
Las reformas operadas por
La
característica esencial del procedimiento radica en la
agilización del enjuiciamiento de aquellos delitos de instrucci&oacu=
te;n
sencilla en los que el imputado se encuentra a disposición judicial.=
El principio de cel=
eridad
implica el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero al mismo tie=
mpo
que no se trate de un proceso acelerado ya que en ese caso podrían c=
onculcarse
los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos (1).
Nuestr=
a CE,
en su artículo 24, reconoce el derecho a obtener la tutela judicial
efectiva de los Jueces y Tribunales, a un proceso con todas las
garantías y a la defen=
sa, a
ser informado de la acusación formulada, y a un proceso sin dilacion=
es
indebidas, entre otros. Esto representa los principios de igualdad y
contradicción que rigen el proceso penal.
A pesar de que el artí=
;culo
118 Lecrim, adelantó la vigencia de dichos principios, al darse
redacción preconstitucional por ley 53/1978, de 4 de diciembre, y otorgarse al imputado un á=
;mbito
de reconocimiento amplio al entender que lo era cualquier persona no someti=
da
aún al proceso penal, pero siempre y cuando se le imputare un acto p=
unible
y consecuentemente pudiera ejercer el derecho de defensa desde que se le
comunicare su existencia, el TC tuvo que fijar los límites del antig=
uo
artículo 789 Lecrim, de aplicación al procedimiento abreviado
(redacción por LO 7/1988, de 28 de diciembre), de forma que por STC 186/1990 (Pleno), de 15 de
noviembre, se concluyó que era contrario a la normativa constitucion=
al
el dirigir la acusación contra una persona que no hubiera adquirido
previamente la condición judicial de imputada en el procedimiento
preliminar y que, en consecuencia, no haya=
podido ejercitar su derecho de defensa en el mismo. Realmente, en la
práctica, no debería ser habitual formular una acusació=
;n
sin la existencia de un previo procedimiento judicial, sólo con base=
en
un procedimiento preliminar de investigación policial o fiscal, ya q=
ue
de la interpretación del apartado cuarto del artículo citado
así debía exigirse, cuando se refería a la primera
comparecencia judicial, y de esta forma, el imputado pudiera defenderse y solicitar del=
juez
la práctica de las diligencias de investigación que pudieran
interesarle, ya que no parecía probable que en las diligencias
policiales o de investigación del Ministerio Fiscal, pudieran
garantizarse estos derechos, sin embargo, fue necesario dicho pronunciamien=
to
constitucional (3) para evitar las posibles indefensiones que se daban en la práctica cotidiana, y=
a que
en ocasiones, incluso se formulaban acusaciones contra personas que
únicamente habían declarado en sede judicial como testigos (4=
).
La reforma por Ley 10/1992, de 30 de abril, vino a plasmar dicha exigencia
constitucional.
=
Con la reforma operada por Ley 38/2002, de 24 de octubre, será=
;n
necesarias, la práctica de unas diligencias judiciales, que adem&aac=
ute;s
deben considerarse suficientes, con independencia del contenido del atestado
policial o de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal.
Por otra parte, parece derogado el procedimiento preliminar a que hac&iacut=
e;a
referencia el antiguo artículo 789.3 Lecrim, al no existir en la act=
ual
regulación una norma de idéntico contenido.
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
En lo que atañe a los juicios rápidos, una vez determi=
nada
la condición de imputado, sobre todo por las reformas antes mencionadas en el procedimie=
nto
abreviado, con la ley 38/2002 se puede haber encontrado un cierto equilibrio
entre celeridad del proceso y garantías del imputado, ya que hasta la
fecha de entrada en vigor de la misma, se aplicaba desigualmente el
artículo 789.3 y 4 Lecrim relativo al procedimiento abreviado, sobre
todo en los servicios de guardia de algunas capitales (Barcelona, Madrid o
Valencia) (5), donde tras una breve comparecencia judicial del imputado,
conducido en calidad de detenido, asistido del letrado del turno de guardia,
con pocas posibilidades de desvirtuar una acusación ya que parte de =
la
prueba se entendía incluida en el atestado elaborado por la
policía, de forma que por el Ministerio Fiscal se podía formu=
lar
escrito de acusación en el acto, solicitando la apertura de juicio o=
ral,
e incluso, si el imputado había reconocido los hechos, podían
remitirse urgentemente las actuaciones al Juzgado de lo Penal para
señalamiento rápido y dictar sentencia oralmente y de acuerdo=
con
la pena conformada por el Fiscal y el acusado (arts.789.5 y 790,
párrafos 2 y 3, este último en la redacción dada por la
reforma de
=
Realmente
<= o:p>
<= o:p>
I.&n=
bsp; =
;
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'>
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Antes de entrar a conocer el papel del imputado en esta fase, convie=
ne
remarcar que si bien
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Para analizar la condición de imputado en esta fase del
procedimiento, hay que referirse a la regulación contenida en el
capítulo II , título II, libro IV de
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
De esta forma, ya tenemos una primera condición de imputado,
reconocida expresamente por la ley y en fase policial, considerándolo
todo aquel frente a quien pende una denuncia o querella o simplemente ha
existido una notitia criminis (11).=
=
Sin embargo, el artículo 796.1 Lecrim,
utiliza las expresiones “ per=
sona a
la que se atribuya el hecho” o “
persona que resulte denunciada”, refiriéndose en ambos cas=
os a
quien en el atestado se le atribuye la comisión de los hechos
presuntamente delictivos.
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Por otra parte el artículo 118 Lecrim, cuando hace referencia=
al
derecho de defensa y a la condición de imputado dispone que “ toda persona a quien se impute=
un
acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el
procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su
existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida
cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le
instruirá de este derecho ”. Así pues, antes de la
reforma, Moreno Catena consideraba que la condición de imputado en un
proceso se adquiere desde el momento en que la autoridad judicial comunica a
una persona que se están siguiendo actuaciones por la comisió=
n de
determinados hechos delictivos y se le atribuye una participación en=
los
mismos (12).
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
De la combinación de las anteriores disposiciones, cabe
preguntarse si con
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
En este punto las opiniones son dispares, y Alonso Pérez enti=
ende
que en el artículo 771.2ª Lecrim el término imputado par=
ece
referirse a aquella persona a quien se atribuye más o menos fundadam=
ente
un acto punible, sin necesidad de que exista un acto formal de acusaci&oacu=
te;n
por parte de la autoridad judicial, pues se está utilizando el
término precisamente antes de la intervención del Juez con la
finalidad de que la policía informe a dicha persona de sus derechos
constitucionales y legales (13).
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
En la misma línea, Burgos Ladrón de Guevara indica que
parece que se elimina la facultad judicial para determinar la persona imput=
ada,
al ser necesario realizarlo en la diligencia policial en el procedimiento
abreviado y en el enjuiciamiento rápido, para poder seguir investiga=
ndo
el hecho a través de las normas de dichos procesos (14). Según
él, el imputado será toda persona a quien se atribuya m&aacut=
e;s
o menos fundadamente un acto punible, sin necesidad de que exista un acto
formal de imputación por la autoridad judicial. Se delimita y
utiliza legalmente el
término imputado antes de la intervención del Juez, con la
finalidad de que
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
De Oña Navarro (15) dice que “ el nuevo artículo
771.2ª Lecrim adelanta el momento de la imputación que deja de =
ser
un concepto procesal para convertirse en preprocesal. De ahí que el
nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal
también exija el inmediato deber de información cuando=
en
las diligencias de investigación que el Fiscal practique aparezcan
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Contrariamente, Rodriguez Lainz (16), considera que la
instrucción de derechos y el propio empleo de la equívoca
noción de imputado, se diseña más bien como adelanto de
las garantías procesales de la persona denunciada. La autoridad judi=
cial
será siempre la que habrá de decidir, en última instan=
cia,
sobre si procede o no la imputación.
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Una cuestión interesante que no parece clara, y que
está íntimamente
relacionada con la condición de imputado en esta fase, es la de admi=
tir
si el imputado no detenido puede renunciar a la asistencia letrada en su
declaración policial. Con la normativa anterior, el derecho de
asistencia letrada se consideraba renunciable si el imputado no estaba dete=
nido
o preso. El nuevo artículo 767 Lecrim, en la regulación del
Procedimiento Abreviado, dispone que : “
desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la
imputación de un delito contra persona determinada será neces=
aria
la asistencia letrada. La policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la
autoridad judicial recabarán de inmediato del Colegio de abogados la
designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el
interesado”. Así pues, cabe preguntarse: ¿ A que se
refiere el término actuaciones? ¿ Incluye sólo las
judiciales o también las policiales?. Si se entiende que la condici&=
oacute;n
de imputado únicamente puede originarse tras una resolución
judicial, el precepto sólo se referirá a las judiciales, por =
lo
que la asistencia letrada sería un derecho renunciable en sede polic=
ial
por el imputado no detenido. Sin embargo, si entendemos que la cualidad de
imputado se origina con anterioridad a la incoación del procedimiento
judicial, habrá que estimar que el término actuaciones
abarca igualmente las policia=
les, y
por tanto, el derecho de asistencia letrada sería irrenunciable (17)=
(18)
.Esta última posición parece=
la más adecuada a la nueva regulación, pero sin embarg=
o,
en la práctica, se comprueba cómo en los atestados que se
instruyen sin la intenci&oacu=
te;n
de originar un juicio rápido y en otros con imputado no detenido, los
denunciados prestan declaración en comisaría sin asistencia
letrada.
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Esto viene avalado por=
la
propia interpretación que al respecto debe darse del artículo=
796.1.3º,
ya en sede de juicios rápidos, cuando establece que
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Sin embargo, una cuestión que habitualmente se plantea en la
práctica es la posibilidad a la renuncia del derecho a la asistencia
letrada por el detenido, cuando los hechos puedan ser calificados
exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico. En este
sentido
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
Ante esta posibilidad de renuncia del detenido, con mayor motivo, el
imputado no detenido puede formular idéntica renuncia, pero, en estos
casos, esta debería reflejarse en el atestado de forma expresa, y si=
no
fuera así, debería ser asistido en su declaración
policial, o en último término, no recibirle declaració=
n.
Lo que si parece evidente es que si además de existir un riesgo para=
la
seguridad del tráfico, se producen consecuencias lesivas por la
aplicación del concurso normativo recogido expresamente en el
artículo 383 del CP, en los que terceros han sufrido lesiones,
normalmente por aplicación del artículo 152.1.1º y 2 del
mismo Código (lesiones por imprudencia grave a consecuencia de la
conducción de vehículos a motor), debe exigirse la asistencia
letrada en la declaración policial, ya que los hechos no son tipific=
ados
exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico.
=
III.
<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> =
&nb=
sp;
=
Una vez recibido el atestado policial, la decisión de incoar
diligencias urgentes corresponde al Juez de guardia y si este valora que
concurren los presupuestos que se establecen en el artículo 795 Lecrim, =
esta
obligado a seguir las normas de este procedimiento especial. Así lo
dispone el propio artículo 795.1 al indicar que “ el procedimiento regulado en este título se
aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos
castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco año=
s, o
con cualesquiera otras penas..., siempre que el proceso penal se incoe en
virtud de un atestado policial y que
=
Como se ha señalado anteriormente, la denominación del
término imputado hay que
entenderla referida en el artículo 796.1º, 2º, y 3º
Lecrim, cuando trata las actuaciones concretas a llevar a cabo por
=
El artículo 797 Lecrim, que regula la incoación de las
diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia, establece que en el auto
incoando diligencias urgentes, entre otras diligencias a practicar, se
acordará: “Tomar&aacut=
e;
declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la
persona que, resultando imputada por los términos del atestado, haya
comparecido a la citación policial, en los términos previstos=
en
el artículo 775. Ante la falta de comparecencia del imputado a la
citación policial ante el Juzgado de guardia , podrá é=
ste
aplicar lo previsto en el artículo
=
Esta mención expresa es importante en el nuevo procedimiento =
ya
que de las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia a que se refiere=
el
precepto citado, unas tienen carácter forzoso, como la de recabar los
antecedentes penales de la persona imputada y la de tomarle declaraci&oacut=
e;n
en los términos del atestado siempre que haya comparecido en el juzg=
ado
de guardia ante la citación policial, en los términos previst=
os
en el art. 775 Lecrim referido a la información y defensa del imputa=
do
en las diligencias previas; y otras, sólo si son necesarias para la
calificación jurídica de los hechos imputados, es decir, las
señaladas respectivamente en las reglas 6ª y 7ª referidas =
al
reconocimiento en rueda del imputado y el careo entre testigos e imputados o
imputados entre sí.
=
La instrucción se concluye con el contenido del artícu=
lo
798.1 Lecrim al establecer que: =
220; A
continuación , el Juez oirá a las partes personadas y al
Ministerio Fiscal sobre cuál de las resoluciones previstas en el
apartado siguiente procede adoptar”, siguiendo el apartado 2: “ El Juez de guardia dictará&=
nbsp;
resolución con alguno de estos contenidos:
=
1º. En el caso de que considere suficientes las diligencias pra=
cticadas,
dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no
será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento
del Capítulo siguiente, salvo que estime procedente alguna de las
decisiones previstas en las reglas 1ª y 3ª del apartado 1 del
artículo 779, en cuyo caso dictará el correspondiente auto. S=
i el
Juez de guardia reputa falta el hecho que hubiere dado lugar a la
formación de las diligencias, procederá a su enjuiciamiento
inmediato conforme a lo previsto en el artículo 963.
=
2º. En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas,
ordenará que el
procedimiento continúe como diligencias previas del procedimiento
abreviado. El juez deberá señalar motivadamente cuáles=
son
las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la
instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible<=
/span>”.
=
En este punto es de destacar que, a diferencia del procedimiento
abreviado, no se exija una motivación a este auto, pues resulta clar=
o que
se trata de la única resolución de imputación formal e=
n el
procedimiento. Así pues, el artículo 779.1.4 Lecrim dispone q=
ue
el auto que ordena continuar la causa como procedimiento abreviado
contendrá la determinación de los hechos punibles y la identi=
ficación
de la persona a la que se le imputan, y no podrá adoptarse sin haber
tomado declaración a aquella. Esta necesidad de motivación en=
el
procedimiento abreviado ya había sido exigida por el TS (21).
=
Debe entenderse que esta resolución en el juicio rápido
tiene la misma función y trascendencia que la correlativa del
procedimiento abreviado, por lo que, supletoriamente, debe aplicarse el
artículo 779 Lecrim, de forma que aunque el precepto haga referencia=
a
la oralidad, dicha resolución debería incluir los hechos y
personas imputadas.
=
En la práctica, se comprueba como desde la comparecencia del
apartado 2 del articulo 798 se sigue un acta concatenada, que finaliza con el acuerdo del Juez de continuar<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> las diligencias urgentes por los
trámites del capitulo IV,
Título III, Libro IV, es decir, con la comparecencia del
artículo 800 Lecrim, iniciadora de la fase intermedia, y que no obstante se documenta en un aut=
o que
es unido a continuación de dicha acta y que esta mínimamente
motivado, incluyendo los hechos y las personas imputadas.
=
Al excluir el precepto mencionado la posibilidad de recurso, el prob=
lema
puede surgir cuando el auto no recoja todos los hechos que el Ministerio Fi=
scal
considere punibles o no se dirija contra todas las personas que se consider=
en
responsables. A este respecto, y no motivando la resolución dicha
exclusión, habiéndose practicado las diligencias de
instrucción pertinentes con relación a esas personas imputada=
s y
a los hechos referidos, deberían admitirse los correspondientes recu=
rsos
(22), ya que al no referirse la norma de forma expresa a la situación
procesal de las personas o hechos omitidos, debe entenderse que la
resolución en este caso no ordena continuar como enjuiciamiento r&aa=
cute;pido,
por lo que estaríamos ante un sobreseimiento tácito que no
podría quedar exento del pertinente recurso.
=
La misma imposibilidad de recurrir dicha resolución, lleg&oac=
ute;
a plantear el problema de que=
el
Juez estime suficientes las diligencias dictando el auto, pero el Fiscal, al
objeto de formular y sostener la acusación, considere que habr&iacut=
e;a
de practicarse una diligencia indispensable para ello.
=
En el procedimiento abreviado, el artículo 780.2 Lecrim, se
establece la posibilidad de que el Fiscal, al objeto de poder completar la
instrucción y formular acusación, inste la práctica de
diligencias indispensables para aquel fin, en cuyo caso el juez deber&aacut=
e;
practicarlas preceptivamente. Parece que cualquier otra posibilidad pudiera
vulnerar el principio acusatorio, al dejar en manos del juez la decisi&oacu=
te;n
de acordar o no las diligencias pedidas por el Fiscal, o como sucede en el
artículo 798.2º Lecrim, dejar la decisión de la
insuficiencia de las diligencias practicadas en manos del instructor. A pes=
ar
de la solución dada por
=
También en esa comparecencia oral ante el juzgado de guardia,=
las
partes acusadoras y el Fiscal podrán solicitar del juez de guardia
medidas cautelares frente al imputado. Si se acuerda alguno de los tres
primeros supuestos del artículo 779 Lecrim, referido a las diligenci=
as
previas, cuales son: a) el hecho no es constitutivo de infracción pe=
nal;
b) el hecho es constitutivo de falta; o c) el hecho se encuentra atribuido =
a la
jurisdicción militar, el juez de guardia acordará lo que proc=
eda
sobre la adopción de medidas cautelares frente al imputado. Sin emba=
rgo,
cuando el juez de guardia dicte auto en forma oral ordenando la
continuación del procedimiento, sobre la adopción de medidas
cautelares se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artí=
culo
800 (apartado 3 del art.798).=
=
Por último, el artículo 800 Lecrim, que inicia la llam=
ada
fase intermedia, de preparación del juicio oral, dispone: “ Cuando el Juez de guardia hubi=
ere
acordado continuar este procedimiento, en el mismo acto oirá al
Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si
procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y para que en su ca=
so,
soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de
medidas cautelares. En todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicit=
aren
el sobreseimiento, el juez procederá conforme a lo previsto en el
artículo 782. Cuando el
Ministerio Fiscal o la acusación particular soliciten la apertura del
juicio oral, el Juez de guardia procederá conforme a lo previsto en =
el apartado
1 del artículo 783, resolviendo mediante auto lo que proceda. Cuando=
se
acuerde la apertura del juicio oral, dictará en forma oral auto
motivado, que deberá documentarse y no será susceptible de
recurso alguno”.
=
=
En primer lugar, las
alegaciones sólo pueden circunscribirse a la procedencia o no=
de
apertura del juicio oral, incluida la defensa del imputado, ya que el prece=
pto
hace referencia a todas las partes personadas. A pesar de que aún no=
ha
recaído auto de apertura, no se contempla la posibilidad de instar
diligencias complementarias.
=
En segundo lugar, se altera la sucesión procesal regulada en =
el
procedimiento abreviado, ya que la apertura se produce únicamente
=
Finalmente, en lo referente al término imputado en el juicio de faltas, concretamente en la
citación del imputado y demás partes para la celebració=
;n
de la vista, cuando se señala en el artículo 967.1º
Lecrim:“En las citaciones que=
se
efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al imputado par=
a la
celebración del juicio de faltas se les informará de que pued=
en
ser asistidos por Abogado si lo desean... A la citación del imputado=
se
acompañará copia de la querella o denuncia que se haya
presentado..”,debe entenderse que desde que es citado el imputado en el juicio de faltas, t=
iene
tal consideración, no sólo formal sino también
materialmente (25).
&n=
bsp;
=
CONCLUSIONES.
=
Creo que la nueva regulación fortalece el derecho de defensa =
del
imputado, especialmente en lo concerniente a la asistencia letrada del impu=
tado
no detenido, por la aplicación supletoria del procedimiento abreviad=
o en
este procedimiento especial, si bien dada su celeridad, deberán siem=
pre
guardarse las garantías de su declaración. De esta forma, la
defensa quedará debidamente garantizada , tanto en la fase policial =
como
en la fase instructora de las diligencias urgentes.
=
Esto implica que a partir de
=
De esta forma por la nueva regulación de los artículos
771.2º y 796.1º 2ª Lecrim, se establece una fase previa de
carácter procesal donde aparece la cualidad de imputado, en el momen=
to
en que la imputación es realizada por
Esta
nueva situación ha producido una intervención permanente del
letrado en los turnos de guardia penales, y desde el momento de la primera
declaración en sede policial.
En
la fase de instrucción judicial, es de resaltar que las diligencias
practicadas ante la policía, deben reproducirse en esta fase, si bie=
n,
en caso de conformidad de la pena a imponer, en la práctica,
únicamente se toma declaración al imputado, que evidentemente=
, ha
reconocido los hechos. En estos casos, puede suceder que en ocasiones, no se
pueda efectuar el ofrecimiento de acciones o falte alguna diligencia esenci=
al
para la tipificación de los hechos, como por ejemplo, la tasaci&oacu=
te;n
de un bien, cuya valoración puede implicar que los hechos sean reput=
ados
falta, por lo que, a pesar del reconocimiento de los hechos por el imputado,
las actuaciones deben transformarse a diligencias previas, y posteriormente,
una vez verificadas las diligencias anteriores, por el trámite del
artículo 779.1.5ª Lecrim, convocar a las partes al objeto de po=
der
incoar nuevamente diligencias urgentes si hubiera conformidad con el escrit=
o de
acusación (26). Realmente, el trámite anterior esta previsto =
para
el caso de que se hubieran incoado diligencias previas directamente, como s=
uele
ser frecuente, a pesar de que el atestado reúne los requisitos para =
la
incoación de urgentes conforme al artículo 795 Lecrim.
<=
/span> El auto acordando
seguir las actuaciones por el trámite de urgentes , conforme al artículo 798 Lecrim, en el caso de que el =
Juez
considere suficientes las diligencias practicadas, dictado en forma oral, q=
ue
deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno,
supone la imputación formal en este procedimiento, y como se ha dicho
antes, debe motivarse mínimamente, de forma que contenga los requisi=
tos
del artículo 779.1.4ª Lecrim, al igual que el auto de procedimi=
ento
abreviado.
En
definitiva, pienso que el reforzamiento de la condición de imputado =
en
los juicios rápidos, por la reforma que
=
ABREVIATURAS
art.=3D artículo
cit.=3D citado
CE=3D Constitución Española
CGPJ=3D Consejo General del Poder Judicial
CP=3D Código Penal
ed=3D Edición ( o editor)
FGE=3D Fiscalía General del Estado
Lecrim=3D Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO=3D Ley Orgánica
LOPJ=3D Ley Orgánica del Poder Judicial
núm.=3D número
pág.=3D página
RJ=3D Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi
STC=3D Sentencia del Tribunal Constitucional
TC=3D Tribunal Constitucional
TS=3D Tribunal Supremo
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO PÉREZ, F. “ Los derechos del imputado =
no
detenido tras la reforma de la ley 38/2002 ”, Diario
ASENCIO MELLADO,JMª., “ El imputado en el
proceso penal español ” ,
en La restricción de los derech=
os
fundamentales de la persona en el proceso penal, Cuadernos de Derecho
Judicial, CGPJ, núm XXIX,
Madrid 1993.pp.61-78.
BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, J. “ La determ=
inación
del imputado en el sistema procesal español por
DELGADO MARTÍN, J. Coord. Los
juicios rápidos, Ed.Colex, Madrid 2002,480 pp.
GALDANA PÉREZ MORALES, El juicio rápi=
do por
delitos y su impugnación, Ed.Tirant Lo Blanch, Valencia 2003, 212
pp.
MAGRO S=
ERVET,
VICENTE. “ El Pacto de Estado de
MARCO COS, J.M. “ Juicios rápidos y
Policía Judicial: ¿ Hacia la codirección del proceso
penal? ”, Actualidad
jurídica Aranzadi, núm.559/2002, 26/12/02.
MORENO CATENA, V. y otros. Derecho Procesal Penal, Ed.Colex, Madrid, 1997.
OÑA NAVARRO, J.M. “ El derecho de defens=
a en
la fase de instrucción en la doctrina del Tribunal Constitucional
”. Ponencia del curso organizado por el CGPJ, Madrid, noviembre de 20=
03.
RODRIGUEZ LAINZ, J.L. “ La actuación del
Juzgado de guardia en la fase de investigación para el enjuiciamiento
rápido de delitos y faltas ”, Diario
SOTO NIETO, F. “ Delitos flagrantes. Doctrina
jurisprudencial a la vista de
NOTAS
(1) Así lo afirma DELGADO
MARTÍN, J. Los juicios
rápidos, Colex, Madrid 2002,pág.22, cuando señala
“En todo caso, y pese a que la falta de celeridad no afecta a
ningún derecho o garantía constitucionalmente reconocidos, la
asunción por el ordenamiento de instrumentos de aceleración d=
el
proceso si determina riesgos de menoscabo de esas garantías.....
Afortunadamente,
(2) El apartado cuarto del artíc=
ulo
789 Lecrim se refería a la primera comparecencia o declaración
inicial del imputado, con información de sus derechos. Actualmente el
artículo 775 Lecrim viene a sustituirlo y a plasmar dicha exigencia
cuando señala que: “ En la primera comparecencia el=
juez
informará al imputado, en la forma más comprensible, de los
hechos que se le imputan. Previamente el Secretario le informará de =
sus
derechos y le requerirá para
que designe un domicilio en España en el que se harán las not=
ificaciones,
o una persona que las reciba en su nombre...” . De igual forma el
actual artículo 779.1.4ª Lecrim dispone, en lo referente al
contenido del auto de incoación de procedimiento abreviado: “ Esta decisión, que
contendrá la determinación de los hechos punibles y la
identificación a la persona a la que se le imputan, no podrá
adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los
términos previstos en el artículo
(3) En la citada sentencia se
señalaba que la intervención del imputado en la fase de
instrucción del procedimiento abreviado se producía, siempre,=
en
la obligada comparecencia e interrogatorio judicial del imputado que ordena=
el
artículo 789.4 Lecrim. Esto debía entenderse necesario, al ma=
rgen
de que se hubiera practicado investigación preliminar en sede polici=
al,
cumpliendo incluso las garantías y formalidades legales, ya que en
algunos casos, haciendo uso del apartado tercero del artículo 789 Le=
crim
“ Sólo en el caso de que
las diligencias practicadas en el atestado no fueren suficientes para
formular acusación.. el Juez practicará por sí las
diligencias esenciales...”, los jueces no realizaban la
instrucción del apartado cuarto del citado artículo.
(4) Así indicaba ASENCIO
MELLADO,JMª., El imputado en el
proceso penal español, en La restricción de los derech=
os
fundamentales de la persona en el proceso penal, Cuadernos de Derecho
Judicial, CGPJ, núm XXIX,
Madrid 1993, p.64 , cuan=
do
afirmaba que: “ En una pa=
labra,
una actuación de retardo en el conferimiento de la condición =
de
imputado propiciará una suerte de investigación inquisitiva q=
ue
difícilmente es compatible con un sistema político
democrático y respetuoso con los derechos fundamentales de la persona
humana. La primera consecuencia de lo dicho....por constituir el ataque
más burdo y flagrante en que se puede concretar un retraso en el
conferimiento a un sujeto de =
su
condición de imputado, y de la que se ha ocupado nuestro Tribunal
Constitucional en reiteradas ocasiones (SS. 37/1989; 135/1989; 186/1990, 12=
8 y
129/1993) consiste en la prohibición de que la persona sospechosa de
haber delinquido pueda ser citada e interrogada en calidad de testigo y por
tanto, bajo el régimen procesal aplicable a las declaraciones de est=
os
terceros responsables ”.
(5) El actual presidente de
=
(6) El artículo 790.1Lecrim,
párrafos segundo y tercero disponía: “ No obstante, tan pronto como el juez de instrucción
considere que existen elementos suficientes para formular la
acusación por haberse practicado, en su caso, las
diligencias a que se refiere el apartado 3 del artículo 789, el tras=
lado
de las actuaciones al Ministerio Fiscal y&=
nbsp;
partes acusadoras se efectuará de forma inmediata, incluso en=
el
propio servicio de guardia del juzgado de instrucción.
=
Efectuado el traslado a que se refiere el párrafo anterior, el
Ministerio Fiscal, en atención a las circunstancias de flagrancia o
evidencia de los hechos, alarma social producida, detención del impu=
tado
o el aseguramiento de su puesta a disposición judicial,
presentará en el acto su escrito de acusación y solicitud de
inmediata apertura del juicio oral, con simultánea citación p=
ara
su celebración”.
(7) SOTO NIETO, F. “ Deli=
tos
flagrantes. Doctrina jurisprudencial a la vista de
(8) GALDANA PÉREZ MORALE=
S, M.
“ El juicio rápido por delito y su impugnación ”,
Tirant Lo Blanch, 2003, pág.45, señala que: “ En este procedimiento puede
hablarse de tres fases. A las dos tradicionales de instrucción y de
enjuiciamiento se antepone una
nueva en la que se amplían las facultades de actuación de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al tiempo que se
fijan para ellos nuevas obligaciones. Se trata de que sea la propia
policía........; y la que asegure la presencia del imputado, del
perjudicado y - en su caso- de los testigos ante el órgano judicial
”.
(9) MARCO COS, J.M. “ Jui=
cios
rápidos y Policía Judicial: ¿ Hacia la codirecci&oacut=
e;n
del proceso penal? ”, Actualidad jurídica Aranzadi,
núm.559/2002, señala : “ al menos en el nuevo procedimiento, se quie=
re que
deje el juez de instrucción de ser el director y a la vez garante de=
la
investigación penal, para quedar reducido a un hito más en un
camino procesal al que solamente la policía puede dar acceso y que en
buena medida la policía dirige, ya que a los juicios rápidos
sólo se puede llegar si el proceso se ha incoado en virtud de un
atestado policial ”.
(10) =
(11) =
ALONSO
PÉREZ, F. Los juicios
rápidos, Colex, Madrid 2002,pág.79.
(12) =
MORENO
CATENA, V. y otros. Derecho Procesal
Penal, Colex, Madrid, 1997, pág 181.
(13) =
ALONSO
PÉREZ, F. “ Los
derechos del imputado no detenido tras la reforma de la ley 38/2002 ”=
, Diario
(14) =
BURGOS
LADRÓN DE GUEVARA, J. “ La determinación del imputado e=
n el
sistema procesal español por
(15) =
OÑA
NAVARRO, J.M. “ El derecho de defensa en la fase de instrucció=
n en
la doctrina del Tribunal Constitucional ”. Ponencia del curso organiz=
ado
por el CGPJ, Madrid, noviembre de 2003.
(16) =
RODRIGUEZ
LAINZ, J.L. “ La actuación del Juzgado de guardia en la fase de
investigación para el enjuiciamiento rápido de delitos y falt=
as
”, Diario
=
=
(17)
=
=
(18)OÑA
NAVARRO,J.M,.cit. indica que &#=
8220;
como se desprende de la valoración conjunta de los nuevos
artículos 771.2º y 767 Lecrim que vinculan el momento inicial d=
el
derecho- y aún más su carácter en general irrenunciabl=
e-
con el concepto amplio de imputado antes analizado, al exigir de la
policía judicial- art.771.2ª-&=
nbsp;
que ilustre al imputado no detenido de los derechos reconocidos- sin
ninguna limitación, debe entenderse- en determinados apartados del
artículo 520 Lecrim y entre ellos el ¨derecho a designar abogado=
y a
solicitar su presencia para que asista a&n=
bsp;
las diligencias policiales y judiciales de
declaración....¨.Esta expresa declaración con detalle a l=
as
letras del artículo 520 que son aplicables parece significar clarame=
nte
que la asistencia letrada es ya obligada- de nombramiento o de oficio- aunq=
ue
el imputado no esté detenido, porque -entiendo- lo que la ley preten=
de
ahora es equiparar al no detenido con el que si lo está en todos y c=
ada
uno de esos concretos derechos, lo que obliga a considerar que tambié=
;n
en estos casos de no detenidos es ineficaz la renuncia”.
=
=
(19)La
citada Circular señala que : “ En primer lu=
gar,
porque es posible una interpretación coherente de ambos preceptos, de
acuerdo con la cual el segundo de ellos se perfila como excepción a =
la
regla general establecida por el primero. Pero sobre todo, porque la actual
redacción del artículo 520.5 Lecrim le fue dada por Ley
Orgánica 14/1983, y no puede ser derogada por una Ley ordinaria. Sin
embargo, la aplicación del artículo 520.5 Lecrim, que
exceptúa la imperatividad de la asistencia letrada al detenido en el
concreto supuesto de los delitos contra la seguridad del tráfico, no=
es
extensible al momento posterior en que el imputado comparece a declarar ant=
e el
Juez de Instrucción; en ese momento, recobra toda su vigencia el
mandadto generalizado del artículo 767 Lecrim, singularmente cara a =
una
posibe conformidad”.
=
=
(20)Así
lo indica BARALLAT LÓPEZ, J. Los
juicios rápidos, Colex, Madrid 2002,pág.243, en la refere=
ncia
a la enmienda nº 69 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presentada
contra el texto inicial de
=
=
(21)Véanse
sentencias del Tribunal Supremo núm.1/1998, de 23 de mayo, RJ 1998/4=
256,
y núm.663/2000, de 18 de abril, RJ 2000/2560.
=
=
(22)Al
menos, podrá interponerse reforma por la dicción del
artículo 217 Lecrim que
establece: “ El recurso de reforma podrá interponerse contra t=
odos
los autos del juez de instrucción”, sin embargo, ahora
también debe considerarse admisible el recurso de apelación y
ello porque, de la nueva redacción del artículo 766 Lecrim ( =
“ contra los autos del Juez de
Instrucción y del juez de lo Penal que no estén exceptuados de
recurso podrá ejercitarse el de reforma y el de
apelación”), pese a resolverse por órgano superior,=
la
tramitación del mismo no suspenderá el curso del procedimient=
o.
=
=
(23)La
citada Circular señala : “...no faltarán casos en que el
juez de instrucción haga suyo el criterio del Fiscal y concluya con
éste la insuficiencia de las diligencias practicadas, ordenando que =
el
procedimiento continúe como
diligencias previas del procedimiento abreviado, dando así tiempo a =
la
práctica de los actos de investigación precisos para formular
acusación (cfr.art.798.2.2). Sin embargo, en aquellas ocasiones en que no se produzca esta coincid=
encia
valorativa, el fiscal deberá asegurarse de la constancia en acta de =
su
petición de diligencias. Si el fiscal estima fundadamente que el hec=
ho
ha de ser objeto de enjuiciamiento, podrá formular, en el momento
oportuno, la correspondiente acta de acusación (art.800.2). El
carácter irrecurrible de la decisión del juez puede llegar a
imponer ese desenlace. En tales casos, la oportuna protesta del fiscal por
vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> (art.24.2 de
=
=
(24)El
apartado primero del artículo 783.1 Lecrim dispone al respecto que el
juez de Instrucción habrá de acordar la apertura del juicio o=
ral,
salvo que estimare que el hecho no es constitutivo de delito (637.2) o que =
no
existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado (641.2), en c=
uyo
caso acordará el sobreseimiento que corresponda. Hay que entender qu=
e en
el supuesto de sobreseimiento, si procederán los recursos previstos =
en
el artículo 766, pero obviamente, como ha demostrado la práctica, =
la
convergencia valorativa entre juez y fiscal a que antes se hacía
referencia, impide llegar a este punto.
=
=
(25)Así
debe considerarse cuando DELGADO MARTÍN, J. Los juicios rápidos, Colex, Madrid 2002,pág.335,
indica que: “ Solamente de esta forma podrá decidir su estrate=
gia
de defensa, es decir, no comparecer (posible celebración del juicio =
en
su ausencia), comparecer y ejercitar la autodefensa, o bien asistir a juicio
con asistencia letrada, o incluso solicitar la práctica de diligenci=
as
preparatorias del plenario. Estas observaciones cobran aún más
relevancia si se piensa en el juicio de faltas inmediato con aceleraci&oacu=
te;n
de la fase preparatoria, porque las citaciones deben ser practicadas por
=
=
(26)