EL PROBLEMA DE LA PERTENENCIA A LAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN URBANIZACIONES

EL PROBLEMA DE LA PERTENENCIA A LAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN URBANIZACIONES.<= /o:p>

Jose Rico de la Cruz

En la actualidad las urbanizaciones se caracterizan por una situación mixta de propiedad privativa (cada uno de los chalets, bungalows o apartaments) y comunitaria (piscina, tenis, jardines…) próxima a la que se da= en régimen de propiedad horizontal típica, sin que por ello deban aplicarse sus normas en toda su amplitud.

La aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) a las urbanizaciones, también llamada &qu= ot;Propiedad Horizontal Tumbada” ha sido ampliamente admitido entendiendo que coexisten dos tipos de comunidades entrelazadas para su administració= ;n, por un lado la propia y exclusiva de cada edificio con pluralidad de vivien= das, y por otro la de la urbanización,&n= bsp; con sus servicios y demás cometidos comunitarios; si bien que= dan sometidas a las reglas asociativas que rigen en primer lugar, la vida comunitaria, y en lo demás en lo que no se mencione o establezca pue= de aplicarse, analógicamente, la Ley&n= bsp; de Propiedad Horizontal, sin serlo la Ley de Asociaciones de 1964.

La razón de se= r es que frente a las nuevas forma= s de propiedad inmobiliaria, la LPH funciona en un doble sentido, es decir, como reguladora de la materia= que le es propia (viviendas en edificios) y como base en relación con las citadas nuevas modalidades de propiedad como pueden ser, las urbanizaciones. Es de mencionar que la LPH no es l= imitativa en cuanto a su ámbito y no se refiere exclusivamente a pisos o locales, como hace el art. 396 Código Civil, sino a unos espacios delimitados susceptibles de aprovechamiento individualizado con salida a elemento común o vía pública, concluyéndose, en definitiva, que también existe una comunidad de propietarios en las urbanizaciones aunque técnicamente no se las califique como tales al encontrarse reguladas bajo el= régimen de “propiedad Horizontal”.

Se plantea el problem= a de si la existencia de tales asociaciones comunitarias en urbanizaciones tiene= su fundamento en el articulo 22 de la Constitución Española, el = cual comprende no solo el derecho a asociarse, sino también en un sentido negativo, el derecho de no asociarse, o de no permanecer en ella y que al m= ismo tiempo alcanza la aplicación a estas. Por tanto, existe un derecho d= erivado de la Constitución Española (CE), a no pertenecer a la citada Asociación, que conlleva por tratarse de un derecho fundamental, de = carácter irrenunciable e inalienable, que cualquier cláusula o pacto que sea contrario será nulo e ineficaz.

Ahora bien, una cosa = es la obligación contractual de darse de alta y de permanecer en una Asociación, y otra muy distinta la de asumir ciertas cargas económicas a favor de una Asociación constituida (urbanización), se pertenezca o no a ella.

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Es del todo claro que ésta última obligación ninguna relación guarda con el derecho de asociación constitucional, = pues sólo es una obligación civil constituida entre personas disti= ntas que no depende de la existencia de una asociación entre las partes, y que nunca debiera depender.

Es decir, que una cosa es la obligación contractual de darse de alta y de permanecer en una asociación y otr= a es el asumir las cargas económicas se pertenezca o no a ella. Y si existe un derecho a darse de baja y ello no puede negarse, tampoco es posib= le que los copropietarios no cumplan con las obligaciones asumidas y entre ellas el pago de las cuotas comunitarias para la administración, conservación y manteni= miento de los servicios comunes que le es exigible a cada uno de los titulares de = los apartamentos, bungalows, o chalets, que la constituyen puesto que se trata de una obligación nace por el hecho de ser propietario y es obligatoriamente asumida por quien en cada momento ostenta la titularidad del derecho de propiedad sobre la cosa.

Aún cuando el derecho a darse de baja ha = de ser admitido, si así consta en los Estatutos, y se reconoce por el a= rt. 22 CE, ello no significa como hemos indicado, la inexistencia de la obligación de satisfacer las cuotas comunitarias, pues su baja afectará a otros derechos políticos y sociales como pueden ser los de voto, proposiciones, sugerencias o designación como miembro d= e la Junta Directiva de la Asociación, pero sin que pueda "autoexcluirse” del abono de las cuotas que legal y estatutariam= ente correspondan y sean aprobadas. Lo contrario iría contra la ló= gica en cuanto podría disfrutar de unos espacios comunitarios ( jardines, piscina…) sin tener que pagar gastos, aunque sea por el único dato de que acceda a su bloque, chalet, bungalow…, a trav&eacut= e;s de unos espacios que forman parte de la comunidad-asociación constituid= a.

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