I. Un Estado de cambios. 1. La actualidad centralista. 2. El futuro descentralista. 2.1.
Motivaciones políticas. 2.2. La descentralización como proceso
progresivo. II=
. La
nueva estructura estatal. 3. Gobierno nacional. 3.1. El Estado peruano. 3.2.
Autonomía. 3.2.1. Administrativa . 3.2.2.
Política. 3.2.3. Económica. 3.3. Competencias. 3.4. Relaciones
con otros gobiernos. 4. Gobiernos
regionales. 4.1. Las regiones. 4.2. Autonomía. 4.2.1. Administrativa.
4.2.2. Política. 4.2.2.1. Consejo Regional. 4.2.2.2. Presidencia.
4.2.2.3. Consejo de Coordinación Regional. 4.2.3. Económica. =
4.3.
Competencias. 4.4. Relaciones con otros gobiernos. 5. Gobiernos locales
|
E |
l Perú, un país con un fuerte arraigo
centralista, este año =
ha
ingresado en el segundo gran proceso descentralista
de su historia republicana, hecho de relevancia indudable. Por eso, para que
este proyecto tenga viabilidad y no se constituya en un fracaso anunciado, =
debe
ser entendido y conducido bajo los principios de esperanza y de
responsabilidad, según los postulados de Bloch<=
/span>
y Jonas.
Si bien existe aún incertidumbre y escepticismo sobre el
éxito de este proceso, lo que se deberá buscar es su
éxito, olvidándonos los peruanos de condicionamientos
políticos y sociales al respecto, y todo habrá de hacerse por=
el
bien del país.
=
=
I. =
Un Estado de ca=
mbios
=
&nb=
sp;
El primer aspecto que conviene observa=
r es
el referente a la gran variación que se pretende realizar en la ámbito del poder en el Perú. No se pu=
ede
creer que estos cambios vayan a solucionar rápidamente los problemas=
que
aquejan a la sociedad nacional, sino que es una propuesta para la mayor
participación de dicha sociedad en la respuesta a dificultades
estructurales tan graves y complejas como las que se viven.
1.
La actualidad
centralista
Que hoy el Per&uacu=
te;
sea un país sea extremadamente centralista no es cosa del azar. Desde
siempre, ha estado ligado a la fuerza de una ciudad. Así, en el
Incanato, Cuzco era la capital del Imperio, y considerada el ‘ombligo=
del
mundo’. Ya en el Virreynato, Lima, al lad=
o del
puerto del Callao, se convertía en el centro de Sudamérica,
dejándose de lado a Cuzco -este abandono se mantuvo hasta nuestros
días, pese a su reciente reivindicación al constitucionalizarse
como capital histórica del Perú (C, 49)-.
Es decir, se
varió un modelo basado en los Andes (médula del Perú) =
por
el de uno con asiento en
Pero,
¿cómo se expresa este problema? En nuestros días, todo=
el
Perú depende de la capital de
La causa=
del
problema se centra, parece ser, en que el caudillismo nacional, unido a fue=
rtes
cimientos oligárquicos, ha impedido la consolidación de parti=
dos
y de las instituciones gubernamentales, dejando paso al poder unipersonalizado. Esto ha motivado el interés =
de las
clases dominantes, política, económica y socialmente, en mant=
ener
la situación y su condición, a costa de la mayoría de =
los
peruanos.
Como
último ejemplo de esta forma de gobierno encontramos a Fujimori., con quien se inició el proce=
so de ‘recentralización’ del poder, al redu=
cir
las funciones de las municipalidades (con el criticado Decreto Legislativo
776), deshaciendo la descentralización iniciada en los años
ochenta y evitando la reinstauración de nuevos gobiernos regionales.
Sobre este último punto es bueno apuntar que tras el autogolpe de Es=
tado
de 1992, Fujimori creó 11 Consejos
Transitorios de Administración Regional -en adelante, CTAR- para sup=
lir
a las antiguas regiones. Estos CTARs eran manej=
ados
directamente por el Ministerio de
2.
El futuro descentralista
Constitu=
cionalmente,
el Estado de nuestro país es unitario, pero a la vez, con un gran
compromiso hacia el futuro: su descentralización (C, 44). Sin embarg=
o,
ésta es una empresa asaz difícil por la ya destacada
tradición centralista que ha padecido el Perú. En fin, se ha =
de
buscar la creación de un Estado regional, como medio de racionalizar=
y
democratizar el poder, buscándose así el respeto del pluralis=
mo
(C, 2.19) y la participación política de los peruanos (C, 2.1=
7).
En estricto, este proceso buscará el desarrollo integral, armónico y sostenible del
país, mediante la separación de competencias, y el equilibrado
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la
población (Ley de Bases de
Inicialm=
ente
El
primer gran proyecto descentralista, se
realizó en el gobierno aprista de Alan García, a finales de la
década de los 80, el mismo que se realizó sin una
preparación previa de los nuevos gobiernos ni de la población=
, la
cual nunca asumió seriamente la nueva distribución regional d=
el
país. Aprovechándose de este sentimiento nacional, en 1992 -c=
omo
ya se apuntó- tras su autogolpe, Fujimori
cortó de manera definitiva el proceso. Tras la
caída de su régimen, la gente ansió con marcada espera=
nza
la realización de un nuevo proceso descentralis=
ta.
Esta promesa constituía una de las principales para Toledo, pues en =
el
gobierno transitorio de Paniagua se alimentó esta idea (las eleccion=
es
congresales se realizaron sobre la base de distrito múltiple, a
diferencia de cómo se había manejado en la década pasa=
da,
con la existencia de distrito único), y por la existencia de un p=
acto
político entre los candidatos a
Para que se realice una modificatoria constitucional que permitie=
ra
el comienzo de este proceso se requería su aprobación en dos
legislaturas ordinarias consecutivas (C, 206). Es por eso que el Congreso ni
bien iniciado el mandato de Toledo, realizó la primera parte de la
modificatoria, llevándose a cabo la siguiente ni bien empezada la
segunda legislatura. De esta forma, la ansiada Ley 27680 se aprobaba el 08 =
de
marzo del presente año.
Pero esta supuesta eficiencia en el tratamiento de este tema,
más ha lindado con el apuro y la improvisación. La
realización de elecciones regionales y municipales sin tener a&uacut=
e;n
claro cuáles serían los objetivos, competencias o transferenc=
ias
de recursos a favor de estos gobiernos, pues no existía ley alguna a=
la
hora de su convocatoria, denotaba esta falta de planificación. Y pese al compromiso del gobierno para
salvar estas dificultades de tiempo, y al entusiasmo posterior del trabajo
congresal (dación de
Además, han
existido dos críticas básicas a que el Perú sea
descentralizado. De un lado, se asume que la formación de gobiernos
intermedios puede crear ‘regionalismos perisf&ea=
cute;ricos’,
hoy inexistentes en el país, pero si bien esta preocupación es
legítima no tenemos por qué considerarla alarmante. De otro, =
se
critica el costo que el proceso puede demandar, pues si se considera que ca=
da
región requiere entre 7 y 25 consejeros (según
El objetivo fin=
al de
esta redefinición gubernamental será la creación de
gobiernos intermedios realmente sólidos entre el nacional y la
población. Por ello, se ha buscado dotarles a las regiones y a los
municipios de autonomía, con un territorio, población y gobie=
rno
propios, a la vez de presentarse sin relación jerárquica algu=
na
con el nacional.
La descentralización en el país p=
ara
que se pueda efectivizar ha de considerar aspectos no sólo de
índole jurídico, sino tambié=
;n
otros de contenido político, social y económico,
constituyéndose de esta manera en un proyecto complejo y dificultoso,
calculándose su duración entre 15 y 20 años. Por ello,=
ha
sido presentado como una política permanente del Estado que tiene co=
mo
objetivo final el desarrollo integral del país (C, 188, mantenido en=
el
actualmente debido Proyecto de Ley de Reforma Constitucional -PLRC-, VI). <=
span
style=3D'color:black'>Siguiendo el hilo conductor de la gradualidad,
se ha establecido que se ejecutará en forma progresiva y ordenada so=
bra
la base de 4 etapas de desarrollo y una preliminar.
Hoy ya hemos superado la etapa preparatoria -desde marzo a
diciembre de este año-, en la cual el Congreso aprobó ciertas
normas (como
En la primera etapa se realizará la =
instalación
y la organización de los nuevos gobiernos, lo cual incluir&aacut=
e;:
la transferencia y recepción de activos y pasivo de los CTARs a los gobiernos regionales; el inicio de la
transferencia y recepción de los programas sociales de lucha contra =
la
pobreza y los proyectos de inversión e infraestructura productiva de
alcance regional (en función de las capacidades de gestión de
cada gobierno regional o local); la realización del Plan de
Capacitación y asistencia técnica; y, el apoyo y asistencia
administrativa que requieran estos gobiernos. En la segunda etapa,
llamada de consolidación del proceso de regionalización,
se plantea: la promoción y apoyo para la conformación de regi=
ones
sostenibles mediante la integración o fusión de departamentos
vía referéndum; la amplia difusión de propuestas y
alternativas de regiones macro, así como de sus ventajas y beneficios
para el desarrollo nacional y regional; y la formulación de un Plan =
de
Regionalización y de Inversión Descentralizado que se
aprobará por ley. En la tercera etapa, de transferencia y
recepción de competencias sectoriales, se realizará la
entrega de las funciones y servicios hacia los gobiernos regionales y local=
es
en materia de agroindustria, pesquería, industria, comercio, turismo,
energía, comunicaciones, minería, agricultura transporte, med=
io
ambiente, vivienda, saneamiento, sustentabilidad de
los recursos naturales, circulación y tránsito, turismo,
conservación de monumentos arqueológicos e históricos,
cultura, recreación y deporte. En la cuarta etapa, y la
última, de transferencia y recepción de competencias
sectoriales en educación y salud, se realizará la
cesión de estas funciones y servicios a los gobiernos descentralizad=
os.
Todo este proce=
so
deberá realizarse a la luz de dos principios básicos, reconoc=
idos
por vía legal: el de dinamismo (LBD, 4.b: constante
sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y
objetivos, así como de los medios e instrumentos para su
consolidación) y de irreversibilidad (LBD, 4.c: deberá
garantizar, en el largo plazo, un país espacialmente mejor organizad=
o,
con mejor distribución poblacional, económica y socialmente
más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, y
políticamente institucionalizado).
A continuación, se tratará de mostrar el triple
nivel de gobiernos que el Perú va a tener efectivamente a partir del
próximo año, haciendo un énfasis especial en el tema de
las autonomías (LBD, 8: derecho y la capacidad efectiva de los
gobiernos, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de =
su
atribución), competencias (según sean exclusivas, compartidas=
o
delegadas) y las relaciones entre los tres gobiernos.
3. Gobierno nacional <= o:p>
El gobierno del
país es el verá dentro de próximo una
transformación radical: tendrá que ver trastocado su
funcionamiento y su distribución operativa, tras la aparición=
de
las regiones, aunque no podrá desligarse de un sustento tan
sólido como es la unidad estatal.
3.1.
El Estado peruano
El país cuenta con un territ=
orio
de 1.285.220 <=
/span>km
Pese a e=
sta
diversidad, el Estado se presenta como uno e indivisible (C, 43,
postulado mantenido en el PLRC, III, 65), y si bien se propugna el inicio d=
e la
descentralización, ésta seguirá su proceso respetando
dicha unidad y sin posibilidad de afectarla (C, 189).
Sobre el=
tema
del gobierno, si bien inicialmente es calificado como unitario (C, 43), al
referirse a la deuda pública, el legislador originario hizo referenc=
ia a
los varios gobiernos que van a existir en el país (C, 75),
proposición que consideramos la más adecuada al no resguardar=
se
el centralismo, sino básicamente el poder existente en las regiones =
y en
las municipalidades, aunque en este triple nivel de gobierno deberá
mantenerse coherencia y coordinación, hecho que facultará el
reconocimiento del origen constitucional de los tres.
3.2.
Autonomía
Como es lógi=
co
suponer, el gobierno nacional mantiene la autonomía en un triple sen=
tido
(administrativo, político y económico), como axioma bá=
sico
de su ius imperi=
um.
=
3.2.1. =
Administrativa
La
distribución clásica del país se ha dado a travé=
;s
de los departamentos, en los cuales el gobierno central realiza sus
políticas nacionales, a fin de buscar el impulso armónico del
país. En ellos, lo que siempre se ha buscado realizar ha sido una
desconcentración, tal como sucedió recientemente con los ya
mencionados CTAR, sin resultado positivo alguno.
Seg&uacu=
te;n
=
3.2.2. Política
El gobierno naciona=
l se
sustenta en los tres clásicos poderes del Estado, así como en
diversas instituciones constitucionalmente protegidas.
En el Perú,
dentro del Poder Legislativo, se ha optado por el unicameralismo
(C, 90), pero parece ser que en el futuro inmediato regresaremos a la
existencia de
Lo que tambié=
;n
es cierto es que dentro del Congreso se separan los cometidos de
De otro lado,
está el Poder Ejecutivo. Éste tiene a la cabeza al
Presidente de
Este Poder del Esta=
do,
entre otras cosas, debe (C, 118): velar por el orden interno y seguridad
externa, manejar la hacienda pública y diseñar la polí=
tica
internacional (sobre todo, referida a la firma de tratados).
Por último, =
nos
encontramos con el Poder Judicial. Todo parece indicar que no debe s=
er
descentralizado, tal como siempre sucede en los sistemas regionales, aunque=
no
existe claridad en el mandato constitucional (C, 188: se refiere en general=
, a
la descentralización de los poderes del Estado, del cual parece no e=
star
excluido). Sin embargo, una interpretación contraria a ello se puede
desprender de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional =
que
le es reconocida (C, 139.1), así como de la consideración leg=
al
de la justicia como competencia exclusiva del gobierno nacional (LBD, 26.1.=
e).
Para su funcionamie=
nto
cuenta con distritos judiciales a lo largo del país, demarcaci&oacut=
e;n
similar a la de los departamentos. Esta distribución orgánica=
de
sus actividades define el ámbito de las Cortes Superiores, como &oac=
ute;rganos
jerárquicamente inferiores a
Adicionalmente a los
tres Poderes clásicos, se cuenta con organismos constitucionales<=
/b>.
Son aquellos que, reconocidos por
Entre ellos
están el Ministerio Público (C, 158 y ss=
.),
el Consejo Nacional de
=
3.2.3. Económica
Todo Estado para su
subsistencia debe tener una posibilidad real de poseer ingresos suficientes
para realizar las labores que le competen. A esto ha estado acostumbrado el
gobierno nacional, y ahora tendrá que ceder parte de ellos a los otr=
os
gobiernos. Así, el Presupuesto de
3.3.
Competencias
Si bien
constitucionalmente no se ha establecido expresamente las competencias que =
les
corresponde al gobierno nacional dentro del proceso de
descentralización, hay algunas que pueden vislumbrarse a partir de l=
as
funciones de los poderes, o por determinación explícita del
constituyente, como puede ser el caso de la moneda (C, 83), el control del
gasto (C, 81) y la creación de tributos (C, 74). Esta falta de
previsión de
Pese
a ello, legalmente se han previsto cuáles son estas competencias, sin
trastocar el modelo constitucional existente. Entre ellas encontramos (LBD,
26.1): defensa, seguridad Nacional y Fuerzas Ar=
madas,
relaciones exteriores; orden interno, policía nacional, y
prevención de delitos; justicia; regulación de los servicios
públicos de su responsabilidad; moneda, banca y seguros; tributaci&o=
acute;n
y endeudamiento público nacional; régimen de comercio y
aranceles; regulación y gestión de la marina mercante y la
aviación comercial; y, regulación y gestión de
El resto de competencias han de pasar, ya sea de forma compart=
ida
o exclusiva, a las regiones y a las municipalidades. Por su parte, el tema =
de
la cláusula residual no ha sido tratada
constitucionalmente, y legalmente no posee claridad. Esto es preocupante.
3.4.
Relaciones con otros
gobiernos
Son varias las form=
as
en que el gobierno nacional va a mantener el contacto con los gobiernos
regionales y locales, lo cual es muy importante para el impulso de estos
últimos
Un tema importante
dentro de este nivel está dado a partir de la función que se =
le
ha dotado a
Asimismo, el Tri=
bunal
Constitucional deberá funcionar como el organismo encargado de
resolver los conflictos de competencia, al ser ésta una de sus labor=
es
constitucionales (C, 200.3), aunque no se señale explícitamen=
te
que estos se puedan dar entre los gobiernos.
Además, exis=
te
un Prefecto en cada uno de los departamentos, que ahora coincide con=
las
regiones, para representar específicamente al Presidente de
Se ha establecido también que será el <=
b>Consejo
Nacional de Descentralización -CND-, el responsable directo de t=
odas
las acciones y transferencias, para cuyo efecto hace las evaluaciones
correspondientes y coordina su ejecución con los respectivos sectores
del Poder Ejecutivo. El CND dependerá de
4.
Gobiernos regionale=
s
Parece que el inicio
del funcionamiento de estos gobiernos ha sido fulminante. A partir del 17 de
noviembre, se ha creado un nuevo mapa político en el país, co=
n la
derrota electoral absoluta del gobierno de turno, al conseguir sólo =
una
región (Perú Posible ganó únicamente en el Call=
ao),
para dar paso al triunfo del principal partido de oposición en 12 de
ellas (el APRA manejará ahora casi la mitad de las regiones) as&iacu=
te;
como reforzar los movimientos regionales, los cuales triunfaron en otras 7.
Así, para algunos, estos gobiernos han empezado deslegitimando
electoralmente al gobierno de Toledo.
4.1.
Las regiones
La existencia de
regiones en el país viene dado desde el Incanato, aún cuando
más se podía considerar como una simple descentralizaci&oacut=
e;n
administrativa, pues ninguna de ella tenían
autonomía. El Tahuantinsuyo (traducci&oa=
cute;n
quechua referida a las ‘cuatro partes’) incluía una
partición perfecta de los territorios. La ciudad de Cuzco (al igual =
que
la capital de una República federada, no pertenecía a ninguno=
de
los suyos), se mostraba como el punto de intersección de un cuadrante dividido seg&uacu=
te;n
los puntos cardinales, fluyendo de allí cada una de las regiones:
Hoy en día el
proceso incluye una nueva configuración territorial del país.=
Las
regiones se presentan como unidades geoeconómic=
as
sostenibles, cuya base está formada por una identidad históri=
ca,
cultural, administrativa y económica (C, 190) y cuya sede está
dada por la capital del departamento en el cual se asienta (LBD, 32)
4.2.
Autonomía
Un elemento
básico que se ha considerado inteligentemente para que se realmente =
las
regiones puedan funcionar y tengan realidad social es su autonomía (=
C,
191).
=
4.2.1. =
Administrativa
Las regiones
deberán aparecer como el arbitrio del manejo y organización
interna de una circunscripción territorial, y en esta primera
etapa estarán igualadas a lo que históricamente han sido los
departamentos, división administrativa básica del Estado.
En el proceso anter=
ior
de descentralización, se crearon regiones con una amplitud mucho may=
or
que la de los departamentos. Sin embargo, algunos criticaron su
conformación pues ésta aparecía como una imposici&oacu=
te;n
del legislador frente a las poblaciones, y aunque creemos que en algunos ca=
sos
funcionaron, por el corte transversal del territorio nacional que involucra=
ba,
al unirse costa, sierra y selva (como fue el caso de Región Nororien=
tal
de
Sin embargo, la
Otro tema relevante=
es
la no consideración de Lima, por ser capital del país, como p=
arte
de región alguna, solución más próxima al
federalismo que al regionalismo, y que nos hace retrotraer al Incanato. As&=
iacute;,
aparece que la tercera parte del país, que es la que vive en Lima, n=
o va
a participar de la regionalización. Lo que sí no debe olvidar=
se
es que esta ciudad, como Municipalidad Metropolitana, ya contaba con=
un
régimen especial como provincia (LOM, 129 y ss<=
/span>.),
régimen que se está adecuando a la regionalización (LO=
GR,
65)
=
4.2.2. Política
Esta autonomí=
;a
se traduce básicamente en la elección de sus representantes (=
C,
191: su mandato dura 4 años), así como en la elaboració=
;n
del Plan de Desarrollo Regional (C, 192.6). Básicamente está =
compuesto
por dos Poderes (el Ejecutivo y el Legislativo; en este último se
percibe su posibilidad de autolegislarse) y un
órgano consultivo.
Así, en prim=
er
lugar, encontramos al Consejo Regional. Éste es el órgano normativo y
fiscalizador dentro de las regiones (C, 191). Hay que apuntar lo extra&ntil=
de;o
de su integración pues dentro de él se encuentran el presiden=
te,
el vicepresidente y los consejeros regionales (LOGR, 13), teniendo estos
últimos un régimen especial, pues perciben por dieta y no tie=
nen
dedicación exclusiva (LOGR, 19). Es decir, no están compuesto=
s en
estricto por parlamentarios según sufragio directo, sino que son par=
te
de una lista que es elegida proporcionalmente de acuerdo a los votos obteni=
dos
por el Presidente regional.
Su potestad legisla=
tiva
(C, 192.6) nos permite encontrar dos tipos de normas que pueden dictar: las
generales (C, 200.4: habla de ellas respecto a la acción de
inconstitucionalidad, es decir que poseen rango legal), llamadas ordenanzas
regionales (LOGR, 38), y las internas, llamadas acuerdos de consejo regional
(LOGR, 39). Además, las regiones cuentan con iniciativa legislativa =
en
las materias de su competencia (C, 192.9)
Se debe reconocer el
gran avance que ha existido con las cuotas mínimas impuestas. En vez=
de
seguir criterios poblacionales únicamente, se ha buscado la
representación de género, comunidades nativas y pueblos
originarios de la región (C, 191).
De otro lado,
Existe un tema
preocupante con respecto al Presidente regional. Éste se refiere a la
posibilidad de reelección inmediata que tiene (C, 191). No parece
existir mucha congruencia dentro de
Por último,
existe el Consejo de Coordinación Regional, que es el
órgano consultivo regional y que se encuentra está integrado =
por
los alcaldes provinciales y distritales, as&iac=
ute;
como por representantes de la sociedad civil (C, 191). Sus funciones a&uacu=
te;n
han sido fijadas.
Hoy en día E=
ste
tema concita la atención parlamentaria. Se está debatiendo
cómo incluirlo en
=
4.2.3. Económica
Esta autonomí=
;a
es esencial para las regiones, puesto que sin rentas propias y sin una rese=
rva
presupuestal mínima, su actuación sólo podría
llegar a mostrarse como aparente.
Por eso, con un mandato constitucional y legal claro,=
se
han establecido los bienes y rentas que le corresponden a las region=
es
(C, 193; LBD, 37). Entre otros, los derechos económicos que generen =
las
privatizaciones y concesiones que otorguen; las asignaciones y transferenci=
as
establecidas en
Como ya se
afirmó la creación de tributos es potestad exclusiva del gobi=
erno
nacional. Esta falta de potestad tributaria, sin embargo, no impidirá que se creen tributos a su favor (C,
193.3). El Poder
Ejecutivo en el marco de la reforma tributaria y la política de
descentralización fiscal, propone al Congreso para su aprobaci&oacut=
e;n,
los tributos regionales cuya recaudación y administración
será de cuenta directa de estos gobiernos (LBD, 38.1). Pese a ello,
hubiese sido más conveniente dotar de cierta potestad tributaria a l=
as
regiones en las materias de su competencia, pero con supervisión del
gobierno nacional.
Pero, en la realida=
d,
¿cómo se ha manifestado el Presupuesto del próx=
imo
año para las regiones? El Congreso de
4.3.
Competencias =
Debe reconocerse un sustantivo avance en la legislación
constitucional dada a partir de la reforma constitucional de este añ=
o.
En la descripción originaria de los gobiernos regionales en
Pero legalmente, se ha ido
más lejos, al separarse su tipo de competencias. Como exclusivas<=
/u>
se plantean (LBD, 35): desarrollo integral de la región;
formulación del plan de desarrollo regional; aprobación de su
organización interna (no existe una ley estatutaria); promoció=
;n a
inversión pública en la región; formación de
empresas regionales; desarrollo de circuitos turísticos dentro de su=
ámbito
territorial; facilidades para la creación de mercados internacionale=
s en
actividades productivas; administración de terrenos urbanos; y,
promoción de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos de la
región.
Entre las compartidas (ta=
nto
con el gobierno nacional como con los locales) encontramos (LBD, 36):
educación; actividades económicas y productivas; salud; recur=
sos
naturales y ambiente; áreas naturales; cultura; competitividad regio=
nal;
y, participación ciudadana.
4.4.
Relaciones con otros
gobiernos
En el caso de los
gobiernos regionales, éstos estarán en constante relaci&oacut=
e;n
con el nacional y los locales. Así, estará en coordinaci&oacu=
te;n
con las municipalidades; colaborará bilateralmente con los otros
gobiernos (en un triple sentido: intercambio informativo, creación de organismos mixtos y
conferencia permanente entre sí); tendrá el
aval del gobierno nacional para los préstamos (LBD, 5.d: sólo pueden asumir
endeudamiento público externo, emitir bonos y t=
itulizar
cuentas, con el aval o garantía del Estado); y, sus
políticas tendrán que estar en armonía con las naciona=
les
y las locales (C, 192).
Pero además =
de
estas relaciones, también estará muy cerca de la sociedad civ=
il,
y ello se dará a través de dos instancias: su
participación para elaborar el Plan de Desarrollo Regional (C, 192.2=
) y
su integración en el Consejo de Coordinación Regional (C, 190=
).
5.
Gobiernos locales
Existe un gran prob=
lema
normativo en el tema de los gobiernos locales. La regulación
constitucional que lo rige es de 1993, pero
5.1.
Las municipalidades=
En el Perú, =
el
gobierno local recae sobre las Municipalidades, que ejercen su autoridad so=
bre
un ámbito territorial denominado Municipio. Representan al vecindari=
o,
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y
armonioso de las circunscripciones de su jurisdicción (LOM, 3). Su t=
ema
central se puede considerar que es el urbano y el local (C, 195).
El gobierno local e=
n el
país ha tenido una experiencia muy sólida. En el Incanato, se
permitía la existencia de comunidades agrupadas básicamente p=
ara
tareas agrarias, denominadas ayllus, dirigida por un jefe, que ejercí=
;a
su poder sobre 500 o 1000 familias. Ya en el Virreynat=
o,
se asume otro modelo, que es el de los corregimientos, el cual es el que -en
buena forma- se ha mantenido hasta el día de hoy. Ya en el cabildo d=
el
22 de enero de 1535, Pizarro permitía la elección en Lima de =
un
alcalde y de regidores.
En la época
republicana, siempre ha estado presente en nuestro Ordenamiento. desde el
Estatuto Provisional de 1821 (las municipalidades subsisten y el presidente=
del
departamento ejerce la función de alcalde, además de juez de
paz), siguiendo por las Constituciones de 1823 (138: para toda poblaci&oacu=
te;n),
de 1828 (140: como junta de vecinos), de 1834 (137: sólo para capita=
l de
departamento y provincia), de 1856 (114: con mayores funciones locales), de
1860 (118: regulación según ley), de 1867 (115: en capital de
provincias, y agencias municipales en distritos), de 1920 (141, 142:
regulación según ley), de 1933 (202-206: concejo departamenta=
l,
en capital de provincias y distritos) y de 1979 (252-258: concejo provincia=
l y distrital) hasta llegar a
5.2.
Autonomía
Su carácter =
de
autonomía proviene del origen romano de la institución. En lo=
s municipia se ejercía un control del Imp=
erio
sobre las ciudades conquistadas, motivo por lo cual se les daba cierta
autonomía, municipium. Ahora esta
autonomía, en un triple sentido (política, económica y
administrativa) ha sido reconocida constitucionalmente (C, 194).
5.2.1. =
Administrativa
En la actualidad se
reconocen dos niveles en el gobierno local: el provincial y el distrital, cuyas funciones debidamente delimitadas (L=
OM,
70, 71). Adicional y excepcionalmente, por
creación legal, se puede crear un gobierno delegado municipal (C, 19=
4).
El último es=
la
circunscripción mínima, y la conjunción de varios de e=
stos
distritos da lugar a una provincia. El distrito no necesariamente coincide =
con
una ciudad. En ella pueden existir varios distritos, o uno de éstos
puede incluir a varias de aquéllas.
5.2.2. Política
Dotarle de esta autonomía ha sido una innovación=
de
Ya entrando en el desarrollo de esta autonomía, se debe
señalar que a partir de la reciente modificatoria constitucional, ha
sido reducido el tiempo de mandato de los organismos locales. Se ha pasado =
de
P=
asemos
ahora a revisar los órganos que integran las municipalidades. En pri=
mer
lugar, encontramos el Concejo Municipal, el cual ejerce funciones normativas, administrativas y
fiscalizadoras (C, 194), y está constituido por el alcalde y los
regidores (LOM, 16), en un sistema muy similar al que ahora ostentan los
gobiernos regionales.
Este órgano es el encargado de dar las Ordenanzas, norma
con rango legal, según interpretación contrario sensu de la acción de inconstitucionalidad=
(C,
200.4).
De otro lado, encontramos
5.2.3. Económica
Sus ingresos están claramente establecidos en
Entre =
los bienes
y rentas municipales (C, 196; LBD, 46) están: los bienes muebles=
e
inmuebles de su propiedad; los tributos creados por Ley a su favor (LOM, 90=
.2:
entre ellos, la alcabala); las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos creados por su Concejo Municipal; las asignaciones y transferencias
específicas establecidas en
5.3.
Competencias
En el ámbito
competencial, debe encargarse de la regulación y desarrollo (=
para
las regiones, era promoción) determinados temas (C, 195.8), como son:
educación; vivienda; salud; saneamiento; medio ambiente; sustentabilidad de recursos naturales; transporte; tu=
rismo;
monumentos; recreación; y, deportes. Además debe brindar apoy=
o a
Al igual que en el =
caso
regional, existen competencias de dos tipos. Así entre las exclus=
ivas
ubicamos (LBD, 42):
planificación del desarrollo urbano y rural de su
circunscripción, y ejecución de los planes correspondientes;
regulación de la zonificación, urbanismo, acondicionamiento
territorial y asentamientos humanos; administración y
reglamentación de los servicios públicos locales destinados a
satisfacer necesidades colectivas de carácter local; aprobació=
;n
de su organización interna y su presupuesto institucional conforme a=
Entre las competencias compartidas (LBD, 43) encontramo=
s:
educación; salud pública; cultura, turismo, recreación=
y
deportes; preservación y administración de las reservas y
áreas naturales protegidas locales; defensa y protección del
ambiente; seguridad ciudadana; conservación de monumentos
arqueológicos e históricos; transporte colectivo,
circulación y tránsito urbano; vivienda y renovación
urbana; atención y administración de programas sociales; y, g=
estión
de residuos sólidos. Estas competencias se deberán realizar
según le corresponda, de acuerdo a su distribución competenci=
al,
según ley.
5.4.
Relaciones con otros
gobiernos
Lógicamente,
toda actividad que desarrolle el gobierno local estará en
relación con el nacional y los regionales. Así, tendrá=
el
aval del gobierno nacional para los préstamos (LBD, 5.d: sólo pueden asumir
endeudamiento público externo, emitir bonos y t=
itulizar
cuentas, con el aval o garantía del Estado);
estará fiscalizado por un órgano nacional como es
Tambi&ea=
cute;n
debe estar en relación con la sociedad civil, a través de su
participación en la formulación del Plan de Desarrollo Local =
(C,
195.2; además, C, 197: cooperación activa) y la existencia de
juntas vecinales, que merece reconocimiento legal (NLOGM, 105).
BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Crisis y partidos
políticos. En: Lecturas sobre Temas Constitucionales (CAJ). Lima, 19=
93.
nº 9 (Del Golpe de Estado a