Los presupuestos procesales y materiales de la sentencia de fondo,
entendidas en general como aquellos requisitos para que se configure una re=
lación
jurídico procesal válida que lleve a un transcurrir normal y =
su
culminación con sentencia de fondo, o como “... los elementos constitutivos de la relación
jurídica procesal”[1=
],
con relación a los actos procesales las entendemos en términos
generales como una institución jurídica que busca en general =
la
eficacia de estos, a fin de que protejan el debido proceso.
Así, se entrará a estudiar en la presente
disertación un presupuesto procesal específico, como es la
jurisdicción, el cual encontramos como requisitos para la validez de
todos los procesos (Artículos 12 y ss del Código Contencioso
Administrativo, falta de
jurisdicción, la cual es aplicable no solo al proceso y ss del Código Procesal del
Trabajo y
Se presentará en una primera parte, el planteamiento general =
de
jurisdicción a la luz de las normas que regulan la materia y
1. &n=
bsp;
Del análisis de las normas procesales en general se desprende=
que
el legislador y el mismo constituyente colombiano, usa de manera indistinta=
y
antitécnica los términos competencia y jurisdicción. El
segundo término, la jurisdicción, debe ser entendida en forma
general como la función de administrar justicia o de decir el derech=
o,
esta ultima definición para utilizar su acepción
etimológica. El término competencia, técnicamente pose=
e un
ámbito más restringida, es decir, es la distribución de
funciones específicas en determinado juez o despacho judicial para
especializar la función general de administrar justicia. Así
pues, entre el término jurisdicción y competencia hay una rel=
ación
de genero a especia. Por ello, tenemos que la jurisdicción es la
función estatal de administrar justicia, función que emana de=
la
soberanía que ejerce el Estado y por tanto esta ha sido entendida como únic=
a o
singular[2=
],
características estas consideradas esenciales a la misma.
Si analizamos las normas constitucionales, encontramos que en Colomb=
ia
la jurisdicción no cumple con su unicidad pregonada por la doctrina,
dado que se encuentra dividida en Jurisdicción Ordinaria[3=
],
Jurisdicción Contencioso Administrativa[4=
],
Jurisdicción Constitucional[5=
]
y Jurisdicciones Especiales[6=
].
Igualmente se establecen dos organismos que actúan con funciones
jurisdiccionales como son
Encontramos como el mismo constituyente y el legislador a trav&eacut=
e;s
de la ley especial estatutaria, confunde los términos
jurisdicción y competencia, y divide la jurisdicción de forma
antitécnica, dado que como se reitera, la misma es única como
emanación del poder soberano del Estado de decir el derecho o
administrar justicia y dicha división constituiría desde el p=
unto
de vista técnico procesal, una distribución de competencias e=
ntre
las diferentes especialidades y no una división de la función
jurisdiccional del Estado.
Como se puede observar, encontramos fundamento constitucional para
analizar la jurisdicción como presupuesto procesal y en su ausencia,=
se
podría atacar la validez del proceso a través de la nulidad
consagrada en el numeral 1 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil y a través de la excepción previa consagr=
ada
en el numeral 1 del artículo 97 de la misma codificación
procesal, y se podría estudiada de la falta de jurisdicción, =
dado
que el constituyente divide la unidad de la misma y la clasifica como se de=
jó
indicado con anterioridad.
Por su parte, encontramos las otras mal llamadas jurisdicciones,
desarrolladas legislativamente en las siguientes normas: Jurisdicción
Contencioso Administrativa en el Código Contencioso Administrativo,
Jurisdicción Constitucional en los Decretos 2067 de 1991 y 2591 de 1=
991,
y Jurisdicciones Especiales en
Para el estudio del presupuesto procesal de la jurisdicción,
pasemos a analizar un ejemplo. Un proceso que ha sido tramitado ante un juz=
gado
laboral y por competencia le correspondía a un juzgado civil. Si
interpretamos la jurisdicción a la luz a las normas constitucionales=
y
de la ley estatutaria de la administración de justicia, encontramos =
que
en el presente caso estamos frente a dos jueces de la misma jurisdicci&oacu=
te;n
y por tanto no existiría el presupuesto procesal estudiado, dado que=
lo
que existe es una diferente especialidad jurisdiccional, como las llama
Planteado lo anterior, pasemos a analizar el presupuesto procesal en
estudio, frente a la garantía principal que pretende proteger los
presupuestos procesales, como lo es el debido proceso.
2. &n=
bsp;
EL PRESUPUESTO PROCESAL DE
Introducido ya como está el tema, es importante plantear si el
presupuesto procesal de la jurisdicción se encuentra justificada des=
de
la perspectiva del debido proceso, este como la máxima garantí=
;a
que pretende proteger la regulación procesal en general y los
presupuestos procesales en particular.
El debido proceso, es una garantía constitucional de las
personas, que se encuentra compuesta por una serie de elementos entre los
cuales está el juez o tribunal competente, lo que se denomina el jue=
z natural
(Artículo 29 de
Así las cosas, nos encontramos frente al interrogante de
qué debemos entender por juez natural. De la respuesta que le demos =
a la
anterior pregunta dependerá la jurisdicción protege en realid=
ad
el debido proceso.
Para dar respuesta al anterior interrogante, podemos presentar dos
planteamientos.
El primero en el sentido de que el juez natural es el juez que confo=
rme
a la regulación legal contenida en los códigos de procedimien=
to
posea jurisdicción, entendida esta como lo hace constitución =
y la
ley, en el sentido de competencia, lo que daría como resultado que la
falta de jurisdicción vulnera el derecho al debido proceso en su
acepción juez natural o competente. Esta interpretación, ha s=
ido
avalada por la Corte Constitucional[9=
].
En este sentido, la falta de jurisdicción ocasionaría una
violación al debido proceso en sí y por tanto la actuaci&oacu=
te;n
surtida ente el funcionario incompetente sería nula y carecerí=
;a
por tanto de eficacia.
El segundo planteamiento, en el sentido de que el juez natural es aq=
uel
que conforme al poder soberano del Estado posee la faculta constitucional y
legal de administrar justicia, es decir, tomando la jurisdicción en =
el
sentido que le hemos dado a dicho término en el presente escrito o lo
que es lo mismo, la existencia de un juez natural como el órgano
judicial permanente y preestablecido por la ley al cual puede acudir
cualquier persona. En este se=
ntido,
la actuación surtida ante cualquier juez independiente de su
especialidad sería válida, dado que todos tendría la
facultad de administrar justicia, es decir, todos los jueces, independiente=
de
su especialidad, tendrían jurisdicción.
As&iacut=
e;
pues, nos encontramos frente a dos posiciones antagónicas, inclinado
quien escribe estas líneas frente a la segunda, con el argumento del
hecho de que todos los jueces poseen la facultad de administrar justicia y =
por
tanto las actuaciones surtidas en sus despachos deben ser tomadas en cuenta,
así carezcan de competencia, siempre y cuando se hayan garantizado e=
n la
actuación los demás elementos del debido proceso.
Por todo=
lo
anterior, se pregona una modificación a las normas constitucionales =
que
confunden los términos jurisdicción y competencia, para que <=
/span>la jurisdicción sea constitucional y legalm=
ente
única y que se puedan consagrar especialidades únicamente en
relación con la competencia.
Vemos como se surten los procesos en los despachos judiciales, que p=
or
demás son en ocasiones casi eternos, y por la presencia de tecnicism=
os
procesales que por demás son generados en la falta de claridad de la
misma legislación procesal, se declaran nulidades en actuaciones que
garantizan la contradicción y que deben repetirse, pero que si se ad=
opta
la posición aquí desarrollada, daría eficacia a unos a=
ctos
que como se expuso cumplen a cabalidad con el debido proceso y
garantizaría el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Por lo anterior, se hace necesario modificar las normas constitucion=
ales
y legales antes expuestas, a fin de que en las mismas se materialice la uni=
dad de
la jurisdicción del Estado, como presupuesto procesal y material par=
a la
sentencia de fondo.
BIBLIOGRAFÍA
ACERO GALLEGO, Luis Guiller=
mo.
Teoría Aplicada de
CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Séptima de
Revisión, Sentencia T 668 del 10 de diciembre de 1997 Magistrado Pon=
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[1]<=
![endif]> VON BÜLOW, Oskar. La
Teoría de las Excepciones Procesales y los Presupuestos Procesales.
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964,
pág. 5.
[2]<=
![endif]> Ver dentro de la doctrina na=
cional
a: DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal.
Bogotá: Editorial ABC, 1981, pág. 87 y ss. LÓPEZ BLANC=
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Enrique. Teoría del Proceso. Bogotá: Editorial Universidad
Externado de Colombia, 2004, pág. 47 y ss. ACERO GALLEGO, Luis
Guillermo. Teoría Aplicada de la Jurisdicción. Bogotá:
Editorial Universidad Externado de Colombia, 2004, pág. 40 y 41.
[3]<=
![endif]> Constitución Pol&iacu=
te;tica,
Título VIII Capítulo 2, en concordancia con el literal a del
numeral 1 del artículo 11 y 12 de la Ley 270 de 1996.
[4]<=
![endif]> Constitución Pol&iacu=
te;tica,
Título VIII Capítulo 3, en concordancia con el literal b del
numeral 1 del artículo 11 y 12 de la Ley 270 de 1996.
[5]<=
![endif]> Constitución Pol&iacu=
te;tica,
Título VIII Capítulo 4, en concordancia con el literal c del
numeral 1 del artículo 11 y 12 de la Ley 270 de 1996.
[6]<=
![endif]> Constitución Pol&iacu=
te;tica,
Título VIII Capítulo 5, en concordancia con los literales d y=
e
del numeral 1 del artículo 11 y 12 de la Ley 270 de 1996, que define=
n la
Jurisdicción de Paz y la de las Comunidades Indígenas.
[7]<=
![endif]> Constitución Pol&iacu=
te;tica,
Título VIII Capítulo 6, en concordancia con el numeral 3 del
artículo 11 y 12 de la Ley 270 de 1996.
[8]<=
![endif]> Constitución Pol&iacu=
te;tica,
Título VIII Capítulo 7, en concordancia con el numeral 4 del
artículo 11 y 12 de la Ley 270 de 1996.
[9]<=
![endif]> Ver CORTE CONSTITUCIONAL, Sa=
la
Séptima de Revisión, Sentencia T 668 del 10 de diciembre de 1=
997
Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO. En esta sentencia se
afirma en su aparte más contundente: “En
conclusión, si un funcionario de la jurisdicción ordinaria fa=
lla
un proceso que corresponde a la jurisdicción contencioso administrat=
iva,
incurre en una ostensible via (sic)
de hecho, no justificable por el silencio de las partes o por la desidia del
mismo juez de plantear en cualquier instante procesal la nulidad insaneable=
de
falta de jurisdicción (art. 144 C. de P. C., in fine). Además=
, la
existencia de un juez competente no solamente surge del ordenamiento nacion=
al
sino de disposiciones internacionales aplicables en Colombia, con
carácter prevalente (art. 93 C.P.), como es el caso de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el primer numeral
del artículo octavo señala las garantías judiciales que
caracterizan el derecho fundamental al debido proceso...”
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