ESTUDIO SO= BRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINA= DOS DELITOS.

POR

IGNACIO COSSÍO ARRIBAS

MASTER EN PRÁCTICA JURÍDICA (CEFAMA)

(JUEZ SUSTITUTO)=

SUMARIO: 1.- Introducción. 2.-Concepto y naturaleza jurídica. 3.- Regulación legal y derecho supletori= o. 4.-Presupuestos para la incoación del procedimiento: 4.1.- Presupues= to básico. 4.2.- Presupuestos adicionales. 4.3.- Presupuestos alternati= vos. 4.4.- Excepciones a la aplicación de los “juicios rápidos”. 5.- Estructura del procedimiento: 5= .1.- Actuaciones de la Policía Judicial (fase preinstructora). 5.2.- Diligencias Urgentes ante el Juzgado de Guardia.= 5.3.- Audiencia a las partes sobre la continuación por los trámites= del juicio rápido. 5.4.- Preparación del juicio oral; petición de apertura del juicio oral o de sobreseimient= o, escritos de acusaci&oacut= e;n y defensa, señalamiento de juicio oral. 5.5.- La conformidad ante el Juez de Guardia (art. 801 LECrim). 5.6.- Actuaciones ante el Juez de lo Penal. Desarrollo del juicio oral y sentencia. 6.- Recursos contra la sente= ncia definitiva.

1.- INTROD= UCCIÓN.

&= nbsp; Con la promulgación de la Ley 38/2002,&= nbsp; de 24 de octubre, de r= eforma parcial de la Ley de Enjuicia= miento Civil sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmedia= to de determinados delitos y faltas y= de modificación del procedimiento abreviado y la Ley 8/ 2002, de la misma fecha, complementaria de = la anterior, se ven colmadas las aspiraciones del Pacto de Estado para la refo= rma de la Justicia, de acabar con las dilaciones innecesarias en las sustanciación de los procesos penales, aprovechadas, en ocasiones, por los malhechores, para sustraerse a la acción de la Justicia y generando entre la ciudadan&= iacute;a una preocupante sensaci&oacut= e;n de impunidad e indefensión. Frente a ello, con la denominada “Ley= de juicios rápidos” se dota al proceso penal español de una respuesta rápida y eficaz frente a los delitos menos graves y flagrantes,&n= bsp; gracias al reforzamiento de las funciones preinstructoras atribuidas a<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> la Policía Judicial, a la instrucción concentrada ante el Juez de Guardia, con posibilidad de sentencia de conformidad “premiada” y al enjuiciamiento inmediato ante= el Juez de lo Penal.

&= nbsp;

&= nbsp; El precedente legislativo y práctico de este nuevo procedimiento se encuentra en la Ley 10/1992, de 30= de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y en la Ley Orgánica 2/1998, de 1= 5 de junio, de modificación del Código Penal, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reformaron nuestra Ley de Rit= os para introducir y perfecciona= r, respectivamente, el llamado sistema de juicios rápidos, como instrumento para hacer frente al previsible aumento de la delincuencia menor que originarían, en España, la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.

&= nbsp;

&= nbsp; El nuevo procedimiento penal, objeto de este estudio, que para su desarrollo eficaz, requiere de la coordinación de todos los organismos implicad= os, fue pronto objeto de alguna modificación a través de la Ley Orgánica 15/ 2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal y recientemente, lo ha sido por= la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci&oacu= te;n Integral contra la Violencia de Género.

2.- Concepto y naturaleza jurídica:=

&= nbsp; El procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos pueden definirse c= omo aquel proceso especial incoado en virtud de atestado policial y aplicable a los delitos flagrantes o con instrucción presumiblemente sencilla, en los que el presunto autor sea detenido a disposición judicial o sea citado para comparecer ante el Juzgado, efectuándose = la instrucción de manera concentrada, a fin de que pueda dictarse sentencia de confor= midad por el Juzgado de Guardia o p= ueda celebrarse juicio oral ante el Juzgado de lo Penal en un plazo no superior = a 15 días.

&= nbsp; En la regulación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos, el legislador tuvo ante sí dos posibilidades diversas, una, considerarlo como una especialidad del Procedimiento Abreviado, y, otra, reputarlo como un procedimiento especial. Pues bien, el deseo del legislador fue claro (1), reconociendo el carácter especial (2) al nuevo procedimiento que con la Ley 38/2002, y la Ley Orgánica 8/2002, se creaba, incluyéndolo en el Capítulo I del Título III d= el Libro IV (3) de la LECrim (reservado a los procedimientos especiales).

3.- Regulación Legal y derecho supletorio:

&= nbsp; El procedimiento para el enjuiciami= ento rápido e inmediato de determinados delitos se encuentra regulado en = el título III del Libro IV de la LECrim, en los arts. 795 a 803, estructurado en seis capítulos:

Ø CAP&Iac= ute;TULO I: Ámbito de aplicación (art. 795).

Ø CAP&Iac= ute;TULO II: De las actuaciones de la Policía Judicial (art. 796).=

Ø CAP&Iac= ute;TULO III: De las diligencias urgentes ante el Juzgado de Guardia (arts. 797 y 79= 8).

Ø CAP&Iac= ute;TULO IV: De la preparación del juicio oral (arts. 800 y 801).<= /span>

Ø CAP&Iac= ute;TULO V: Del juicio oral y la Sentencia. (art. 802).

Ø CAP&Iac= ute;TULO VI: De la impugnación de la Sentencia. (art. 803).=

&= nbsp; Además de estos preceptos de aplicación directa, como régimen legal supletor= io de primer grado se aplicar&aacut= e;n las disposiciones reguladoras= del procedimiento abreviado, ya que el art. 795. 4 LECrim dispone que “en todo lo no previsto expresamente en el presente Título se aplicarán supletoriamen= te las normas del Título II de este mismo Libro, relativas al procedimi= ento abreviado”, es = decir, los arts. 757 a 794 de la LEC= Rim, que a su vez se remite a supletoriamente a las normas del procedimiento ordinario (art. 758 LECrim), constituyendo, por tanto, derecho supletorio de segundo grad= o de los denominados “juicios rápidos”.

4.-Presupuestos para la incoación del procedimiento.=

&= nbsp; El artículo 795 de la LECrim (= 4) contiene un presupuesto básico, dos presupuestos adicionales y una s= erie de presupuestos alternativos para la aplicación del procedimiento pa= ra el enjuiciamiento inmediato de delitos.

4.1.- Presupuesto bá= sico:=

&= nbsp; El artículo 795 LECrim delimita el ámbito de aplicación de este procedimiento en función de la gravedad de la pena señal= ada por la Ley. Así, establece que “se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco año= s, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía”..

&nb= sp; Del límite punitivo del artículo 795.1, se deduce que sólo se pueden instruir y enjuiciar por este procedimiento los delitos de los que haya de conocer el Juez de lo Penal (5), excluyendo de su ámbito aquellos que deben ser enjuiciados= por la Audiencia.

&nb= sp; La FGE, en su Circular 1/2003, cuyo criterio&= nbsp; hago propio, sostiene que “la pena a que = se refiere el precepto es la pena en abstracto, es decir, la señalada p= or la ley al delito de que se trate, con independencia de la que pudiera ser solicitada por la acusaci&oacu= te;n en atención a las circunstancias concurrentes (“pena en concreto”)” (6).

&= nbsp; Se debe atender al tramo superior de la pena, quedando fuera de su ámbi= to los delitos que tuviesen señalada en su tramo superior una pena, en abstracto, que exceda del límite punitivo prefijado. En los delitos castigados con varias penas conjuntas o alternativas, aunque la pena m&aacu= te;s grave entre dentro de los l&i= acute;mites del artículo 795, la previsión de otra pena no privativa de libertad que exceda de esos límites, determina la imposibilidad de incoar diligencias urgentes.<= o:p>

&= nbsp; En los delitos que prevén penas que exceden de las indicadas= pero que atribuyen la posibilidad de imponer una pena inferior, que se encuadraría en el límite del artículo 795, habrá que atender al carácter preceptivo o facultativo de la degradación. Só= ;lo en el caso de que la pena se = rebaje necesariamente en función de determinadas circunstancias concurrente= s, estaremos ante un subtipo privilegiado que permitirá la incoaci&oacu= te;n de este procedimiento (7).

&= nbsp; Si por el contrario, la pena tipo es susceptible de elevarse, quedando así fuera del límite= señalado, si la elevación es preceptiva y excede de los límites punitivos marcados, no podrán incoarse diligencias urgentes. En el caso d= e que la elevación sea facultativa, la FGE, en su Circular 1/2003, sostiene que tampoco podrá incoarse el procedimiento de juicio rápido, ya que el establecimiento de una pena que facultativamente p= uede se elevada ha de ser entendido como la fijación de una pena alternat= iva. Y el límite máximo establecido en el art. 795.1 alcanza a la = pena alternativa.

&= nbsp; Respecto de la conspiración, proposición y provocación para cometer determinados delitos, = la pena en abstracto a la que se atenderá para la incoación de juicio rápido no será la que establezca el delito matriz de q= ue se trate sino la rebajada en uno o dos grados.

4.2.- Presupuestos adiciona= les:=

&= nbsp; A) Que el proceso penal se incoe en virtud de atestado policial.

&= nbsp; Este nuevo procedimiento especial persigue la instrucción concentrada y enjuiciamiento inmediato de determinados delitos; finalidad que se consigue gracias a un reforzamiento de la labor pre-instructora atribuida a la Policía Judicial, como sostiene&nbs= p; LORCA NAVARRETE (8), que excede en cuanto a las funciones a las tradicionales diligencias policiales a prevención= que regula la LECrim (art. 282 y ss).

&= nbsp; Sin embargo, esta opción del legislador de atribuir la preinstrucci&oacu= te;n a la Policía Judicial, no goza de&n= bsp; acuerdo pacífico entre nuestra doctrina, existiendo voces, como la de GIMENO SENDRA (9), a favor de su atribuci&oacut= e;n al Ministerio Fiscal.

&= nbsp; Decíamos que las diligencias urgentes se incoan mediante atestado policial. Esto sup= one atribuir, a mi juicio un excesivo margen de decisi&oac= ute;n a la Policía Judicial, en la calificación jurídica ini= cial de los hechos, siendo de especial trascendencia para un correcto funcionami= ento de este nuevo procedimiento, = las instrucciones que los Fiscales Jefes en los respectivos territorios, dirijan a las Fuerza= s y Cuerpos de Seguridad al objeto de delimitar con claridad lo supuestos en que es preciso elaborar atestados conforme al artíc= ulo 796.

&= nbsp; Y precisamente, para evitar que recaiga sobre la Policía Judicial todo el peso de la calificación jurídica de los hechos= y en aras del correcto funcionamie= nto de la justicia, considero que co= mo la valoración, en última instancia de la pertinencia o no de inc= oar diligencias urgentes, corresponde al Juez, no existe inconveniente alguno en incoar las mismas, aunque el atestado no se ajuste a lo previsto en el artículo 796, siempre que los hechos encajen en el ámbito del juicio rápido y pueda llevars= e a cabo la instrucción co= ncentrada del artículo 797 y ss, a pesar de las insuficiencias del atestado.

&= nbsp; A juicio de la FGE, en su Circular 1/2003, p. 30: “el hecho de que la denuncia o querella se interpon= ga ante el juez instructor o ante el Ministerio Fiscal, hace imposible la tram= itación del procedimiento como juicio rápido”. No obstante, resulta difícilmente justificable que ante unos mismos hechos delictivos, sea diferente la tramitació= ;n por el mero hecho de acudir al ju= zgado en vez de a la comisarí= ;a. Parra corregir este efecto, debe imponerse una interpretación amplia de este precepto permitiend= o que si se ha presentado la denunci= a o querella ante el órgano judicial o ante el Fiscal éstos puedan dar traslado a la policía inmediatamente= para que realice el atestado y as&= iacute; salvar la literalidad del precepto.

&= nbsp; Concepto y valor probatorio del atestado:

&= nbsp; El atestado policial constituye el instrumento mediante el cual la Policía Judicial transmite al Juez de Instrucción la notitia criminis. En él se incluirán to= das las diligencias que se hubier= en practicado, especificando los hechos, los testimonios, los informes recabad= os y todas aquellas circunstancias= que puedan influir en la calificación del delito.

&= nbsp; Además, se prevé que se una al atestado acta de constancia de fotograf&iac= ute;as o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecim= iento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba (art. 770.1.2ª LECrim)= .

&= nbsp; Aparece regulado en los artículos 282 a 298 de la LECrim. =

&= nbsp; Respecto del posible valor probatorio<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> del atestado, de acuerdo con el art. 297 LECrim tiene el valor de una denuncia, pues como señala la doctrina constitucional “sólo p= uede concederse al atestado valor de auténtico elemento probatorio si es reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de l= os Agentes de Policía fir= mantes del mismo. En consecuencia, v= ulnera el derecho a la presunción de inocencia la sentencia condenatoria que se dicte sobre la única base del atestado policial no ratificado”. (STC 137/1997, de 14 de octubre).

&= nbsp; No obstante, la jurisprudencia constitucional, ha establecido notables diferencias entre el valor del atestado en sí mismo y = el de las diligencias que lo acompañan. Así, la Sentencia= citada añade que “el atestado tiene una virtualidad probatoria propia cuan= do contiene datos objetivos y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser croquis, planos, huellas, fotografías, que, sin estar dentro del perímetro de la prueba preconstituida o anticipada, pueden ser utilizados como elementos coadyuvan= tes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental a fi= n de posibilitar su efectiva contradicción por las partes.=

Asimismo, cuando los atestados contienen determinadas pericias técnicas realizadas por los agentes policiales – por ejemplo, el test de alcoholemia -, y que no pueden s= er reproducidas en el acto del juicio oral, es posible considerar dichas peric= ias como actividad probatoria a título&= nbsp; de prueba pericial preconstituida, siempre y cuando el atestado se incorpore al proceso y sea debidamente ratificado.

Por lo mismo, las pericias técnicas que se adjuntan al atestado – como pueden ser el certificado del m&ea= cute;dico forense – no pierden por ello su propio carácter y constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez probatoria si son incorporadas debidamente al proceso”.

&= nbsp; B) Puesta a disposición judicial del detenido o citaci&oac= ute;n policial para comparecencia del denunciado ante el Juzgad= o.

&= nbsp; Otro de los presupuestos adicionales para la incoación de diligencias urgentes, es que junto= al atestado, la Policía Judicial ponga al detenido a disposición= del Juez de Guardia, o, en caso de no haber&nb= sp; persona detenida, cite a la persona denunciada en el atestado para q= ue comparezca en el Juzgado en el día y hora que se señale con apercibim= iento de las consecuencias de su incomparecencia (art. 796.1.3ª LECrim).

&= nbsp; La FGE en su Circular 1/2003, p. 31, señala que “ciertamente la influencia de la Policía Judicial en la inicial determinación= de las causas que pueden tramitarse como juicio rápido resulta aquí patente pues basta con= que la Policía en el atestado no lleve a cabo la citación del denunciado ante el Juzgado pa= ra entender que la causa habrá de seguir el cauce del abreviado”.=

&= nbsp; No comparto esta tesis, pues siguiendo la anterior línea argumental de = que puede incoarse diligencias ur= gentes con atestados que no contengan las actuaciones especificadas en el artícul= o 796, puede afirmarse que la falta de citación policial del denunciado ante el Juzgado de Guardia no ha de producir, sin más, un cambio de tramitación, sino que lo prud= ente será que el propio Juez de Guardia ordene a la Policía Judicial la práctica d= e tal citación.

&= nbsp; La citación del denunciado ante el Juzgado se efectuará= ; por la Policía Judicial coordinadamente con el Juzgado de Guardia. Y, precisamente, en cumplimiento de la previsi&oacu= te;n contenida en el artículo 796.2 LECrim, se publicó el Acuerdo Reglamentario 2/2003, d= e 26 de febrero, del Pleno del consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de= las actuaciones judiciales, en lo relativo a los servicios de guardia.

4.3.- Presupuestos alternat= ivos:

Por último, debe concurrir, al menos, una de estas tres circunstancias:<= o:p>

a) Que se = trate de delitos flagrantes, o,

b) Que el = delito esté incluido en la lista cerrada del artículo 795.1.2ª LECrim, o

c) Que se = trate de delitos cuya instrucción sea presumible que será sencilla.=

A) Delitos flagrantes: =

&= nbsp; El artículo 795.1.1ª LECrim ofrece un concepto legal de delito flagrante, disponiendo que: “A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en= el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincue= nte que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de co= meterlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente= no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. Tambié= n se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrument= os o vestigios que permitan presumir su participación en él”= .

Por lo tanto, se incluyen las siguientes situaciones en el concepto de flagranc= ia:

Ø Que el delincuente sea detenido en el momento de&= nbsp; cometer el delito,

Ø Que sea= perseguido o detenido inmediatamente después de cometerlo, si la persecuci&oacu= te;n dura o no se suspende, siempre que el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen, o,

Ø Cuando sea sorprendido inmediatamen= te después de cometer un delito con efectos, instrumentos o vestigios q= ue permitan presumir su participación en él. <= /p>

&= nbsp; Este último concepto de flagrancia, a juicio de AGUIRRE SEOANE (10), presenta dificultades puesto qu= e la tenencia de los efectos del delito no se puede considerar, por si solo, suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (art. 24 CE), pues, los efectos del delito pueden haberse encontrado en el lugar próximo en que fueron abandonados por el a= utor del hecho o haberlos adquirido de éste, lo que podría suponer un delito de apropiación indebida o un d= elito de receptación, pero que sin duda, se aparta del concepto tradicional de flagrancia.

&= nbsp; Debido a la ausencia de un concepto legal de flagrancia el TC y el TS se han pronunciado en numerosas ocasi= ones sobre el mismo.

&= nbsp; Una línea jurisprudencial partía del término “flagrante” en correspondencia con su origen etimológico, de manera que lo importante es la percepción personal dire= cta del hecho delictivo, “de manera que la flagrancia se ve, se observa, = no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indi= recta, circunstancial o indiciaria” (STS 251/1998, de 24 de febrero de 1998)= .

&= nbsp; Para otra línea jurisprudencial del TS, los requisitos= del delito flagrante, retomando el concepto proporcionado por el derogado art. = 779 LECrim, son los siguientes: a) inmediatez temporal, de manera que el delito se este cometiendo o se acabar= a de cometer; b) inmediatez personal, es decir,= que el delincuente se encuentre allí en ese momento en situación tal con el objeto del delito que ello sea una prueba de su participación en el hech= o; c) Necesidad urgente de que las fuerzas policiales no puedan recabar del Juzgado de Guardia la correspondiente autorización para limitar el derecho fundamental sin que se frustren los fines del proceso penal (11).

&= nbsp; Ésta última doctrina es la mantenida, actualmente, de forma mayoritaria por la jurisprudencia = de nuestro Tribunal Supremo.

&= nbsp; Precisamente, el artículo 795 LECrim, proporciona un concepto legal de flagrancia que, en pareci= dos términos al proporcionado por el derogado art. 779 de la LECrim, no debe pasar desapercibido, sino q= ue viene a colmar el vacío legal existente en nuestro ordenamiento jurídi= co, sirviendo de criterio interpretati= vo de aquellos preceptos de nues= tro ordenamiento jurídico que se refieren al delito flagrante (por ejemp= lo, arts 18.2 y 71.2 de la CE, y los artículos 273, 490, 553 y 751 de la LECrim).

B) Que el delito esté incluido en la lista cerrada del artículo 795.1.2ª LECrim:

b.1) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíqui= ca habitual, cometidos a las per= sonas a que se refiere el art. 173.2 CP ( contra quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad,= tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, as&iacu= te; como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados).<= /o:p>

Obedece su inclusión, más a un deseo del legislador de dotar de una m= ayor celeridad a la instrucci&oacu= te;n y enjuiciamiento de estos delitos, quizás, para calmar la creciente al= arma social debido a los numerosos= casos de violencia doméstica ocurridos en los últimos años, así como para avanzar en el camino de la prevención general, que a su posible aplicación práctica, pues la inclusión del tér= mino “habitual”, cerce= na en numerosas ocasiones, la posib= ilidad de tramitar por esta vía rápida estos delitos, dado que puede resultar, a menudo, muy difícil durante el ser= vicio de Guardia la práctica= de las pruebas conducentes a demostrar tal habitualidad.

En este punto, resulta obligado referirse a las modificaciones penales y procesales afectantes a = esta materia, introducidas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral co= ntra la Violencia de Género.

<= /span>

En cuanto a las modificacione= s penales, se destacan las siguientes:

<= /span>

Ø Se añaden dos apartados (171.4 y 5 CP) a fin= de elevar a delito las amenazas leves, aun cuando no se utilicen armas o instrumentos peligrosos, c= uando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que estuviere o hubiere es= tado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Hasta ahora dicha conducta constituía una falta del art. 620 CP y, ahora pasa a ser un delito sancionado con pena de prisión de seis= meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad hasta 80 días, con privación del derecho a tenencia y porte de armas de uno a tres años.

Ø Se añade un= apartado 2 al art. 172 CP a fin de elevar a delito aquellas conductas que&nbs= p; antes constituían falta del art. 620 y se cometían sobre la esposa o mujer con la que el autor mantenía análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.

Ø Se modifica el art= . 148 CP elevando la pena hasta un máximo de 5 años de prisión, si la víctima fuer= e o hubiere sido esposa o mujer que estuviere&= nbsp; o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia o si la víctima fuere una persona especialmente vulnerab= le que conviva con el autor.

Ø Se modifica el art= .468 CP, referido al delito de quebrantamiento de condena, añadiendo un apartado segundo de manera que se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la= misma naturaleza impuestas en procesos criminales en los que el ofendido sea algu= na de las personas a las que se refiere el artículo 173.2.

Ø Se modifica el art= . 153 CP, excluyendo de la tipificación de este delito la conducta de amenazar a otro levemente con armas y otros instrumentos peligrosos cu= ando el ofendido fuere alguna de las personas a que se refiere el art. 173.2 CP, pues tal conducta es castigada por el nuevo aparatado 5 del art. 171, introducido por esta Ley.=

En lo atinente a las modifica= ciones procesales que afectan a los juicios rápidos, se adiciona un nuevo art. 779 bis<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> en la LECrim, disponiendo que la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el art. 796, ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Además, que el detenido, si lo hubiere será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no sea posible = la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente.

b.2) Delitos de hurto:

&= nbsp; Tanto el hurto simple (art. 234 CP), como el hurto agravado (art. 235 CP), as&iac= ute; como el hurto impropio (art. 236 CP), podrán tramitarse por este procedimiento especial, s= iempre que se cumplan los requisitos previstos en el art. 795.1 LECrim.

b. 3) Delitos de robo:

&= nbsp; Concurriendo los presupuestos exigidos por el art. 795.1 LECrim, podrán tramitarse como “juicios rápidos” todos los delitos de robo, tanto los delitos de robo con fuerza como= los delitos con violencia o intimidación en las personas, es decir, los previstos y penados en los arts. 237 a 242 CP. No obstante, en el caso de q= ue la pena prevista para el deli= to de lesiones causado como consecu= encia del delito de robo, exceda de= 5 años de prisión, será imposible = seguir los trámites para el enjuiciamiento inmediato, sino que el procedimiento a seguir sería el abreviado o incluso el sumario, si la pena excede de nueve años.

b.4) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos:

&= nbsp; Se refiere a los supuestos previstos en el artículo 244 CP.<= /span>

b.5) Delitos contra la seguridad del tráfico:

&= nbsp; Se remite a los arts. 379 a 385 = del CP. No obstante, respecto de = la norma concursal del art. 383 CP, que dispone que “Cuando los actos sancionados en los artí= ;culos 379, 381 y 382 se ocasionara, además del riesgo prevenido, un result= ado lesivo, cualquiera que sea su gravedad, los Jueces y Tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada (…), hay que puntualiz= ar que en este caso, ya no nos encontramos ante un delito contra al seguridad del tráfico, sino ante un delito de lesiones o = de homicidio, siendo consecuencia obligada que, en estos casos, no puedan incoarse las diligencias urgentes de los ju= icios rápidos.

b. 6) Delitos de daños del artículo 263 del Código Penal:=

&= nbsp; Se refiere dicho precepto al tipo básico del delito de daños, disponiendo que “el que causare daños= en propiedad ajena no comprendidos= en otros títulos de este Código, será castigado con la pena de multa de seis a 24 meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía = del daño, si éste excediera de 400 euros”.

b. 7) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 3= 68, inciso segundo, del Código Penal:

&= nbsp; Dicho precepto establece que “Los q= ue ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro m= odo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxica= s, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a nu= eve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del de= lito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al d= uplo en los demás casos”.

&= nbsp; Se pretende con ello, su aplicación a los casos de tráfico callejero o menudeo de droga con penas previstas que no superen en abstracto los cinco años de prisión.

b. 8) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previs= tos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal:

&n= bsp;

&= nbsp; Se pretende con su inclusión, especialmente,= acabar con el fenómeno denominado “top manta”, tan habitual en todas la ciudades, o delitos flagrantes contra los derechos de autor y la propiedad industrial, que pasan igualmente a ser delitos de naturaleza pública.

&n= bsp;

C) Que se trate de delitos cuya instrucción sea presumible que será sencilla:<= /span>

&n= bsp; Frente a la lista tasada de delitos que pueden tramitarse por este procedimiento, = el legislador en la regla 3ª= ; del art. 795.1 opta por establecer una cláusula abierta, de manera que el Juez de Guardia, analizar&aacut= e;, si en atención a una instrucción sencilla, procede seguir el trámite de este nuevo procedimiento.

&n= bsp; La FGE (12) ha interpretado que “la sencillez de la instrucción dependerá de que se prevea,= en atención al hecho y sus circunstancias que será posible llevar a cabo dentro del plaz= o del servicio de guardia la práctica de las diligencias de instrucci&oacu= te;n necesarias para formular calificación, atendiendo a su número= y a su complejidad, y que podrán llevarse a cabo igualmente los trámites procesales (comparecencia con las partes y resoluciones de = la audiencia de los arts. 798 y 800) del enjuiciamiento rápido”.<= o:p>

&n= bsp; La inicial incoación de l= as diligencias urgentes del procedimiento&nbs= p; de enjuiciamiento inmediato por tratarse de un delito cuya instrucción sea presumiblemente sencilla, no impide, que en el caso de que se considere necesario la práctica de diligencias = que no fuere posible realizar durante el servicio de Guardia, pueda continuar el procedimiento como di= ligencias previas, tal y como dispone e= l art. 798.1.2º LECrim.

4.4.- Excepciones a la aplicación de los “juicios rápidos”:

a) Delitos conexos:

&= nbsp; El art. 795.2 LECrim establece q= ue “El procedimiento regulado en= este Título no será de aplicación a la investigación= y enjuiciamiento de aquellos de= litos que fueren conexos con otro u otros delitos no comprendidos en el apartado anterior”.

&= nbsp; La previsión de dicho precepto, como sostiene la FGE (13), para los delitos conexos impide que pueda optarse por separar los delitos conexos, aun cuando con ello no se pierda la continencia de la causa, para tramitar mediante juicio r&aa= cute;pido los incardinables en el artículo 795.1 y enjuiciar separadamente los demás.

Si alguno de los delitos conexos no se encuadra dentro de los requisitos del art. 795, este delito impedirá la incoaci&oa= cute;n de diligencias urgentes tanto para sí como para los demás delitos conexos.=

&= nbsp; Es decir, la regla general de conexión lo será al proceso penal ordinario que corresponda (Diligencias Previas o Sumario Ordinario), dada la naturaleza de proceso especial de los “juicios rápidos”.

b) Secreto de las actuaciones:

&nb= sp; El art. 795.3 dispone: “No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302”.<= /span>

&nb= sp; La remisión se refiere tanto al secreto sumarial total como al parcial,= de manera que en el caso de que proceda acordar alguna de las modalidades de secreto, será preciso transformar las diligencias urgentes en previas ex art. 798.2.2º LECrim.=

&= nbsp; Como señala la FGE (14) en su Circular 1/2003, “este precepto resulta congru= ente con la tramitación concentrada y rápida de las fases de instrucción e intermedia, que no podrán llevarse a cabo sin merma de los derechos de defen= sa si se tratara de actuaciones declaradas secretas”.=

5.- ESTRUC= TURA DEL PROCEDIMIENTO.

5.1.- ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL (FASE PRE-INSTRUCTORA).

&nbs= p; El sistema de “Juicios rápidos” refuerza notablemente las funciones atribuidas a la Policía Judicial, precisamente por ser esencial la actuación = de la Policía Judicial, no sólo mediante la confección del atestado, a través del cual se incoan las diligencias urgentes, sino también porque sólo a través de la “preinstrucción” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se posib= ilita la investigación concentrada y ágil característica fundamental del procedimiento para el enjuiciamiento rápi= do e inmediato de determinados delitos.

&nbs= p; A esta fase de “preinstrucción” y a las actuaciones de= la Policía Judicial en la misma se refiere el artículo 796 LECrim.

&nbs= p; De un análisis sistemático de dicho precepto en relación = con aquellos que le son de aplicación, se puede distinguir entre las actuaciones de la Policía Judicial en el lugar de los hechos y aquellas que deben verificarse posteriormente.

a) Actuaciones de la Policía Judicial en el lugar de los hechos:

1) Requerir auxilio médico para el ofendido en el lugar del hecho, si fuere necesario. Además solicitará copia del informe relativo a la asistencia prestada para su unión al atestado poli= cial (art. 770.1º LECrim).

2) Acompañará al acta de constancia fotogr= afías u otro soporte para esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de las fuentes de prueba. (art. 770.2º LECrim)

3) Recogida y custodia a disposición judicial de = los efectos, instrumentos o pruebas del delito (art. 770.3º LECrim) <= /o:p>

4) Cuando el cadáver esté en la vía pública entorpeciendo la circulación o la prestación d= e un servicio público, deberá trasladarlo al lugar próximo más idóneo para restablecer el tránsito. (art. 770.4&o= rdm; LECrim).

5) Tomar datos de las personas que se encuentren en el l= ugar de los hechos (art. 770. 5º LECrim)

6) Intervención del vehículo y retención permiso circulación y conducción cuando proc= eda (art. 770.6º LECrim).

7) Práctica de prueba de alcoholemia y lo que pro= ceda posteriormente, como la intervención del vehículo y retención del permiso de circulación del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho punible.. (art. 796. 1.7º LECrim).

&= nbsp;

&= nbsp; Todas estas actuaciones son consecu= encia del deber general de la Polic&ia= cute;a Judicial de investigar cualquier delito público (art. 282.1 LECrim),= las llamadas “DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN”.

b) Actuaciones específicamente atribuidas a la Polic&iacut= e;a Judicial, en su labor de “pre- instrucción”:<= /span>

El artículo 796 LECrim dispone que “la Policía Judicial en el en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, las siguientes diligencias (…)”.

Por lo tanto, la Policía Judicial ha de practicar las diligencias que señala el precepto precitado, en el caso de exista detención, durante el plazo máximo de 72 horas de detención policial, y en ca= so de que no exista detención, en “el tiempo imprescindible”, = que obviamente puede exceder del plazo de duración de la detención policial.

Respecto de las diligencias que debe practicar la Policía Judicial son las siguientes:

1) Solicitar al facultativo que atendió al ofendi= do copia del informe relativo a la asistencia prestada y solicitar la pre= sencia del médico forense en la comisaría, cuando el ofendido no pueda desplazarse al Juzgado = de Guardia (art. 796.1. 1ª Lecrim).

2)&n= bsp; Info= rmar a la persona a la que se atribu= ya el hecho, aún cuando no haya sido detenida, del derecho a asistencia letrada y recabar la designación de oficio por el Colegio de Abogados (art. 796.1.2&o= rdf; LECrim) y le informará de los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten, en particular le instruirá de los derechos reconocidos en los apdos a), b), c) y e) del art. 520.2. (derecho a gua= rdar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez; derecho a no decl= arar contra sí mismo y a no confesarse culpable; derecho a designar aboga= do y a solicitar su presencia para= que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara abogado, se procederá a su designaci&o= acute;n de oficio; derecho a ser asis= tido gratuitamente por u interprete, cuando se trate de un extranjero que no comprenda o no hable el castellano) (art.771.2&or= df; LECrim).

3)&n= bsp; = Deber de información a las víctimas, ofendidos y perjudicados de sus derechos.

&= nbsp; En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido= en los artículos 109 y 110 (15)= . Se instruirá al ofendido de su derec= ho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en= la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los art&= iacute;culos 301 y 302 e instar lo que a su derecho conve= nga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere.

Según la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se reconocerá el derecho = de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos&= nbsp; y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud ( art. 3.1)= .

La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o emplazamiento= en los distintos trámites del proceso, se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación = legal de los titulares de dichos derechos. (Art. 771.1ª LECrim).<= /span>

4) Citaciones:

a) A la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer en= el Juzgado de Guardia en el día y hora que se le señale, cuando = no se haya procedido a su detención. El citado será apercibido de las consecuencias de no comparecer.

b) A los testigos, a los ofendidos y perjudicados para que comparezcan en el Juzgado de Guardia en el d&iacu= te;a y hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la citación policial en el Juzgado de Guardia.

c) Citará para el mismo día y hora a las entidades aseguradoras del art 117 CP (que hayan asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industri= a o actividad), en el caso de que conste su identidad. (art. 796.1. 3ª, 4ª y 5ª )

La consecuencia de que el denunciado citado no comparezca, consiste en que el Juez puede ordenar su detención a conforme a lo establecido en el artículo 487 LECrim (16).

Por lo que atañe a la falta de comparecencia de los testigos, ofendidos o perjudicados citados por la Policía Judicial, ante el Juzgado de Guardia, el art. 797.4ª la convierte en una auténtica obligación procesal: “= Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial al Juzgado de Guardia, podrá éste aplicar lo previsto en el art. 420”. Y este precepto dispone que “El que, sin estar impedido no concurriese al primer llamamiento judicial, excepto las personas mencionadas en el artí= culo 412, o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de los hechos, sobre<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> que fuere preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, y si persistiere en su resistencia será cond= ucido en el primer caso a la presencia del Juez Instructor por los agentes de la autoridad, y perseguido por el delito de obstrucción a la justicia tipificado en el art. 463.1 CP y en el segundo caso, será tambi&eacu= te;n perseguido por el de desobediencia grave a la autoridad”.<= span style=3D'mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:Garamond;mso-bidi-font-famil= y: Arial'>

5) Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente. Estas entidades procederán de inmediato al análisis solicitado y remitir&aacu= te;n el resultado al Juzgado de Guardia por el medio más rápido y,= en todo caso, antes del día y hora en que se hayan citado a las personas indicadas en las reglas anteriores. Si no fuera posible la remisión = del análisis en dicho plazo, la Policía Judicial podrá practicar por sí misma dicho análisis, sin perjuicio del debi= do control judicial del mismo. (art 796.1.6ª)

= 6) La práctica de los controles de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial. No obstante, cu= ando se practique un análisis de sangre u otro análogo, se requerirá al personal sanitario que lo realice para que remita el resultado al Juzgado de Guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora de la citación a que se refie= ren las reglas anteriores. (Art. 796.1.7ª).

&nb= sp; Lo que se pretende es que se pon= gan en poder del Juez de Guardia todos los medios necesarios para poder celebrar l= a comparecencia, sin que haya de suspenderse la misma porque no estén a disposición judicial los resultados= de los análisis de las sustancias recogidas.

= 7) Si no es posible la remisión al Juzgado de Guardia de algún obje= to que deba ser tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para que lo examine y emita informe peric= ial, que podrá ser emitido oralmente ante el Juzgado de Guardia. (Art. 796.1.8ª)

&= nbsp; Precisamente, para contribuir a la agilidad= del procedimiento es necesaria la coordinación de la Polic&iac= ute;a Judicial con el Juzgado de Guardia. Para la realización de las citaciones, que se podrán efectuar&= nbsp; por cualquier medio de comunicación incluso verbalmente, si la urgencia lo requiriese, la Policía Judicial fijar&aa= cute; el día y la hora de la comparecencia, coordinadamente con el Juzgado= en la forma determinada reglamentariamente.

&= nbsp; Por último, ha de destacarse que la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre de reforma del Código Penal, añade un nuevo apartad= o 4 al art. 796, intentando resolver un problema planteado en la práctica con mucha frecuencia, y es el de que la Policía Judicial tenga conoc= imiento de un hecho que deba tramitarse por el procedimiento par el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, pero no se dan los requisitos de hab= er sido detenido ni localizado el presunto responsable, pero sin embargo fuese previsible su identificación y localización y entonces el legislador permite a pesar de no haber si= do detenido ni localizado el presunto sospechoso, que la Policía Judicial continúe las investigaciones iniciadas que se harán constar en un único atestado que se remitirá al juzgado de guardia tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado, de acuerdo con lo previsto en los apdos. anteriores del art. 796, y= en todo caso, dentro de los cinco días siguientes.

&= nbsp; La Ley intenta también resolver el problema que se daba en la práctica en la que se había confeccionado el atestado a los t= res o cuatro días de haber= se cometido el delito y se remitía al juez de guardia y éste decía que no era competente, pues alegaba que lo era el juez del día en que se cometió el delito, pues bien, este apartado 4 del art. 796 resuelve que en estos casos corresponder&aa= cute; la competencia en exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado.

5. 2.- DILIGENCIAS URGENTES= ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA. <= /o:p>

&= nbsp; El art. 797 LECrim dispone que “el juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto no cabrá recurso alguno”. A con= tinuación, establece el contenido de las diligencias jurisdiccionales urgentes, imponiendo al Ministerio Fiscal una participación activa en las mismas (17).

&= nbsp; Recibido el atestado por el juez de guardia pueden ocurrir tres cosas:

Ø Que con= sidere que con las diligencias practicadas por la policía existe material suficiente para abrir el juicio oral, tras oír las alegaciones de las partes y del MF.

Ø Que ent= ienda que es necesario practicar nuevas diligencias de investigación (DILIGENCIAS URGENTES), solicitando la intervención de las partes, teniendo el MF una participación especialmente activa (art.797).; o<= o:p>

Ø Que con= sidere que no concurren los requisitos para seguir el procedimiento rápido = por delitos, en cuyo caso incoará diligencias previas del procedimiento abreviado.

&= nbsp; No obstante, existe la posibilid= ad, que ha de entenderse en términos restrictivos, <= span style=3D'mso-spacerun:yes'> como lo apunta la FGE en su Circular 1/2003 de que, a pesar de que concurran, en abstracto, los presupuestos del art. 795 LECrim, si el juez aprecia absolutamente determinadas circunstancias que permitan&n= bsp; a priori detectar que no será posible la celebración de la instrucción concentrada o el enjuiciamiento rápido debe incoar directamente el procedimiento ordinario oportuno.

&= nbsp; Las diligencias urgentes está= ;n sometidas a la dirección del Juez de Guardia. Contra el auto de incoación de diligencias urgentes no cabe recurso alguno. Como diligencias urgentes se establecen las siguientes:

a) Recabará = los antecedentes penales del detenido o persona imputada. (art. 797.1.1ª LECrim):=

&= nbsp; Los Secretarios Judiciales disponen de un programa informático a través del cual de manera telemática e inmediata= se= obtiene el histo= rial jurídico- penal de cua= lquier persona.

b) Atinentes a la calificación jurídica de los hechos.

- Recabará, de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.= (Art. 797.1 2ª. a) LECrim)

- Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo h= ubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial. (Art. 797.1 2ª.= b) LECrim).

- Ordenará la práctica= por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposici&oacu= te;n judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad. (Art. 797.1 2ª. c) LECrim).

c) Informaciones al detenid= o.

        &= nbsp;   Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando imputada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial, en los términos previstos= en el ar= tículo 775. El juez le instruirá en la = forma más comprensible de los hechos que se le imputan. Previamente, el secretario le leerá sus derechos y le requerirá para que desi= gne un domicilio en España en el que se harán las notificaciones,= o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebraci&oacu= te;n del juicio en sus ausencia si el delito imputado no supera los dos añ= ;os de privación de libertad o los seis si fuera de distinta naturaleza = (18).

        &= nbsp;   Tanto antes como después de prestar declaración se le permitir&aacu= te; entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecid= o en el apartado c) del artículo 527(es decir, salvo que se halle incomunicado por resolución judicial)

&nb= sp;          Ante la falta de comparecencia del imputado, sin causa legítima que lo justificara, a la citaci&oacu= te;n policial ante el Juzgado de guardia, podrá convertirse la orden de comparecenc= ia en orden de detención (art. 487 LECrim).

        &= nbsp;   De especial interés es, a mi modo de entender, hacer una breve mención a l= a Instrucción 8/2004 de la FGE, = sobre la necesidad de promover el acceso de los Letrados de la defensa a las copias de los atestados en las actuaciones ante el Juzgado de Guardia en el procedimiento para en enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos. Esta Instrucción debe su nacimiento a que la representación del Con= sejo General de la Abogacía puso de relieve en el seno de la Comisión Nacional de seguimiento de la implantación de los juicios rápidos, que en algunos juzgados, de manera inconcebible a mi juicio, se negaban sistemáticamente a proporcionar al Letrado Defensor copia del atesta= do.

Pues bien, la Fiscalía General del Estado señalaba que como expresamente reconocían= tanto la Circular 2/1995, de 22 de noviembre como la Consulta 2/2003= , de 18 de diciembre, exigencias elementales del derecho de defensa imponen que = el letrado y demás partes puedan tomar vista, antes de la comparecencia para decidir sobre la adopción de medidas cautelares, de las actuaci= ones practicadas hasta ese momento. Además, señala que   en los “juicios rápidos” el dere= cho de defensa debe fortalecerse desde el inicio de la causa, como se desprende inequívocamente de las previsiones contenidas en los arts. 796 y 797 LECrim. Sostiene, a continuación que ̶= 0;si la pieza clave del nuevo procedimi= ento consiste en una instrucción concentrada ante el Juzgado de Guardia, = es de estricta necesidad y justicia facilitar a la Defensa el conocimiento cabal de lo actuado para que = pueda desempeñar sus funciones”.

        &= nbsp;   Por todo ello, insta a los Sres. Fiscales para que en cuanto defensores de la legalid= ad, se erijan en valedores del derecho defensa que asiste al imputado, contribuyen= do a la eliminación de estas prácticas y promoviendo que el Juzgado de Guardia facilite libremente al Letrado de la defensa el acceso a las diligencias practi= cadas en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos.

d) Toma de declaraciones:

&nbs= p;

        &= nbsp;   Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido. Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá és= te aplicar lo previsto en el artículo 420, tal y como se ha examinado anteriormente.

        &= nbsp;   La regla 8ª del art. 797.1 LECrim establece, por su parte, que el Juez de Guardia “ordenar&= aacute; la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario= que comparezcan ante él”. Por&nbs= p; Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre se añade a es= ta regla que “a estos efec= tos, no procederá la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos= de Seguridad que hubieran intervenido en el atestado cuya declaración o= bre en el mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motiv= ada, considere imprescindible su nueva declaración”.

        &= nbsp;   Esta regla responde a la idea ya consignada en la regla 4ª del apdo. 1 del art. 796 aquella refe= rida a la Policía Judicial y ésta al juez de instrucción, ordenándole u obligándole a no citar a los miembros de la Policía Judicial que hayan intervenido en el atestado y cuya declaración obre en el mismo.

e) Reconocimientos:

- Reconocimiento en rueda, de resultar pertinente y haber comparecido = el testigo (art. 797.1.6ª);

- Careo entre testigos, testigos e imputados o imputados entre sí.<= /b> (art. 797.1.7ª)=

- Citación, incluso verbal, de las personas cuya comparecencia = el juez considere necesaria. (797.1.8ª)

- Práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevars= e a cabo en el acto o dentro del servicio de guardia del juzgado de instrucción. (797.1.9ª).

f) Prueba anticipada:

        &= nbsp;   Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podr&aacut= e; practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, = el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma asegurando, en to= do caso, la posibilidad de contradicción de las partes.

        &= nbsp;   Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabaci&oacut= e;n y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autoriz= ada por el Secretario Judicial, con expresión de los intervinientes.

        &= nbsp;   A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los térmi= nos del a= rtículo 730 (19). (Art. 797.2 LECrim).=

g) Información a la víctima de sus derechos (797.1. 5ª):<= /p>

&nb= sp;          La regla 5ª del artículo 797, introducida por la Ley Orgáni= ca 15/2003, de reforma del Código Penal dice que llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas en el art. 776, es decir, informar al ofendido y perjudicado de sus derechos, pero ahora la regla no es tan terminante como = en la redacción anterior, añadiendo las palabras, en su caso, qu= e en el fondo es lo que preveía el art. 776, pensando en la posibilidad de que no se pudiese practicar e= sa información a los ofendidos, lo que no impide la continuación= del procedimiento, sin perjuicio de que se proceda a realizarla por el medio más rápido pos= ible y todo ello también con la nueva redacción que esta Ley da al art. 776.

        &= nbsp;   En consecuencia, en su caso, se le informará de lo siguiente:

Ø      Del der= echo a mostrarse parte en la causa, sin necesidad de formular querella.=

Ø      Del der= echo a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Ø      Una vez personados en la causa podrán tener conocimiento de lo actuado y ale= gar lo que a su derecho convenga.

Ø      De no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, = el MF las ejercitará si correspondiere.

Ø      Si no renuncian expresamente a la reparación o restitución del perjuicio causado, se entiende que mantienen el dese= o de resarcimiento.

Ø      En cual= quier caso, en procesos que se sigan por delitos comprendidos en el art. 57 CP, el Juez asegurará la comunicación a la víctima de los act= os procesales que puedan afectar a su seguridad.

        &= nbsp;   No puede concluirse el aná= ;lisis de las diligencias urgentes, sin destacar&= nbsp; que el Juez de Guardia en su práctica puede seguir el orden q= ue considere oportuno, siendo activa la participación en las mismas del Ministerio Fiscal y que el abogado defensor, amén de la defensa oste= nta la habilitación legal para la representación de su defendido = en todas las actuaciones que se verifiquen ante el juez de Guardia (Apdo. 3 ar= t. 797, introducido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre).

5.3- AUDIENCIA A LAS PARTES= SOBRE CONTINUACIÓN POR LOS TRÁMITES DEL JUICIO RÁPIDO (ART. = 798 LECRim)<= /b>

=

  &nb= sp;         Una vez practicadas las diligencias urgentes,&= nbsp; el Juez oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de continuación del procedimiento, el sobreseimiento, la remisión a los trámites del procedimiento abreviado o del procedimiento de = faltas, la inhibición a favor de la jurisdicción militar o el traslad= o al Fiscal de Menores.

&nbs= p;          El Ministerio Fiscal y las partes acusadoras pueden solicitar medidas cautelar= es frente al imputado y al responsable civil, sin perjuicio de las que se hayan podido adoptar anteriormente.

&nbs= p;          Como señala la FGE en su Circular 1/2003, este trámite del art. 798 LECrim debe ser aprovechado por el fiscal para instar medidas cautelares re= ales orientadas a asegurar la reparación futura del daño causado a la víctima del delito. Asimismo, “la previsible celebración del juicio oral en los días inmediatamente posteriores al momento de la detención, introduce un elemento a pond= erar a la hora de calibrar la justificación de cualquier medida que incida cautelarmente sobre la libertad personal del sospechoso” = (20).

      =       Y se = practicarán las pruebas que se tema que no podrá realizarse en el juicio oral o que podría motivar la suspensión de éste, ya sea en soporte audiovisual o en acta autorizada por el Secretario Judicial. (Art. 798 LECrim.).

  &nb= sp;         De acuerdo con el art. 798, se distingue según que las diligencias practicadas se consideren suficientes o insuficientes, Así, <= span class=3Dtextolibro1>= si las diligencias practicadas son suficientes:

&nbs= p;          El Juez de Guardia dictará auto (no recurrible) oral y documenta= do, acordando cualquiera alguna de las siguientes resoluciones:

Ø      Continuar el procedimiento urgente: dicta auto, no recurrible.

Ø      Otros posibles pronunciamientos:

o      = Sobreseimiento: por ser hecho no constitutivo de infracción penal, no aparecer justificada su perpetración (notificándolo al ofendido o perjudicado aun no siendo parte) o no haber autor conocido del hecho (aun cuando pueda ser delito).

o      = Reputar falta el hecho= : en este caso procederá al enjuiciamiento inmediato.

o      = Inhibición a favor de la Jurisdicción Militar, en caso de que corresponda a la misma el enjuiciamiento.

o&nb= sp;       Traslado al Fiscal de Menores, = = para que inicie los trámites de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor= , si todos los imputados fueran menores de edad.

        &= nbsp;   En esta misma resolución, el Juez acordará lo que proceda sobre = la adopción de medidas cautelares frente al imputado y, en su caso, fre= nte al responsable civil.

&nbs= p;          Si, por el contrario, las diligen= cias practicadas son insuficientes, el Juez ordenará la continuació= ;n del procedimiento como diligencias previas del procedimiento abreviado, y deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria pa= ra concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible.

&nbs= p;          Plazo máximo para concluir = la instrucción:

&nbs= p;          El art. 799.1 LECrim establece como regla general que las diligencias y resoluciones señala= das deberán ser practicadas y adoptadas durante el servicio de guardia d= el Juzgado de Instrucción.

        &= nbsp;   No obstante en el apdo. 2 contempla una excepción para “aquellos partidos judiciales en que el servi= cio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a veinticuat= ro horas, el plazo establecido en el apartado anterior podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de setenta y dos horas en aquel= las actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las cuaren= ta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia”.

5.4.- PREPARACI&Oa= cute;N DEL JUICIO ORAL; PETICIÓN DE APERTURA DEL JUICIO ORAL O DE SOBRESEIMIENTO, ESCRITOS DE ACUSACIÓN Y DEFENSA, SEÑALAMIENTO= DE JUICIO ORAL.

5.4.1.- Preparación del juicio oral; petición de apertura del juicio oral o de sobreseimiento.

<= /span>

            El Capítulo IV (arts. 800 (21)= y 801 LECrim) regula la fase denominada “De la preparación del juicio oral”, que deberá seguirse de forma inmediata ante el m= ismo Juzgado de Guardia que conoció de la fase de instrucción.

            Sin embargo su finalidad, no es sólo la de preparar la fase del juicio o= ral, mediante la formulación de escritos de acusación y, en su cas= o, efectuar las citaciones oportunas para el juicio; sino también la de evitar el juicio oral, en el = caso de sobreseimiento.

<= /span>

            En el mismo trámite de audiencia a que se refiere el art. 798.1, una vez dictado en forma oral el auto por el que se ordena seguir el procedimiento de estos juicios rápidos, se oirá al Ministerio Fiscal y a las partes que se hallaren personadas sobre si consideran procedente la apertura del juicio o= ral o si cabe dictar un auto de sobreseimiento, en atención a los presupuestos establecidos en los arts. 637 y 641 de la LECrim.

<= /span>

            De acuerdo con el principio de concentración o unidad de acto, en este = acto las partes se pronunciarán acerca de la ratificación o, en su caso, la solicitud de medi= das cautelares. (Art. 800.1 LECrim)

<= /span>

A continuaci&oacut= e;n, se distinguirá según proceda la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

A)&n= bsp;    Si procede la apertura del juicio oral:

&= Oslash;      Solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el Juez de Instrucción la acordar&aac= ute;, salvo que estimare que el hecho no es constitutivo de delito o que no exist= en indicios racionales de criminalidad contra el acusado, en cuyo caso acordará el sobreseimiento.

&= Oslash;      Cuando el Juez de Instrucción decrete= la apertura del juicio oral sólo a instancia del Ministerio Fiscal o de= la acusación particular, se dará nuevo traslado a quien hubiere solicitado el sobreseimiento por plazo de tres días para que formule escrito de acusación, salvo que hubiere renunciado a ello.

&= Oslash;      Al acordar la apertura del juicio oral, resolverá el Juez de Instrucción sobre la adopción, modificación, suspensión o revocación de las medidas interesadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, tant= o en relación con el acusado como respecto de los responsables civiles, a quienes, en su caso, exigirá fianza, si no la prestare el acusado en= el plazo que se le señale, así como sobre el alzamiento de las medidas adoptadas frente a quienes no hubieren sido acusados.

&= Oslash;      En el mismo auto señalará el J= uez de Instrucción el órgano competente para el conocimiento y fallo= de la causa. Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas. (art. 800.1 LECrim).

&= Oslash;      En cuanto a la forma de esta resolució= ;n, ha de ser oral, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado ordinario y en el sumario ordinario (art. 782, 632 y 633)

B)&n= bsp;     Si procede el sobreseimiento:

=         &= nbsp;   Antes de analizar las distintas situaciones que pueden producirse, es preciso recordar los supuestos en que cabe el sobreseimiento libre y el sobreseimiento provisional.

=

=         &= nbsp;   Así, conforme al art. 637 LECrim, el sobreseimiento libre procederá en los siguientes casos:

a)&n= bsp;    Cua= ndo no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa.

=

b)&n= bsp;    Cua= ndo el hecho no sea constitutivo de delito.

c)&n= bsp;    Cua= ndo aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

=

        &= nbsp;   En cuanto al sobreseimiento provisional, de acuerdo con el art. 641 LECrim, procede en los siguientes supuest= os:

a)      Cuando = no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya = dado motivo a la formación de la causa.

b)      Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.

Visto lo anterior, pueden distinguirse varias situaciones:

1) Cuando el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitan el sobreseimiento y se dan los supuestos necesarios pa= ra que se acuerde, el Juez de Instrucción procederá de esta form= a.

Al acordar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción dejará sin efecto la prisión y demás medidas cautelares acordadas.

No obstante existe una excepción, en = los supuestos de exención de la responsabilidad criminal contenidos en l= os números 1, 2, 3, 5 y 6 del art. 20 del Código Penal (22). En este caso, el Juez= de Instrucción no acordará el sobreseimiento y proceder&aac= ute; a devolver las actuaciones a las acusaciones para su calificación, continuando el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposició= n de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil ex art. 782.1 LECrim.

2) Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa = y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

a)      Podr&aa= cute; acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que de= ntro del plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acc= ión si lo consideran oportuno. Si no lo hicieren en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.=

b)      Podr&aa= cute; remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva= si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez dí= as.

5.4.2.- Escritos de acusación y defensa. Señalamiento de juicio oral.

        &= nbsp;   Una vez que se ha abierto el juicio oral, la regulació= ;n que efectúa en el art. 800= .2 LECrim distingue dos situaciones distintas: a) Que la acusación sea ejercida únicamente por el Ministerio Fiscal, y b) Que se hubiere constituido también acusación particular.

=

a) Acusación única del Ministerio Fiscal:

        &= nbsp;   Cuando el Ministerio Fiscal sea el único acusador deberá presentar inmediatamente su escrito de acusación o bien hacerla oralmente.

        &= nbsp;   En el primer caso, el acusado pu= ede prestar su conformidad en el = mismo acto si se cumplen los requis= itos del art. 801 LECrim.

        &= nbsp;   Si opta por la defensa, puede presentarla en el mismo momento tanto de forma oral como por escrito, procediendo ento= nces el Juez de Guardia sin m&aacu= te;s trámites a la citación de las partes para la celebració= ;n del juicio oral.

            Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para presentar escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto a la citación de las pa= rtes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y= , en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento.

            Se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevándose a cabo en el acto las que sean posible= s, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

            El Juez de Guardia señalará la fecha de celebración del juicio oral para el día más próximo posible en coordinación con el Juzgado de lo Penal y el Ministerio Fiscal y sie= mpre en los quince días siguientes.

=

        &= nbsp;   Del análisis del art. 800.2 LECrim, se deduce que las actuaciones concentradas que se desarrollarán son las siguientes:

a)      Apertur= a del juicio oral,

b)      Inmedia= ta presentación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal o formulación oral de la misma (23).

c)      Citaci&= oacute;n por el Juez de Guardia. de las partes para la celebración del juicio oral, así como de= todas aquellas personas que, a propuesta del Ministerio Público (condicionada a la admisi&oac= ute;n por el órgano de enjuiciamiento), deban comparecer para la práctica de la prue= ba en el juicio oral (art. 800.3. párrafo 2 LECRim).

d)      Emplaza= miento del acusado y, en su caso, del responsable civil para que presenten inmediatamente = sus escritos de defensa ante el Juzgado de lo Penal (art. 800.2 LECrim) o la formulen oralmente, procediendo, en tal caso, a la citación de las partes para la celebración del juicio oral.

e)      El Juez de guardia hará el señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima posible y, en cualquier caso, dentro de los quince días siguientes, = en los días y horas predeterminados a tal fin en los órganos judiciales enjuiciadores

b) Acusación= del Ministerio Fiscal y de la acusación particular:

        &= nbsp;   En este supuesto, de acuerdo con el art. 800.4 LECrim, se amplían los plazos, ya q= ue no es necesario presentar en el = mismo acto el escrito de calificación ni siquiera por el Ministerio Fisc= al, sino que la ley otorga un plazo improrrogable de dos días para que las acusaciones presenten sus esc= ritos de acusación.

        &= nbsp;   Cuando el Juez de Instrucción tiene en su poder los escritos de calificación los trasladará&= nbsp; al acusado para que co= nteste oralmente o por escrito, o se conforme con la m&aacu= te;s grave de las acusaciones formuladas en los términos previstos por el art. 801 LECrim.

        &= nbsp;   Si no se conformase, el Juez de Guardia procederá a la citación de las partes= para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y, en = su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento.

            El Juez de Guardia señalará la fecha de celebración del = juicio oral para el día más próximo posible en coordinación con el Juzgado de lo Penal y el Ministerio Fiscal y sie= mpre en los 15 días siguientes y remitirá los autos al Juzgado de lo Penal.

c) Falta de acusación pública.

      =       Si no se presenta la acusación de forma inmediata, en los supuestos de acusación única del Ministerio Fiscal, o no se presenta en el&= nbsp; plazo de dos dí= as máximo, en los supuestos en los que se ejercita también acusación particular, el art. 800= .5 LECrim establece que el Juez de Guardia requerirá al superior jerárquico del Fiscal&n= bsp; para que lo presente en el plazo de dos días, y si no lo hace, entenderá que no pide la apertura del juicio y que considera procede= nte el sobreseimiento libre.

  &nb= sp;         El art. 800.5 LECrim viene a establecer una presunción legal, por otro = lado muy censurable,   de que = en el caso de que el superior jerárquico del Fiscal no pide la apertura del juicio oral, se considera pro= cedente el sobreseimiento libre.=

  &nb= sp;         A este respecto, hago propias l= as palabras de AGUIRRE SEOANE (24) que ha afirmado que ̶= 0;esta presunción iuris et de iure ha de ser valorada negativamente. Y es q= ue, si previamente el Fiscal (art. 800.1) ya ha manifestado su parecer sobre la apertura del juicio oral o sobreseimiento no tiene ningún sentido ext= raer ahora una conclusión diferente por el hecho de que no cumpla el plazo en una materia que, como = el proceso penal, está inspirada en los principios de necesidad y búsqueda de la verdad material.<= /i>

        &= nbsp;   Debería analizarse la razón po= r la que, en ocasiones el Ministerio Fiscal no estaba presentando el escrito de acusación en los cinco días fijados en el art. 790. Si se concluye que= la razón de eses incumpli= miento es la acumulación de múltiples y muy diversas tareas que, en muchos cas= os exigen desplazamientos a largas distancias del lugar en que radica su sede, procedería poner remed= io a esta situación dotando a las fiscalías del personal necesario= .

            Sin embargo, ninguna influencia debería tener el transcurso de un plazo en la exigencia de responsabilidad penal por un hecho delictivo ya que el Derecho penal se rige por el principio de necesidad. Además no se aclara en qué apartado del art. 637 (referido al sobreseimiento libre) encajaría este supuesto. Realment= e no tiene cabida en ninguno de ellos”.

=

      =       = La Circular 1/2003 de la FGE, examina dicho precepto y sostiene que la previsión legal es contraria a la doctrina establec= ida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de julio de 1999, que negó = que la presentación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal fuera de = plazo provoque el sobreseimiento, sino que a lo más puede motivar la imposición de una corrección disciplinaria.

d) Escritos de defensa:

        &= nbsp;   El acusado, una vez formulada la acusación contra él, puede presentar su defensa en el mismo momento tanto de forma oral como por escrito, procediendo entonces el Juez de Guardia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral.

=

            Si el acusado solicitara la concesión de un plazo pa= ra presentar escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto a la citación de las pa= rtes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y= , en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento. Es decir, en este caso, la defensa sólo podrá efectuarse por escrito y se presentará no ante el Juez de Guardia, sino ante el Juzgado de lo Pe= nal.

            Se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevándose a cabo en el acto las que sean posible= s, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

e) Señalamiento de juicio y citaci&oacut= e;n de testigos y peritos.

            El señalamiento para el j= uicio oral se realizará por = el Juez de Guardia (art. 800.3 LECrim), que deberá hacerlo en la fecha más próxima posible y, en&nb= sp; cualquier caso, dentro de los quince días siguientes, en los días y horas predeterminados a tal fin por los órganos judiciales enjuiciadores. A tal fin, el art. 800.5 LECrim establece que= “el CGPJ, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la LOPJ, dictará los reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Ministerio Fiscal, de los señalamientos de los juicios orales que realicen los Juzg= ados de Guardia ante los Juzgados de lo Penal”.

            Además del señalamiento, el Juez de Guardia deberá practicar las citaciones propuesta= s por las partes de testigos y peritos (art. 800.7 LECrim), así como las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevándose= a cabo en el acto las que sean posibles, sin perjuicio de la decisión = que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador ( a= rt. 800.3 LECrim).

5.5.- LA CONFORMIDAD ANTE E= L JUEZ DE GUARDIA (artículo 801 LECrim).

        &= nbsp;   La Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley 38/2= 002, de la misma fecha, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal = para el enjuiciamiento rápi= do e inmediato de determinados delitos y faltas, en atención a su princip= io inspirador de dotar de una mayor celeridad a la instrucción y enjuiciamiento de determinados delitos, ha introducido en nuestro proceso penal, una nueva modalidad de terminación del procedimiento por disposición de la pretensión penal, a través de la conformidad prevista en el n= uevo artículo 801 LECrim.

        &= nbsp;   Para tal fin, la precitada Ley Orgánica, ha introducido en la LECrim, el nuevo artículo 801 y ha reformado, también, el artículo 87.2.a) de la LOPJ, en el sentido de atribuir expresamente a los Jueces de Instrucción competencia para dictar sentencias de conformidad (25).

        &= nbsp;   Como señala la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2= 002, “La Ley de reforma parcial pa= ra el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y= de modificación del procedimiento abreviado, requiere en su regulación que algunos aspectos no susceptibles de modificación por una Ley Ordinaria, de acuerdo con nuestra Constitución, sean aprobados con el carácter de Ley Orgánica. Tal ocurre, por ejemplo, respecto de la novedosa posibilid= ad de que el Juez de Instrucción pueda, en determinados casos, dictar sent= encia de conformidad, sin entrar a enjuiciar los hechos, en la medida en que supone una competencia que requier= e la modificación de la LOPJ.

En consecuencia, resulta imprescindible aprobar, mediante Ley Orgánica complementaria, la reforma necesaria para hacer<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> coherente la reforma parcial de la LECrim para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados del= itos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, con la LOPJ”.

        &= nbsp;   Es decir, el legislador ha regulado un nuevo subtipo de conformidad con requis= itos propios distintos de la ordinaria y con efectos beneficiosos para el conden= ado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir, en cualquier momento del proceso= , a la conformidad prevista para el Procedimiento Abreviado, cuyas normas se aplicarán supletoriamente (= 26).

        &= nbsp;   Se trata, en definitiva, de una conformidad privilegiada o beneficiada (27).

5.5.1.- Concepto:

        &= nbsp;   Como apunta GIMENO SENDRA (28), la conformidad es “un acto unila= teral de postulación y de disposición de la pretensión, efectuado por la defensa y realizado en ejercicio del principio de oportunidad, por el que mediante al allanamiento a la petición de pena, que no podrá exceder de l= os dos años de prisión (art. 801.3 Lecrim), se ocasiona la finalización del procedimiento a través de sentencia con todos los efectos de cosa juzgada”.

        &= nbsp;   De este concepto, se pueden extraer los siguientes caracteres esenciales:=

a) La conformidad es un acto o p= ostura procesal que contiene una declaración de voluntad de poner fin a un proceso penal ya iniciado. (STS, Sala de lo Penal, de 8 de marzo de 1995).<= o:p>

        &= nbsp;   La conformidad encierra un “allanamiento” de la defensa a la pretensión penal entendida como petición de pena y no como he= cho punible (STS, Sala de lo Penal, de 7 de febrero de 1994).=

        &= nbsp;   Si bien es paralela o similar, no es igual a la figura del allanamiento en el proceso civil “ya que la relación de la litis es éste se ciñe a las cuestiones individualizadas entre las partes que no pueden coartar la libre voluntad del demandado de, por acto propio, someterse a = las pretensiones contrarias, relación que no surge cuando un ciudadano es acusado de la comisión de un delito que, si bien puede aceptar lo solicitado por la acusación, lo que no puede es provocar con su acti= tud una terminación anticipada y anormal del procedimiento, pues indefectible y necesariamente ha de dictarse la correspondiente sentencia” (STS 2144/1993, Sala de lo Penal, de 11 de marzo de 1993).

b) Es un acto procesal unilateral, sin intervención de las demás partes (STS, Sala de lo Penal, de 7 de mayo de 1992). Es decir, corresponde única y exclusivamente a la defensa.

        &= nbsp;   No se trata de un negocio jurídico- procesal, de una especie de transacció= ;n penal, denominada en E. E. U. U. “plea bargaining”, pues en nuestro ordenamiento jurídi= co el principio de legalidad (garantía consagrada por los artículo 9.3 y 25 C= E), no autoriza al Ministerio Fiscal a transigir sobre el derecho a penar del Estado. (STS, Sala de lo Penal, de 7 de mayo de 1992).

        &= nbsp;   Interesante es la STS, Sala de lo Penal d= e 8 de marzo de 1995, que alude a la imposibilidad del acusado conformado con la pretensión penal solicitada de alegar vulneración de la presunción de inocencia. Así,= la referida sentencia establece que &#= 8220;la conformidad del acusado supone que el hecho sea “aceptado” como existente y no implica que se trate de una actividad probatoria, como sería el interrogatorio del acusado. Con independencia de que tal “aceptación” no se corresponda siempre y en todo caso a la verdad histórica, lo cier= to es que supone una declaración de voluntad que en primer y decisivo término obtura “ea ipsa” la posibilidad de que la acusación produzca pru= eba de signo incriminatorio o de cargo, y por ello produce en la instancia una preclusión para el acusado de p= oder alegar en otro grado jurisdic= cional la ausencia de aquélla, que es en definitiva el sustrato esencial so= bre el que descansa, como reaccional que es, el derecho fundamental a la presunción de inocencia”.

c) La institución de la conformidad se basa en razones utilitarias o de economía proc= esal evitando la realización del juicio oral y, por consiguiente, la práctica de las pruebas encaminadas a demostrar la realización del hecho imputado.

5.5.2.- Competencia:

        &= nbsp;   Una de las novedades más destacables de este instrumento de conformidad benefic= iada se refiere al órgano que tiene atribuida la competencia para dictar sentencia. En este sentido, el art. 801 LECrim prevé que sea el Juez= de Guardia el que dicte la sentencia si el acusado presta su conformidad ante = él y se cumplen los requisitos que analizaré más adelante.<= /o:p>

        &= nbsp;   Lo primero que llama la atención, es la atribución al órg= ano de instrucción, en funciones de Guardia, de las facultades decisoria= s, con la consiguiente posible parcialidad del mismo, al estar “contaminado” por la f= ase de investigación, quebrándose, de esta manera, el principio de q= ue “quien instruye no falla”.

        &= nbsp;   No obstante, esta primera y rápida apreciación, requiere de una profunda corrección, pues, como se verá, no se produce quebranto alguno al principio de que recaiga sobre órganos distintos la instrucción y el enjuiciamiento.

        &= nbsp;   La necesidad de atribuir la fase de instrucción y la del juicio oral a = dos distintos órganos jurisdiccionales conforma hoy, frente al proceso p= enal inquisitivo del antiguo régimen, la primera nota que ha de concurrir= en un proceso penal acusatorio, pues debido a la circunstancia de que la activ= idad instructora puede comportar una labor esencialmente inquisitiva, a fin de prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por un órgano falto de imparcialidad, se hace necesario que aquella función sea encomendada a un órgano, al que se le ha de vedar expresamente la posibilidad de entender del juicio oral, cuyo conocimiento = ha de quedar reservado a otro órgano jurisdiccional que no haya efectua= do actividad inquisitiva alguna contra el imputado.

        &= nbsp;   Asimismo, y desde un punto de vista orgánico, el derecho a ser juzgado por un juez o “tribunal independiente e imparcial” (art. 14.1 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) constituye la principal exigencia del derecho al Juez Legal, que ha de pres= idir la constitución de los órganos jurisdiccionales penales, pues, si nuestra Constitución sanciona el derecho que a tod= os asiste al “Juez ordinario predeterminado por la Ley”, habida cuenta de= que la Constitución es la primera Ley que ha de ser acatada por los pode= res públicos (art. 91) y que nuestra Norma Fundamental, en sus arts. 24.= 2 y 117.1, eleva la independencia= judicial y, la “imparcialidad” a= nota consustancia de todo ó= rgano jurisdiccional, es evidente que la constitución de un órgano judicial, en e= l que pudiera presumirse su falta de imparcialidad, ha de conc= ulcar el derecho al Juez legal.

        &= nbsp;   Así lo ha confirmado, tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derecho Humanos (asunto Pie= rsack, S. de 1 de octubre de 1982, y de Cubre, S. de 26 de octubre de 1984), como = las del Tribunal Constitucional (SSTC 145/1988, de 12 de julio; 164/1988, de 26= de septiembre, y 11/1989, de 24 de enero), que han reputado como contrarios al derecho al Juez legal “imparcial” el que un mismo órgano, instructor y decidor, pueda i= mponer penas privativas de libertad.

        &= nbsp;   Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional matizó su jurisprudencia en el sentido de que la asunción= sucesiva de funciones instructoras y sentenciadoras no implica necesari= amente la pérdida de imparcialidad objetiva. (SSTC 106/1989, 151/1992, 170/1993, 142/1997 y 310/2000).

        &= nbsp;   Dicho esto, es preciso realizar dos observaciones. En primer lugar, que teniendo en cuenta que en este nuevo procedimiento gran part= e de las funciones instructoras se atribuyen a la Policía Judicial, consi= dero que el Juez Instructor no se encuentra afectado en su imparcialidad y objetividad necesarias para resolv= er. Y en segundo lugar, quizás más importante decir que cuando el Juez Instructor dicte sentencia de conformidad, verdaderamente no está ejer= ciendo la facultad enjuiciadora, sino que otorga valor decisorio a un acuerdo previo entre acusación y ac= usado, que si bien es excepcional en nuestro sistema procesal penal, encuentra su justificación en motivos utilitaristas y de economía procesal, tal y como se ha señalado anteriormente. Es más, la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2002, no deja lugar a dudas, al establecer que “Juez de Instrucción pueda, en determinados casos, dictar sentencia de conformidad, sin entrar a enjuiciar los hechos”, con= lo que, al no conocer del fondo del asunto, no ejerce una labor decisoria propiamente, s= in menoscabar, de este modo, el principio de que “quien instruye no puede fallar”.

5.5.3.-Requisitos:

        &= nbsp;   Del examen del art. 801 LECrim se pueden extraer los siguientes requisitos:

a) Que no se hubiera constituido acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertur= a del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hub= iera presentado en el acto escrito= de acusación.

        &= nbsp;   Del tenor literal del art. 801.1 LECrim, parece exigirse la ausencia de acusación particular, pero ello no es así, y además, no constituye una condició= ;n para aplicar la conformidad beneficiada. Así, lo pone de relieve el párrafo 4 del art. 801 LECrim, que señala que si hubiere acusador particular en la = causa el acusado podrá en su escrito de defensa, prestar su conformidad con la más g= rave de las acusaciones según lo previsto en los apartados anteriores. Por tanto, hay que entender, como lo hace la FGE, en su Circular 1/2003, que en este último supuesto también= se aplica el efecto reductor de la condena, si concurren el resto de= las condiciones legales previstas para ello.

        &= nbsp;   Pero no hay que olvidar que la conformidad premiada (29), puede ser operativa no solo en el ámbito de los “juicios rápidos”, sino que también en las dilige= ncias previas. Así, el art. 779.1.5ª LECrim dispone que “Si en cualquier momento anterior,&n= bsp; el imputado asistido de su abogado hubiera reconocido los hechos a presencia judicial, y estos fuer= an constitutivos de delito castigado con pena incluida d= entro de los límites previstos en el artículo 801, mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a fi= n de que manifiesten si formulan e= scrito de acusación con la conformidad del acusado. En caso afirmativo, incoará diligencias urgente= s y ordenará la continuación de las actuaciones por los trámites previstos en = los artículos 800 y 801”.

        &= nbsp;   Por lo tanto, conforme a este precepto, para la concurrencia de la conformidad beneficiada es precisa la observancia de los siguientes requisitos:

a)      Que se = hayan incoado unas Diligencias Previas, por lo que no cabe en los sumarios ordinarios, ni en la instrucción del Jurado, aunque, en la práctica, como la regla general es incoar diligencias previas y posteriormente transformarlas a sum= ario o a Jurado, mientras no se produjere la transformación podría darse la conformidad= .

b)      Que se produzca la conformidad duran= te la tramitación de las diligencias previas, antes de su conclusió= n y transformación en abre= viado, por eso, precisamente el precepto dice “en cualquier momento anterior”. Pero una vez, iniciada la fase intermedia mediante la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (art. 789.1.4ª LECrim), debe darse por precluída la posibilidad de aplicar el régimen espec= ial de conformidad, sin perjuicio de la posibilidad de que se produzca la conformidad ordinaria prevista en los artículos 7= 84.3 y 787 LECrim. La delimitación temporal de la conformidad especial reve= la que uno de los fundamentos del beneficio de la reducción de la pena radica precisamente en la temprana manifestación por el imputado de = su voluntad de conformarse y de = su disposición a simplificar el proceso; la conformidad producida fuera= de estos momentos procesales producirá los efectos prevenidos en el art. 787 LECrim, pero no se benefi= cia de la reducción de conden= a (30).

c)      Que el imputado asistido de su Abog= ado, haya reconocido los hechos a presencia judicial, requisito que no se exige = en los juicios rápidos.

d)      Que se cumplan los demás requ= isitos sustantivos del artícu= lo 801 LECrim.

b) Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de hasta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años.

        &= nbsp;   El límite establecido se refiere a la pena considerada en abstracto para el d= elito presuntamente cometido, ya que el art. 801.2ª LECrim, al precisar que = los hechos habrán de haber sido calificados como delito castigado con pe= nas de (…). Pero, cuando existan subtipos privilegiados en una misma figura penal, y la rebaj= a de la pena establecida en los mismos sea preceptiva, para no cercenar<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> las posibles sentencias de conform= idad ante el juez de Guardia, considero que debe atenderse a la pena rebajada, de manera preceptiva, si= la misma se encuadra dentro de los límites señalados en el art. 801.2&= ordf; LECrim.

c) Que tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada = o la suma de las penas solicitas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.

  &nb= sp;         En este caso, el legislador se refiere a la pena o penas, en concreto, frente = al supuesto anterior. El fundamento de este límite se encuentra en que es precisamente el requerido po= r el Código Penal, tanto para suspender la ejecución de las penas privativas de libertad (art. 80.1 CP) como para la sustitución de la pena privativa de libertad (art. 88.1 párrafo 2º CP).

        &= nbsp;   Por último, debe señalarse que además de los tres requisitos examinados,&nbs= p; conforme al artículo 801.2 LECrim “el Juzgado de Guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términ= os previstos en el artículo 787”. Así, debe controlarse que el sujeto que se conforma lo hace libremente, en pleno uso de sus facultades men= tales y= con conocimiento de sus consecuencias (art. 787.2 in fine LECrim).

        &= nbsp;   El legislador remarca la necesidad de voluntariedad de la conformidad como se pone de manifiesto&nbs= p; en el apartado 4 del a= rt. 784 LECrim, que prevé que se “podrá ordenar la continuación del juicio cuando, no obstante la conformidad= del acusado, su defensor lo consid= ere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición”= .

        &= nbsp;

        &= nbsp;   Así, los supuestos en que, a pesar de la conformidad prestada, el juez o tribunal puede ordenar la continuación del juicio oral son los siguientes:

-      =    Cuando considere que no concurren los requisitos de la conformidad beneficiada (art. 801.2 LECrim).

=

-      =    Cuando considere incorrecta la calificación formulada= o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente. (art. 787.3 LECrim).

-      =    Cuando no hubiere sido posible hacer constar la existencia del cuerpo del delito cuando, de haberse éste cometido, no pueda menos de existir aqu&eacu= te;l, aunque haya prestado su confo= rmidad el procesado o procesados y sus defensores (art. 699 LECrim).

=

  &nb= sp;         Si el Juez entendiere que es incorrecta la calificación efectuada= o que la pena no es procedente, dis= pone el art. 787.3 que requerirá a la parte acusadora a fin de que modifique su acto de acusación. Si no= lo hiciera o si el acusado no se manifestara conforme con esta segunda calificación, dispondrá la continuación del juicio. Lo mismo sucederá cuando tuviere dudas acerca de la voluntariedad de la conformidad o cuando el defe= nsor lo estimara necesario (art. 787.4 LECrim).

        &= nbsp;   Como se observa, es de vital importancia que no exista duda alguna de = que la conformidad se ha prestado libremente y con asunción de las consecuencias de la misma. Pues de no ser así, podría declararse, en segunda instancia, la nulidad de la sentencia y del juicio por haber prescindido total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento establecidas por la Ley (Art. 238 y 240.1 LOPJ) debiendo el juzgador convocar nuevo juicio y dictar nueva sentencia.

        &= nbsp;   Dictada la sentencia de conformidad, el juez de Guardia acordará lo prudente sobre la puesta en lib= ertad o el ingreso del condenado y realizará los requerimientos que de ell= a se deriven, remitiendo las actuaciones junto con la sentencia redactada al Juz= gado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.

        &= nbsp;   Las Sentencias de conformidad, co= mo se examinará en el epígrafe correspondiente, son recurribles por razones formal= es y por vicios de consentimiento (art. 787. 7 LECrim).

= 5.5.4.- Efectos:

= ;

        &= nbsp;   Los efectos principales de la sentencia de conformidad son los dos siguientes: uno, la imposición de la pena reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Código Penal. (Art. 8= 01.2 LECrim), y el otro, consiste en la posibilidad de suspensión o sustitución de la pena impuesta c= on el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles, y, e= n su caso, de aportar la certificación relativa a la deshabituación (art. 801.2 y 3 LECrim).

        &= nbsp;   Por lo que se refiere a la suspensión de la pena privativa de libertad, se establecen en el art. 801 LECrim, unos requisitos más flexibles para con= ceder la citada suspensión, que los previstos para el resto de procesos. <= o:p>

        &= nbsp;   Así, de la interpretación conjun= ta de los arts. 81 del CP y 801.3 LECrim se extrae que los requisitos para la suspensión de la pena privativa de libertad son los siguientes:=

a)      Que el condenado haya delinquido por primera vez.

b)      Que la = pena o penas impuestas o la suma de = las impuestas en una misma sentencia no sea superior a los dos años, y <= o:p>

c)      No que<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, como señala el = art. 81. 3 CP, sino que basta con el compromiso del acusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren origi= nado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.

        &= nbsp;   Por otra parte, aun cuando el suj= eto no haya delinquido por primera vez, el Juez de Guardia, con audiencia de las partes, podrá acordar la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, = de acuerdo con lo establecido en el art. 87&n= bsp; del CP, pero, exigiéndose en vez del certificado del centro o servicio público o privado que acredite la deshabituación o el sometimiento a tal fin, únicamente, como señala el art. 801.3 LECrim,   el compromiso d= el acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.=

        &= nbsp;   En cuanto a la sustitución de las penas privativas de libertad,   no se prevé ninguna especialidad en el art. 801 LECrim, por lo que me remito a lo dispuesto en = los arts. 88 y 89 del CP.

5.6.- ACTUACIONES ANTE EL J= UEZ DE LO PENAL: DESARROLLO DEL JUICIO ORAL Y SENTENCIA (ART. 802 LECRIM)

        &= nbsp;   La tramitación del juicio oral y la sentencia se regu= lan en el art. 802 LECrim que establece que: “1. El juicio oral se desarrollará en los términos previstos por los artícul= os 786 a 788. (Juicio oral en el procedimiento abreviado)

2. En el caso de que, por motivo justo, no pueda celebrarse el juicio oral en = el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto, el Juez señalará para su celebración o continuació= n el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los quin= ce siguientes, haciéndolo saber a los interesados.

3. La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a = la terminación de la vista, en los términos previstos por el artículo 789”.

        &= nbsp;   Así, poniendo en conexión este precepto con aquellos del procedimiento abrevia= do a que se remite, puede afirmarse que el juicio oral se desarrollará de= la siguiente forma:

a)      La c= elebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del abogado defensor. No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de e= llos deja de comparecer sin motivo legítimo, apreciado por el Juez o Tribunal, podrá éste acordar, oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes.

b)      El j= uicio oral comenzará con la lectura por el Secretario de los escritos de acusación y defensa.=

c)      Seguida= mente, a instancia de parte, el Juez o Tribunal abrirá un turno de intervenciones para que puedan las partes exponer lo que estimen oportuno acerca de la competencia del órgano judicial, vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión del juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto.

d)      El J= uez o Tribunal resolverá en el mismo acto lo procedente sobre las cuestiones planteadas. Frente a la decisión adoptada no cabr&aacu= te; recurso alguno, sin perjuicio de la pertinente protesta y de que la cuestión pueda ser reproducida, en su caso, en el recurso frente a la sentencia. Antes de iniciarse la práctica de la prueba, la defensa, = con la conformidad del acusado presente, podrá pedir al Juez o Tribunal = que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad, o con el que se presentara en ese acto, que no podrá referirse a hecho distinto, ni contener calificaci&oacu= te;n más grave que la del escrito de acusación anterior. Si la pen= a no excediere de seis años de prisión, el Juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa, = si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes

e)      Si a pa= rtir de la descripción de los hechos aceptada por todas las partes, el Ju= ez o Tribunal entendiere que la calificación aceptada es correcta y que la pena es procedente según dicha calificación, dictará sentencia de conformidad. El Juez o Tribunal habrá oído en todo caso al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada librement= e y con conocimiento de sus consecuencias.

f)       En caso= de que el Juez o Tribunal considerare incorrecta la calificación formul= ada o entendiere que la pena solicitada no procede legalmente, requerirá= a la parte que presentó el escrito de acusación más grave para que manifieste si se ratifica o no en él. Sólo cuando la parte requerida modificare su escrito de acusación en términos tales que la calificación sea correcta y la pena solicitada sea proc= edente y el acusado preste de nuevo su conformidad, podrá el Juez o Tribunal dictar sentencia de conformidad. En otro caso, ordenará la continuación del juicio.

g)      Una vez= que la defensa manifieste su conformidad, el Secretario informará al acu= sado de sus consecuencias y a continuación el Juez o Presidente del Tribu= nal le requerirá a fin de que manifieste si presta su conformidad. Cuand= o el Juez o Tribunal albergue dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio. =

h)      Tambi&e= acute;n podrá ordenar la continuación del juicio cuando, no obstante = la conformidad del acusado, su defensor lo considere necesario y el Juez o Tribunal estime fundada su petición.

i)        La sent= encia de conformidad se dictará oralmente y se documentará. Si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el Juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza = de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobr= e la suspensión o la sustitución de la pena impuesta. <= /span>

j)        Ú= ;nicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prest= ada.

k)      En caso de que exista conformidad, se procederá a la prá= ;ctica de las pruebas admitidas, terminada la cual, el Juez requerirá a la acusación y a la defensa para que manifiesten si ratifican o modifican las conclusi= ones de los escritos inicialmente presentados y para que expongan oralmente cuan= to estimen procedente sobre la valoración de la prueba practicada y la calificación jurídica de los hechos.

l)        Por aplicación del art. 739 = LECrim después de los informes de acusación y defensa, el juez concederá la última palabra al acus= ado.

m)    Del desarrollo del juicio oral se levantará acta que firmar&aacut= e;n el Juez o el Presidente y Magistrados, el Secretario, el Fiscal y los aboga= dos de la acusación y la defensa, reseñándose en la misma = el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas, pudiendo completarse o sustituirse= por cualquier medio de reproducción mecánica, oral o escrita, de = cuya autenticidad dará fe el Secretario.

n)      En el c= aso de que, por motivo justo, no pueda celebrarse el juicio oral en el día señalado o de que no pueda concluirse en un solo acto, el Juez señalará para su celebración o continuación el día más inmediato posible y, en todo caso, dentro de los quin= ce siguientes, haciéndolo saber a los interesados.

o)      La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la terminación de la vista. No obstante, se contempla la posibilidad de citar sentencia in voce en el acto del juicio, una vez que hayan concluido las intervenciones de las partes, = del Ministerio Fiscal y, en su caso, del acusado. Se documentará el fall= o y una sucinta motivación mediante la fe del Secretario o en Anexo al a= cta, sin perjuicio de la ulterior redacción de la misma.= Una vez dictado el fallo, si las partes manifestaren su intención de no recurrir se declarará la firmeza de la sentencia, pronunciándose el Juez sobre la posible suspensión o sustitución de la pena, tras oír a las partes. La sentencia deberá notificarse a l= os ofendidos y perjudicados por el delito, aunque no se hayan mostrado parte en la ca= usa.

6.- RECURS= OS CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA.

        &= nbsp;   En este epígrafe, únicamente, se analizarán los recursos contra la sentencia, no contra las resoluciones interlocutorias. Dicho esto,&= nbsp; debe señalarse = que a la cuestión de los recursos en este procedimiento especial se refiere el art. 803 LECrim, que con remisión prácticamente total a la regulación del recur= so de apelación contra las sentencias dictadas por el Ju= ez de lo Penal en el procedimiento abreviado, establece lo sigui= ente:

“1. Frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal podrá interponerse recurso de apelación, que se sustanciará conform= e a lo previsto en los artículos 790 a 792, con las siguientes especialidades:

1.      = El plazo para presentar el escrito de formalización será de cinco días.

2.      = El plazo de las demás partes para presentar escrito de alegaciones será de cinco días.

3.      = La sentencia habrá de dictarse dentro de los tres días siguiente= s a la celebración de la vista, o bien dentro de los cinco días siguientes a la recepción de las actuaciones, si no se celebrare vis= ta.

4.      = La tramitación y resolución de estos recursos de apelación tendrán carácter preferente.

2. Respecto de las sentencias dictadas en ausencia del acusado se estará= ; a lo dispuesto en el artículo 793.

3. Tan pronto como la sentencia sea firme se procederá a su ejecución, conforme a las reglas generales y a las especiales del artículo 794”.

  &nb= sp;         Como se puede observar contra las sentencias dictadas por los Juzgado= s de lo Penal en los denominados juicios rápidos, al igual que todas las dictadas por estos órganos jurisdiccionales, cabe recurso ordinario de apelación. (Art. 790.1 LECrim).

  &nb= sp;         En cuanto a las sentencias de conformidad dictadas por los = Jueces de Instrucción, tenien= do en cuenta el apdo. 7 del art. 78= 7, introducido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que dispone que “únicamente serán recurribles las sentencias de conformidad cuando no hayan respetado los requisitos o términos d= e la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo= su conformidad libremente prestada.”, considero que cabe el recurso de apelación también contra las sentenci= as de conformidad dictadas por el Juez de Instrucción ( art. 801 LECrim). =

  &nb= sp;         Sin embargo, el recurso de apelación contra las sentencias de conformidad, tanto las dictadas= por el Juez de Guardia como por el Juez de lo Penal, se encuentra limitado únicamente a aq= uellos casos en que no se hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad.

  &nb= sp;         En lo atinente a la tramitaci&oacut= e;n, resolución y plazos en el recurso de apelación, pocas son las modificaciones introducidas por la Ley 38 / = 2002, respecto al recurso de apelación del proceso penal abreviado. Entre las peculiaridades se destacan las siguientes:

&Oslas= h;      = El plazo para presentar escrito de formalización, se reduce de diez a cinco días.

&Oslas= h;      = El plazo de las demás partes= para presentar escrito de alegaciones se reduce igualmente a cinco días.

&Oslas= h;      = Y el plazo para dictar sentencia por parte de la Audiencia Provincial se reduce también a tres días desde la celebración de la vista o cinco días desde la recepción de los autos si no hay vista.

&Oslas= h;      = Se atribuye un carácter prefer= ente para la tramitación y la resolución de estos recursos.

&nbs= p;          Respecto a las sentencias dictadas en ausencia del acusado en cualquier momento en q= ue comparezca o sea encontrado el condenado, le será notificada la sentencia a efectos de cumplimiento de la pena aun no prescrita. Al notificársele la sentencia se le hará saber su derecho a inte= rponer recurso, con indicación del plazo para ello y del órgano competente. La sentencia dictada en ausencia, haya sido o no apelada, es susceptible de ser recurrida en anulación por el condenado, en el mi= smo plazo y con iguales requisitos y efectos que los establecidos en el recurso= de apelación.= El plazo se contará desde el momento en que se acredite que el condenado tuvo conocimiento de la sentencia.

&nbs= p;          Lo anterior, pone de manifiesto = que el recurso de apelació= n, evidentemente, no es el único recurso que cabe, sino que además del posible recurso = de amparo, siempre y cuando se haya producido= en alguna o en ambas instancias la violación de algún derecho fundamental y se hay= an observado lo requisitos del art. 44 de la LOTC; caben otros medios de rescisión de las sentencias, como se establece en el artículo 792.3 de la LECrim: la anulación de las sentencias dictadas en ausenci= a del acusado, tal y como se ha señalado anteriormente, y la revisión de sentencias firmes.

&nbs= p;          En cuanto a la anulación de las sentencias dictadas en ausencia del acusado, hay que tener en cuenta que el propio art. 793.1 LECrim se remite = al párrafo segundo del apdo. 1 del art. 786 LECrim, que dispone que la ausencia injustificada del acus= ado que hubiera sido citado personalmente o en domicilio o en la persona a que = se refiere el artículo 775, no ser á causa de suspensión = del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de = dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta natural= eza, cuando su duración no = exceda de seis años.

            Respecto de la revisión de sent= encias firmes, es cierto que en el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determina= dos delitos, no se hace referencia a la posibilidad de recurrir en revisión las sentencias firmes. Pero, teniendo en cuenta que el art. 795.4 contempla como derecho supletorio de primer grado las normas del procedimiento abreviado y en defecto de éste, las del procedimiento ordinario, y lo dispuesto en el art. 792.3, q= ue señala que contra las sentencias dictadas en apelación no cabe recurso alguno, sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisi&oacut= e;n de sentencias firmes;   considero que es posible la revisión de l= as sentencias firmes dictadas en el procedimiento rápido por delitos, siguiéndose, a tal efecto, las reglas contenidas en los arts. 954 a = 961 de la LECrim.

IGNACIO COSSÍO ARRIBAS

MASTER EN PRÁCTICA JURÍDICA

(Centro de Formación de Abogados de Madrid, Cefama).

JUEZ SUSTITUTO

NOTAS

(1) Dice la Exposición de Motivos de la Ley 38/2002 que: “…..se crea un proceso especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos…”.

(2) Circular 1/2003 de la FGE, pág. 24: “El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos se ha configurado en la LECrim de u modo distinto a los derogados juicios ráp= idos. No se trata, como aquellos de una mera especialidad del procedimiento abreviado, tendente a acelerarlo. Estamos ante un verdadero proceso especial….”.

(3) Artículo 795.1 LECrim: “Sin perjuicio de lo estable= cido para los demás procesos especiales…”.<= /p>
(4) ART. 795 LECrim : "1. Sin perjuicio de lo establecido para l= os demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamient= o de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conju= ntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualqui= era que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud = de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que,= aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:=

1.      = Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se aca= bare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que f= uere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrument= os o vestigios que permitan presumir su participación en él.<= /o:p>

2.      = Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

1.      = Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia físi= ca o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

2.      = Delitos de hurto.

3.      = Delitos de robo.

4.      = Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

5.      = Delitos contra la seguridad del tráfico.=

6.      = Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.

7.      = Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.

8.      = Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industr= ial previstos en los artículos 270,&nbs= p; 273, 274 y 275 del Código Penal.

3.      = Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

2. El procedimiento regulad= o en este Título no será de aplicación a la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro o otros delitos no comprendidos en el apartado anterior”.

3. No se aplicará es= te procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de= las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302.=

4. En todo lo no previsto expresamente en el presente Título se aplicarán supletoriamen= te las normas del Título II de este mismo Libro, relativas al procedimi= ento abreviado.

(5) El artículo 14. 3 LECRim, atribuye a= los Juzgados de lo Penal el conocimiento y fallo de las c= ausas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años o = pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza, bien sean única= s, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez años.

(6) Criterio adoptado por Acue= rdo de la Junta General del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 1992 y en sentencias posteriores de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ad exemplum= , la STS 1044/1997, de 10 de julio que señala que: “Es= ta Sala ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de la pena abstrac= ta fijada por el tipo, y no a la que resulte del juego de las reglas de aplicación de la pena, sea por el grado de perfeccionamiento, sea po= r el grado de participación atribuible, sea por la naturaleza o nú= mero de las circunstancias concurrentes (Cfr. sentencias 10 de noviembre de 1992= , 4 de mayo de 1993, 25 de octubre de 1993, 8 de febrero de 1995, 19 de febrero= de 1996, 19 de septiembre de 1996, entre otras muchas). Solución que, de acuerdo con las numerosas sentencias mencionadas, otorga un mayor grado de seguridad y un mejor cumplimiento del principio del Juez predeterminado por= la Ley, principios constitucionales que esta Sala ha de respetar y potenciar e= n su función unificadora del ordenamiento jurídico, opción = que se estima más correcta en cuanto la competencia vendrá fijada "ab initio", y, por consiguiente, se eliminarían posibles maniobras fraudulentas, encaminadas a forzar la repetición de la vis= ta oral ante otro órgano jurisdiccional distinto, lo que se produciría, lamentablemente, con frecuencia si se deja en manos de l= as partes acusadoras tan amplio margen de discrecionalidad.

Y esta doctrina de la Sala en modo alguna queda desvirtuada por la nueva redacción del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi= nal. Tanto en la redacción precedente como en la vigente del citado prece= pto, el punto de referencia sigue siendo el delito cometido, es decir, hay que atender a la pena señalada al delito para decidir si se trata de un delito grave o menos grave y tras la reforma la competencia de la Audiencia Provincial o del Juzgado de lo Penal se determina en función de si el delito está castigado en la correspondiente figura delictiva con pen= a superior o no a tres años de prisión”.

(7) Por ejemplo, en el subtipo privilegio de detención ilegal del nº2 del artículo 163 C= P, en el que se impondrá la pena inferior en grado a la pena base del art. 163.1 (pena de prisión de 4 a 6 años).

(8) Tratado de Derecho Procesal Penal, IVADP, 2= 002, p.66

(9) GIMENO SENDRA: Filosofía y principio= s de los “juicios rápidos”, en la LEY, nº 5667 de 2002. = “No se le ocultó a la Comisión Especial de Codificación otra solución, que me permití proponer en un texto articulado y que podría haber consistido en otorgar al Ministerio Fiscal esta preinstrucción,, en cuyo caso el juicio oral podrí= ;a haberse realizado ante el propio Juez de Guardia durante el plazo de las setenta y dos horas de la detención judicial, tal y como acontece en Francia, mediante la modalidad de procedimiento “por comparecencia inmediata”. Pero el esc= aso número de fiscales, todavía existente e España, su concentración ( excepción hecha de allí donde haya “ destacamentos̶= 1;) en las capitales de Provincia, su falta de inmediación y de dirección efectiva de la Polic&iacu= te;a Judicial y la inexistencia, dada la parquedad de la redacción del artículo 773.2, de una auténtica “investigación preliminar” por parte del Ministerio Público desaconsejan esta solución, que podr&iacut= e;a, en un futuro retomarse, si se levantan todos los obstáculos orgánicos y procesales”.

(10) AGUIRRE SEOANE, J: “La reforma del Procedimiento Abreviado y el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas”. Diario La Ley, 2003, pp. 1 y ss.

(11) Numerosas sentencias del Tribunal Supremo, = por ejemplo, SSTS de 9 de marzo de 1990, de 11 de diciembre de 1992, de 28 de abril de 1994, de 1 de abril de 1999, de 19 de mayo de 1999, de 14 de junio= de 1999, de 7 de marzo de 2000, de 9 de junio de 2000, de 18 = de septiembre de 2000, de 14 de julio de 2001, de 19 de septiembre de 2001 y de 15 de novi= embre de 2002.

(12) Circular 1/2003, pp. 36 – 37.

(13) Circular 1/2003., p. 38.<= /p>

(14) Veáse p. 38.

(15) ART. 109: En el acto de rec= ibirse declaración al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, se= le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proce= so y renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punib= le.

Si no tuviese capacidad legal, se practicará igual diligencia con su representante= .

Fuera de los casos previstos en los dos párraf= os anteriores, no se hará a los interesados en las acciones civiles o penales notificación alguna que prolongue o detenga el curso de la causa, lo cual no obsta para que el Juez procure instruir de aquel derecho = al ofendido ausente.

En cualquier = caso en los procesos que se sigan por delitos comprendidos en el artículo 57 del Código P= enal el Juez asegurará la comunicación a la víct= ima de los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.

ART 110: Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan o solamente unas u otras, según les conviniere, sin que por ello se retroceda en el curso de las actuaciones.

Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, sie= ndo menester que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera expresa y terminante.

Cuando el del= ito o falta cometida tenga por finalidad impedir u obstaculizar a los miembros de= las corporaciones locales el ejercicio de sus funciones públicas, podrá también personarse en la causa la Administración local en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho punible.

(16) Ello se debe a que el art. 797.1.3ª dispone que “ante la falta de comparecencia del imputado a la citación policial ante= el Juzgado de Guardia podrá éste aplicar lo establecido en el ar= t. 487”.

(17) Como dice textualmente el art. 797 LECrim:&= #8221; Sin perjuicio de las demás funciones que tiene encomendadas, practicará, cuando resulten pertinentes, las siguientes diligencias,= en el orden que considere más conveniente o aconsejen las circunstancia= s, con la participación activa del Ministerio Fiscal”.

(18) Artículo 786 LECrim: “ La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775 no ser&aa= cute; causa de suspensión del juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicit= ud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y oída la defensa, es= tima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, = si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años”.

(19)Art. 730 LECrim: = “Podrán también leerse a instancia de cualquiera de = las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducida= s en el juicio oral.”.

(20) Circular 1/2003 FGE p. 55.

(21) ART. 800= : Cuando el Juez de guardia hubiere acordado continuar este procedimiento, en el mismo acto oirá al Ministerio Fiscal y a las pa= rtes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio o= ral o el sobreseimiento y para que, en su caso, soliciten o se ratifiquen en lo solicitado respecto de la adopción de medidas cautelares. En todo ca= so, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitare= n el sobreseimiento, el Juez procederá conforme a lo previsto en el artículo 782. Cuando el Ministerio Fiscal o la acusación particular soliciten la apertura del juicio oral, el Juez de guardia procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 783, resolviendo mediante auto lo que proceda. Cuando se acuerde la apertura del juicio oral, dictará en forma oral auto motivado, que deber&aacu= te; documentarse y no será susceptible de recurso alguno.

2. Abierto el juicio oral, si no se hubiere constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal presentará de inmediato su escrito de acusación, o formulará ésta oralmente. El acusado, a la vista de la acusación formulada, podrá en el mismo acto prest= ar su conformidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente. = En otro caso, presentará inmediatamente su escrito de defensa o formulará ésta oralmente, procediendo entonces el Juez de gua= rdia sin más trámites a la citación de las partes para la celebración del juicio oral.

Si el acusado solicitara la concesión de un plazo para la presentación de escrito de defensa, el Juez fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes, atendidas las circunstancias del hecho imputado y los restantes datos que se hayan puesto de manifiesto en la investigación, procediendo en el acto a la citación de las pa= rtes para la celebración del juicio oral y al emplazamiento del acusado y= , en su caso, del responsable civil para que presenten sus escritos ante el órgano competente para el enjuiciamiento.

3. El Juez de guardia hará el señalamiento para la celebración del juicio oral en la fecha más próxima posible y, en cualquier c= aso, dentro de los quince días siguientes, en los días y horas predeterminados a tal fin en los órganos judiciales enjuiciadores. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para la ordenación, coordinadamente con el Min= isterio Fiscal, de los señalamientos de juicios orales que realicen los Juzg= ados de guardia ante los Juzgados de lo Penal.

Tambié= n se acordará la práctica de las citaciones propuestas por el Ministerio Fiscal, llevándose a cabo en el acto las que sean posible= s, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el órgano enjuiciador.

4. Si se hubi= ere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura = del juicio oral y así lo hubiere acordado el Juez de guardia, éste emplazará en el acto a aquélla y al Ministerio Fiscal para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no superior a dos días. Presentados dichos escritos ante el mismo Juzgado, procederá éste de inmediato conforme a lo dispuesto en el apartado 2.

5. Si el Mini= sterio Fiscal no presentare su escrito de acusación en el momento estableci= do en el apartado 2 o en el plazo establecido en el apartado 4, respectivament= e, el Juez, sin perjuicio de emplazar en todo caso a los directamente ofendido= s y perjudicados conocidos, en los términos previstos en el apartado 2 d= el artículo 782, requerirá inmediatamente al superior jerárquico del Fiscal para que, en el plazo de dos días, pres= ente el escrito que proceda. Si el superior jerárquico tampoco presentare dicho escrito en plazo, se entenderá que no pide la apertura de juic= io oral y que considera procedente el sobreseimiento libre.<= /i>

6. Una vez re= cibido el escrito de defensa o precluido el plazo para su presentación, el órgano enjuiciador procederá conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 785, salvo en lo previsto para el señalamiento y las citaciones que ya se hubieran practicado.

7. En todo ca= so, las partes podrán solicitar al Juzgado de guardia, que así lo acordará, la citación de testigos o peritos que tengan la intención de proponer para el acto del juicio, sin perjuicio de la decisión que sobre la admisión de pruebas adopte el ór= gano enjuiciador.

(22) Los supuestos de exención de la responsabilidad criminal contenidos en los números 1= , 2, 3, 5 y 6 del art. 20 del Código Penal que se refieren a: aquel que <= /span>= El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, dro= gas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión= ; el que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad; = el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un b= ien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran = los requisitos de proporcionalida= d del daño, no haber causado intencionadamente la situación de necesidad y que no exista obligación de sacrificio en el sujeto por razón de su cargo u oficio; y por úl= timo, el que obre impulsado por miedo insuperable.

(23) La FGE en su Circular 1/2003, p.58, sostiene que en los casos en que la acusación se formule oralmente, resulta indispensable no olvidar su genuino significado jurídico- procesal, es decir, esta acusación habrá de contener las exigencias que, con car&aacut= e;cter general, imponen los artículos 650 y 781 LECrim.

(24) AGUIRRE SEOANE: “La reforma del Procedimiento Abreviado y el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados del= itos y faltas”, Diario La Ley, 2003, pp. 1 y ss.

(25) ART. 801 LECRIM<= /i>: 1. Sin perjuicio de la aplicación en este procedimiento = del artículo 787, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictar éste sentencia de conformidad, cuando concurran los siguientes requisitos:

a)&n= bsp;       = Que no se hubiera constitui= do acusación particular y el Ministerio Fiscal hubiera solicitado la apertura del juicio oral y, así acordada por el juez de guardia, aquél hubiera presentado en el acto escrito de acusación.

b)&n= bsp;       = Que los hechos objeto de acusación hayan sido calificados como delito castigado con pena de h= asta tres años de prisión, con pena de multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración = no exceda de 10 años.

c)&n= bsp;       = Que, tratándose de p= ena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitada= s no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión.<= /o:p>

2. Dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el juzgado de guardia realizará el control de la conformidad prestada en los términ= os previstos en el artículo 787 y, en su caso, dictará oralmente sentencia de conformidad que se documentará con arreglo a lo previst= o en el apartado 2 del artículo 789, en la que impondrá la pena solicitada reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo previsto en el Códi= go Penal. Si el fiscal y las partes personadas expresasen su decisión d= e no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza = de la sentencia y, si la pena impuesta fuera privativa de libertad, resolverá lo procedente sobre su suspensión o sustituci&oacut= e;n.

3. Para acord= ar, en su caso, la suspensión de la pena privativa de libertad bastar&aacut= e;, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 81.3 del Código Penal con el compromiso del a= cusado de satisfacer las responsabilidades civiles que se hubieren originado en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije. Asimismo, en los casos en = que de conformidad con el artículo 87.1.1 del Código Penal sea ne= cesaria una certificación suficiente por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado de que el acusado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin, bastará para ace= ptar la conformidad y acordar la suspensión de la pena privativa de liber= tad el compromiso del acusado de obtener dicha certificación en el plazo prudencial que el juzgado de guardia fije.

4. Dictada sentencia de conformidad y practicadas las actuaciones a que se refiere el apartado 2, el juez de guardia acordará lo procedente sobre la puest= a en libertad o el ingreso en prisión del condenado y realizará los requerimientos que de ella se deriven, remitiendo seguidamente las actuacio= nes junto con la sentencia redactada al Juzgado de lo Penal que corresponda, que continuará su ejecución.

5. Si hubiere acusador particular en la causa, el acusado podrá, en su escrito de defensa, prestar su conformidad con la más grave de las acusaciones según lo previsto en los apartados anteriores.=

(26) El artículo 801. 1 LECrim establece que se puede acudir a = esta conformidad “sin perjuicio de la aplicación en este procedimie= nto del artículo 787”.(que se refiere a la conformidad en el Procedimiento Abreviado).

(27) La FGE en su Circular 1/2003 califica la conformidad ante el Juez= de Guardia como un tipo de conformidad beneficiada. Vid. P. 70.

(28) GIMENO SENDRA y otros: “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, Editorial Colex, 2ª Edición, p. = 345.

(29) GIMENO SENDRA y otros: “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, Editorial Colex, 2ª Edición, p. = 568.

(30) FGE, Circular 1/2003. p. 72.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.<= /span>

AGUIRRE SEOANE, J: “La reforma del Procedimiento Abreviado y el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas̶= 1;. Diario La Ley, 2003.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Circular 2/1995, = de 22 de noviembre;   Circul= ar 1/2003, de 7 de abril; Consul= ta 2/2003 de 18 de diciembre e I= nstrucción 8/2004, de 29 de noviembre. Fuente: http://www.fiscal.es.

GIMENO SENDRA, V.: “Filosofía y principios de los “Juicios Rápidos”. Diario La = Ley, nº 5667, 2 de diciembre de 2002.

GIMENO SENDRA, V. y otros: “Lecciones de Derecho Procesal Penal”. Edito= rial Colex, 2ª Edición, 2003.

LORCA NAVARRETE, A. M.: “Tratado de Derecho Procesal Penal”. IVADP, 2002.

Sentencias del Tribunal Constitucional: http://www.tribunalconstit= ucional.es.

Sentencias del Tribunal Supremo: http://www.poderjudicial.e= s. = http://www.euder.com.