LOS PROCEDIMIENTOS AUTONOMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y EL DERECHO = DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

LOS PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS DE SOLUCIÓN= DE CONFLICTOS Y EL DERECHO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EN ESPECIAL, LA CONCILIACION COMO= TRAMITE PREVIO AL PROCESO.

Mª José Rodríguez Crespo.

Prfª. Asociada T= C del Departamento de Derecho del Trabajo

y Seguridad Social de= la Universidad de Córdoba=

La Constitución no consagra un modelo único y cerrado de solución de las controversias jurídicas, ni prescribe la necesidad de que deba accederse directamente a la jurisdicción a la = hora de intentar solucionarlas[1]. = La autonomía colectiva, ejercitando su derecho de negociación colectiva, puede establecer y desarrollar medios de solución de los conflictos laborales alternativos a la jurisdicción laboral. El TCO = ha considerado acertada que el intento de solucionar las controversias que pue= dan surgir en el ámbito laboral se realice por medios extrajudiciales, propios de la autonomía colectiva, ya que ésta conoce de prim= era mano las características y necesidades del medio en el que se desenvuelven[2]<= ![endif]>. Sin embargo dicha posibilidad, lejos de ser entendida de forma ilimitada, h= a de ponerse en relación con el contenido esencial de determinados derech= os constitucionales que como el de autonomía colectiva, también = son dignos de protección por parte del ordenamiento jurídico constitucional, como es el caso del derecho de tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE[3]<= ![endif]>. La contradicción entre ambos derechos se produce cuando los agentes sociales, en uso del derecho que el ordenamiento constitucional les ha conferido respecto de la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales[4]<= ![endif]>, como puede ser el de acceso al proceso, llevan a cabo la negociación= e institución de medios autónomos de solución de conflic= tos, que se configuran como previos a la vía jurisdiccional e incluso alternativos a ella. En virtud de esta confrontación, la configuración por los sujetos colectivos de medios autónomos = de solución de conflictos laborales estará determinada por los límites que le marque el contenido esencial del art. 24.1 CE, por lo= que se nos antoja fundamental determinar en qué supuestos es líci= to que el derecho de autonomía colectiva prevalezca sobre el derecho de= los sujetos colectivos e individuales de acceder al proceso cuando así lo decidan.

El art. 24.1 CE favorece el acceso de los ciudadanos a la justicia, lo que exi= ge la ausencia de condicionamientos previos que dificulten o entorpezcan la posibilidad de actuar por vía jurisdiccional[5]. = Las dudas sobre la posible lesión del derecho de acceso a los Tribunales= se ven agravadas por la fijación, sea por Ley o por acuerdo colectivo, = de la obligatoriedad en su uso, = al introducirse un elemento que retrasa, en el caso de la mediación y la conciliación, o incluso imposibilita, en el caso del arbitraje, la utilización de la vía jurisdiccional para solucionar los intereses de las partes en conflicto. Dado que el derecho a la tutela judic= ial efectiva se configura como un derecho a escoger cualquiera de las ví= as a través de las cuales se articulan acciones diferentes cuando el ciudadano disponga de varias[6], podría entenderse vulnerado cuando se obliga a éste a utilizar una determinada, como puede ser la vía extrajudicial.

Con el fin de evitar las posibles perturbaciones que el establecimiento de medi= os autónomos de solución de conflictos pueden producir en el der= echo del art. 24 CE, el TCO ha establecido un sistema de garantías que de= ben tenerse en cuenta a la hora de fijar aquéllos, y aunque solamente se= ha referido a ellas cuando los obstáculos de acceso al proceso son introducidos por el legislador, entendemos que también haya que hace= rlas extensivas a aquellos supuestos en los que la regulación obstaculiza= dora se lleva a cabo por la autonomía colectiva, dado que en ambos casos = se están introduciendo limitaciones al ejercicio del mismo derecho, independientemen= te de cual sea la fuente de la que provengan los condicionantes= = [7].<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>

La doctrina del TCO mantiene la posibilidad de introducir tanto condiciones impeditivas u obstaculizadoras del acceso a la jurisdicción= = [8], = como meramente limitativas o disuasorias, siempre que en la regulación de= los mismos se tengan en cuenta una serie de garantías que no pueden ser vulneradas= [9]. = En primer lugar, los obstáculos han de obedecer a razonables finalidade= s de protección de bienes o intereses constitucionalmente protegidos= [10].= En segundo lugar, se ha de respetar el contenido esencial del derecho= [11].= Y, por último, el obstáculo no debe acarrear la pérdida d= el derecho cuya tutela se pretende o de su defensa posterior, ni ha de suponer= una indebida o irrazonable dilación de la posibilidad de instar y obtener una resolución judicial sobre la pretensión correspondiente= [12]. Teniendo en cuenta esta doctrina, solamente los medios autónomos de solución de conflictos, ya sean legales o convencionales, y ya se configuren como previos al pr= oceso o como alternativos y excluyentes del mismo, cuya regulación se mueva dentro de estas limitaciones o garantías podrán entenderse co= mo no vulneradores del derecho de acceso a la jurisdicción social.=

Siguiendo esta línea de permisibilidad respecto del establecimiento de estos medios autónomo= s de solución, el TCO ha declarado que el derecho de tutela judicial efec= tiva puede someterse a condiciones previas a su ejercicio que impliquen la búsqueda de una solución extrajudicial de la controversia, incluso con procedimientos dirigidos por órganos administrativos, pe= ro siempre que el recurso al proceso quede accesible tras el fracaso de las vías extraprocesales previas, que como vimos era una de las garantías que han de salvaguardarse siempre = [13].= La regulación por parte de la LPL de la obligación de acudir a reclamaciones o conciliaciones administrativas previas, según los ca= sos, antes de acudir a la vía judicial, ha sido favorablemente acogida po= r la doctrina constitucional debido al hecho de que en ambos supuestos siempre q= ueda abierta una vía que permite a las partes iniciar un proceso judicial cuando no se llegue a una avenencia. Ello resulta factible por el hecho de = que, aún cuando exista la obligación de acudir al trámite previo establecido por las leyes, no existe la de llegar a un acuerdo, de m= odo que si las partes que acuden al procedimiento extrajudicial consideran que = la propuesta de acuerdo no satisface sus intereses tienen todo el derecho a rechazarla, pudiendo acudir a la jurisdicción social en demanda de o= tra.= [14]<= o:p>

La vulneración que el establecimiento de procedimientos preparatorios y previos al proceso podía suponer respecto del derecho de tutela judi= cial efectiva fue prontamente descartada por el TCO, que en sentencia 1/83, de 1= 3 de enero, confirmó la aplicación del art. 24.1 CE a todos los órdenes jurisdiccionales, y desde luego, al laboral, ya dichos procedimientos, incluso los de carácter obligatorio, se insertan en = el conjunto de actos precisos para la tutela de los derechos e intereses legítimos. Excepto en alguna sentencia aislada= [15] = en la que el TCO entendió que la conciliación previa no era instancia procesal y por ello su falta no provocaba la indefensión d= el interesado, en general ha venido manteniendo que el establecimiento tanto de conciliaciones como reclamaciones administrativas previas al proceso no constituyen vulneración del derecho de acceso al proceso, con lo que= es totalmente lícito que la LPL establezca la obligatoriedad de acudir a estos procedimientos como medio de intentar solucionar las controversias al margen del ámbito jurisdiccional [16].= En el caso de las conciliaciones administrativas previas no puede aceptarse po= r el TCO “que el hecho de que exis= ta una preceptiva conciliación administrativa previa a la fase judicial (..= .) implique vulneración alguna de la tutela judicial efectiva. Tal conciliación no puede entenderse como una especie de “trampa procesal”, que les impide, de hecho, satisfacer sus pretensiones&= #8221;= [17],= no entrando sin embargo en pormenores acerca de la constitucionalidad de dicho trámite previo. En cambio, al referirse a los supuestos en los que la LPL exige que el acceso al proceso esté previamente condicionado a la realización por las partes en conflicto de una reclamación administrativa previa[18] = las dudas sobre la posible vulneración del art. 24.1 CE se solventan teniendo presente que la Constitución encomienda a la Administración Pública un conjunto de tareas y funciones de t= al entidad que requieren una especial regulación= [19].= La compatibilidad con el art. 24.1 CE en este caso, se justifica, tanto porque= en ningún caso se excluye el conocimiento jurisdiccional de la controversia, sino que meramente se aplaza la intervención de los órganos jurisdiccionales[20], como porque su finalidad es poner en conocimiento del órgano administrativo el contenido y el fundamento de la pretensión formula= da y darle ocasión de resolver directamente el litigio, evitando as&iacut= e; la necesidad de acudir a la jurisdicción[21].=

Como podemos observar, los pronunciamientos del Alto tribunal se han movido más en el plano procesal, respecto de supuestos en los que no se llevó a cabo la preceptiva reclamación o conciliación administrativa, que en el plano de considerar a la conciliación como= un medio autónomo de solución de conflictos, no habiéndose referido a la constitucionalidad de las conciliaciones convencionales establecidas en acuerdos colectivos, ni siquiera al hilo de las consideraci= ones que ha hecho respecto de la no vulneración del art. 24.1 CE cuando la conciliación se realiza ante un órgano administrativo. Ello p= one de manifiesto las limitaciones que en este tema presenta la doctrina del TC= O= [22], pues deja fuera las conciliaciones cuando se configuran como medios autónomos de solución de origen convencional, lo que no deja = de poner de manifiesto el escaso interés que en el ámbito judici= al tiene la autonomía colectiva como medio de establecer mecanismos alternativos de solución de las controversias laborales.<= /span>

En todo caso, y como dijimos, cualquier regulación que la autonom&iacut= e;a colectiva efectúe sobre medios autónomos de solución de conflictos, y en concreto, sobre aquéllos que se configuren como recursos previos al proceso, como puede ser el caso del trámite ante= las Comisiones Paritarias tendrá un carácter limitativo= [23], debiendo cumplir las garantías, ya mencionadas, que el TCO estima imprescindibles para no entender vulnerado el derecho del art. 24.1 CE. Aún en el supuesto más controvertido de que se impusiera la necesidad de realizar el trámite previo, la finalidad razonable que permitiría imponerlo sería la de fomentar la solución autónoma de los conflictos como medio de contribuir al desarrollo de= la autonomía colectiva de los sujetos colectivos. De esta manera, se estaría contribuyendo a dar más protagonismo a las partes en = las búsqueda de soluciones consensuadas[24]. Ello tiene una especial relevancia en el ámbito de la aplicaci&oacut= e;n de los acuerdos y convenios colectivos, brindándoles a aquellos que = los han creado y a los que se les aplica, la posibilidad de resolver los proble= mas que derivan de ellos, con el consiguiente fomento de la autoadministración de lo negociado. En cuanto al contenido esencial = del derecho, esto es, la libertad de las partes de acceder al proceso si no se llega a un acuerdo, también se vería salvaguardada por cuanto= a lo que se les obliga es a acudir al trámite previo, pero no a acepta= r la solución planteada. Y por último, el acudir en conciliación tampoco acarrearía la pérdida del derecho cuya tutela se pretende, ya que en todo caso la conciliación s&oacut= e;lo retrasa su conocimiento por los Tribunales, en el caso de que las partes decidan utilizar la vía jurisdiccional ante el fracaso de aqué= ;lla= [25].=

No obstante la constitucionalidad de la conciliación como procedimiento previo de solución de conflictos laborales, hay que tener en cuenta = que la utilización de la misma, y de los medios autocompositivos en gene= ral, se encuentran con unos límites materiales infranqueables. Tal es el = caso de los conflictos en los que se entienda vulnerado un derecho fundamental. = En tales supuestos, el TCO ha mantenido la innecesariedad del acto de conciliación como presupuesto procesal de las demandas que versen so= bre el restablecimiento de dichos derechos, por un doble motivo: en primer luga= r, porque “la conciliación y los demás medios autocompositivos, desde siempre ha tenido como límite infranqueable,= la propia vigencia del principio dispositivo”, de manera que en aquellas contiendas en las que esté comprometido el interés u orden público, y dentro de él se encuentran las normas tuteladoras = de los derechos fundamentales, “las partes no son dueñas de poder disponer, a través de la conciliación, de los derechos o intereses en conflicto”. Y, en segundo lugar, porque ello es una exigencia derivada del art. 53.2 CE, “en virtud del cual los procesos ordinarios de amparo han estar presididos por los principios de preferencia= y sumariedad”, ya que en caso contrario se perpetuaría en el tie= mpo la lesión del derecho fundamental afectado[26].= A pesar de que el TCO sólo se refiere en esta sentencia, como hemos vi= sto que es la tónica general, a la ausencia de obligatoriedad del acto de conciliación celebrada ante un órgano administrativo (“= ante el IMAC o cualquier otra autoridad administrativa”), nada hay que pod= amos objetar al hecho de que tampoco puede exigirse la conciliación previa cuando el procedimiento sea fijado por la autonomía colectiva, ya qu= e el fin de que se excluyan de la obligatoriedad de realizar dicho requisito es = el hecho de garantizar la preferencia y sumariedad que deben presidir los proc= esos que versen sobre derechos fundamentales, lo cual debe garantizarse siempre,= sea cual sea el ámbito en el que se enmarque el procedimiento conciliado= r.

En la actualidad la utilización de procedimientos conciliadores institu= idos y regulados por la autonomía colectiva está produciendo importantes problemas de orden práctico debido a la falta de conexión que existe entre el ámbito procesal y extraprocesal = ante el olvido de los agentes negociadores de los acuerdos colectivos que los fi= jan de la circunstancia de que ambos ámbitos deben estar conectados. Se = ha de tener presente que el hecho de que los sujetos colectivos e individuales puedan hacer uso de los medios autónomos de solución que les brida la negociación colectiva, no significa que ellos sean la panac= ea que les permita llegar efectivamente a un acuerdo que ponga fin al conflict= o. En muchas ocasiones, los medios extrajudiciales son el primer paso, la prim= era toma de contacto entre los interesados en resolver el problema que les afec= ta, pero ni mucho menos la única solución. Ante esta circunstanci= a, la vía judicial se con= figura como la otra vía a utilizar para encontrar una solución, en el caso de que aquélla fracase. Por ello es necesario que los agentes sociales, a la hora de regular los procedimientos autónomos, regulen también las normas que van a permitir la conexión entre ambas, terminando así con problemas tales como la asimilación de la mediación a la conciliación a efectos de dar el mismo tratami= ento procesal a los acuerdos obtenidos en aquella, la regulación de plazo= s de caducidad y prescripción de las acciones acordes con las reguladas e= n la LPL= [27],= la obligatoriedad o no del trámite conciliatorio previo ante las Comisi= ones Paritarias y sus efectos en el plano procesal en relación con el art= . 64 LPL= [28], etc. Dichos problemas aún no han sido objeto de pronunciamiento por parte del TCO. Este tan sólo se ha centrado en la subsanabilidad del defecto de la reclamación y conciliación administrativas prev= ias.

&nb= sp; Como sabemos, al configurarse el requisito de la conciliación previa, sea ésta administrativa o convencional, como un requisito previo de obligado cumplimiento (art. 63 LP= L), su falta provoca la imposibilidad de acceder a la jurisdicción labor= al. No obstante, dicho defecto puede subsanarse, ya que al ser un requisito de acceso al proceso y no previo a la interposición de la demanda= [29],= el juez admitirá provisionalmente aquélla aunque no se acompañe el certificado de haber llegado a un acuerdo en conciliaci&= oacute;n previa o de haberlo siquiera intentado, contando el demandante con 15 días para solucionar el defecto, archivándose la demanda en c= aso contrario (art. 81.2 LPL). El TCO aplica en este caso la técnica procesal de la subsanación de los defectos procesales, que considera= que “los requisitos procesales no tienen sustantividad propia, sino que constituyen medios orientados a conseguir finalidades en el proceso, de for= ma que sus eventuales anomalías (...) no pueden ser convertidas en mero= s obstáculos impeditivos de una respuesta judicial o de la continuación de un proceso, resultando obligada una interpretación presidida por un criterio de proporcionalidad entre la finalidad y entidad real del defecto advertido y las consecuencias que de su apreciacón puedan seguirse p= ara la efectividad del derecho a la tutela judicial”= [30].=

El plazo habilitado para la subsanación “no lo es sólo para la simple acreditación formal de que temporáneamente fue cumplido el requisito procesal exigible, sino también para la realización= en dicho plazo del acto omitido o la rectificación del defectuosamente practicado”. Con ello se cumple, a juicio del TCO, el designio inspir= ador del requisito de la conciliación previa. Ello es posible porque “lo esencial es conceder a las partes la oportunidad de, antes de tramitarse el proceso (...) someter la controversia a solución extrajudicial intentando la conciliación ante el órgano administrativo correspondiente”, o convencional, se entiende. En esta línea, el TCO ha reconocido la subsanabilidad material y no meramente formal de requisitos procesales a los que el legislador ha configurado como previos, como es el caso de la omisión de la reclamación prev= ia en vía administrativa cuando se demanda a entes públicos= [31].=

&nb= sp; El papel del juez en la subsanabili= dad de este requisito será el de advertir al demandante de la ausencia de la certificación de la conciliación, tal y como establece le art. 81.2 LPL, antes mencionado. Según el TCO, el juez podrá adver= tir de oficio y abrir un trámite de subsanación, ya que, aú= ;n cuando “el art. 24.1CE no residencia una obligación procesal q= ue determine que los jueces tengan que apreciar de oficio la concurrencia de l= os presupuestos procesales que exima al demandante de su obligación de = observarlos en la interposición de la demanda”, como es el caso del trámite conciliatorio previo, también es cierto que dicho artículo “impone al = juez un deber de favorecer la defensa de los derechos e intereses cuya tutela an= te él se reclame sin denegar dicha protección mediante la aplica= ción desproporcionada de las normas procesales que prevén una resolución de inadmisión o de eficacia equiparable”= [32]. Sólo quedaría por determinar si la apreciación de ofic= io de la falta de conciliación podría ser realizada por el juez = cuando, existiendo, no sea apreciada por el juez y se continúe el proceso sin apercibimiento al demandante para que se subsane.[33]<= o:p>

El TCO también ha afirmado la compatibilidad del establecimiento de med= ios alternativos como el arbitraje con el derecho de tutela judicial efectiva= [34].= Si bien, como hemos visto, la obligatoriedad de llevar a cabo la conciliación como trámite previo no vulneraba el art. 24.1 CE= al permitir el libre acceso de las partes a la jurisdicción si no se ha producido avenencia, en el ámbito del arbitraje dicha obligatoriedad presenta mayores problemas de encaje en la doctrina del TCO por cuanto el l= audo arbitral siempre es vinculante y por tanto, si se impone la obligació= ;n de acudir a este procedimiento como medio alternativo de solucionar los conflictos se estaría vulnerando el derecho de las partes de acudir = a la vía jurisdiccional, ya que al tener que aceptar el laudo y al ser es= te vinculante, no pueden plantear el mismo supuesto ante los Tribunales. En es= te sentido se ha pronunciado el TCO, en sentencia 174/1995, de 23 de noviembre= , en relación con el establecimiento por= la Ley orgánica de transportes terrestres (art. 38.2,pfo.1) d= e un arbitraje obligatorio declarándolo contrario a la Constitución por vulneración del art. 24.1 de la misma.

= [1] VALDES DAL-RE,F. Tu= tela judicial efectiva y autotutela colectiva en la solución de los conflictos colectivos (I). RL 4/1992,pág.2.

= [2] STCO 21771991, de 14 de noviembre.

= [3] El derecho de tutela judicial efectiva tiene un contenido c= omplejo que supone que no sólo todas las personas tienen derecho al acceso a= los tribunales para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, = sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, sino que también comprende el derecho de que los recurrentes sean oído= s y tengan derecho a una decisión fundada en derecho, sea esta favorable= o adversa (SSTCO 13/1981, 37/1985, 61/1982, 23/1987, 146/1990, 22/94, 324/94, 101/97, entre otras muchas). Al tratarse de un derecho prestacional de conf= iguración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso = haya establecido el legislador (SSTCO 99/1985, de 30 de septiembre, 4/1988, 193/1992, de 16 de noviembre, 145/1998, de 30 de junio, entre otras).

= [4] SSTCO 58/1985, de 30 de abril y 217/1991, de 14 de noviembr= e.

= [5] SSTCO 158/87, de 20 de octubre y 60/87, de 16 de marzo.

= [6] STCO 41/1986,de 2 de abril.

= [7] De la misma opinión es DEL REY GUANTER,S. La resolución extrajudicial de= los conflictos colectivos laborales. CARL.1992,pág.86.

= [8] STCO 4/1988, de 21 de enero.

= [9] SSTCO 206/87,de 21 de diciembre y 60/89, de 16 de marzo.

[10] SSTCO 158/1987, de 20 de octubre, 60/1987, de 16 de marzo y 4/1988, de 21 de enero. La necesidad de consta= tar la razonabilidad en la imposición de obstáculos tanto limitativos como obstaculizadores del acceso al proceso se tiene en cuenta en la STCO 206/87, de 21 de diciembre, según la cual la tutela judicial efectiva sólo se verá vulnerada si los obstáculos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción impuestos por el legislador son innecesarios, excesivos y carentes de proporcionalidad u razonabilidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir = el legislador en el marco de la Constitución.

[11] STCO 99/1985, de 30 de septiembre.

[12] STCO 4/1988, de 21 enero.

[13] Idem,

[14] Opinión que viene siendo mantenida por un nutrido elenco de autores, como pueden ser CRUZ VILLALON,J. Constitución y p= roceso de trabajo. REDT 88/1989, pág.221; GARATE CASTRO,J. Composición y solución p= rivada de los conflictos de trabajo. REDT 87/1988,pág.53; PALOMEQUE LOPEZ,M.C. Solución no jurisdiccional de los conflictos laborales y tutela judicial efectiva,. AA.VV. Cuestiones actuales de Derecho del Trabajo. MTSS.1990,pág.26; ALFONSO MELLADO,C./PEDRAJAS MORENO,A./SALA FRANCO,T. La posible obligatoriedad de los nuevos arbitrajes laborales del ar= t. 91 ET. AL 22/1995.

= [15] Concretamente la STCO 22/1987,de 20 de febrero.

[16] El acto de conciliación se ha configurado por la LPL como obligatori= o, imponiéndose con caractér general en el proceso ordinario, según estipula el art. 63, y en las modalidades especiales, por orden del art. 102, salvo los reseñados en el art. 64 LPL. Actualmente los problemas prácticos se están presentando en el ámbito = procesal a la hora de determinar las consecuencias que supone la no realizació= ;n de este requisito previo, debido a que las partes en conflicto acuden directamente a la jurisdicción social sin haber intentado antes la conciliación o reclamación previas. Si bien la falta de la reclamación previa en vía gubernativa cuando así lo ex= ijan las leyes es considerada por el art. 533.7 LECiv como excepción dilatoria del proceso, no ocurre lo mismo cuando el requisito previo al pro= ceso es un procedimiento conciliatorio, sea éste administrativo o convencional. El hecho de que la LECiv no la mencione como excepción acarrea la importante consecuencia de no poder alegar la falta del requisit= o de la conciliación previa en el juicio, debiendo ser subsanado dicho defecto en el plazo de 15 días, según establece el art. 81.2 = LPL, so pena de archivo de las actuaciones.

&= nbsp; No obstante, existe una línea jurisprudencial (SSTS 9-6-1979 y 20-10-19= 97 (Ar.2924 y 7471, respectivamente) que considera que la excepción del art. 533.6 LECiv, por defecto legal en el modo de proponer la demanda, es demasiado parca en su regulación, al existir otros requisitos que de= be contener la demanda que se encuentran fuera de dicho artículo, lo que también es constatable en el ámbito laboral al existir fuera = del art. 80 LPL otros requisitos que han de acompañar a la demanda y que= no se establecen en aquél, como pueden ser la acreditación de la condición de afiliado del trabajador en la demanda interpuesta por un Sindicato (art.20.2 LPL) o los requisitos que el art. 104 LPL exige en las demandas de despidos además de los del art. 80 LPL, entre otros much= os casos (Para un examen en profundidad de los mismo vid. LORENZO DE MEMBIELA,= J.B. Excepciones dilatorias y perentoria= s en el proceso laboral. Aranzadi.1999, págs.342-355). En el caso concreto de procesos sobre conflictos colectivos, la demanda deberá acompañarse de la certificación de haberse intentado la conciliación previa o de que la misma no es necesaria (arts.154, 155= .2 y 156). Siguiendo esta doctrina, la ausencia de los requisitos que, aunque no incluidos en el art. 80.1 LPL deberán acompañar a la demanda, como puede ser el caso de ausencia del requisito previo de la conciliación procesal, podrán ser incluidos dentro de la excepción del art. 533.6 LE= Civ, en cuanto infracción de dicho art. 80.1 LPL, y como tal alegable en juicio. Ello conllevaría una mejora considerable del papel que juega= la conciliación en orden a la resolución de los conflictos de un modo autónomo.

[17] STCO 306/1993, de 25 de octubre. En la misma línea se sitúa la STCO 353/1993, de 29 de noviembre, relativa a un supuesto de caducidad de la acción de despido por falta de representación letrada en la celebración de la conciliación ante el CMAC.

[18] Según el art. 69 TRLPL cuan= do en un proceso el sujeto demandado sea el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales u organismos dependientes de los mismos será requi= sito previo haber reclamado en vía administrativa. Esta reclamación previa equivale, según la STCO 12/1993, de 9 de abril, a la concilia= ción preprocesal, lo cual también ha sido afirmado por la jurisprudencia ordinaria, según la cual “la función asignada a la reclamación previa administrativa, lo mismo que la atribuida a la conciliación es la de proporcionar a la parte frente a quien se diri= ja la oportunidad de una mayor reflexión sobre los hechos que originan = la acción, evitando tal vez así posibles procesos, y tambi&eacut= e;n dar posibilidad de preparar adecuadamente la oposición, en este caso= al Estado” (STS 9 de junio 1988, Ar. 5259). Vid también STS 5 de diciembre 1988 (Ar. 9549).

[19] SSTCO 60/89, de 16 de marzo y 21/1986, de 14 de febrero.

[20] SSTCO 355/93,de 29 de noviembre.

[21] SSTCO 21/1986, de 14 de febrero; 60/1989, de 16 de marzo; 217/91, de 14 de noviembre; 65/1993, de 1 de marzo; 120/1993, de 19 de abril; 122/1993, de 1= 9 de abril y 355/1993, de 29 de noviembre, entre otras.

[22] De la misma opinión es CASAS BAAMONDE,M.E Los procedimientos autónomos de solución de conflictos laborales en el Derecho español. AA.VV. Solución extrajudicial de conflictos laborales. SIMA.1999,pág.20.

= [23] DEL REY GUANTER,S. úl.op.cit.pág.86.

[24] RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER,M.Conciliación, mediación y arbitraje en el ámbito laboral. AA.VV. Solución extrajudicial de conflictos laborales. CES. Comunidad de Madrid. 1995. pág.13.

[25] Razonamiento que, como vimos, fue el utilizado por la STCO 355/93, de 29 de noviembre, para justificar el trámite de la reclamación administrativa previa.

[26] STCO 81/1992, de 28 de Mayo, que versaba sobre la exigibilidad o no del trámite previo ante el IMAC en un procedimiento que tenía por objeto la protección del derecho de libertad sindical. Esta sentencia está en la línea mantenida por el TCO que establece que el ca= uce natural de protección de los derechos fundamentales en el ámb= ito de las relaciones laborales ha de ser el proceso laboral (SSTCO 55/1983, de= 22 de junio; 58/1983, de 29 de junio y 31/1984, de 7 de marzo. A pesar de que = el art. 64 LPL no menciona los procesos que versen sobre derechos fundamentale= s en general como excluidos de la obligación de realizar la conciliación previa, sino que tan sólo se refiere a aquellos = que versen sobre el derecho de tutela de la libertad sindical, tras la STCO 81/= 1992 mencionada, dicha exclusión ha de entenderse extandida a cualquier proceso que verse sobre la tutela de cualquier derecho fundamental. En el m= ismo sentido vid. ROMERO PRADAS,M.I. La conciliación en el proceso laboral. Tirant Loblanch. Valencia.20= 00. pág.118.

[27] En la práctica, determinados Acuerdos Interconfederales de CCAA a la hora de regular los procedimientos conciliadores que, como hemos dicho, en virtud del art. 63 LPL sustituyen a los realizados ante los servicios administrativos correspondientes, o bien no fijan el plazo dentro del cual = ha de llevarse a cabo la conciliación, como ocurre en el Acuerdo de Castilla-La Mancha (de 23 de agosto 1996) o, fijándolo, lo delimitan como superior a los 15 días del art. 65 LPL, con las consecuencias q= ue ello acarrea en los plazos de caducidad y prescripción. Este es el c= aso del art. 16 Rgto. Acuerdo interconfederal andaluz (de 18 de febrero de 2000) que fija un plazo para la tramitación del procedimiento conciliador-mediador de 25 días. Otros acuerdos permiten prorrogar el trámite por acuerdo expreso de = las partes, como es el caso del A= cuerdo gallego (de 4 de mayo de 1995, art. 18) o del Acuerdo de Castilla y Le&oacu= te;n (15 de octubre de 1996, art. 14), entre otros. En estos casos, si el procedimiento autónomo fija un plazo mayor de los 30 días que= el art. 65.2 establece para la realización de dicho acto, la acción qu= e se esté ejercitando puede caducar, impidiéndose así que se pueda ejercitar en el ámbito procesal. El TCO se ha decantado por admitir la subsanabilidad del trámite de la reclamación y con= ciliación administrativas previas cuando la ausencia justificada de éstas prov= oca la caducidad de la acción que se pretende ejercitar. Tal es el caso = de la STCO 10471997, de 2 junio, en donde la no admisión de la solicitu= d de reclamación previa por falta de acreditación de la letrada firmante provoca la caducidad de una acción de despido. Igualmente, = la STCO 354/93, de 29 de noviembre, declara la subsanabilidad del trámi= te de la conciliación que había provocado la caducidad de la acción, por cuando la incomparecencia a la conciliación se debió a causas de fuerza mayor. Será el Alto Tribunal el que deberá determinar si el hecho de que caduquen los plazos para ejerci= tar las acciones por el hecho de que se ejerciten procedimientos convencionales cuyo plazo de ejecución sea superior a los 30 días del art. 6= 5.2 LPL, es causa suficiente para poder subsanar la falta de conciliación. No obstante, también hay que advertir sobre el hecho de que los negociadores de determinados Acuerdos Interconfederales sí han tenid= o en cuenta la regulación de la LPL en lo que se refiere a caducidad y prescripción, como por ejemplo el Acuerdo interconfederal de Cantabr= ia (de 13 de mayo 1999) y el de Aragón (de 23 de julio 1999). Este último permite aplazar el acto de conciliación cuantas veces = se preciso “siempre que los plazos legales lo permitan” (art.9.7).=

[28] Las Comisiones Paritarias están siendo instituidas por los Acuerdos y Convenios colectivos en el papel de conciliadores, configurándolas c= omo instancia previa a la que acudir de manera obligatoria en caso de conflictos relacionados con el Acuerdo o Convenio que la instaura. Los problemas en este sentido se están planteando ante las dudas de los sujetos a los que se les aplica la norma convencional que instaura aquélla acerca de acudir obligatoriamente o no a este trámite antes de la vía jurisdiccional. El TS actualmente mantiene la línea de analizar caso por caso las regulaciones en las que fija este intervención previa para dilucidar cuándo su intervenci&oacut= e;n es preceptiva y cuándo los sujetos pueden acudir a la vía judicial sin tener que intentar la conciliación ante el órgano paritario. Vid.entre otras, las SSTS 8 de enero de 1994 (Ar.8600) y de 14 de abril de 1994 (Ar. 2347). El= lo tiene una importante trascendencia pues, como ya hemos dicho, si el trámite se fija como preceptivo equivaldría al celebrado ante= un órgano administrativo, tal y como establece el art. 63 LPL , implica= ndo su falta la imposibilidad de iniciar el proceso.

[29] STCO 69/97, de 8 de abril. STS 17-5-1991 (Ar.3916).

[30] STCO 104/1997 de 2 de junio, con cita de otras como por ejemplo, SSTCO 17/1= 995, 110/1985, 118/1987, 132/1987, 174/1988, 2/1989 y 240/1991.

[31] SSTCO 11/1988,de 23 de enero; 65/1993, de 1 de marzo y 120/1993, de 19 de abril.

= [32] SSTCO 65/1993= , de 1 de marzo y 120/1993, de 19 de abril.

[33] ROMERO PRADAS, M.I. La conciliación en el proceso laboral,op.cit.pág.80, entiende aplicable la doctrina de la subsanación, debiendo el órgano jurisdiccional pedir al demandante que acredite el intento o la celebración de la conciliación en el plazo de 15 días.

[34] SSTCO 43/1988, de 16 de marzo; 233/1988, de 2 de diciembre; 62/1991, de 22 = de marzo, entre otras. Y ello debido al hecho de que “los árbitros también prestan tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos”. Lo que ocurre simplemente es que se “alcanza= la tutela por una vía incial distinta a la judicial, persiguiendo con e= llo la finalidad constitucionalmente legítima de descargar a los Jueces y Tribunales de pequeños litigios y favorecer una más pronta re= solución de los mismos” (STCO 174/1995, de 23 de noviembre).