LA TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL CODIGO PENAL: Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L</t= itle> <o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"metricconverter"/> <o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"PersonName"/>  <style>  </style>  </head> <body lang=3DES style=3D'tab-interval:35.4pt'> <div class=3DSection1> <st1:PersonName ProductID=3D"LA TUTELA DE LA" w:st=3D"on">LA TUTELA DE LA</spa= n></st1:PersonName> LIBERTAD RELIGIOSA EN EL CODIGO PENAL:<o:p></o:p></= b> Ley Orgánica 15/2003, de 25 = de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (B.O.E. núm. 28, de 26 de noviembre).<o:p></o:p></s= pan> <o:p> </o:p> María Reyes León Benítez<o:p></o:p> María del Mar = Leal Adorna<o:p></o:p> Facultad de Derecho<o= :p></o:p> UNIVERSIDAD DE SEVILL= A<o:p></o:p> <o:p> </o:p></sp= an> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Hemos de partir con un elemental interrogante: ¿cómo son en la actualidad las relaciones entre el Derecho penal y las creencias religiosas= ? Es evidente que la secularización de la sociedad española ha lle= vado al resultado de la protección de una determinada confesión a = la protección de la libertad religiosa. Un Estado democrático y laico, como es el nuestro, ha de valorar siempre de forma positiva el hecho religioso y, en consecuencia, proteger el derecho de sus ciudadanos a creer= o no creer, a exteriorizar o no sus convicciones, a actuar en consonancia con dichas creencias, y a no ser coaccionado para lo contrario. Los derechos reconocidos por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa "serán tutelados media= nte amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante= el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su Ley Orgánica" (Art. 4 de la L.O.7/1980, de 5 de julio, B.O.E. núm. 177 de 24 de julio). Los Tribunales del orden penal deciden sobre los delitos contra los derechos fundamentales, los Tribunales del orden contencioso-administrativo resuelven aquellas violaciones de derechos, producidas por decisiones administrativas= ; y finalmente los Juzgados y Tribunales del orden civil se ocupan de aquellos conflictos que no puedan = ser incluidos en ninguno de aquellos dos ordenes.<o:p></o:p> = Desde las dos últimas décadas del siglo pasado se ha recorrido un l= argo camino lleno de inquietudes y acontecimientos. Sirvan de ejemplo los distin= tos textos prelegislativos que se fueron sucediendo desde 1983 hasta el Código Penal de 1995, las reformas parciales y urgentes llevadas a c= abo por sucesivas Leyes Orgánicas = [= L.O. 8/83 de 25 de junio; L.O. 5/88 de 9 de junio (que despenalizó el del= ito de Blasfemia); ó por L.O. 3/89 de 21 de junio]. También, buscando la adecuación norma= tiva a las exigencias sociales, se han producido sucesivas modificaciones del Código Penal de 1995. En este sentido, con excepció= ;n del año 1991, se han llevado a cabo dos reformas<o:p></o:p></= p> anuales en los años 92, 98 y 2002, seis en el año 2000, y tres en el año 2003. Destacamos por un lado, por su repercusión mediática, la Ley Orgánica 11/ 2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en mate= ria de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social= de los extranjeros (B.O.E. núm. 283, de 26 de noviembre); Y por otro, l= as recientes modificaciones al Código Penal de 1995 por la Ley Orgánic= a del Poder Judicial y del Código Penal.&= nbsp; (B.O.E. núm. 309, de 26 de diciembre) y, aunque promulgada un= mes antes, por la Ley Orgánica </s= pan>15/2003, de 25 de noviembre, que comentamos en este trabajo.<o:p></o:p> Esta ley es el fruto = de los trabajos que se iniciaron en el año 2000, cuando se creó en el Ministerio de Justicia la Comisión Técnica de Reforma del Sis= tema de Penas (Orden de 14 de julio de 2000, B.O.E. núm. 172 de 19 de julio). A dicha Comisión, adscrita a la Dirección General de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, se le encomendaba la realización de un estudio sobre el sistema de penas, = su grado de aplicación y eficacia, y la formulación, como as&iac= ute; ha sido, de una propuesta de reforma legal, donde se han definido y regulado los delitos que adecuen la legislación española con las competencias de la Corte Penal Internacional. De los ciento setenta artículos modificados, queremos resaltar, a efectos técnicos,= los siguientes cambios: se ajusta la relación entre falta y delito, pasa= ndo la duración mínima de la pena de prisión de seis a tres meses; se establece en cinco años la duración de la pena que permite distinguir entre la grave de prisión (Audiencia Provincial) y la menos = grave (Juzgados de lo Penal); la prisión de corta duración en los delitos (de tres meses en adelante), la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y la pena de localización permanente sustituyen a la derogada pena de arresto de = fin de semana; las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima se han visto ampliadas, pudiendo ser simultáneas o posteriores al cumplimiento de otra pena; se regulan por separado la prohibición de residir y acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima u otras perso= nas y la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas; etc. <o:p></o:p> Básicamente las novedades a las que haremos referencia, teniendo en cuenta que se mantiene = la estructura del actual Código Penal, responden sistemáticament= e a dichos cambios técnicos y a la inclusión de nuevas penas en l= os delitos contra la Libertad Religiosa de los ciudadanos.<o:p></o:p></= p> El objeto de protección de la tutela penal de la Libertad Religiosa, es= to es, la relevancia que el Estado otorga al sentimiento religioso de sus ciudadanos, comprende no sólo una perspectiva colectiva -no en vano se entiende = genéricamente al fenómeno religioso como un bien social-, sino que también afecta a la perspectiva individual. Hacemos crónica en este estudio,= de los artículos que, conectados con esta tutela, se han visto <= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Narrow"'>reformados por &eacut= e;sta Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre. Concretamente los artículos 31, 314, 515, 524, 526, 557, 613 y 637. Aunque tambi&eacut= e;n hacemos reseña a determinados artículos que, aún manteniendo la redacción del Código Penal de 1995, evidencian= , directa o indirectamente, esta tutela penal= de derecho constitucional a la Libertad Religiosa. Entre éstos c= abe mencionar los artículos 22, 26, 197, 208, 402, 510, 511, 512, 522, 523 y 525= . En todos ellos, hayan sido modificados o no, siempre está presente el único límite para= el ejercicio de la Libertad Religiosa: la tutela del orden público. </s= pan><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Precisamente, el delito de alteración del = orden público, se ha visto modificado por la Ley Orgánica 15/20= 03 que reseñamos. Cuando se producen lesiones o daños a las pers= onas y propiedades, cuando se obstaculicen las vías o accesos públicos, o se invadan instalaciones o edificios, se aplicará= la pena de prisión de seis meses a tres años que establecí= ;a el Código Penal de 1995. Pero en la nueva regulación se estab= lece que, cuando estas alteraciones se produzcan en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos, pudiendo provocar avalanchas u otras reacciones que pongan en peligro a los asistentes, se aplicará no sólo la pena superior en grado, prevista para los mismos actos producidos en el exterior, sino que, incluso = se podrá imponer además "la pena de privación de acu= dir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza, por un tiempo super= ior hasta tres años a la pena de prisión impuesta". (Art. 557,2).<o:p></o:p> </spa= n>El Art. 524 recoge el delito de profan= ación. Aunque la afrenta se produce tanto en el escarnio (Art. 525), como en la profanación, no cabe duda que es en éste último donde = la protección va dirigida directamente a los sentimientos religiosos de= los individuos. Cuando la profanación afecta a una cosa sagrad= a se califica de "profanación real". Si se trata de desprecio d= el carácter sagrado de una persona, estamos ante un caso de "profanación personal"; Y en la hipótesis de violación de un lugar sagrado, podríamos hablar de "profanación local". El Art. 524 comprende solamente la primera de ellas, tanto de cosas muebles -imágenes, altares, reliqui= as, ornamentos, etc.-, como inmuebles -iglesias, capillas, cementerios, etc. -,= que estuvieran destinadas al culto. El tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarla a usos profanos, no cabe duda que ofenden dichos sentimientos. El ánimo de ofender se ha de materializar en algún "objeto" de especial significación para una confesión religiosa. En principio parecen excluidas las ofensas verbales. La gravedad de la profanación dependerá del lugar d= el sucedido -templo o lugar dedicado habitualmente al culto- o al hecho de producirse en el desarrollo de una ceremonia religiosa -aunque en este caso= se ejecute dicho acto de culto en un lugar o espacio no destinado habitualment= e a ello. <o:p></o:p> Resulta especialmente significativo que se siga manteniendo la expresión "legalmente tutelados" relativa a los sentimientos religiosos, en= la inteligencia de que esta desafortunada fórmula parece a primera vista una tolerancia solapada. No obstante, dada la aconfesionalidad de nuestro Estado, podría interpretarse esta expresión, más que c= omo una repetición o inerc= ia de lo regulado en épocas anteriores, como una fórmula genérica de protección - no reconocimiento- de los sentimient= os religiosos de una confesión, esté o no inscrita en el Registr= o de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. La nueva redacción del Art. 524, mantiene la pena de prisión de seis meses a un año, sin embar= go la multa pasa de los <st1:metricconverter ProductID=3D"4 a" w:st=3D"on">4 a</st1:metricconverter> 10 meses, en la regulación anterior, a los <st1:metricconverter ProductID= =3D"12 a" w:st=3D"on">12 a</st1:metricconverter> 24 meses. Con un evidente objetivo resocializador y reeducativo, siempre y cuando se trate de reos no habitual= es, las penas que sean iguales o inferiores a dos años, podrán ser sustituidas por multa y trabajos en beneficio de la comunidad. La multa como una alternativa a la prisión sigue manteniendo la proporcionalidad de dos d&iacut= e;as de multa por uno de prisión. Al hilo de esta cuestión, hemos = de hacer referencia a la modificación del primer párrafo del Art= . 613 Código Penal, en cuanto introduce el castigo contra cualquier ataque, en caso de conflicto armado, c= ontra bienes culturales bajo protección reforzada: "Será castigado con la pena de prisi&oacu= te;n de cuatro a seis años el que, con ocasión de un conflicto arm= ado, realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones: Ataque o haga = objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto, claramente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y a los que se haya conferido protección = en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales bajo protección reforzada, causando como consecuencia extensas destrucciones, siempre que t= ales bienes no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario”.<o:p></o:p> &= nbsp; La burla o mofa tenaces de los dogmas, las creencias, ritos o ceremonias o, incluso, de aquellas personas que los practiquen o participen en ellas, es tipificada en el Art. 525. Aquí= se recogen los dos tipos concretos: el escarnio a confesión religiosa y el ultraje de los dogmas, ritos o ceremoni= as. La vejación públi= ca de quienes profesan o practican una religión indirectamente implica un escarnio contra la religión misma. Antiguamente la amenaza, insulto, calumnia o injuria a la autoridad ‑entendiendo como tal la de los ministros religiosos- se consideraban como delito de desacato. La consumación se produce por la si= mple actividad, con la única exigencia de la publicidad. De lo contrario estaríamos ante un posible delito de injurias. La i= njuria (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"208 C" w:st=3D"on">208 C</st1:metri= cconverter>.P.) podrá efectuarse con o sin publicidad. La Ley objeto de este comenta= rio, establece la innovación de que en los delitos de injurias y calumnias contra funcionario público o autoridad administrativa o ag= ente de la misma, pueden ser perseguidos de oficio cuando sea sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. Este delito no penaliza la propagación de información sobre un individuo que afecte a su privacidad o incluso su intimidad, pero sin descu= brir hechos deshonrosos. Esta publi= cidad en la que ha de primar la "intención de ofender", no tiene= por que ser necesariamente realizada a través de los medios de comunicación social, sino que es suficiente que estas acciones de bu= rla o mofa tengan lugar en un lugar público, por ejemplo un teatro<a style=3D'mso-footnote-id:ftn1' href=3D"#_ftn1" name=3D"_ftnref1" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[1]<![endif]></a>. Esta afirmación permite una mayor protección si la comparamos con la exigencia relativa a las injurias o calumnias hechas con publicidad, en las que la ésta se produce, según el Art. 211, por medio de la imprenta, radiodifusión o cualquier medio de eficacia semejante. Pero la satisfacción se convierte en decepción, cuando al tratar de l= os modos en los que estas acciones se han de efectuar, el artículo que comentamos <st1:metricconverter ProductID=3D"-525 C" w:st=3D"on">-525 C</st= 1:metricconverter>.P.- establece que han de efectuarse de palabra, por escrito o mediante cualquier otro tipo de documento. De acue= rdo con el Código Penal, documento es todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier o= tro tipo de relevancia jurídica (Art. 26). ¿Que ocurre entonces con la mímica o los gestos, actitudes por lo demás tan frecuentes no sólo en la obra teat= ral? Parece ser, a primera vista, que quedan impunes. <o:p= ></o:p> &n= bsp; Otro artículo del Código Penal que merece cierto comentario es el = Art. 526. La comunidad en general se interesa por la reverencia hacia la mem= oria de los difuntos, siendo como es un valor cultural que se origina en la propia dignid= ad humana ha de ser tutelado, no sólo desde una perspectiva exclusivame= nte religiosa, sino también social<a style=3D'mso-footnote-id:ftn2' href=3D"#_ftn2" name=3D"_ftnref2" title=3D""><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[2]<![endif]></a>. Es precisamente la sociedad y aunque resulte a priori una crueldad no los propios difuntos o s= us familiares en concreto, quien= se constituye en titular del bien jurídico protegido por aquel articulo= : "El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, viola= re los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de = prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses". Recuérdese q= ue en el Código Penal de 1995, la pena era de arresto de <st1:metricconverter ProductID=3D"12 a" w:st=3D"on">12 a<= /st1:metricconverter> 24 fines de semana y multa de <st1:metricconverter ProductID=3D"3 a" w:st= =3D"on">3 a</st1:metricconverter> 6 meses. Las conductas que se vean justificadas por un fin educativo o de investigación, no pueden desde luego incluirse en este delito. Sólo serian delictivas cuando se ajusten a las acciones de "violar" o "profanar". El primero de los término= s se refiere a la apertura o entrada ilegítima en un sepulcro o sepultura= . Cuando se habla de profanación estamos ante la irreverencia o falta del respeto debido al cadáver o= sus cenizas -mutilaciones, sustracciones de órganos, determinadas conduc= tas sexuales (necrofilia) o, incluso, conductas bastante menos depravables sin dejar de serlo, como el robo de objetos de valor. También se habla de "destruir, alterar o dañar" siempre con el ánimo de= ultraje. Cometer el delito por rac= ismo o xenofobia acentúa la gravedad de los actos descritos, pues son llevados a cabo sobre base de la = discriminación (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"22,4 C" w:st=3D"on">22,4 C</st1:met= ricconverter>.P.).<o:p></o:p> &n= bsp; Aparecen también conectados a la tutela de la religión los delitos tipificados en el Art. 197. Concretamente aquellos delitos relativos al apoderamiento de documentos o efectos personales con el propósito de descubrir la intimidad ajena y los delitos relativos a la interceptación de telecomunicac= iones y al control audiovisual clandestin= o, conductas que pueden afectar, entre otros, a contenidos de índole religiosa. En ellos el objeto jurídico de protección es la intimidad. Y es precisamente en el apartado quinto de dicho articulo donde = se recoge un tipo agravado, el apoderamiento o interceptación de datos = que afectan a la que se considera la esfera más sensible de la intimidad, datos referidos por ejemplo a la salud, ideología, creencias religio= sas, etc. Las críticas que podríamos hacer a este articulo son de = muy diversa índole, comenzando por la excesiva enumeración de conductas, pasando por la unificación de penas ante acciones que van= del mero apoderamiento hasta la utilización de medios que, como hemos señalado más arriba, son muy sofisticados. Por otra parte se habla de "intención de vulnerar los secretos o la intimidad de otro". A este respecto cabe preguntarse si realmente no es el secreto parte de dicha intimidad. Se considera violada la intimidad religiosa de la persona únicamente cuando el apoderamiento se produce sobre sus dato= s o documentos. ¿Qué ocurre cuando se trata de datos o documentos= de otro? Materialmente hablando, si esos datos o documentos estuvieran en pose= sión de un tercero, no existiría correspondencia entre titularidad de la intimidad y titularidad del objeto material. Habría que interrogarse si estamos ante un supuesto d= e los recogidos en este artículo. Demasiados interrogantes para un sólo precepto. La protección cualificada que hace el Art. 197= .5 de los datos que identifican el más reducido núcleo de la personalidad (entre otros el que hace referencia a la religión del individuo) está en estrecha conexión con el derecho a la autodeterminación informativa. Este derecho "supone la facultad= de disponer sobre la revelación y el uso de datos personales.... se tra= ta de la posibilidad, que se integra en el patrimonio jurídico de cada individuo, de decidir el quién, qué, cuando y con qué ocasión del conocimiento de datos que le conciernen, de un poder de control sobre las informaciones que versan sobre la propia persona"<a style=3D'mso-footnote-id:ftn3' href=3D"#_ftn3" name=3D"_ftnref3" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[3]<![endif]></a>. En este sentido, se consolida la posibilidad de que los ministros de culto, tanto católi= cos como de otras confesiones minoritarias, al ser designados miembros de un ju= rado y cuando tengan que juzgar sobre determinados hechos o relaciones confidenciales que le sean confesados, puedan llegar a plantear objeci&oacu= te;n de conciencia. Como vemos, la legislación española también protege jurídicamente el secreto religioso de los sacerdotes, rabinos, imane= s y pastores. De hecho, en el Art. 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se afirma que “los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes= , no podrán ser obligados a declarar como testigos sobre los hechos que l= es fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio". <= span style=3D'letter-spacing:-.15pt'><o:p></o:p> &n= bsp; Otra de las cuestiones de la nueva regulación, en relación directa= con la libertad religiosa, es el Art. 314, referido a los derechos de los trabajadores que castiga la discrim= inación en el empleo, entendida como toda diferencia de trato entre dos persona= s o conjunto de ellas, no ajustada a derecho: "Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencia= s, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientació= ;n sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por oste= ntar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el paren= tesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis mes= es a dos años o multa de <st1:metricconverter ProductID=3D"12 a" w:st=3D"= on">12 a</st1:metricconverter> 24 meses". Podrá ser castigado todo empresario o funcionario público que actúe de manera improcedente, abusando de su condición y utilizando la religión como causa ideológi= ca de discriminación. Este artículo quiere potenciar el respeto a uno de los derechos fundamentales, cual es la libertad religiosa y de culto, recogido, junto co= n el de la libertad ideológica, en el Art. 16 de la Constitución.<= o:p></o:p> &n= bsp; Aunque ya hemos tenido ocasión de referirnos a los delitos contra la Constitución (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"522 a" w:st=3D"= on">522 a</st1:metricconverter> <st1:metricconverter ProductID=3D"526 C" w:st=3D"o= n">526 C</st1:metricconverter>.P.), tenemos que volver de nuevo al capítulo IV del Título XXI del Código Penal, por una razón de naturaleza híbrida: la = tutela de los derechos fundamental= es y las libertades públicas frente a la discriminación. Es obligado aludir a los Arts. 510, 511 y 512 del C.P. <o:p></o:p></= p> &= nbsp; Efectivamente, el Art= . 510 recoge como delito la apologí= ;a de la discriminación, protegiendo en este caso el derecho a la igua= ldad frente a la proliferación de conductas violentas contra grupos o aso= ciaciones:”Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes= a la ideología, religión o creencias (...) serán castiga= dos con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a d= oce meses. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento = de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias (...)”. Si bien la redacción de este precepto conserva la nota de generalidad en los comportamientos descritos, preferimos las expresiones de "conductas racistas o antirreligiosas". Nos sorprende el ajuste de estas últimas hacia actitudes exclusivamente "antisemitas", pues= no son las únicas posibles agresiones contra la religión. </span= >Posturas claramente antidemocráticas= que nunca podrán justificarse como manifestaciones o derivaciones del ejercicio de los derechos de libertad ideológica o de expresión<a style=3D'mso-footnote-id:ftn4' href=3D"#_ftn4" name=3D"_ftnref4" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[4]<![endif]></a>. <o:p></o:p></s= pan> &= nbsp; Cuando esta discriminación se hace efectiva por un particular encargado de = un servicio público o por un funcionario que deniega una prestación a la que se tiene derecho se ataca de lleno al mismo principio de igualdad. Serán criminalmente responsab= les las personas que actúen o representen a una persona jurídica. Pero también será responsable directa y solidariamente la concreta persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actu&oacu= te; a tenor de lo establecido en el nu= evo párrafo 2º del Ar= t. <st1:metricconverter ProductID=3D"31 C" w:st=3D"on">31 C</st1:metricconverter>.P.: "= El que actúe c= omo administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en no= mbre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades= o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser suj= eto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.&= nbsp; En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cu= enta actuó". Si se compara con= el Art. 510, el Art. 511 sanciona sorprendentemente de manera más leve = este delito de discriminación= que el de provocación de dicha discriminación<a style=3D'mso-footnote-id:ftn5' href=3D"#_ftn5" name=3D"_ftnref5" title=3D""><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Narrow";mso-fareast-font-famil= y: "Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.1= 5pt; mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA'>[5]</= span><![endif]></a>. <o:p></o:p> &= nbsp; El sujeto activo podrá ser tanto persona física como jurídica. Se considera discriminación, cuando el que deniega la prestación es un particular no encargado de un servicio público. Es decir el sujeto activo del Art. 512 podrá ser, por ejemplo, cualquier profesional o empresario que se ni= eguen por ejemplo a prestar servicios, suministros, mercancías ...etc. por razón de la raza, ideología (...) o religión, a person= as con las que no les une ningún vínculo de carácter labo= ral. De asociación o grupo he= mos de hablar al referirnos, a la novedad que nos plantea el Art. 515. En su apart= ado 3º, considera punibles aquellas conductas que "aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteració= n o control de la personalidad" y, en su apartado 5º "aquellas q= ue promuevan ( o inciten) la discriminación, el odio o la violencia con= tra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias...". Se suprime las que promuevan el tráfico ilegal de personas. (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"515,6 C" w:st= =3D"on">515,6 C</st1:metricconverter>.P. 1995). Gr= aves son desde luego aquellas asociaciones que tienen por objeto la comisi&oacut= e;n de un delito, las bandas armadas o paramilitares..., pero por lo que a nues= tro tema se refiere, es decir la protección de la libertad religiosa en el Código Penal, también son graves aquellas en las que el comportamiento colectivo de sus miembros tiende hacia la alteración o control de la personalidad. Nos referimos a las usualmente llamadas "sectas"; o aquellas que promoviendo o incitando a la discriminación no llegan a la tipificación de los delitos citados en los Arts. 511 y 512. <o:p></o:p></span= > &= nbsp; Cuando analizamos los delitos contra la libertad de conciencia y contra los sentimientos religiosos (Arts. 523 y <st1:metricconverter ProductID=3D"524 = C" w:st=3D"on">524 C</st1:metricconverter>.P.), destacamos su incidencia sobre= la perturbación de las ceremonias religiosas o del culto. Esta incidenc= ia también está presente en el&= nbsp; contenido del Art. 539, castiga a la autoridad o funcionario gubernativo que sin previa resolució= ;n judicial disuelva o suspenda las actividades de una asociación legalmente constituida; o que sin causa legítima impida la celebración de sus sesiones. La protección aquí encuentra un punto de apoyo en el derecho de asociación reconocido a cualquier entidad civil, mercantil, etc. incluyendo también a las co= nfesiones religiosas, las cuales pueden estar en ocasiones inscritas o no, en los Registros públicos correspondientes.<o:p></o:p> &= nbsp; Existen algunas tipologías que aunque nada tienen que ver con la protección de la libertad religiosa, nos resultan si no interesantes= , sí al menos curiosas de destacar. Nos referimos al delito de usurpación de funciones, del Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"402 C" w:st=3D"on">402 C</st1:metricconverter>.P. que establec= e lo que sigue: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años". Igualmente podría encuadrarse dentro del Art. 637= el uso del hábito eclesiástico cuando señala lo que sigue: "El que usare pública e indebidamente</= i> uniforme, traje, insignia (...) o se atribuyere públicamente la cual= idad de profesional amparada por un título académico que no posea, será castigado con la pena de arresto de uno a cinco fines de semana= o multa de diez a treinta días". Este último está conectado con la agravante segunda del Art.22, que penaliza especialmente la ejecución del hecho delictivo mediante disfraz<a style=3D'mso-footno= te-id: ftn6' href=3D"#_ftn6" name=3D"_ftnref6" title=3D""><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[6]<![endif]></a>. <o:p></o:p> En el libro II del Código Penal, concretamente en su título XXIV, t= ras la regulación del Genocidio<= /i>, se ha añadido un nuevo capítulo destinado a los del= itos de lesa humanidad (Art. 607 bis). En ambos delitos se tendr&a= acute; en cuenta, entre otras circunstancias, el hecho de que la víctima pertenezca a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religio= sos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inacepta= bles con arreglo al Derecho internacional. La regulación de estos tipos delictivos siempre se ha valorado como una vía de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que contribuye a la cooperación entre los pueblos y a la seguridad internacional. Efectivamente, son reos de delitos de lesa humanid= ad quienes cometan los hechos como la muerte de una persona, violaciones o agresiones sexuales, tortura, expulsiones violentas, etc., como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. <o:p></o:p> <= span style=3D'mso-tab-count:1'> &= nbsp; Por lo que se refiere a los actos violentos que en caso de conflicto armado pue= da sufrir el personal religioso integrante de una misión médica,= se mantiene, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados, la p= ena de prisión de tres a siete años. Es novedosa la referencia que hace el párrafo segundo del Art. 612 del C.P, cuando la acción punible recae específicamente contra el personal habilitado para usar los signos o señales distintivos de los Convenios de Ginebra, de conformidad con el Derecho internacional. También los lugares de cul= to y otros bienes culturales podrán ser objeto de sanción en determinadas circunstancias, como ya vimos, en caso de conflicto bél= ico (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"613,1 a" w:st=3D"on">613,1 a</st1:m= etricconverter> C.P).<o:p></o:p> &nb= sp; A la vista de los preceptos comentados, cabe concluir con la siguiente reflexión: la reforma supone un importante avance en nuestro sistema penal y la correcta aplicación de estas novedades requiere un lógico periodo de adaptación social e institucional. De este = modo se podrá comprobar si, efectivamente, estas modificaciones han cubie= rto las numerosas deficiencias legislativas del Código Penal de 1995.<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'> Determinar y acertar en las críticas y lagunas de este prácticamente “nuevo Código Penal del <st1:metricconverter ProductID=3D"2003”" w:st= =3D"on">2003”</st1:metricconverter>, nos parece aún precipitado.<o:p></o:p> María Reyes León Benítez<o:p></o:p> María del Mar = Leal Adorna<o:p></o:p> Facultad de Derecho<o= :p></o:p> UNIVERSIDAD DE SEVILL= A<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote-list'><![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1 width=3D"33%"> <![endif]> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn1> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn1' href=3D"#_ftnref1" name=3D"_ftn1" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]></span= ></a>&n= bsp; Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 noviembre 1990.<o:p></o:p></span= > </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn2> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn2' href=3D"#_ftnref2" name=3D"_ftn2" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]></span= ></a> <st1:PersonName ProductID=3D"la Dirección General" w:st=3D"on">La Dirección General</st1:PersonName> de Asuntos Religiosos (Decisión 24-1= -83, denegatoria de la inscripción de una institución budista), ha hecho notar que el culto a los espíritus de los antepasados constitu= ye un fin ajeno al ámbito de la Ley de Libertad Religiosa.<o:p><= /o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn3> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn3' href=3D"#_ftnref3" name=3D"_ftn3" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]></span= ></a> PEREZ LUÑO, E.,"Nuevos derechos fundamentales en la era tecnológica: la libertad informática, en Anuario de Derecho Publico y Estudios políticos, 2, (1989-90)= 188.<o:p></o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn4> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn4' href=3D"#_ftnref4" name=3D"_ftn4" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]></span= ></a> El propio Tribunal Constitucional entiende que dichos derechos no pueden "amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnico= s, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como= el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y= a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social" (STC nº 101/1= 990, de 11 de0 noviembre).<o:p></o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn5> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn5' href=3D"#_ftnref5" name=3D"_ftn5" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]></span= ></a> Concretamente la discriminación, con p= ena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuat= ro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años. Mientras que la provocación de esta conducta, como hemos visto, con pena de prisión de uno a tres años y mu= lta de seis a doce meses.<o:p></o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn6> <a style=3D'mso-footnote-id:ftn6' href=3D"#_ftnref6" name=3D"_ftn6" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]></span= ></a> La usurpación de funciones eclesiásticas y los delitos= en el ejercicio de las mismas se regulan en el ordenamiento de los cáno= nes <st1:metricconverter ProductID=3D"1378 a" w:st=3D"on">1378 a</st1:metricconverter> 1389 del Código de Derecho Canónico.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> </div> </div> </body> </html> ------=_NextPart_01C45226.C3A630E0 Content-Location: file:///C:/0F23C06C/14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL_archivos/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dus-ascii"> <meta name=3DProgId content=3DWord.Document> <meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word 11"> <meta name=3DOriginator content=3D"Microsoft Word 11"> <link id=3DMain-File rel=3DMain-File href=3D"../14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL.htm"> <![if IE]> <base href=3D"file:///C:\0F23C06C\14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENA= L_archivos\header.htm" id=3D"webarch_temp_base_tag"> <![endif]><o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"metricconverter"/> <o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"PersonName"/> </head> <body lang=3DES> <div style=3D'mso-element:footnote-separator' id=3Dfs> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1 width=3D"33%"> <![endif]> </div> <div style=3D'mso-element:footnote-continuation-separator' id=3Dfcs> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1> <![endif]> </div> <div style=3D'mso-element:endnote-separator' id=3Des> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1 width=3D"33%"> <![endif]> </div> <div style=3D'mso-element:endnote-continuation-separator' id=3Decs> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1> <![endif]> </div> </body> </html> ------=_NextPart_01C45226.C3A630E0 Content-Location: file:///C:/0F23C06C/14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL_archivos/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" <xml xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <o:MainFile HRef=3D"../14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL.ht= m"/> <o:File HRef=3D"header.htm"/> <o:File HRef=3D"filelist.xml"/> </xml> ------=_NextPart

MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C45226.C3A630E0" Este documento es una página Web de un solo archivo, también conocido como archivo de almacenamiento Web. Si está viendo este mensaje, su explorador o editor no admite archivos de almacenamiento Web. Descargue un explorador que admita este tipo de archivos, como Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C45226.C3A630E0 Content-Location: file:///C:/0F23C06C/14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" LA TUTELA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL CODIGO PENAL: Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L</t= itle> <o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"metricconverter"/> <o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"PersonName"/>  <style>  </style>  </head> <body lang=3DES style=3D'tab-interval:35.4pt'> <div class=3DSection1> <st1:PersonName ProductID=3D"LA TUTELA DE LA" w:st=3D"on">LA TUTELA DE LA</spa= n></st1:PersonName> LIBERTAD RELIGIOSA EN EL CODIGO PENAL:<o:p></o:p></= b> Ley Orgánica 15/2003, de 25 = de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (B.O.E. núm. 28, de 26 de noviembre).<o:p></o:p></s= pan> <o:p> </o:p> María Reyes León Benítez<o:p></o:p> María del Mar = Leal Adorna<o:p></o:p> Facultad de Derecho<o= :p></o:p> UNIVERSIDAD DE SEVILL= A<o:p></o:p> <o:p> </o:p></sp= an> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> Hemos de partir con un elemental interrogante: ¿cómo son en la actualidad las relaciones entre el Derecho penal y las creencias religiosas= ? Es evidente que la secularización de la sociedad española ha lle= vado al resultado de la protección de una determinada confesión a = la protección de la libertad religiosa. Un Estado democrático y laico, como es el nuestro, ha de valorar siempre de forma positiva el hecho religioso y, en consecuencia, proteger el derecho de sus ciudadanos a creer= o no creer, a exteriorizar o no sus convicciones, a actuar en consonancia con dichas creencias, y a no ser coaccionado para lo contrario. Los derechos reconocidos por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa "serán tutelados media= nte amparo judicial ante los Tribunales ordinarios y amparo constitucional ante= el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su Ley Orgánica" (Art. 4 de la L.O.7/1980, de 5 de julio, B.O.E. núm. 177 de 24 de julio). Los Tribunales del orden penal deciden sobre los delitos contra los derechos fundamentales, los Tribunales del orden contencioso-administrativo resuelven aquellas violaciones de derechos, producidas por decisiones administrativas= ; y finalmente los Juzgados y Tribunales del orden civil se ocupan de aquellos conflictos que no puedan = ser incluidos en ninguno de aquellos dos ordenes.<o:p></o:p> = Desde las dos últimas décadas del siglo pasado se ha recorrido un l= argo camino lleno de inquietudes y acontecimientos. Sirvan de ejemplo los distin= tos textos prelegislativos que se fueron sucediendo desde 1983 hasta el Código Penal de 1995, las reformas parciales y urgentes llevadas a c= abo por sucesivas Leyes Orgánicas = [= L.O. 8/83 de 25 de junio; L.O. 5/88 de 9 de junio (que despenalizó el del= ito de Blasfemia); ó por L.O. 3/89 de 21 de junio]. También, buscando la adecuación norma= tiva a las exigencias sociales, se han producido sucesivas modificaciones del Código Penal de 1995. En este sentido, con excepció= ;n del año 1991, se han llevado a cabo dos reformas<o:p></o:p></= p> anuales en los años 92, 98 y 2002, seis en el año 2000, y tres en el año 2003. Destacamos por un lado, por su repercusión mediática, la Ley Orgánica 11/ 2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en mate= ria de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social= de los extranjeros (B.O.E. núm. 283, de 26 de noviembre); Y por otro, l= as recientes modificaciones al Código Penal de 1995 por la Ley Orgánic= a del Poder Judicial y del Código Penal.&= nbsp; (B.O.E. núm. 309, de 26 de diciembre) y, aunque promulgada un= mes antes, por la Ley Orgánica </s= pan>15/2003, de 25 de noviembre, que comentamos en este trabajo.<o:p></o:p> Esta ley es el fruto = de los trabajos que se iniciaron en el año 2000, cuando se creó en el Ministerio de Justicia la Comisión Técnica de Reforma del Sis= tema de Penas (Orden de 14 de julio de 2000, B.O.E. núm. 172 de 19 de julio). A dicha Comisión, adscrita a la Dirección General de Política Legislativa y Cooperación Jurídica Internacional, se le encomendaba la realización de un estudio sobre el sistema de penas, = su grado de aplicación y eficacia, y la formulación, como as&iac= ute; ha sido, de una propuesta de reforma legal, donde se han definido y regulado los delitos que adecuen la legislación española con las competencias de la Corte Penal Internacional. De los ciento setenta artículos modificados, queremos resaltar, a efectos técnicos,= los siguientes cambios: se ajusta la relación entre falta y delito, pasa= ndo la duración mínima de la pena de prisión de seis a tres meses; se establece en cinco años la duración de la pena que permite distinguir entre la grave de prisión (Audiencia Provincial) y la menos = grave (Juzgados de lo Penal); la prisión de corta duración en los delitos (de tres meses en adelante), la pena de trabajo en beneficio de la comunidad y la pena de localización permanente sustituyen a la derogada pena de arresto de = fin de semana; las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima se han visto ampliadas, pudiendo ser simultáneas o posteriores al cumplimiento de otra pena; se regulan por separado la prohibición de residir y acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima u otras perso= nas y la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas; etc. <o:p></o:p> Básicamente las novedades a las que haremos referencia, teniendo en cuenta que se mantiene = la estructura del actual Código Penal, responden sistemáticament= e a dichos cambios técnicos y a la inclusión de nuevas penas en l= os delitos contra la Libertad Religiosa de los ciudadanos.<o:p></o:p></= p> El objeto de protección de la tutela penal de la Libertad Religiosa, es= to es, la relevancia que el Estado otorga al sentimiento religioso de sus ciudadanos, comprende no sólo una perspectiva colectiva -no en vano se entiende = genéricamente al fenómeno religioso como un bien social-, sino que también afecta a la perspectiva individual. Hacemos crónica en este estudio,= de los artículos que, conectados con esta tutela, se han visto <= span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Narrow"'>reformados por &eacut= e;sta Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre. Concretamente los artículos 31, 314, 515, 524, 526, 557, 613 y 637. Aunque tambi&eacut= e;n hacemos reseña a determinados artículos que, aún manteniendo la redacción del Código Penal de 1995, evidencian= , directa o indirectamente, esta tutela penal= de derecho constitucional a la Libertad Religiosa. Entre éstos c= abe mencionar los artículos 22, 26, 197, 208, 402, 510, 511, 512, 522, 523 y 525= . En todos ellos, hayan sido modificados o no, siempre está presente el único límite para= el ejercicio de la Libertad Religiosa: la tutela del orden público. </s= pan><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Precisamente, el delito de alteración del = orden público, se ha visto modificado por la Ley Orgánica 15/20= 03 que reseñamos. Cuando se producen lesiones o daños a las pers= onas y propiedades, cuando se obstaculicen las vías o accesos públicos, o se invadan instalaciones o edificios, se aplicará= la pena de prisión de seis meses a tres años que establecí= ;a el Código Penal de 1995. Pero en la nueva regulación se estab= lece que, cuando estas alteraciones se produzcan en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos, pudiendo provocar avalanchas u otras reacciones que pongan en peligro a los asistentes, se aplicará no sólo la pena superior en grado, prevista para los mismos actos producidos en el exterior, sino que, incluso = se podrá imponer además "la pena de privación de acu= dir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza, por un tiempo super= ior hasta tres años a la pena de prisión impuesta". (Art. 557,2).<o:p></o:p> </spa= n>El Art. 524 recoge el delito de profan= ación. Aunque la afrenta se produce tanto en el escarnio (Art. 525), como en la profanación, no cabe duda que es en éste último donde = la protección va dirigida directamente a los sentimientos religiosos de= los individuos. Cuando la profanación afecta a una cosa sagrad= a se califica de "profanación real". Si se trata de desprecio d= el carácter sagrado de una persona, estamos ante un caso de "profanación personal"; Y en la hipótesis de violación de un lugar sagrado, podríamos hablar de "profanación local". El Art. 524 comprende solamente la primera de ellas, tanto de cosas muebles -imágenes, altares, reliqui= as, ornamentos, etc.-, como inmuebles -iglesias, capillas, cementerios, etc. -,= que estuvieran destinadas al culto. El tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarla a usos profanos, no cabe duda que ofenden dichos sentimientos. El ánimo de ofender se ha de materializar en algún "objeto" de especial significación para una confesión religiosa. En principio parecen excluidas las ofensas verbales. La gravedad de la profanación dependerá del lugar d= el sucedido -templo o lugar dedicado habitualmente al culto- o al hecho de producirse en el desarrollo de una ceremonia religiosa -aunque en este caso= se ejecute dicho acto de culto en un lugar o espacio no destinado habitualment= e a ello. <o:p></o:p> Resulta especialmente significativo que se siga manteniendo la expresión "legalmente tutelados" relativa a los sentimientos religiosos, en= la inteligencia de que esta desafortunada fórmula parece a primera vista una tolerancia solapada. No obstante, dada la aconfesionalidad de nuestro Estado, podría interpretarse esta expresión, más que c= omo una repetición o inerc= ia de lo regulado en épocas anteriores, como una fórmula genérica de protección - no reconocimiento- de los sentimient= os religiosos de una confesión, esté o no inscrita en el Registr= o de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. La nueva redacción del Art. 524, mantiene la pena de prisión de seis meses a un año, sin embar= go la multa pasa de los <st1:metricconverter ProductID=3D"4 a" w:st=3D"on">4 a</st1:metricconverter> 10 meses, en la regulación anterior, a los <st1:metricconverter ProductID= =3D"12 a" w:st=3D"on">12 a</st1:metricconverter> 24 meses. Con un evidente objetivo resocializador y reeducativo, siempre y cuando se trate de reos no habitual= es, las penas que sean iguales o inferiores a dos años, podrán ser sustituidas por multa y trabajos en beneficio de la comunidad. La multa como una alternativa a la prisión sigue manteniendo la proporcionalidad de dos d&iacut= e;as de multa por uno de prisión. Al hilo de esta cuestión, hemos = de hacer referencia a la modificación del primer párrafo del Art= . 613 Código Penal, en cuanto introduce el castigo contra cualquier ataque, en caso de conflicto armado, c= ontra bienes culturales bajo protección reforzada: "Será castigado con la pena de prisi&oacu= te;n de cuatro a seis años el que, con ocasión de un conflicto arm= ado, realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones: Ataque o haga = objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de culto, claramente reconocidos, que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y a los que se haya conferido protección = en virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales bajo protección reforzada, causando como consecuencia extensas destrucciones, siempre que t= ales bienes no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo militar del adversario”.<o:p></o:p> &= nbsp; La burla o mofa tenaces de los dogmas, las creencias, ritos o ceremonias o, incluso, de aquellas personas que los practiquen o participen en ellas, es tipificada en el Art. 525. Aquí= se recogen los dos tipos concretos: el escarnio a confesión religiosa y el ultraje de los dogmas, ritos o ceremoni= as. La vejación públi= ca de quienes profesan o practican una religión indirectamente implica un escarnio contra la religión misma. Antiguamente la amenaza, insulto, calumnia o injuria a la autoridad ‑entendiendo como tal la de los ministros religiosos- se consideraban como delito de desacato. La consumación se produce por la si= mple actividad, con la única exigencia de la publicidad. De lo contrario estaríamos ante un posible delito de injurias. La i= njuria (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"208 C" w:st=3D"on">208 C</st1:metri= cconverter>.P.) podrá efectuarse con o sin publicidad. La Ley objeto de este comenta= rio, establece la innovación de que en los delitos de injurias y calumnias contra funcionario público o autoridad administrativa o ag= ente de la misma, pueden ser perseguidos de oficio cuando sea sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. Este delito no penaliza la propagación de información sobre un individuo que afecte a su privacidad o incluso su intimidad, pero sin descu= brir hechos deshonrosos. Esta publi= cidad en la que ha de primar la "intención de ofender", no tiene= por que ser necesariamente realizada a través de los medios de comunicación social, sino que es suficiente que estas acciones de bu= rla o mofa tengan lugar en un lugar público, por ejemplo un teatro<a style=3D'mso-footnote-id:ftn1' href=3D"#_ftn1" name=3D"_ftnref1" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[1]<![endif]></a>. Esta afirmación permite una mayor protección si la comparamos con la exigencia relativa a las injurias o calumnias hechas con publicidad, en las que la ésta se produce, según el Art. 211, por medio de la imprenta, radiodifusión o cualquier medio de eficacia semejante. Pero la satisfacción se convierte en decepción, cuando al tratar de l= os modos en los que estas acciones se han de efectuar, el artículo que comentamos <st1:metricconverter ProductID=3D"-525 C" w:st=3D"on">-525 C</st= 1:metricconverter>.P.- establece que han de efectuarse de palabra, por escrito o mediante cualquier otro tipo de documento. De acue= rdo con el Código Penal, documento es todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier o= tro tipo de relevancia jurídica (Art. 26). ¿Que ocurre entonces con la mímica o los gestos, actitudes por lo demás tan frecuentes no sólo en la obra teat= ral? Parece ser, a primera vista, que quedan impunes. <o:p= ></o:p> &n= bsp; Otro artículo del Código Penal que merece cierto comentario es el = Art. 526. La comunidad en general se interesa por la reverencia hacia la mem= oria de los difuntos, siendo como es un valor cultural que se origina en la propia dignid= ad humana ha de ser tutelado, no sólo desde una perspectiva exclusivame= nte religiosa, sino también social<a style=3D'mso-footnote-id:ftn2' href=3D"#_ftn2" name=3D"_ftnref2" title=3D""><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[2]<![endif]></a>. Es precisamente la sociedad y aunque resulte a priori una crueldad no los propios difuntos o s= us familiares en concreto, quien= se constituye en titular del bien jurídico protegido por aquel articulo= : "El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, viola= re los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de = prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses". Recuérdese q= ue en el Código Penal de 1995, la pena era de arresto de <st1:metricconverter ProductID=3D"12 a" w:st=3D"on">12 a<= /st1:metricconverter> 24 fines de semana y multa de <st1:metricconverter ProductID=3D"3 a" w:st= =3D"on">3 a</st1:metricconverter> 6 meses. Las conductas que se vean justificadas por un fin educativo o de investigación, no pueden desde luego incluirse en este delito. Sólo serian delictivas cuando se ajusten a las acciones de "violar" o "profanar". El primero de los término= s se refiere a la apertura o entrada ilegítima en un sepulcro o sepultura= . Cuando se habla de profanación estamos ante la irreverencia o falta del respeto debido al cadáver o= sus cenizas -mutilaciones, sustracciones de órganos, determinadas conduc= tas sexuales (necrofilia) o, incluso, conductas bastante menos depravables sin dejar de serlo, como el robo de objetos de valor. También se habla de "destruir, alterar o dañar" siempre con el ánimo de= ultraje. Cometer el delito por rac= ismo o xenofobia acentúa la gravedad de los actos descritos, pues son llevados a cabo sobre base de la = discriminación (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"22,4 C" w:st=3D"on">22,4 C</st1:met= ricconverter>.P.).<o:p></o:p> &n= bsp; Aparecen también conectados a la tutela de la religión los delitos tipificados en el Art. 197. Concretamente aquellos delitos relativos al apoderamiento de documentos o efectos personales con el propósito de descubrir la intimidad ajena y los delitos relativos a la interceptación de telecomunicac= iones y al control audiovisual clandestin= o, conductas que pueden afectar, entre otros, a contenidos de índole religiosa. En ellos el objeto jurídico de protección es la intimidad. Y es precisamente en el apartado quinto de dicho articulo donde = se recoge un tipo agravado, el apoderamiento o interceptación de datos = que afectan a la que se considera la esfera más sensible de la intimidad, datos referidos por ejemplo a la salud, ideología, creencias religio= sas, etc. Las críticas que podríamos hacer a este articulo son de = muy diversa índole, comenzando por la excesiva enumeración de conductas, pasando por la unificación de penas ante acciones que van= del mero apoderamiento hasta la utilización de medios que, como hemos señalado más arriba, son muy sofisticados. Por otra parte se habla de "intención de vulnerar los secretos o la intimidad de otro". A este respecto cabe preguntarse si realmente no es el secreto parte de dicha intimidad. Se considera violada la intimidad religiosa de la persona únicamente cuando el apoderamiento se produce sobre sus dato= s o documentos. ¿Qué ocurre cuando se trata de datos o documentos= de otro? Materialmente hablando, si esos datos o documentos estuvieran en pose= sión de un tercero, no existiría correspondencia entre titularidad de la intimidad y titularidad del objeto material. Habría que interrogarse si estamos ante un supuesto d= e los recogidos en este artículo. Demasiados interrogantes para un sólo precepto. La protección cualificada que hace el Art. 197= .5 de los datos que identifican el más reducido núcleo de la personalidad (entre otros el que hace referencia a la religión del individuo) está en estrecha conexión con el derecho a la autodeterminación informativa. Este derecho "supone la facultad= de disponer sobre la revelación y el uso de datos personales.... se tra= ta de la posibilidad, que se integra en el patrimonio jurídico de cada individuo, de decidir el quién, qué, cuando y con qué ocasión del conocimiento de datos que le conciernen, de un poder de control sobre las informaciones que versan sobre la propia persona"<a style=3D'mso-footnote-id:ftn3' href=3D"#_ftn3" name=3D"_ftnref3" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[3]<![endif]></a>. En este sentido, se consolida la posibilidad de que los ministros de culto, tanto católi= cos como de otras confesiones minoritarias, al ser designados miembros de un ju= rado y cuando tengan que juzgar sobre determinados hechos o relaciones confidenciales que le sean confesados, puedan llegar a plantear objeci&oacu= te;n de conciencia. Como vemos, la legislación española también protege jurídicamente el secreto religioso de los sacerdotes, rabinos, imane= s y pastores. De hecho, en el Art. 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se afirma que “los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes= , no podrán ser obligados a declarar como testigos sobre los hechos que l= es fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio". <= span style=3D'letter-spacing:-.15pt'><o:p></o:p> &n= bsp; Otra de las cuestiones de la nueva regulación, en relación directa= con la libertad religiosa, es el Art. 314, referido a los derechos de los trabajadores que castiga la discrim= inación en el empleo, entendida como toda diferencia de trato entre dos persona= s o conjunto de ellas, no ajustada a derecho: "Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencia= s, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientació= ;n sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por oste= ntar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el paren= tesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis mes= es a dos años o multa de <st1:metricconverter ProductID=3D"12 a" w:st=3D"= on">12 a</st1:metricconverter> 24 meses". Podrá ser castigado todo empresario o funcionario público que actúe de manera improcedente, abusando de su condición y utilizando la religión como causa ideológi= ca de discriminación. Este artículo quiere potenciar el respeto a uno de los derechos fundamentales, cual es la libertad religiosa y de culto, recogido, junto co= n el de la libertad ideológica, en el Art. 16 de la Constitución.<= o:p></o:p> &n= bsp; Aunque ya hemos tenido ocasión de referirnos a los delitos contra la Constitución (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"522 a" w:st=3D"= on">522 a</st1:metricconverter> <st1:metricconverter ProductID=3D"526 C" w:st=3D"o= n">526 C</st1:metricconverter>.P.), tenemos que volver de nuevo al capítulo IV del Título XXI del Código Penal, por una razón de naturaleza híbrida: la = tutela de los derechos fundamental= es y las libertades públicas frente a la discriminación. Es obligado aludir a los Arts. 510, 511 y 512 del C.P. <o:p></o:p></= p> &= nbsp; Efectivamente, el Art= . 510 recoge como delito la apologí= ;a de la discriminación, protegiendo en este caso el derecho a la igua= ldad frente a la proliferación de conductas violentas contra grupos o aso= ciaciones:”Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes= a la ideología, religión o creencias (...) serán castiga= dos con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a d= oce meses. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento = de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias (...)”. Si bien la redacción de este precepto conserva la nota de generalidad en los comportamientos descritos, preferimos las expresiones de "conductas racistas o antirreligiosas". Nos sorprende el ajuste de estas últimas hacia actitudes exclusivamente "antisemitas", pues= no son las únicas posibles agresiones contra la religión. </span= >Posturas claramente antidemocráticas= que nunca podrán justificarse como manifestaciones o derivaciones del ejercicio de los derechos de libertad ideológica o de expresión<a style=3D'mso-footnote-id:ftn4' href=3D"#_ftn4" name=3D"_ftnref4" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[4]<![endif]></a>. <o:p></o:p></s= pan> &= nbsp; Cuando esta discriminación se hace efectiva por un particular encargado de = un servicio público o por un funcionario que deniega una prestación a la que se tiene derecho se ataca de lleno al mismo principio de igualdad. Serán criminalmente responsab= les las personas que actúen o representen a una persona jurídica. Pero también será responsable directa y solidariamente la concreta persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actu&oacu= te; a tenor de lo establecido en el nu= evo párrafo 2º del Ar= t. <st1:metricconverter ProductID=3D"31 C" w:st=3D"on">31 C</st1:metricconverter>.P.: "= El que actúe c= omo administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en no= mbre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades= o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser suj= eto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.&= nbsp; En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cu= enta actuó". Si se compara con= el Art. 510, el Art. 511 sanciona sorprendentemente de manera más leve = este delito de discriminación= que el de provocación de dicha discriminación<a style=3D'mso-footnote-id:ftn5' href=3D"#_ftn5" name=3D"_ftnref5" title=3D""><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"Arial Narrow";mso-fareast-font-famil= y: "Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New Roman";letter-spacing:-.1= 5pt; mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi-language:AR-SA'>[5]</= span><![endif]></a>. <o:p></o:p> &= nbsp; El sujeto activo podrá ser tanto persona física como jurídica. Se considera discriminación, cuando el que deniega la prestación es un particular no encargado de un servicio público. Es decir el sujeto activo del Art. 512 podrá ser, por ejemplo, cualquier profesional o empresario que se ni= eguen por ejemplo a prestar servicios, suministros, mercancías ...etc. por razón de la raza, ideología (...) o religión, a person= as con las que no les une ningún vínculo de carácter labo= ral. De asociación o grupo he= mos de hablar al referirnos, a la novedad que nos plantea el Art. 515. En su apart= ado 3º, considera punibles aquellas conductas que "aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteració= n o control de la personalidad" y, en su apartado 5º "aquellas q= ue promuevan ( o inciten) la discriminación, el odio o la violencia con= tra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias...". Se suprime las que promuevan el tráfico ilegal de personas. (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"515,6 C" w:st= =3D"on">515,6 C</st1:metricconverter>.P. 1995). Gr= aves son desde luego aquellas asociaciones que tienen por objeto la comisi&oacut= e;n de un delito, las bandas armadas o paramilitares..., pero por lo que a nues= tro tema se refiere, es decir la protección de la libertad religiosa en el Código Penal, también son graves aquellas en las que el comportamiento colectivo de sus miembros tiende hacia la alteración o control de la personalidad. Nos referimos a las usualmente llamadas "sectas"; o aquellas que promoviendo o incitando a la discriminación no llegan a la tipificación de los delitos citados en los Arts. 511 y 512. <o:p></o:p></span= > &= nbsp; Cuando analizamos los delitos contra la libertad de conciencia y contra los sentimientos religiosos (Arts. 523 y <st1:metricconverter ProductID=3D"524 = C" w:st=3D"on">524 C</st1:metricconverter>.P.), destacamos su incidencia sobre= la perturbación de las ceremonias religiosas o del culto. Esta incidenc= ia también está presente en el&= nbsp; contenido del Art. 539, castiga a la autoridad o funcionario gubernativo que sin previa resolució= ;n judicial disuelva o suspenda las actividades de una asociación legalmente constituida; o que sin causa legítima impida la celebración de sus sesiones. La protección aquí encuentra un punto de apoyo en el derecho de asociación reconocido a cualquier entidad civil, mercantil, etc. incluyendo también a las co= nfesiones religiosas, las cuales pueden estar en ocasiones inscritas o no, en los Registros públicos correspondientes.<o:p></o:p> &= nbsp; Existen algunas tipologías que aunque nada tienen que ver con la protección de la libertad religiosa, nos resultan si no interesantes= , sí al menos curiosas de destacar. Nos referimos al delito de usurpación de funciones, del Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"402 C" w:st=3D"on">402 C</st1:metricconverter>.P. que establec= e lo que sigue: "El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años". Igualmente podría encuadrarse dentro del Art. 637= el uso del hábito eclesiástico cuando señala lo que sigue: "El que usare pública e indebidamente</= i> uniforme, traje, insignia (...) o se atribuyere públicamente la cual= idad de profesional amparada por un título académico que no posea, será castigado con la pena de arresto de uno a cinco fines de semana= o multa de diez a treinta días". Este último está conectado con la agravante segunda del Art.22, que penaliza especialmente la ejecución del hecho delictivo mediante disfraz<a style=3D'mso-footno= te-id: ftn6' href=3D"#_ftn6" name=3D"_ftnref6" title=3D""><![if !supportFootnotes]><span style=3D'font-size:12.0pt;font-family:"A= rial Narrow"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-font-family:"Times New R= oman"; letter-spacing:-.15pt;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:ES;mso-bidi= -language: AR-SA'>[6]<![endif]></a>. <o:p></o:p> En el libro II del Código Penal, concretamente en su título XXIV, t= ras la regulación del Genocidio<= /i>, se ha añadido un nuevo capítulo destinado a los del= itos de lesa humanidad (Art. 607 bis). En ambos delitos se tendr&a= acute; en cuenta, entre otras circunstancias, el hecho de que la víctima pertenezca a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religio= sos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inacepta= bles con arreglo al Derecho internacional. La regulación de estos tipos delictivos siempre se ha valorado como una vía de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que contribuye a la cooperación entre los pueblos y a la seguridad internacional. Efectivamente, son reos de delitos de lesa humanid= ad quienes cometan los hechos como la muerte de una persona, violaciones o agresiones sexuales, tortura, expulsiones violentas, etc., como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. <o:p></o:p> <= span style=3D'mso-tab-count:1'> &= nbsp; Por lo que se refiere a los actos violentos que en caso de conflicto armado pue= da sufrir el personal religioso integrante de una misión médica,= se mantiene, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados, la p= ena de prisión de tres a siete años. Es novedosa la referencia que hace el párrafo segundo del Art. 612 del C.P, cuando la acción punible recae específicamente contra el personal habilitado para usar los signos o señales distintivos de los Convenios de Ginebra, de conformidad con el Derecho internacional. También los lugares de cul= to y otros bienes culturales podrán ser objeto de sanción en determinadas circunstancias, como ya vimos, en caso de conflicto bél= ico (Art. <st1:metricconverter ProductID=3D"613,1 a" w:st=3D"on">613,1 a</st1:m= etricconverter> C.P).<o:p></o:p> &nb= sp; A la vista de los preceptos comentados, cabe concluir con la siguiente reflexión: la reforma supone un importante avance en nuestro sistema penal y la correcta aplicación de estas novedades requiere un lógico periodo de adaptación social e institucional. De este = modo se podrá comprobar si, efectivamente, estas modificaciones han cubie= rto las numerosas deficiencias legislativas del Código Penal de 1995.<sp= an style=3D'mso-spacerun:yes'> Determinar y acertar en las críticas y lagunas de este prácticamente “nuevo Código Penal del <st1:metricconverter ProductID=3D"2003”" w:st= =3D"on">2003”</st1:metricconverter>, nos parece aún precipitado.<o:p></o:p> María Reyes León Benítez<o:p></o:p> María del Mar = Leal Adorna<o:p></o:p> Facultad de Derecho<o= :p></o:p> UNIVERSIDAD DE SEVILL= A<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote-list'><![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1 width=3D"33%"> <![endif]> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn1> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn1' href=3D"#_ftnref1" name=3D"_ftn1" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]></span= ></a>&n= bsp; Así lo ha manifestado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 noviembre 1990.<o:p></o:p></span= > </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn2> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn2' href=3D"#_ftnref2" name=3D"_ftn2" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[2]<![endif]></span= ></a> <st1:PersonName ProductID=3D"la Dirección General" w:st=3D"on">La Dirección General</st1:PersonName> de Asuntos Religiosos (Decisión 24-1= -83, denegatoria de la inscripción de una institución budista), ha hecho notar que el culto a los espíritus de los antepasados constitu= ye un fin ajeno al ámbito de la Ley de Libertad Religiosa.<o:p><= /o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn3> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn3' href=3D"#_ftnref3" name=3D"_ftn3" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[3]<![endif]></span= ></a> PEREZ LUÑO, E.,"Nuevos derechos fundamentales en la era tecnológica: la libertad informática, en Anuario de Derecho Publico y Estudios políticos, 2, (1989-90)= 188.<o:p></o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn4> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn4' href=3D"#_ftnref4" name=3D"_ftn4" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[4]<![endif]></span= ></a> El propio Tribunal Constitucional entiende que dichos derechos no pueden "amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos étnico= s, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o sociales, pues en un Estado como= el español, social, democrático y de Derecho, los integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente y= a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social" (STC nº 101/1= 990, de 11 de0 noviembre).<o:p></o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn5> <a style=3D'mso-foo= tnote-id: ftn5' href=3D"#_ftnref5" name=3D"_ftn5" title=3D""><![if !supportFootnotes]>[5]<![endif]></span= ></a> Concretamente la discriminación, con p= ena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuat= ro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años. Mientras que la provocación de esta conducta, como hemos visto, con pena de prisión de uno a tres años y mu= lta de seis a doce meses.<o:p></o:p> </div> <div style=3D'mso-element:footnote' id=3Dftn6> <a style=3D'mso-footnote-id:ftn6' href=3D"#_ftnref6" name=3D"_ftn6" title=3D""= ><![if !supportFootnotes]>[6]<![endif]></span= ></a> La usurpación de funciones eclesiásticas y los delitos= en el ejercicio de las mismas se regulan en el ordenamiento de los cáno= nes <st1:metricconverter ProductID=3D"1378 a" w:st=3D"on">1378 a</st1:metricconverter> 1389 del Código de Derecho Canónico.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> </div> </div> </body> </html> ------=_NextPart_01C45226.C3A630E0 Content-Location: file:///C:/0F23C06C/14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL_archivos/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <html xmlns:v=3D"urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns=3D"http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; charset=3Dus-ascii"> <meta name=3DProgId content=3DWord.Document> <meta name=3DGenerator content=3D"Microsoft Word 11"> <meta name=3DOriginator content=3D"Microsoft Word 11"> <link id=3DMain-File rel=3DMain-File href=3D"../14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL.htm"> <![if IE]> <base href=3D"file:///C:\0F23C06C\14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENA= L_archivos\header.htm" id=3D"webarch_temp_base_tag"> <![endif]><o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"metricconverter"/> <o:SmartTagType namespaceuri=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name=3D"PersonName"/> </head> <body lang=3DES> <div style=3D'mso-element:footnote-separator' id=3Dfs> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1 width=3D"33%"> <![endif]> </div> <div style=3D'mso-element:footnote-continuation-separator' id=3Dfcs> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1> <![endif]> </div> <div style=3D'mso-element:endnote-separator' id=3Des> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1 width=3D"33%"> <![endif]> </div> <div style=3D'mso-element:endnote-continuation-separator' id=3Decs> <![if !supportFootnotes]> <hr align=3Dleft size=3D1> <![endif]> </div> </body> </html> ------=_NextPart_01C45226.C3A630E0 Content-Location: file:///C:/0F23C06C/14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL_archivos/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" <xml xmlns:o=3D"urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <o:MainFile HRef=3D"../14-2LATUTELADELALIBERTADRELIGIOSAENELCODIGOPENAL.ht= m"/> <o:File HRef=3D"header.htm"/> <o:File HRef=3D"filelist.xml"/> </xml> ------=_NextPart_01C45226.C3A630E0--