TUTELA EFECTIVA Y ARBITRAJE DE
CONSUMO .
MARIA DOLORES BESES MIGUEL
Licenciada en Derecho
1.- La Crisis del proceso:
2.-Jurisdicción y métodos alternativos: 3. - Las ADR
“Alternative Dispute Resolution” 4.- Las ADR como métodos
alternativos de resolución de conflictos en el ámbito del con=
sumo
en
1.=
- La
Crisis del proceso:
En los
últimos tiempos hemos podido observar como han llovido las
críticas desde todos los ámbitos hacia la administració=
;n
de
= Con la masificacion, la globalización, y la velocidad de vértigo en los cambios tanto económicos, sociales y tecnológicos que nos han venido acompañando en los últimos tiempos, unido a una tendencia a la privatización del proceso enmarcada en la disminución de roles a carg= o del Estado, han puesto de manifiesto la incapacida= d para dar una respuesta rápida y eficaz a la demand= a de tutela judicial, provocando un descrédito de la resolución judicial de conflictos.
Sin embargo la falta de rapidez y eficacia, la carestía= del proceso y la especial querulencia de nuestro pueblo como denota PEDRAZ (2) ya fue puesta de manifiesto hace 400 años, y ya entonces se dirigían las miradas hacia búsqueda de equivalentes . Esta crítica no debe servir para eximir al Estado de ofrecer un proceso justo, con sucedáneos carentes de garantías, al contrario cualquier otra alternativa distint= a al proceso exige del Estado que “esté y pase por ella, aun con to= das las consecuencias” , debiendo respetarse en cualquier sistema alterna= tivo al proceso que se ofrezca al ciudadano los principios de audiencia, contradicción e igualdad de partes.
2.=
-Jurisdicción
y métodos alternativos: =
Con la constitucionalización de los principios procesales y
La creciente complejidad en las relaciones
humanas y la celeridad en el cambio, unido a la nueva era tecnológica
, las nuevas figuras financie=
ras,
operaciones de mercado transnacionales,&nb=
sp;
etc. aumentan en progresión tanto la cantidad de conflictos c=
omo
la variedad de los mismos, y ello requiere=
opciones diferentes y alternativas para la resolución de las disputas. Ante la necesidad
social y empresarial de solucionar los conflictos jurídicos , se
proponen diferentes alternativas por los operadores jurídicos como
métodos más adecuados y eficientes. Barona Vilar (5) agrupa en tres direcciones la
búsqueda de estas soluciones:
a)Aquellos que afirman que la vía de solución de esta crisis viene por el camino del aumento de medios materiales y personales de la Administración de Justicia
b)Los que desde posiciones políticas más poderos= as mantienen la proliferación legislativa procesal como única vía de introducir soluciones, que, por otra parte y en muchas ocasio= nes, obedecen a parches, búsquedas apresuradas, como si trasladando del d= erecho comparado instituciones no aplicables en nuestro país se alcanzar la solución a nuestra tan denostada Administración de Justicia. =
c)Los que buscan fuera del Poder Judicial la solución d= e los conflictos o controversias jurídicas. Estos caminos fuera del Poder Judicial son alternativos a l= os largos procesos que, seg&uacu= te;n la naturaleza del conflicto en su caso, concluyen en sentencias que por su dilación en el tiempo terminan siendo injustas.
Aunque habría que destacar que no es tan cierto como se pretende el aforismo de que una justicia tardía supone una denegación de justicia, por cuanto una justicia acelerada pueda supo= ner asimismo la máxima injusticia. (6)
Por ello , sin dejar de lado el Poder Judicial que se erige en garantía del orden público, se promueve la búsqueda de= la solución del conflicto a través del camino de la mediación, conciliación, negociación y arbitra= je,...
La garantía jurisdiccional no puede pasar desapercibida en un Estado que constitucionalmente está considerado como social, democrático= y de derecho. Guardar silencio ante ello, sería convalidar el inicio de una futura y peligrosa propuesta de mercantilización de la administración de justicia .
=
Garantía
que asimismo contempla el Convenio Europeo ( para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 195[1]&nbs=
p;
en su Artículo =
6.1
“ Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída
equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Trib=
unal
independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los
litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil “=
= Por ello cualquier vía que busquemos para solucionar de forma no violenta los conflictos en nuestra sociedad, puede resultar tan válida como la organiza= da desde el
Estado y mediante la jurisdicción, pero por el momento = el derecho a ser “oída....por un Tribunal independiente .... establecido por la Ley..” , actualmente es entendido como que sólo puede ser eludible de forma voluntaria y por opción de la parte, no por imperativo del Poder Ejecutivo.
3. - Las ADR “Alternative Dispute
Resolution”
3.1 Generalidades =
Como destaca BARONA VILAR ( 8 ) , la aparición de las A=
DR
hace tres décadas en el sistema anglosajón surge de una corri=
ente
de pensamiento denominada Critical Legal Studies en la Universidad de Harvard, supo=
ne una
respuesta negativa frente al normativismo.=
Las ADR son la consecu=
encia
de la creación del estado del bienestar, y con él de un inten=
to
de alcanzar solución a los problemas de acceso a
&= nbsp; El término Resolución alternativa de conflictos proviene = de algunos sectores de profesionales de la mediación, pero es poco frecuente. En resolución de conflictos no se proponen alternativas a= las instituciones sociales como la justicia o la política, sino una transformación de éstas, volviendo al sentido primero de las<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> mismas. En todo caso, la transformación de los conflictos de cara a su resolución podría significar la búsqueda de alternativas no violentas.
&= nbsp; Los cauces de las ADR no pue= den plantearse como una fórmula contra los tribunales, ni puede pensarse= en las mismas como cauces exclusivamente privados de solución de los conflictos. La colaboración de los tribunales es punto esencial en a= ras a esa efectiva tutela pretendida, y la configuración desde o en la Administración puede ser un punto esencial para que efectivamente el sistema de las ADR funcione.
&= nbsp; Cada vez más huyendo del normativismo, y procurando facilitar el acceso a= la justicia, se trata de dar eficacia a aquellos mecanismos que bien se denominen: conciliación, mediación o algún otro sentido equivalen= te en el que las partes soliciten a un tercero o terceros (“El conciliador”), que les preste asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso de una controversia que se derive de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o esté vinculada a ellas.
3.=
2 El
arbitraje
&= nbsp; El arbitraje, es un procedimiento heterocompositivo por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que d= icta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las parte= s. Contrariamente a la mediación, una vez que las partes han acordado libremente someter una controversia a arbitraje, una parte no puede retirar= se unilateralmente del arbitraje .
El
arbitraje, como medio alternativo a la justicia ordinaria, es actualmente
objeto de gran impulso y se promueve su utilización, difundiendo sus
ventajas frente a esta última..(12)=
El
arbitraje y la mediación, son medios alternativos de
administración de justicia, que si bien no aparecen expresamente
recogidos en la Constitución,
su objetivo es permitir la resolución de conflictos de una ma=
nera
tan valida, aplicable, oportuna y justa, como la que se esperaría de=
los
jueces ordinarios. Al tratarse de una alternativa, implica poder escogerla,=
en
detrimento de la otra opción, y hacerlo por alguna ventaja apreciabl=
e,
ya que ambas vías llev=
an al
mismo resultado. Bajo la anterior premisa, debemos cuestionarnos cuales serían las razones p=
or las
que no acudiríamos a la
justicia ordinaria en caso de un conflicto.
=
;
Ya En la Ley de Madrid de 1502 se
recogían los motivos por los cuales las partes optaban por el arbitr=
aje
“Porque acaece, que las partes por bien de paz y concordia y por
evitar costas y pleytos y contiendas...acuerdan poner y comprometen los tal=
es
pleytos y contiendas en manos de jueces árbitros...” . (13)
= Las razones de fondo siguen siendo las mismas, los pleitos son caros, largos. <= o:p>
El Libro Blanco sobre Mecanismos Extrajudiciales de
Solución de Conflictos en España . Diciembre de 2002 (14) contempla, entre otras,=
las siguientes:
Celeridad=
: El 80% de las sentencias que se pronuncian en España son
Agilidad. Las partes pueden establecer el plazo m&aacut= e;ximo dentro del cual el laudo debe ser dictado, al estar previamente establecido= en las normas de funcionamiento del tribunal. El procedimiento arbitral es más expedito que el judicial y el laudo arbitral no está suje= to al recurso de apelación.
Según los resultados refleja=
dos en
el Libro Blanco de la Justicia , se calcula aproximadamente un tiempo de un
once meses para un proceso
planteado ante un tribunal de justicia, un año para la apelaci&oacut=
e;n,
tres años para un proceso de casación ante el Tribunal Suprem=
o y
finalmente un año para su ejecución.
Economía. El coste total de los procesos arbitrales =
es
inferior al de los procesos judiciales estatales. Minimizan tiempo y dinero=
.
Especiali=
zación
en
Control d=
e las
partes
Estas mantie=
nen en
todo momento el control del proceso, pueden suspenderlo por un plazo cierto=
y
determinado o darlo por finalizado
por cualquier motivo, evitando que los árbitros dicten el lau=
do.
La
obligatoriedad de la decisión final=
El laudo es =
de
obligado cumplimiento para las partes
y en caso de incumplimiento
se procederá a la ejecución forzosa vía tribuna=
les
de justicia.
El
Reconocimiento internacional del laudo arbitral es
superior al que poseen las sentencias nacionales , más de 130
países han firmado la Convención para el Reconocimiento y
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, conocida como
Convención de Nueva York.
Privacida=
d,
confidencialidad y ausencia de publicidad son entre otras las ventajas que el arbitraje nos
ofrece.
4.- Las ADR como métodos alternativo=
s de
resolución de conflictos en el ámbito del consumo en
&= nbsp; Las distintas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas han incidido al igual que en otros muchos ámbitos de nuestra sociedad= , en el mundo de los consumidores el cual ha evolucionado tanto cualitativa como cuantitativamente. Durante mucho tiempo han sido característicos los conflictos ante los tribunales principalmente relacionados con la propiedad y con las personas físicas. Sin embargo con el tiempo se ha puesto de manifiesto un trasvase de lo privado hacia lo público, de lo individ= ual a lo colectivo. La sociedad presenta unos litigios más complejos .El continuo desarrollo de nuevas prácticas comerciales que impli= can la intervención de los consumidores, como el comercio electrónico, así como el previsible aumento de las transaccio= nes transfronterizas, requieren especial atención para ganar la confianz= a de los consumidores, en particular facilitando el acceso, incluido por medios electrónicos, a medios prácticos, eficaces y poco onerosos pa= ra obtener indemnización.
En el campo del Derecho mercantil&nb= sp; la evolución que iba a tener el consumo era inimaginable así como también el correlativo desarrollo de la tutela de los consumidores, potenciándose todos aquellos mecanismos que facilitan = el acceso a la justicia al consumidor.
El consumo de masas, fenóme=
no
nuevo impensable hace cien años, presenta una serie de
características (17)
Debido
a su naturaleza, la mayoría de los litigios en materia de consumo se
caracterizan por una desproporción entre el valor económico d=
el
asunto y el coste de su solución por vía judicial , ello favorece que el consumidor se convierta en un operador
pasivo ante la posibilidad de=
hacer
efectivo su derecho ante los Trib=
unales.
Hay que decir no obstante que si bien lo que un consumidor reclama puede ser
insignificante, no lo es ya tanto la suma de las cuantías de las
reclamaciones de muchos
consumidores afectados, jugando en este aspecto un papel muy importante las
asociaciones de consumidores que han canalizado e impulsado la efectividad =
de
los derechos como consumidores.
Independientemente
del objeto y del valor del pleito, el consumidor en la relación cont=
ractual es
considerada la parte
económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada. La
desigualdad de fuerzas en la relación jurídica contractual
La tipologia material es otra de las cuestiones que BARONA VILAR destaca. Junto a las reclamaciones de bagatela<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> (bien en estado defectuoso) , en ocasiones la pretensió= n del consumidor ya no es la indemnización por el defecto en el bien, sino= la obtención en especie del objeto de consumo, o en aquellos supuestos en que por defectos de fabricación= en una pieza de un bien de consumo= muy generalizado como pueda ser el automóvil (por ejemplo los frenos de un modelo concreto de una marca= de automóviles) el número de consumidores afectados puede resultar considerable. Ello ha provocado que se comience a tutelar desde esta perspectiva del consumo los intereses colectivos, así como los difusos.
No hay que olvidar que las nuevas
tecnologías han provocado el crecimiento geométrico del
mercado y el desarrollo del consumo a nivel transnacion=
al favorecido en gran medida por la re=
d de
redes. En
el caso de los conflictos transfronterizos, las posibles dificultades ligad=
as a
los procedimientos judiciales pueden disuadir al consumidor de hacer valer
efectivamente sus derechos.
Desde hace varios años y en=
el
marco de un programa destinado a mejorar el acceso del consumidor a la justicia se han realizado varios estudios e=
n el
ámbito de los conflictos, relacionados con el consumo, tanto nacionales como
transfronterizos, vinculados =
o no a
Internet.
La Comisión dentro de este
programa adoptó dos Recomendaciones p=
or las
que se establecen determinados principios aplicables a los procedimientos
extrajudiciales en materia de
consumo. Estas Recomendaciones
acompañadas cada una de ellas por una comunicación de la
Comisión, venían acompañadas asimismo para su publicació=
n de
un formulario de reclamación europeo para el consumidor.
4.1=
La Recomendación 98/257/CE =
.-
Siguiendo con el deseo de aumentar la conf=
ianza
de los consumidores en el funcionamiento del mercado interior y su capacidad
para beneficiarse de las posibilidades que éste les ofrece contempla=
la
posibilidad de que los
&n=
bsp; La
recomendación enuncia los siete requisitos mínimos relativos =
a la
creación y funcionamiento de las ADR, no refiriéndose a los
procedimientos que simplemente
pretenden acercar a las partes para convencerl= as de que busquen una solución de común acuerdo y que frecuentemente son designados con la apelación de “mediación”. <= o:p>
Se
recomienda que todo ó=
;rgano
existente o que pueda crearse, que tenga como competencia la solución
extrajudicial de litigios en materia de consumo, sea persona física o
jurídica respon=
sable de
la creación o el funcionamiento de tales órganos, y a los Est=
ados
miembros cuando participen en ellos que respeten los siguientes principios=
:
La independencia del órga= no responsable de la toma de la decisión estará asegurada, de fo= rma que se garantice la imparcialidad de su acción.
Cuando la decisión se ado= pte de forma individual, esta independencia estará garantizada por las siguientes medidas:
- la persona designada tendrá la capacidad, la experiencia y =
la
competencia, en particular en materia jurídica, necesarias para la
función;
- la duración del mandato de la persona designada
deberá ser suficiente para garantizar la independencia de su
acción, sin que ésta pueda ser destituida sin motivo justific=
ado;
- cuando la persona designada sea nombrada o remunerada por una
asociación profesional o por una empresa, no deberá haber
trabajado para dicha asociación profesional, ni para uno de sus
miembros, ni para la empresa en cuestión, durante los tres añ=
os
anteriores a su entrada en funciones.
Cuando la decisión se adopte de fo=
rma
colegial, la independencia del órgano responsable de ella puede
garantizarse mediante la representación paritaria de los consumidore=
s y
de los profesionales o por el respeto de los criterios antes enunciados.
Se adoptarán las medidas convenien=
tes
para garantizar la transparencia del procedimiento. Entre dichas medidas se
incluirán:
1) la comunicación por es= crito, o en cualquier otra forma apropiada, a cualquier persona que lo solicite, de = la información siguiente:
- una descripción p= recisa de los tipos de litigios que pueden someterse al órgano, así = como los límites que puedan existir en relación con la cobertura territorial y el valor del objeto de los litigios;
- las normas relativas a la consulta del órgano, inclui=
das,
en su caso, las gestiones previas impuestas al consumidor, así como
otras normas de procedimiento, en particular las relativas al caráct=
er
escrito u oral del procedimiento, a la comparecencia personal y a las lengu=
as
del procedimiento;
- el posible coste del procedimient=
o para
las partes, incluidas las normas relativas al reparto de los costes con
posterioridad al procedimiento;
- el tipo de normas en las que se b=
asan
las decisiones del órgano (disposiciones legales, equidad,
códigos de conducta, etc.);
- las modalidades de toma de
decisión en el órgano;
- el valor jurídico de la
decisión, precisando claramente si es o no de carácter
obligatorio, para el profesional o para las dos partes. Si la decisió=
;n
tuviera carácter obligatorio, deberán precisarse las sanciones
aplicables en caso de incumplimiento de
2) La publicación, por el ó=
rgano
competente, de un informe anual relativo a las decisiones dictadas, que per=
mita
evaluar los resultados obtenidos y determinar la naturaleza de los litigios
presentados.
El procedimiento que habrá de segu=
irse
implicará la posibilidad de que todas las partes interesadas den a
conocer su punto de vista a la institución competente y que tengan
conocimiento de todas las posturas y de todos los hechos expuestos por la o=
tra
parte, así como, en su caso, de las declaraciones de los expertos.
La eficacia del procedimiento estar&aacut=
e;
asegurada por medidas que garanticen:
a) el acceso del consumidor al
procedimiento, sin estar obligado a utilizar un representante legal ;
b) la gratuidad del procedimiento o la
fijación de costes moderados;
c) la fijación de plazos cortos en= tre la consulta presentada ante el órgano y la toma de la decisión;<= o:p>
d) la atribución de un papel activ=
o al
órgano competente, que le permita tener en cuenta todo elemento
útil para la solución del litigio.
La decisión del órgano no
podrá tener como resultado privar al consumidor de la protecci&oacut=
e;n
que le garantizan las disposiciones imperativas de la ley del Estado en el =
que
esté establecido el órgano. En caso de litigios transfronteri=
zos,
la decisión del órgano no podrá tener como resultado
privar al consumidor de la protección que le garantizan las disposic=
iones
imperativas de la ley del Estado miembro en el cual el consumidor tenga su
residencia habitual, en los asuntos previstos en el artículo 5 del
Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las
obligaciones contractuales Toda decisión se justificará y com=
unicará
por escrito, o de cualquier otra forma apropiada, a las partes interesadas,=
en
el menor plazo posible.
La decisión del órgano
sólo podrá ser obligatoria para las partes cuando éstas
hayan sido previamente informadas y la hayan aceptado expresamente.
La adhesión del consumidor al procedimiento extrajudicial no podrá ser resultado de un compromiso anterior al surgimiento de un desacuerdo , cuando dicho compromiso tenga por efecto privar al consumidor de su derecho a recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes para la solución judicial del litigio.<= o:p>
El procedimiento no podrá privar a las partes del derecho a hacerse representar o acompañar por un tercero en toda las etapas del procedimiento.
4.2
La Recomendaci&o= acute;n se aplicará a los órganos responsables de procedimientos que se limitan a una simple tentat= iva de acercamiento de las partes en materia de consumo, con el fin de convencerlas, de que busquen una solución de común acuerdo, no obstante, puede suceder que el tercero en cuestión tenga que proponer, de manera informal, una solución. La especialidad consiste en el empleo del correo electrónico en las prácticas comerciales de los consumidores, recomendándose la búsqueda de mecanismos prácticos , eficaces y onerosos para que éstos puedan obtener una rápida reparación y/o indemnización, facilitando el acceso a la just= icia incluso por medios electrónicos.
Las recomendaciones que realiza la Comisión se insertan dentro de las ya efectuadas en la Recomendación 98/257/CE , volviendo a hacer hincapié sobre los siguientes Principios:
A. Imparcialidad.-Para garantizar la imparcialidad de un procedimiento, las pe= rsonas responsables del mismo: a) serán nombradas por un período de tiempo determinado y no podrán ser destituidas sin causa justificada= ; b) no tendrán ningún conflicto de interés aparente o real= con ninguna de las partes; c) facilitarán a ambas partes informaci&oacut= e;n sobre su imparcialidad y competencia antes de que comience el procedimiento= .
B. Transparencia 1. Se garantizará la transparencia del procedimiento.2. Las partes deberán tener acceso a información clara y sencilla, que recoja los datos de las personas de contacto, así como el funcionamiento y la disponibilidad del procedimiento, para que puedan consultarla y recordarla antes de plantear u= na reclamación.3. En particular, se facilitarán los datos siguientes: a) cómo se desarrollará el procedimiento, ...b) l= as normas relativas a cualquier requisito previo que deban cumplir las partes, as&iac= ute; como otras normas de procedimiento, en particular las relativas al desarrol= lo del procedimiento y las lenguas que se utilizarán; c) los posibles costes que deberán asumir las partes
C. Eficacia = 1. Deberá garantizarse la eficacia del procedimiento.2. Ambas partes deberán tener acceso al procedimiento y poder utilizarlo con facilid= ad, por ejemplo, a través de medios electrónicos, independienteme= nte del lugar en que residan.3. El procedimiento deberá ser gratuito para los consumidores, o los posibles costes deberán ser moderados y proporcionales a la cantidad en litigio. 4. Las partes podrán recurr= ir al procedimiento sin necesidad de un representante legal y, no obstante, no serán privadas del derecho de hacerse representar o acompañar= por un tercero durante todo el procedimiento o parte del mismo.5. Una vez planteado, el litigio se tramitará en el plazo de tiempo más breve posible que permita la naturaleza del mismo. El órgano respons= able del procedimiento deberá efectuar un control periódico de su evolución para cerciorarse de que la tramitación del litigio = de las partes se realice de forma rápida y adecuada.6. El órgano responsable del procedimiento incluirá el control del comportamiento= de las partes para asegurarse de que respetan su compromiso de buscar una solución adecuada, justa y oportuna al litigio. Si el comportamiento= de una de las partes no es satisfactorio, se informará a ambas partes p= ara que estudien si conviene seguir buscando una solución al litigio por= esa vía.
D. Equidad
1. Deberá garantizarse la= equidad del procedimiento. En particular: a) las partes estarán informadas d= e su derecho de no aceptar o de abandonar el procedimiento en cualquier momento,= y recurrir al sistema judicial o a cualquier otro mecanismo extrajudicial, si= no están satisfechas con el resultado o el desarrollo del mismo; b) amb= as partes podrán presentar libremente y con facilidad argumentos, información o pruebas pertinentes a su favor de forma confidencial, = a no ser que cada parte haya acordado que se transmitan estos datos a la parte contraria; si en un momento dado, el órgano presenta una soluci&oacu= te;n posible para resolver el litigio, ambas partes podrán exponer sus pu= ntos de vista, así como efectuar comentarios ante cualquier argumento, información o prueba que presente una de las partes; c) se animará a ambas partes a que cooperen con el procedimiento, en particular aportando la información necesaria para encontrar una solución equitativa al litigio; d) antes de que las partes decidan si aceptan la solución que se propone para resolver el litigio dispondrán de un período de tiempo razonable para estudiarla.= 2. Antes de que el consumidor decida si acepta la solución que se propo= ne para resolver el litigio deberá ser informado de forma clara y en un lenguaje comprensible de lo siguiente: a) puede aceptar o rechazar la solución propuesta; b) la solución propuesta puede ser menos beneficiosa que la que imponga un órgano judicial en aplicació= ;n de las normas legales; c) antes de aceptar o rechazar la solución propuesta tiene derecho a consultar a un asesor independiente; d) la utilización del procedimiento no impide que intente solucionar un litigio no resuelto ante otro mecanismo extrajudicial, como los cubiertos p= or la Recomendación 98/257/CE, o que solicite indemnización a través de su propio sistema judicial; e) el valor de la soluci&oacut= e;n aceptada.
4.3 la creación de =
una red
extrajudicial europea
A iniciativa de la Comisió=
;n
corresponde también la
creación de
Cada país participante establecerá un punto de contacto central o "centro de intercamb= io de información que prestará a los consumidores con residencia= en ese Estado, información y asesoramiento para acceder a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos pertinentes (19)..
En los diferentes países =
existe
ya una amplia gama de sistemas extrajudiciales para atender las reclamacion=
es
de los consumidores. Así como centros europeos del consumidor que
ofrecen asesoramiento y asistencia en cuestiones transfronterizas dentro de=
5. El arbitraje de consumo=
en
España
5.1 Consideraciones previas:<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> En e= ste marco europeo de fomentar el acceso a la tutela efectiva de los ciudadanos,= y por ende a los consumidores, la Administración del Estado ha puesto todos los medios a su alcance para promover e impulsar el arbitraje de cons= umo, como el medio más idóneo para la resolución de las que= jas y reclamaciones que pudieran efectuar los consumidores y usuarios.
Uno= de los acicates para conseguir atraer a empresas y consumido= res hacia este medio de resolución de conflictos extrajurisdiccional , ha sido la gratuidad aunque también han realzado la rapidez, sencillez procedimenta= l, así como otras características que también se predican= del arbitraje de consumo de las que mencionaremos a continuación las más interesantes.
5.2 características del
arbitraje de consumo
Voluntariedad: Aparece recogida expresamente en el apartado 2 del articulo 31 de la L=
ey 26/1984
“El sometimiento de las partes al sistema arbitral será volunt=
ario
y deberá constar expresamente por escrito”
Grat=
uidad: Fue establecida en principio, en el
número 2 de
&=
nbsp; Así
como en el artículo 10.1 del Real Decreto 636/93,regulador del Siste=
ma
Arbitral de consumo: “El
procedimiento arbitral de consumo comenzará con la designación
del Colegio Arbitral, ajustándose en todo caso a lo dispuesto en este
Real Decreto, con sujeción a los principios de audiencia,
contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad”. No obst=
ante
este principio general de gratuidad, tiene sus limitación, las prueb=
as
practicadas a instancia de parte corren a cargo de la proponente; son gratis
las practicadas de oficio.
Carácter vinculante y ejecutivo El Art. 17 del RD 63/1993, contemp=
la que
“El laudo arbitral tendrá carácter vinculante y
producirá efectos idénticos a la cosa juzgada” (20)
=
Ello
significa, de acuerdo con lo establecido en el art. 11 de la Ley 36/1988 que
“obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impedir&aacu=
te;
a los tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje=
en
el convenio, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante
declinatoria” ( 21)
Equilibrio entre las partes.
=
; La
composición tripartita de los colegios Arbitrales (un representante =
de
la Administración que será el Presidente, otro que
representará a los empresarios y otro a los consumidores) garantiza =
el
equilibrio y la igualdad entre las partes.
No protocolizacion del laudo.
Es una de las cuestion= es que se viene demandando desde distintos sectores para el arbitraje común. (22) . La eliminación del requisito de protocolización notarial del lau= do supone un trámite innecesario e incompatible con la simplificación procedimental que se predica del arbitraje. Por dicho motivo habría que plantearse si es realmente básico este requisito de protocolización o no. (23) .La exigencia de protocolización supone un requisito no acorde con el principio de flexibilidad del procedimiento arbitral, pero a la vez esa necesidad de formalización del mismo es una garantía para las partes en cu= anto la decisión adoptada está respaldada por un fedatario público.
5.3 Regulación
Jurídica
&=
nbsp; Este
mandato constitucional de crear procedimientos eficaces tuvo su
plasmación con la promulgación de la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la <=
/span>Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU)
en la que en su Art. 31 defin=
e el
Sistema Arbitral de Consumo y encomienda su establecimiento al Gobierno de =
la
Nación en los siguientes términos:1. Previa audiencia de los
sectores interesados y de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, el
Gobierno establecerá un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, a=
tienda y
resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes las
quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios, siempre que no concu=
rra
intoxicación, lesión o muerte, y no existan indicios racional=
es
de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y=
de
la judicial, de acuerdo con lo establecido en el Art. 24 de la Constituci&o=
acute;n.
2. El s=
ometimiento
de las partes al Sistema Arbitral de Consumo será voluntario y
deberá constar expresamente por escrito.
3. Los órganos de arbitraje estarán integrados por representantes de los sectores interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones públicas dentro del ámbito de sus competencias.
Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje en las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda recogen
expresamente los supuestos de arbitraje de consumo.
Prim=
era 1.
2. Los
arbitrajes a que se refiere el párrafo anterior son gratuitos.
car&aac=
ute;cter,
forma de designación y ámbito territorial de los órgan=
os
arbitrales y
dem&aac=
ute;s
especialidades del procedimiento y del régimen jurídico del
Sistema
Arbitra=
l que
prevé, en sus características básicas, el Art. 31 de la
Ley 26/1984.
2. Se
adiciona un párrafo final en el Art. 10.1 de la Ley 26/1984, de 19 de
julio,
General=
para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con la siguiente
redacci=
ón:
"L= os convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este artículo serán eficaces si, además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La negativa del consumidor o usuario a someterse a un convenio arbitral distin= to del previsto en el artículo 31 de esta Ley no podrá impedir por sí misma la celebración del contrato principal".
El Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,=
por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo dictado en cumplimiento del Art. 31 de=
la
LGDCU y de
Capítulo I. Objeto del arbitraje.
Capítulo II. Constituci&oacu=
te;n y
funciones de las Juntas Arbitrales.
Capítulo III. Formalizaci&oa=
cute;n
del convenio arbitral.
Capítulo IV. Procedimiento
arbitral de consumo.
Capítulo V. El laudo arbitra=
l.
ANEXO q=
ue
describe el anagrama del Sistema Arbitral
5.4 =
Objeto
del arbitraje de consumo
Tras establecerse la supletoriedad = de la Ley 36/1988 de 5 de diciembre de Arbitraje en el Art.1, no encontramos en t= odo el capítulo ningún atisbo&nb= sp; que delimite positivamente el objeto del arbitraje de consumo , por = lo que siguiendo la supletoriedad predicada en principio y conf= orme el art. 1 de la Ley de Arbitraje del 88 tendremos que basarnos en las materias de lib= re disposición para las partes conforme a derecho parra delimitar su ámbito. &n= bsp; Tras señalarse cual es la finalidad del sistema el Art. 2.1.2 establece una serie = de cuestiones que no podrán ser objeto de arbitraje de consumo, que son reproducción del (Art. 2.1 de la Ley 36/1988), con inclusión del Art.. 31.1 de la Ley 26/1984 : tampoco podrán = ser objeto de arbitraje “Aquéllas en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito” . (24)
5.5 Sujetos
Los sujetos del sistema arbitral de consumo son los empresar=
ios
o profesionales y los consumidores,
elementos subjetivos de este arbitraje sectorial, pero con tal
afirmación el té=
;rmino
consumidor es demasiado genérico, como indica ALVAREZ ALARCÓN
(25)
refiriéndose al Art. 1ª de la LGDCU , y como el artículo indica=
se
refiere al consumidor final, considerando que=
una
adecuada delimitación del concepto de consumidor exige considerar
diferentes aspecto, tales como la adquisición del bien o servicio, de
quién procede el bien o servicio que se adquiere, qué destino=
se
le otorga, qué bienes o servicios se adquieren y el acto mismo de
adquisición.
Como señala CUÑAT EDO (26) a efectos de las rela=
ciones
de consumo , la contraparte del consumidor debe estar dedicándose
profesionalmente a ofrecer es=
os
servicios o productos, quedando fuera
de ese ámbito las relaciones entre particulares. Por tanto
relación de consumo
quedaría definida “como aquella en la que el receptor de la
prestación es consumidor, y su contraparte una persona dedicada
habitualmente a obtener lucro con prestaciones iguales o semejantes. “=
;
El consumidor =
no
necesariamente debe ser persona física, puede serlo también
una persona jurídica, =
ya que
también pueden ser destinatarias finales de bienes o servicios.
5.6 =
El
Sistema Arbitral de Consumo Español:
&n=
bsp; =
; El sistema arbitral de
consumo se nuclea en torno a las Juntas Arbitrales de C=
onsumo
y los colegios arbitrales. Las
Juntas tiene carácter permanente&nb=
sp;
y se dedican entre otras a la administración del arbitraje y
designación de los árbitros, por el contrario los colegios se
forman para resolver la cuestión litigiosa que se les va a someter,
encargándose de dictar el laudo.
5.6.1&=
nbsp;
Constitu=
ción
de Juntas Arbitrales de Consumo.
El Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, establece en el Art.
3.1 la constitución de=
una
Junta Arbitral de Consumo de ámbito nacional, que conocerá
exclusivamente de las solicitudes de arbitraje que le sean presentadas a
través de las Asociaciones de consumidores y Usuarios cuyo ám=
bito
territorial exceda del de una Comunidad Autónoma, por los consumidor=
es y
usuarios que estén afectados por controversias que superen dicho
ámbito.
El Art. 3.2 señala&n=
bsp;
que las Juntas Arbitrales de
Consumo, de ámbito municipal, de mancomunidad de municipios, provinc=
ial
y autonómica, se establecerán por
Dos asignaturas pendientes teníamos en la constitución de Juntas
Arbitrales eran Ceuta y Melil=
la,
actualmente ya están creadas, si bien
Compartimos co=
n CUÑAT EDO (27) que aunque la iniciativa es exclusiva en el ámbito
estatal,
La existencia de Juntas Arbitrales de distinto ámbito
territorial no implica una su=
perposición
de
a) Otorgar preferencia al domicilio del
consumidor
b) =
Otorgar
preferencia al a Junta de inferior ámbito territorial.
c) Salvaguardar la libertad de elecci&oacu=
te;n
de la Junta por las partes.
La competencia exclusiva&nb=
sp;
para establecer el Sistema y crear los correspondientes órgan=
os
arbitrales corresponde al Gob=
ierno
de la Nación . El Tribunal Constitucional en la Sentencia 62/1991 (28) , de 22 de marzo ,frente a la
distribución de competencias en materia de protección al
consumidor, alegada por las Comunidades Autónomas, afirmó en
el FJ 5 :” no=
cabe
duda que el establecimiento de un sistema de arbitraje, como dijimos=
en
la STC 15/1989, F.J. 9 b, =
es
materia atribuida a la competencia del Estado por los títulos
competenciales del art. 149.1, 5 y 6, pues, siendo el arbitraje un «e=
quivalente
jurisdiccional»,
mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la
jurisdicción civil (esto es, la obtención de una decisi&oacut=
e;n
que ponga fin al
conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada), es evidente que la
creación de órganos de naturaleza arbitral y el establecimien=
to
de dicho procedimiento heterocompositivo es materia propia de la
legislación procesal civil, relacionada, en cuanto =
a los efectos del laudo arbitral y al sis=
tema
de recursos, con la Administración de Justicia, tal y como lo confir=
ma
la supletoriedad que respecto del Art. 31 de la Ley 26/1984 establece la disposici&oacu=
te;n
adicional primera de la Ley estatal 36/1988, de 5 de diciembre (RCL 1988\24=
30 y
RCL 1989\1783), de arbitraje..”
Las Juntas Arbitrales de Consumo estarán compuestas p=
or
un Presidente y un Secretario (29)
, cargos que deberán recaer en personal al servicio de las
Administraciones Públicas y serán designados por la Administraci&oac=
ute;n
de la que dependa la Junta, publicándose su nombramiento en el Diario
Oficial correspondiente.
Vienen contempladas en= el art 4 del RD 63/1993 de 3 de mayo &nb= sp; siendo las siguientes:
a) El fomento y formalización de convenios arbitrales entre consumidores y usuarios y quienes produzcan, importen o suministren o les faciliten bienes o servicios.
b) Actuaciones de mediación (30 ) respecto de las controversias
derivadas de las quejas o reclamaciones de consumidores y usuarios.
c) Confeccionar y
actualizar el censo de las empresas que hayan realizado las ofertas
públicas de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, en su
ámbito territorial, con expresión del ámbito de
d)La elaboración y puesta a
disposición de los interesados de los modelos de Convenio Arbitral, =
en
los que se reflejarán las cuestiones que no puedan ser sometidas al
Sistema Arbitral de consumo.
=
; La
misión fundamental de las Juntas Arbitrales de Consumo es asegurar l=
os
derechos del consumidor facilitando y acelerando sus reclamaciones frente al
empresario, fabricante etc.
&=
nbsp; El
arbitraje de consumo es un arbitraje institucional gestionado por
Convenimos con CUÑAT EDO (32) que
las normas que configuran estas Juntas Arbitrales de consumo, que se
constituyen en el eje del sistema, permiten entender que es un arbitraje
administrado, no un arbitraje administrativo, ni de derecho administrativo<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> pero sí administrado y fome=
ntado.
La especialidad de este arbitraje institucional consiste en =
que
La Administración pública está presente en las Juntas
Arbitrales. (33) La naturaleza de las Juntas Arbitrales es pública en
tanto que se encuentran situadas en el seno de la Administración
pública. Asimismo, tienen carácter orgánico e instituc=
ional,
ya que se encuentran integradas por representantes de los sectores
profesionales interesados, asociaciones de consumidores y Administraciones
públicas.
&=
nbsp; El
arbitraje de consumo español es paradigma de configuración de tutela<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> desde o en la Administració=
n, las diversas Comunidades
Autónomas han impulsado la consagración de este sistema de
resolución de conflictos jurídicos en materia de consumo y co=
mo
veremos por las estadísticas el sistema funciona cada vez mejor. La
Administración ha sido el punto de apoyo y el sustento de su puesta =
en
marcha y de su desarrollo (34) .
6 .- El convenio arbitral :
El convenio arbitral
= <= /span>
Por el consumidor
La =
solicitud
de arbitraje puede efectuarla=
el
consumidor de tres formas ante
1&o= rdm; En forma personal y por escrito .
2&o= rdm; A través de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
3&o= rdm; Por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siemp= re que se garantice su autenticidad.
Por el Reclamado
= El reclamado puede formalizar el convenio en dos momentos:
= 1= .- Supuesto en el que sí hay oferta publica de sometimiento .Cuando realiza oferta públ= ica de sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo, respecto de futuros conflictos= con consumidores o usuarios, el convenio arbitral queda perfeccionado cuando se presenta la solicitud de arbitraje por el consumidor, es entonces cuando se produce la unión de voluntades, sin necesidad de una nueva declaración de voluntad del empresario
=
2=
.-
No hay oferta publica y, la acepta expresamente , en el plazo=
de
quince días, al serle notificada por
= C= omo afirma ALVAREZ ALARCÓN estas dos posibilidade= s que tiene el reclamado son propia= s del convenio arbitral en materia de consumo,&n= bsp; como dos variantes del convenio por intercambio de documentos.
=
<=
b>Las
OPS (Ofertas Públicas de Sometimiento) Dentro de las campañas que =
las
Juntas Arbitrales de Consumo deben realizar para el fomento y
formalización de los convenios arbitrales entre consumidores y
empresarios quedarían
enmarcadas las OPS.
Las= Ofertas Públicas de Sometim= iento deberán contener (38) el ámbito de la oferta, el sometimiento expreso al Real Decreto regular del Sistema Arbitral de Consumo, el compromiso de cumplimiento del laudo arbitral, así como el ámbito temporal, entendiéndose que ser&aac= ute; indefinido en caso de no consignarlo.
Las
entidades aseguradoras, suelen ser el tipo de empresa que realizan su
adhesión para la resolución de controversias que pertenezcan =
a un
ramo concreto y con una limitación económica determinada.
Las= Juntas Arbitrales de Consumo otorgarán un Distintivo a quienes acrediten haber realizado oferta pública de sometimiento, consignándose en Cada Junta Arbitral de Consumo en un libro debidamente numerado, los datos de las empr= esas o entidades que disponen dicho Distintivo,. El otorgamiento de los Distinti= vos se fijará en el Diario Oficial que corresponda a dicha Junta.
El&nbs=
p;
distintivo que se otor=
ga
supone para el industrial o profesional una etiqueta de calidad que redunda en una mayor
confianza en la calidad de sus servicios o productos por parte del consumid=
or.
que puede así discriminar positivamente, lo que en definitiva hace al
empresario mejorar su competitividad.
&=
nbsp; La
renuncia de la oferta se comunicará=
a
= <= st1:PersonName ProductID=3D"La Comunidad Autnoma Valenciana" w:st=3D"on">La Comuni= dad Autónoma Valenciana va a la cabeza en cuanto a empresas adheridas al Sistema Arbi= tral de Consumo , elevándose el número de adhesiones a 31.12.02= a 9.561 empresas, seguida de País Vasco con 9.068, Castilla-La Mancha 8.656, Madrid con 7.553, Murcia 6.087, Galicia 5.585 , Alicante/ Benidorm 2.086/1.68= 4.
= En cuanto a las Ofertas Públicas de Sometimiento, a nivel nacional habría que destacar que el crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos años:
O.P.S. DE EM=
PRESAS
Y PROFESIONALES
Año 1=
998
……………........................................=
.............46.747
Año 1=
999
........……….
...................................................53.074
Año
2000…...………….................................=
.................
63.809
Año 2=
001
........………..............................................=
...
...72.498
Año 2002.......................................................................= ...86.705
= C= omo podemos observar en cuatro años se ha duplicado el número de Ofertas Públicas, ello significa que la confianza del mundo empresar= ial cada vez es mayor en un siste= mas de resolución de conflictos, no jurisdiccional.
&nbs=
p; En
la distribución por Comunidades Autónomas de OPS efectuadas por empresas y profesio=
nales
a 31/12/202,
&nbs=
p; Como
anexo al final del Trabajo se acompañan cuatro folios que correspond=
en a
estadísticas de las Juntas Arbitrales de consumo de
Sin embargo en una intervención sobre las Juntas Arbitrales de consumo e= n la Comisión de Sanidad y Consumo el 12 de junio de 2002 se denunciaba q= ue tras haberse aprobado hacía casa un año una resolución= por la que se instaba al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para impuls= ar la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo de las empresas prestador= as de sevicio de interés general, como las empresas de telecomunicacion= es, suministro de electricidad, gas petróleo y derivados , se reconocía que, a diferencia de varias empresas de telecomunicaciones= y salvo FECSA , las grandes empresas del sector energético como REPSOL, ENDESA, IBERDROLA, e HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO no participaban en este sistema de solución de conflictos, y se habían negado a somet= erse voluntariamente a un laudo o solución extrajudicial cuando algunos usuarios disconformes con el resultado de la resolución de contratos habían presentado reclamaciones. El Gobierno justificó la ausencia en el escaso nú= mero de reclamaciones que presentaban.
7 Del procedimiento arbitral =
En el capítulo IV del RD 636/1993 bajo la denominaci&oa= cute;n “DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL DE CONSUMO” se pergeña la fo= rma de proceder, una vez se ha perfeccionado el convenio, encontrándonos= con una serie de prescripciones relativas propiamente a la administración del arbitraje: la constitución del Colegio arbitral, el nombramiento de los árbitros y otras referidas a las partes y al procedimiento propiamente.
=
El
procedimiento, nos dice el Art. 10
del Real Decreto que se comenta,&nb=
sp;
se iniciará con la designación del Colegio Arbitral,
designación que viene regulada en el propio Real Decreto . Este
será tripartito con representación de la Administració=
n de
la que dependa la Junta y
ostentará el cargo de Presidente, nombrado al efecto por dicha Administración ;
otro arbitro representar&aacu=
te; a
los empresarios y otro a los
consumidores.
=
Las
Asociaciones tanto de empresarios como de consumidores en este momento jueg=
an
un importante papel pues participan en cierta medida en la elección =
de
los árbitros en el siguiente sentido:
- Si el reclamado forma parte de una
Organización adherida al Sistema Arbitral , el árbitro
representante del sector empresarial será el designado por és=
tos
en
-
E n=
el caso
del nombramiento de árbitro que represente a los consumidores (43)
La norma general es que el representante de la Administraci&oa=
cute;n
sea el Presidente del Colegio Arbitral, salvo cuando la reclamación =
se
dirija contra una entidad pública, vinculada a
La importancia de la fijación del día en que com= ienza el Procedimiento arbitral, no es baladí, el cómputo del mismo nos va= a servir para empezar a contar el plazo en el que los árbitros deberán dictar el laudo. En el arbitraje de consumo el Art. 10.1 nos decía que “ comenzará con la designación del Colegio Arbitral” a diferencia del arbitraje común en el que el “díes a quo” no comienza hasta que a las partes no se les ha sido notificado = la aceptación de todos los árbitros , en plazo hábil. En el arbitraje de consumo para abreviar trámites la declaración de existencia de convenio arbitral y la designación de los árbitros puede efectuarse en= un mismo acto y notificarse a las vez a las partes. (44)
7.1 Los principios esenciales del procedimiento
=
A=
parecen
contemplados en el art. 10
“con sujeción a los principios de audiencia,
contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad.” Que es reproducción d=
el
Art. 21 de la L.A., estos
principios esenciales (45)
permite a las partes, en caso de inobservancia solicitar de
No compartimos la apreciaci&oacu=
te;n que
Badenes Carpio, refiriéndose a las partes y citando a Lorca Navarret=
e,
nos ofrece como aclaración previa&n=
bsp;
“en el arbitraje no existen partes procesales propiamente
dichas. En el arbitraje no hay partes que se enfrentan mediante
posturas encontradas entre actores y demandados, sino más bien sujet=
os
que se comprometen a resolver sus controversias, acudiendo a una o má=
;s
personas designadas, directa o indirectamente, por ellos mismos, de la forma
más amistosa posible.”
No existen partes, existen personas.
Tanto en el proceso judicial com= o en el proceso arbitral las posturas de las partes están encontradas, si no hubiera controversia o enconamiento , no sería necesario, ni siquier= a la existencia de ese proceso arb= itral. Si se acude al arbitraje es porque hay conflicto.
Entre el proceso judicial y el p=
roceso
arbitral lo que varía es el ritual procedimental, libertad de procedimiento para el
arbitraje con los míni=
mos
contemplados en la Ley pero en definitiva&=
nbsp;
un tercero, revestido no solamente&=
nbsp;
de “autoritas” por las partes al designarlos como
árbitros, sino por
= &nb= sp; = Con independencia de que el laudo sea dictado con base en la equidad o el derec= ho, el procedimiento arbitral deberá respetar esas mínimas garantías de todo proceso, que como ya mencionamos en su momento adquirieron fundamento constitucional,&nbs= p; para evitar en todo momento y fundamentalmente la indefensión= , por eso tanto la Ley de Arbitraje común como el Real Decreto que desarrollo el arbitraje sectorial de consumo las contemplan “audiencia, contradicción e igualdad “ ,.
= T= anto el principio de audiencia como el de contradicción constituyen derec= hos, no obligaciones de los litigantes, así debe entenderse el Art. 22.2 LA que dispone “La inactividad de las partes no impedirá que se dicte el laudo ni le privará de eficacia”. (45) El principio de contradicción se materializará a través del principio = de igualdad, ello implica que las reglas sobre el desenvolvimiento del procedimiento arbitral deben conceder el mismo trato a los litigantes en or= den a su defensa.
=
7.2 La
Audiencia
Una vez constituido el Colegio Arbitral, ésta deber&aac= ute; ser convocada en el plazo máximo de tres meses. Esta audiencia podrá ser ve= rbal o por escrito , pudiendo las partes presentar los documentos y hacer las alegaciones que consideren necesarias para la mejor defensa de sus interese= s.
En = esta Audiencia el Colegio Arbitral podrá intentar la conciliació= ;n entre las partes, y en el supuesto de lograrse se consignará en el laudo. No se trata de una obligación, sino de una facultad . Pero en el supuesto de lograrse la conciliación se recogerá en el laudo. = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp; = &nb= sp;
8 El laudo arbitral
= E= ntre las especialidades en materia de consumo figura el plazo máximo de su dictado, que será cuatro meses desde la designación del Coleg= io Arbitral. Dicho Plazo sólo podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes y previa notificación al Colegio Arbitral ante= s de la expiración del plazo inicial .
=
D=
eberá
decidirse por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto del
Presidente. De los laudos dic=
tados
en
= I= mportante porque abarata y agiliza el tramite es la no protocolización del lau= do dictado en el arbitraje de consumo. (46)
El = laudo deberá dictarse por escrito y deberá expresar todos los contenidos que se mencionan en el Art. 16 del RD 636/1993, el Art. 16.2 dice “El lau= do será motivado cuando el Colegio Arbitral decida la cuestión litigiosa con sujeción a derecho” .
Con=
sideramos
que la motivación no sólo debería realizarse cuando se
decida con sujeción a derecho, también cuando se decida en
equidad , por cuanto en una
sociedad racional y civilizada las decisiones se deben justificar para saber que la solución dada =
al
caso no es
fruto de la arbitrariedad, sino de la lógica y
CONCLUSIONES
= F= rente a la actual crisis de la administración de justicia, prácticamente generalizada, allá donde dirijamos la vis= ta nos encontramos con que los procedimientos no son eficaces, la justicia es tardía lenta y por ende injusta, y surgen por todas partes movimientos alternativos con el fin de resolver los conflictos de la forma más rápida y justa posibl= e.
= L= as nuevas sociedades, tecnificadas, masificadas, necesitan nuevos métod= os y formas para resolver sus diferencias. Si en el siglo XIX los problemas del derecho se centran en la propiedad privada individual , hoy en día la naturaleza de los conflictos ha cambiado , así como también nuevas vías para afron= tarlos conocidos como ADR, ya han empezado a dar sus frutos en otros países= del entorno anglosajón,
= El arbitraje, si bien no es una vía nueva, permite que se obtenga justicia con mayor rapidez que acudiendo a la jurisdicción ordinaria. El arbitraje lo podemos englobar d= entro de las ADR en cuanto suponen una vía distinta a la jurisdicció= ;n para resolver los conflictos y mantener la paz social, sin recurrir a la fuerza.
= E= stas vías alternativas no hay que abordarlas como enfrentadas a la justic= ia tradicional sino como alternativa y/o complementaria de aquella.
=
D=
esde
= P= ara afrontar la problemática derivada del fenómeno del consumo de masas, en España se ha optado por el arbitraje de consumo, que desde= su implantación ha venido creciendo de una manera espectacular. Cada vez son más las solicitudes de arbitraje que se realizan a las Juntas Arbitrales de Consumo, ello demuestra la eficacia del sistema de lo contrar= io, los consumidores acudirían a los tribunales.
= E= videntemente esto ha supuesto un esfuerzo importante económico para promover e impulsar el sistema, esfuerzo que se ve recompensado desde el momento que u= na Junta Arbitral de Consumo, puede dictar 4 veces más resoluciones .
(1) En el Pacto de Estado para la Justicia se expresa: “ Se persi= gue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles” .
( 2)<=
/b> P=
EDRAZ
PENALVA E.“El proceso y sus alternativa”, Arbitraje,
Mediación y Conciliación.. Cuadernos de Derecho Judicial.
1995 Pág. 18 y siguien=
tes
(3 ) MEJIAS GOMEZ, Juan Francisco
“ Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos”
Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid 1998, Pág. 304 señala como motivos por los=
que
los ciudadanos acuden con frecuencia a los tribunales par dirimir sus dispu=
tas:
a) Ausencia de cultura de la
transacción, b) Tendencia a que todos los problemas de los ciudadanos
sean resueltos por los poderes públicos.
c) Complejidad cada vez mayor de la vida social d) Exigencia por pa=
rte
de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legíti=
mos.
E)Creciente protagonismo social, político, jurídico y
económico del Poder Judicial f) excesivo protagonismo del Estado y
ausencia de regulación jurídica que invite a los ciudadanos a acudir a
vías alternativas de resolución de conflictos g) Se produce
también, con cierta frecuencia, la utilización del proceso co=
mo
forma de “vindicta social”, con la intención de
“enquistar el conflicto” y hacer durar eternamente
( 4) BARONA VILAR, Silvia.
“Solución extrajdurisdiccional de conflictos” . Editorial
Tirant Lo Blanch.Valencia 1999, Pág. .34
(5) BARONA VILAR, S.
Solución extrajurisdiccional de conflictos, cit pág 15
( 6 ) PEDRAZ PENALVA E.=
“El proceso y sus
alternativaS” cit pág 24
(7) Ratificado por España media=
nte
Instrumento de fecha 26 de septiembre de 1979, y publicado en el Bolet&iacu=
te;n
Oficial del Estado de 10 de octubre de 1979.
(8) BARONA VILAR, S. Solución extrajuris= diccional de conflictos, cit pág= 45 y siguientes en donde podemos encontrar las distintas formulas que se están utilizando en Europa y América , unas totalmente al margen del Poder judicial, otras= en colaboración con dicho Poder.
(9) VINYAMATA E. “ Manual de Prevenci&oac= ute;n y resolución de conflictos”&n= bsp; Editorial Ariel S.A., Barcelona 1ª reimpresión abril 2002 .El término Resolución de disputas es utilizado con bastante frecuencia en Estad= os Unidos para designar el ámbito de los conflictos mercantiles. Puede = ser sinónimo de transformación y resolución de conflictos,= o designar, simplemente, a las técnicas jurídicas que tradicionalmente se usan .
(10) BARONA VILAR Silvia “La tutela de los consumidor=
es y
usuarios en
(11) Vid . Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional adopt= ada el 28-6-2002.
(12) En cuanto a la potenciaci&oa= cute;n del arbitraje CALVO SÁ= NCHEZ C en “El proceso penal y sus alternativas: El procedimiento arbitral” Arbitraje, Mediación, Conciliación AAVV Cuadernos de Derecho Judicial. Madrid 1995 Pág 220 nos dice que esta potenciación = es claramente cíclica y se corresponde con épocas de agudización de la crisis que padece= la administración de la justicia...entonces se vuelven los ojos hacia e= sta vía alternativa (el arbitraje) queriendo ver en ella la panacea que = no es, ya que la bondad del arbitraje no puede asentarse únicamente en descargar de trabajo a los órganos jurisdiccionales. .
(13) Cita tomada de MERCHAN ALVAREZ, A. “El Arbi= traje estudio histórico jurídico”. Edita Publicaciones de la Universi= dad de Sevilla 1981, Pág.45
(14) http://= www.e-global.es/confianza/libro_blanco_arbitraje.pdf
(15) Libro Blanco de la Justicia, Consejo del Poder Judicial, Madrid 1997.P&aacut= e;g. 157
(16) Pedraz Penal E, realiza una crítica a las bondades del arbitraje en . “El proceso y sus alternativas” cit págs 18 y sig= uientes.
(17 ) BARONA VI=
LAR,
S. “La tutela de los
consumidores y usuarios ....”cit pag .26
(18) En el marco de este programa hay que mencionar&n= bsp; el Libro Verde de la Comisión de 16 de noviembre de 1993 sobr= e el acceso de los consumidores a = la justicia y la solución de litigios relacionados con el consumo en el mercado único, COM (93) 576 final; la Comunicación de la Comisión de 14 de febrero de 1996 relativa a un plan de acción sobre el acceso de los consumidores a la justicia y la solución de litigios de consumo en el mercado interior COM (96) 13 final ; la comunicación de la comisión de 30 de marzo de 1998 sobre la solución extrajudicial de conflictos de consumo COM (1998) 198 final= y la Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 2101 relativa= a la extensión del acceso de los consumidores a los demás siste= mas de solución de litigios COM (2001) 161 final.
(19) En España el Centro de Intercambio de Información es el Inst= ituto Nacional del Consumo en Madrid.
(20 ) Llama
(21)
(22) ALBANÉS MEMBRILLO, A “La evitaci&oac= ute;n del Proceso” en Evitación del Proceso. Cuadernos de Derecho Judicial AAVV . Madrid 1998, Pág. 33
( 23 )
(24) Al = respecto llamar la atención como lo hace CUÑAT EDO V. “Las Juntas Arbitrales de Consumo.” en Perspectiva jurídica del arbitraje = de consumo , AA.VV., Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat i Consum), 1ª Edición , 1995, pág. 26. que a lo que se está refiriendo este último inciso Art. 2.2.d) d= el Real Decreto 636/1993 de 3 de mayo es una reiteración de la no disponibilidad de la responsabilidad penal, y evitar que mediante el arbitr= aje de consumo puedan eludirse. Sin embargo se lamenta de que sobre la responsa= bilidad civil derivada de delito se pacte todos los días, existiendo la posibilidad del Arbitraje común,&nb= sp; y se mantenga la prohibición en el arbitraje de consumo , por= la dicción literal del art. 31.1 de la Ley 26/1984. Se sugería p= or dicho autor que el proyecto de Real Decreto hiciera alguna referencia a la posibilidad de que la responsabilidad civil sí que fuera susceptible= de arbitraje.
(25) ALVAREZ ALARCÓN, A El Sistema Españ= ol de Arbitraje de Consumo MINISTER= IO DE SANIDAD Y CONSUMO Instituto Nacional de Consumo . Madrid 1999., Pág. 100
(26) CUÑAT EDO, V. “Las Juntas Arbitrales= de consumo” en Perspectiva Jurídica del Arbitraje de Consumo&n= bsp; AAVV Generalitat Valenciana (Consellería de Sanitat i Consum) 1ª Edición 1995, Pág
(27) CUÑAT EDO, V. “Las Juntas Arbitrales= de consumo” en Perspectiva Jurídica del Arbitraje de Consumo&n= bsp; AAVV Generalitat Valenciana (Consellería de Sanitat i Consum) 1ª Edición, 1995 pag 16-17
(28) Bas= e de Datos Aranzadi marginal RTC 1= 991\62 Sentencia Tribunal Constitucional núm. 62/1991(Pleno), de 22 marzo Recurso de Inconstitucionalidad núm. 376/1985 y Conflicto positivo de competencia núm. 763/1985.
(29) El Secretario de
(30)
Al no disponerse de Unidades de Mediación, este servicio no p=
uede
hacerse efectivo. Únicamente tiene
(31) CORDÓN MORENO, F. En “Comentario Bre= ve a la Ley de Arbitraje” Comentario al Art. 10 AAVV (Dirección Montero Aroca, J. ) Editorial Civiltas S.A. Madrid 1990 pág. 65
(32) CUÑAT EDO, V. “Las Juntas Arbitrales=
de
consumo” en Perspectiva
Jurídica del ... cit
(33) ACOSTA ESTÉVEZ JB “Tutela procesal d=
e los
consumidores” Pá=
g.
163 J.M. BOSCH EDITOR, S.A.
(34) BARONA VILAR, S.= “La tutela de los consumidores y usuarios ....”cit Pag. 32
(35) En cuanto al alcance de la forma escrita la doctrina no es pacífica mientras para unos tiene carácter constitutivo entre otros CORDÓN MORENO, F “Comentario Breve a la Ley de Arbitraje” cit Pág.52 ,= MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO, L. “El convenio arbitral: especial= idad en materia de consumo” Perspectiva Jurídica del Arbitraje de Consumo cit. Pág= . 51 ALVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN P “La anulación del laudo arbitral” Editori= al Comares. Granada 1996 Págs 178 y siguientes. LORCA NAVARRETE A.M. “Tratado de Derecho de Arbitraje. “ Edita Instituto Vasco de Derecho Procesal, San Sebastián 2002, Pág. 87 . Para otros la forma escrita tiene simple valor probatorio CHILLON MEDINA J.M. y MERINO MERCHAN JF “ Tratado de Arbitraje pr= ivado interno e internacional” = Editorial Civitas, Mad= rid 1991, pag. 164 y siguientes.
(36) MARTINEZ VAZQUEZ DE CASTRO, L “El convenio arbitral: especialidades en amteria de consumo” en Perspectiva Jurídica ...= ...cit Pág. 49
(37) ALVAREZ ALARCÓN, A El Sistema Españ= ol de arbirtraje..... cit Pág. 177
(38) Art. 6.2 RD 636/1993 de 3 de mayo regulador del Sistema Arbitral de Consumo.
(39) Me remito a la memora del año 2001, http://www.consumo-inc.es
(40) Datos consignados en la Memoria del Sistema Arbitral de Consumo 20= 02 del Ministerio de Sanidad y Consumo.
(41) Datos obtenidos de la Memoria del año 2001= y 2002 del I.N.C
(42) http://www.congreso.es/Garcia-Arias
(43) como señala BÁDENAS CARPIO , JM =
220;El
procedimiento arbitral de consumo”&n=
bsp;
en Perspectiva
Jurídica del Arbitraje de Consumo cit. Pág. 85 “C=
uando
actúan como vocales de
(44) ALVAREZ ALARCÓN, A “El Sistema Español de Arbitraje ...... cit. Pag. 219
(45) LORCA NAVARRETE, A. Mª en “Tratado de Derecho de Arbitraje” cit. Pág 280 considera que “ la formulación del art. 21.1 no es procedimental o la propia= de un principio de legalidad procedimental de inexcusable aplicación. E= s en cambio procesal.... La esencialidad sustantiva de los principios procesales supone a convergencia procedimental una vez respetada esa esencialidad sustantiva, ya que la esencialidad de esos principios es de derecho imperat= ivo (ius cogens). Su inobservancia provoca la anulación del laudo arbitr= al.“
(46) Respecto al laudo arbitral vid BARONA VILAR, S
ACOSTA ESTÉVEZ JB
ALVAREZ ALARCÓN, A <= i>El Sistema Español de Arbitraje de Consumo MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Ins= tituto Nacional de Consumo . Madrid = 1999
BARONA VILAR, Silvia. ̶= 0;Solucion extrajdurisdiccional de conflictos” . Editorial Tirant Lo Blanch.Valencia 1999,
BARONA VILAR Silvia “La tutela de los consumidor=
es y
usuarios en
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rias