DISPENSA SUPER RATO

RECONOCIMIENTO CIVIL DE RESOLUCIONES PONTIFICIAS= SOBRE MATRIMONIO RATO Y NO CONSUMADO (1).

María del Mar Leal Adorna.

Facultad de Derecho.

Universidad de Sevilla

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No pretendemos realizar un estudio exhaustivo de= toda la problemática que conlleva el reconocimiento civil de las decision= es pontificias sobre matrimonio rato y no consumado (2). Pese a ello, hemos de destacar la repercusión que este tipo de resoluciones puede tener en= el ordenamiento estatal.

El artículo VI, apartado 2 del Acuerdo so= bre Asuntos Jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español, de 3 de enero de 1= 979 establece que “Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Der= echo canónico, podrán acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las part= es, dichas resoluciones eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si de declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente”.

Como podemos apreciar, el reconocimiento civil d= e este tipo de decisión pontificia no tiene carácter automáti= co (3), sino que será necesaria tanto la solicitud de cualquiera de las partes, como el ajuste al Derecho del Estado de dicha resolución.

Si los cónyuges contrajeron matrimonio canónico y se acogen al derecho de acudir a los Tribunales eclesiásticos para solicitar la nulidad o disolución por inconsumación, el Estado acepta llevar a ejecución la resolución tomada por los citados tribunales, pr= evio control exequatur, pero sin renun= ciar, en ningún momento, a las competencias que le son propias (4).

Completa este precepto del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos el artículo 80 del Código civil: “... a solicitud de cualquiera de las partes, si se declaran ajustadas al Derecho = del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente conforme a= las condiciones a las que se refiere el art. 954 de= la Ley de Enjuiciamiento civil” (5). Se seguirá, pues, el mismo procedimiento para el reconocimiento de los efectos civiles de las decision= es pontificias de matrimonio rato y no consumado que para el reconocimiento ci= vil de sentencias firmes dictadas por tribunales extranjeros.=

El art. 954 establece que: “Si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes: 1. Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal. 2. Que = no haya sido dictada en rebeldía. 3. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España. 4. Que l= a carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en qu= e se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España”.

Así las cos= as, tomando como base el art. VI.2 del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos, = el 80 del Código civil y el 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (6), = cabe señalar los siguientes requisitos para el reconocimiento civil de las disoluciones de matrimonio rato y no consumado (7):

1º.Resolución dictada en el ejercici= o de una acción personal: En principio (8), no parece que puedan existir problemas relacionados con este requisito, puesto que, a pesar del carácter administrativo de la Dispensa Super Rato, la resolución es el resultado del ejercicio = de una acción de este tipo (9).

2º.Decisión que no haya sido dictada= en rebeldía: A diferencia del anterior requisito, este tema sí q= ue puede plantear problemas, puesto que normalmente, si alguna de las partes no está interesada en la disolución del matrimonio canóni= co no acudirá al proceso, siendo así completamente imposible la declaración de validez civil de la resolución eclesiástica. El exigir que la sentencia extranjera no haya sido dic= tada en rebeldía a los efectos de su reconocimiento civil en el ordenamie= nto español, es un requisito para la protección de los derechos de defensa (10), pues lo que se pretende es que se cite y emplace oportunament= e al demandado. No obstante, como hemos apuntado, es posible que en el procedimi= ento canónico el demandado no comparezca porque así lo considera oportuno y no, precisamente, por no haber sido válidamente emplazado= y citado; además, la audiencia previa en el procedimiento de dispensa garantiza la no indefensión de las partes (11).

3º.Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España, esto es,= que no contradiga al orden público: Será suficiente con que la resolución de los Tribunales eclesiásticos no contradiga los valores fundamentales que el ordenamiento español garantiza en esa materia. Para LÓPEZ ALARCÓN, este orden público estará configurado por los principios emanados de la Constituci&oacu= te;n y de todo el ordenamiento jurídico positivo, de forma que el intérprete debe elaborar y definir el perfil del orden públic= o que corresponda a cada caso (12).

4º.Resolución “ajustada al der= echo del Estado”: La ley establece como requisito para que las resolucione= s y sentencias canónicas de nulidad sean reconocidas civilmente, que el = juez civil declare su ajuste al derecho del Estado. En relación con el significado de esta expresión, la doctrina se ha dividido en dos gra= ndes bloques:

a)Los que defienden que una sentencia se ajustará al derecho del Estado cuando existe conformidad con su derecho sustantivo o procesal (13); de forma que no tendrían eficacia aquéllas cuya causa de nulidad o disolución no estuv= iera prevista dentro del Código civil (14). Con todo, esta teoría = es seguida minoritariamente, puesto que si el legislador estatal hubiese queri= do atribuir eficacia únicamente a los supuestos de nulidad civil, no habría recogido esta posibilidad de reconocer la eficacia en el ordenamiento del Estado de las sentencias canónicas de nulidad y resoluciones de disolución de matrimonio rato y no consumado.

b)Los que abogan que basta la confo= rmidad con el Derecho procesal estatal, concretamente con el art. 954 LEC, dado qu= e la declaración de ajuste no podía consistir en un nuevo acto judicial civil decisorio (15). Esta es la tesis mantenida por el TS, para el que el control por parte de la jurisdicción estatal no puede consistir en desautori= zar la resolución canónica por no concurrir una literal identidad entre las causas de nulidad o disolución canónicas y las civi= les, puesto que ello supondría una intromisión. Es más, el ajuste al Derecho del Estado no puede identificarse con una coincidencia normativa de supuestos en la medida en que en aquél no existe equivalente a la decisión pontificia de dispensa de matrimonio rato = y no consumado (16).

5º. Que la carta ejecut= oria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España: Se habr&aacut= e; de aportar, junto con el escrito de demanda, el rescripto pontificio de Dispensa Super Rato, en copias autenticadas del original (en latín) y su traducción al castellano (17).

En cuanto a la competencia y al procedimiento a seguir para el reconocimiento de las sentencias de nulidad de matrimonio canónico o las decisiones pontificias de matrimonio rato y no consumado, nos remitiremos al art. 778 = de la LEC, que ha modificado la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/81, conforme al cual: “1. En las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidie= ra la adopción o modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro cónyuge y al Ministe= rio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente sobre= la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica. 2. Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artíc= ulo 770 (18)”.

La competencia par= a el conocimiento de las demandas = de solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los Tribuna= les eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico y decisión pontificia sobre inconsumación<= /span>, corresponde al Juez de Primera Instancia del domicilio conyugal, y si los cónyuges residieran en domicilios pertenecientes a distintos partidos judiciales, al Juzgado de Primera Instancia del último domicilio del matrimonio o del lugar de residencia del demandado, a elección del demandante (art. 769 LEC). Una vez presentada la demanda (19), el tribunal dará audiencia al demandado y al Ministerio Fiscal por un plazo de d= iez días, resolviendo por medio de auto lo que estime conveniente.<= /o:p>

Obtenido el reconocimiento estatal, la sentencia o resolución canónica adquiere en nuest= ro Derecho la misma eficacia que una sentencia dictada en jurisdicción civil, siendo de la competencia exclusiva de ésta su ejecució= n, tanto en sus aspectos personales como patrimoniales (STC 1/1981).

El desarrollo jurisprudencia= l de la eficacia civil de las resoluciones pontificias de matrimonio rato y no consumado se ha producido tanto en Tribunales de Familia o Primera Instancia (20), como en el Tribunal Constitucional (21). El &iac= ute;ter seguido por los primeros es de reconocimiento de la eficacia a efectos civi= les de las resoluciones eclesiásticas (22), basándose en el cumplimiento de los requisitos del art. 954 de la LEC. Sin embargo, distinta es la postura mantenida por nuestro TC (23). En la mayoría = de las STC, se otorga el amparo que se solicita contra los autos dictados por = los Jueces de Primera Instancia en los que se admite el reconocimiento de los efectos civiles de las disoluciones pontificias de matrimonios ratos y no consumados, basándose tan alto Tribunal, en la mayor parte de los ca= sos, en la violación del art. 24 de la Constitución española relativo al Derecho de tutela judicial efectiva (24). Todo ello puede ser resumido haciendo propias las palabras de GONZÁLEZ DEL VALLE: “= ;Se ejecutarán, si no hay oposición y no se ejecutarán, si= la hay” (25).

Para finalizar, debemos hacer una breve menci&o= acute;n al Reglamento 1347/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judici= ales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre hijos comunes. En él se establecen las reglas de reconocimient= o de resoluciones judiciales dictadas sobre divorcio, separación y nulidad matrimonial en un Estado miembro (26). Aunque el citado Reglamento só= ;lo es aplicable a los procedimientos civiles, en el art. 40 se establece un r&= eacute;gimen especial para los Estados que han firmado Acuerdos con la Santa Sede (Ita= lia, Portugal y España) en aquellas resoluciones dictadas en materia de nulidad matrimonial y matrimonio rato y no consumado. En nuestro paí= s la resolución dictada por la Autoridad eclesiástica competente se integra en el ordenamiento civil conforme al Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 y las disposiciones del art. 80 del Código civil, tal y como se ha analizado. Una vez que la resolución forma parte del ordenamiento interno español, se p= uede beneficiar de los mecanismos que establece el Reglamento y que consiste en = la posibilidad de que dicha resolución se reconozca en el resto de los Estados miembros de forma automática, sin necesidad de que se desarr= olle un procedimiento específico de reconocimiento, siempre y cuando se encuentre dentro de los motivos tasados en la Disposición citada (27= ).

As&i= acute; las cosas, procedimiento administrativo ante las autoridades eclesiásticas competentes para la concesión de la Dispensa Super Rato, procedimiento exequátur para el reconocimiento de la disolución de matrimonio rato y no consumado en= el ordenamiento civil español y reconocimiento automático en los países de la Unión Europea conforme al nuevo Reglamento 1347/20= 00.

(1) Se ha de tener en= cuenta que la posibilidad de reconocimiento civil se puede aplicar tanto a las decisiones pontificias de matrimonio rato y no consumado, como a las senten= cias de nulidad canónicas. Lógicamente, este último supuesto excedería el contenido de nuestro trabajo, de modo que nos centrarem= os únicamente en el reconocimiento de las primeras.

(2) Para un conoc= imiento más detallado, Vid.: GARCÍA FAÍLDE, J.J.: “Constitución Española y Acuerdo Jurídico entre Estado Español y Santa Sede”, en Estud= is Balearics, 33 (1991), = págs. 44 ss; LÓPEZ ZARZUELO, F.: “Los ef= ectos civiles en España de la disolución canónica del matrim= onio rato y no consumado”, en Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, 11 (1994), págs. 193-216; RODRÍGUEZ CHACÓN, Ejecución de sentencias matrimoniales en España, Madrid 1988, Idem<= /span>. “Eficacia civil de las sentencias canónicas y proceso alternativo”, en Cuestiones de Derecho procesal canónico, <= /i>Salamanca 1993; RUANO ESPINA. L.: “Eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad motivadas por incapacidad psíquica”= ;, en Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico... o.cit., 9 (1990), págs. 453-473; Idem. “Eficacia civil de las resoluciones canónicas de nulidad fundadas en el error quali= tatis personae”, en Revista Española = de Derecho canónico, 48 (1991), págs. 545-586, etc.

(3) La STC 66/82,= de 12 de noviembre, afirma que el reconocimiento de la jurisdicción canónica en nuestro ordenamiento no implica un automatismo en el otorgamiento de efectos civiles a sus resoluciones, puesto que esto sería anticonstitucional. Esto es, se ha pasado de un reconocimiento automático de efectos civiles de las resoluciones eclesiástic= as, conforme al Art. XXIV del Concordato de 1953, a un “reconocimiento condicio= nado de efectos civiles a dichas resoluciones, a la normativa del ordenamiento civil” (Cfr. LÓPEZ ZARZUELO, F.: El proceso canónico de matrimonio rato y no consumado: Eficacia civil de las resoluciones pontificias: Doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios., Valladolid 1991, pág.<= /span> 356).

(4) DÍEZ-PICAZO= , L.: “El sistema matrimonial y los acuerdos entre la Santa Sede y el= Estado español”, en Curso de Derecho matrimonial y Procesal canónico para profesionales del foro, VV.AA= ., Salamanca 1980, págs. 21-22.

(5) Artículo qu= e no ha sufrido modificación con la Ley 1/2000, de 7 de enero (BOE nú= m. 7, de 8 de enero de 2000).

(6) Las resolucio= nes dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad y matrimonio no cons= umado han de ser declaradas ajustadas a derecho conforme a los requisitos establecidos en el art. 954 de la LEC, tal y como establecen determinadas sentencias del TC. A modo de ejemplo podemos citar las Sentencias 93/1983 d= e 8 de noviembre, la 365/1988 de 22 de diciembre y la 328/1993 de 8 de noviembr= e (Cfr. FERNÁNDEZ-CORONADO, A.: “La eficacia civil de las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, y= su adecuación a los principios constitucionales”, en Derecho privado y Constitución, 1994, 343-374.

(7) VEGA SALA, F.: “La eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Temática procesal”, en Curso de Derecho matrimonial y proce= sal canónico..., o.cit., VIII (1989), págs. 400-404.

(8) Decimos “en principio” , dado que se podrían presentar problemas si existe oposición de uno de los cónyuge= s, conforme al art. 24 de la Constitución.

(9) LÓPEZ ZARZUELO, F.: El proceso canónico de matrimonio rato..., o.cit., pág. 363.

(10) Nadie puede = ser condenado sin ser oído.

(11) DELGADO DEL RÍO, G.: El matrimonio en forma religiosa, Palma de Mallorca 1989, págs. 196 ss.

(12) LÓPEZ ALARCÓN, M.: “El matrimonio canónico en el proyecto de reforma del título VI del Libro I del Código Civil”, en= Revista de Derecho Privado 1980, 191-192.

(13) Son de desta= car, entre otros, FOSAR BENLLOCH, E.: Estudios de Derecho de Familia, t. = I, Barcelona 1981, págs. 419-430; VALLADARES RASCÓN, E., “= El principio de igualdad ante la ley y el sistema matrimonial”, en Re= vista de Derecho Privado 1981, 307-332.

(14) Aquí = la declaración de ajuste actuaría como un nuevo juicio sobre el fondo del asunto, Vid. PEÑA Y BERNALDO DE QUIRÓS, M., = Derecho de familia, Madrid 1989, págs. 46 ss= .

(15) Entre estos = autores podemos citar, por ejemplo, BERNÁRDEZ, A.: “La «declaración de ajuste» en el contexto del Sistema matrimonial español, en Estudios de Derecho canónico y Der= echo eclesiástico del Estado en homenaje al profesor Maldonado, Madrid 1983, págs. 25-26; GIMÉNEZ Y FERNÁNDEZ DE CARVAJAL, J.: “El matrimonio canónico en el Proyecto de Ley por el que se modifica la regulación del matrimonio en el Código civil̶= 1;, en Revista de Derecho privado, 1981, 666; LÓPEZ ALARCÓ= N, M.: “El matrimonio canónico...”, o.cit., 898-901; REINA, V.: “El sistema matrimonial español”, en= Los acuerdos concordatarios españoles y la revisión del concordato italiano, Barcelona 1980, págs. 360-361.

(16) LÓPEZ ZARZUELO, F.: El proceso canónico de matrimonio rato..., o.cit., pág. 388.

(17) Este rescrip= to es firme puesto que no cabe apelación del mismo conforme al c. 1629. 1.=

(18) Art. 770 LEC: “Las demandas de separación y divorcio, salvo las previstas en el artículo 777, las de nulidad d= el matrimonio y las demás que se formulen al amparo del título IV del libro I del Código C= ivil, se sustanciarán por los trámites del juicio verbal, conforme = a lo establecido en el capítulo I de este título, y con sujeción, además, a las siguientes reglas:

1.A<= span style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New = Roman"'> la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción = de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documento= s en que el cónyuge funde su derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá aportar los documentos = de que disponga que permitan evaluar la situación económica de l= os cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.

2.Sólo se admitirá la reconvención cuando se funde en alguna de las causas que puedan dar lugar a la nulidad del matrimonio, a la separaci&oacu= te;n o al divorcio o cuando el cónyuge demandado pretenda la adopci&oacut= e;n de medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y sob= re las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio.

La reconvención se propondrá, = en su caso, con la contestación a la demanda y el actor dispondrá= ; de diez días para contestarla.

3.A<= span style=3D'font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:"Times New = Roman"'> la vista deberán concurrir las partes por si mismas, con apercibimie= nto de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que= se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la presencia de los abogados respectivos.

4.Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicar&aacut= e;n dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder= de treinta días.

Durante este plazo, el tribunal podrá acordar de oficio las pruebas que estime necesarias para comprobar la concurrencia de las circunstancias en cada caso exigidas por el Código Civil para decretar la nulidad, separación o divorcio, así como las que se refieran a hechos de los que dependan los pronunciamientos sobre medidas que afecten a= los hijos menores o incapacitados, de acuerdo con la legislación civil aplicable. Cuando hubiere hijos menores o incapacitados, se les oirá= si tuvieren suficiente juicio y, en todo caso, si fueren mayores de doce años.

5.En= cualquier momento del proceso, concurriendo los requisitos señalados= en el artículo 777, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que se establecen en dicho artículo.

6.En= los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos men= ores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a dichos proce= sos se seguirán los trámites establecidos en esta Ley para la adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de nulidad, separación o divorcio”.=

(19) Sin pedirse = la adopción o modificación de medidas.

(20) A modo de ej= emplo podemos citar, entre otros, Auto del Juzgado de Primera Instancia nú= m. 2 de Oviedo de 21 de diciembre de 1982; Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Oviedo, de 28 de noviembre de 1984; Auto del Juzgado de Familia de Primera Instancia núm. 3 de Valladolid, 548/1984; Auto del Juzgado de Primera Instancia de León y su partido, de 5 de abril de 1984; Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Barcelona, de= 28 de abril de 1987, etc.

(21) Sólo = dos son las sentencias en las que el Tribunal Supremo ha tenido que pronunciarse so= bre el reconocimiento de la eficacia civil de un rescripto pontificio de matrim= onio rato y no consumado. Vid. RUANO ESPINA, L.: “Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 1996 sobre reconocimiento de eficacia civil de rescripto pontificio de matrimonio rato y no consumado”, en = Actas del XVII Jornadas de la Asociación española de canonistas. Matrimonio canónico. Problemas en su celebración y disolución, Salamanca 1998, págs. 201- 218.

(22) CALVO TOJO, = M.: “La eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Temática sustantiva”, en Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico.. = o.cit.., VIII (1990), pág. 382.

(23) Aunque no se= ha de negar que también existen Sentencias del Tribunal Constitucional en = el que se deniega el recurso de amparo presentado contra Autos de los Juzgados= de Primera Instancia en los que se reconocía la eficacia civil de disoluciones de matrimonios ratos y no consumados. Podemos citar, a modo de ejemplo, la STC 93/1983 de 8 de noviembre, en la que se desestima el recurs= o de amparo contra el Auto de 25 de noviembre de 1982 del Juzgado de Primera Instancia de Tudela (Navarra).

(24) STC 265/1988= , de 22 de diciembre, en la que se otorga el amparo solicitado contra el auto dicta= do por el Juez de Primera Instancia número 1 de Vitoria, de 21 de octub= re de 1987; STC 328/1993, donde se otorga el recurso de amparo núm. 1306/1993 contra el Au= to de 24 de marzo de 1993, del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de León.

(25) GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.: Derecho eclesiástico del Estado español, Oviedo 1997, pág. 444; nueva edición revisada, Madrid 2002.

(26) No queda afe= ctado por el Reglamento el país de Dinamarca.

(27) Para un cono= cimiento más detallado, Vid. GUZMÁN ZAPATER, M., "Novedades en materia de reconocimiento de resoluciones eclesiásticas sobre nulidad matrimonial", en Aranzadi Civil, núm. 13, 2002, pá= ;gs. 15 ss; ídem, "Reconocimiento de resoluciones eclesiásticas sobre nulidad matrimonial: novedades en el ámbito procesal", en Revista española de Derecho internacional, 2002, núm. 1,&nb= sp; 225 ss.