EL PROCESO MONITORIO.
---------=
---------------------------------------------------------------------
I .INTRODUCCIÓN: 1. Concepto. 2. Origen. =
3.
Naturaleza Juridica.
II. TÉCNICA MONITORIA.
III.DESARROLLO PROCEDIMENTAL: 1. Petición
inicial. 2. Competencia.
3. Documentación. 4.
Admisión.Requerimiento de pago. Posiciones del deudor.
IV. ESPECIAL REFERENCIA AL ARTÍCULO 21 DE=
---------=
---------------------------------------------------------------------
I.&n=
bsp; =
;
=
INTRODUCCIÓN.
1. CONCEPTO.
&nb=
sp;
La Ley 1/20=
0 de
7 de Enero de Enjuiciamiento Civil, en el Libro IV, dedicado a los procesos
especiales, regula en su Título IV, Capítulo 1º el proce=
so
monitorio (arts.
Joaquín Silguero afirma que con esta
regulación se admite con carácter general, y siguiendo el
precedente marcado por la Ley de Propiedad Horizontal en 1999, una ví=
;a
procesal pretendidamente ágil para la tutela de determinados cr&eacu=
te;ditos;
esta finalidad de tutela cred=
iticia
eficaz, mediante la instauración de un procedimiento rápido y
poco costoso, aúna el proceso monitorio con el denominado juicio
cambiario, que la misma LECiv regula en sus artículos
La Audiencia Provincial de Madrid (Sección
21ª) en Auto de 18 de Diciembre de 2001, resolviendo el recurso de
apelación número 679/2001, en su Fundamento de Derecho I
establece “que el proceso monitorio se concibe como una vía de
protección de determinados créditos, en especial, de los
créditos dinerarios líquidos de profesionales y empresarios
medianos y pequeños.”
Así pues, con el proceso monitorio se trata de dar
solución a una serie de problemas económicos y sociales, deri=
vados
de la existencia de pequeñas deudas dinerarias no atendidas por sus
deudores, obligando a los titulares de estos créditos a acudir a lar=
gos
y costosos procesos declarativos.
Con =
el
proceso monitorio se facilita por el legislador la creación
rápida de un título ejecutivo, mediante la invocación y
proclamación del propio derecho de crédito, asentado incluso =
en
meros documentos privados unilaterales, y a través de la
conminación judicial se obliga al deudor a posicionarse, de manera q=
ue
la Ley sancionará rígidamente las consecuencias de las difere=
ntes
posturas que adopte el deudor: si paga, fina el procedimiento (art. 817 de =
la
L.E.Civ); si se opone han de acudir al contradictorio ( art. 818.1), mientr=
as
que la pasividad y silencio del deudor desembocará en el proceso de
ejecución . Así lo indica la Audiencia Provincial de Zaragoza
(Sección 5ª) en Auto de 22 de Marzo de 2001).
En
palabras de Gómez Amigo, se puede definir el proceso monitorio como =
un
procedimiento sencillo y ágil, al que pueden acudir los acreedores q=
ue
dispongan de un principio de prueba documental de su crédito; siendo
especialmente eficaz para los supuestos en que el deudor no tiene nada serio
que oponer a la existencia y exigibilidad del crédito, sino que pret=
ende
demorar el cumplimiento de su obligación hasta que le sea impuesto c=
oactivamente
a través de la ejecución forzosa; de esta forma, se permite al acreedor obte=
ner
rápidamente un título ejecutivo para acceder de modo inmediat=
o a
dicha ejecución.
=
2.&n=
bsp;
ORIGEN.
Es
Su
evolución ha sido diferente en cada uno de los países de nues=
tro
entorno, resultando ser un proceso arraigado y consolidado en Alemania, Italia y Francia.
La
introducción del juicio
monitorio viene exigida por la Directiva 2000/35 CE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 29 de Junio de 2000, por la que se establecen medidas de luc=
ha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, obligando a los Estados
miembros a establecer un procedimiento de cobro acelerado de las deudas no
impugnadas.
Deli=
mitado
el tema a tratar, en las líneas siguientes se analizará de fo=
rma
más pormenorizada la regulación que de este proceso ha hecho =
la
LECiv.
=
3.&n=
bsp;
NATURALEZA JURÍDICA.
El A=
uto de
la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de Febrero de 2002, dictado por la
Sección 1ª, resolviendo el recurso de apelación
número 1/2002, establece en su Fundamento de Derecho Primero queR=
21;
el proceso monitorio regulado en la L.E.Civ, es un proceso ESPECIAL, PLENAR=
IO Y
RÁPIDO,que tiende, mediante la inversión de la iniciativa del
contradictorio, a la rápida creación de un título
ejecutivo, con plenos efectos de cosa juzgada, en los casos determinados por
ley; casos en los que el Legislador por el carácter aparentemente
incontrovertido de la deuda, presume
que la resolución dictada “inaudita parte”, no
será contestada por el deudor. El monitorio no es un juicio ejecutiv=
o,
sino un declarativo, que lo que pretende es la obtención de un
título ejecutivo con plenos efectos de cosa juzgada”.
La
Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 18 de febrero de 2002, pone de
manifiesto que el proceso monitorio es ESPECIAL POR LA MATERIA, con
independencia de si su naturaleza jurídica es la de un juicio
declarativo, o si se sitúa a mitad de camino entre el juicio ejecuti=
vo y
el declarativo, como mantiene parte de la doctrina.
En este sentido,
Gómez Colomer mantiene que la naturaleza del proceso monitorio es mi=
xta;
en una primera fase es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de
declaración previa antes de poder dar satisfacción a la
pretensión de creación del título ejecutivo, en la que=
se
dicta una resolución judicial que sanciona la validez y eficacia del documento presentad=
o,
transformándolo en título ejecutivo y permitiendo así
iniciar la ejecución (arts. 814 y
I.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> =
De
la lectura de la Ley de Enjuiciamiento Civil se deduce que la misma ha quer=
ido
instaurar un juicio monitorio de carácter mixto, como bien apunta
Gómez Amigo, a mitad de camino entre el proceso monitorio puro y el
documental; pues el proceso monitorio es&n=
bsp;
especial y sumario con dos variantes importantes: PROCESO MONITORIO
PURO, dirigido a crear un título de ejecución basado en la
afirmación unilateral y no probada del titular del crédito; y=
el
PROCESO MONITORIO DOCUMENTAL, que como nota distintiva establece que la
petición de proceso monitorio se acompañe de un documento que
acredite “prima facie” el crédito del demandante.
La
Audiencia Provincial de Segovia, en Sentencia de 29 de Septiembre de 2001, =
establece
que “entre esta dualidad de juicios monitorios (puro y documental, el
primero seguido en Alemania y el segundo en Italia), el Legislador ha optado
por un juicio monitorio documentado, pero matiza esta afirmación
señalando que, para la admisión judicial del procedimiento
monitorio, se exige el examen del juzgador sobre si, por la documental
aportada, queda demostrada a primera vista la deuda; sin esta valoraci&oacu=
te;n
se discriminaría al deudor, a quien el legislador, una vez incoado el
proceso monitorio,coloca en una posición procesal generadora de
obligaciones para el mismo. “=
;
II.=
=
1. PETICIÓN INICIAL.
Este
proceso se inicia, de acuerdo al art. 814 de la L.E.Civ, con la petici&oacu=
te;n
formulada por el acreedor, en la que se expresará la identidad del
deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en q=
ue
residiese o pudiese ser halla=
do, el
origen y la cuantía de la deuda, acompañándose el
documento o documentos a que se refiere el art. 812 de la L.E.Civ.
La petición
podrá extenderse en impreso o formulario que facilite la
expresión de los extremos a que se refiere el apartado anterior.
Para la
presentación de la petición inicial del procedimiento monitor=
io
no será preciso valerse de Procurador y Abogado.
La L=
ey
habla de petición y no=
de
escrito de demanda; petición de inicio de este proceso que podrá hacerse p=
or
impreso o formulario que facilite la expresión de los extremos que d=
ebe
incluir; a este respecto, cabe señalar que en el artículo 437.2 de=
la
L.E.Civ, en relación a los juicios verbales de cuantía inferi=
or a
los 900 Euros, se permite formular la demanda mediante impresos normalizado=
s,
encontrándose a disposición de los interesados en el tribunal
correspondiente, lo cual se entiende también de aplicación al
monitorio.
Para=
la
petición inicial del p=
roceso
monitorio, en cualquier caso, y por tanto independientemente de la
cuantía, incluso si supera la cantidad de 900 Euros, no es necesario
Procurador (art. 814 en relación art 23.2 apartado 1) ni de Abogado ( a=
rt.
814 en relación art. 31.2 apartado 1), pudiendo acreedor y deudor
comparecer por sí mismo. En este sentido, el Auto de 27 de Septiembr=
e de
2001, de la Audiencia Provincial de Albacete ( Sección 1ª) reco=
ge
lo siguiente: “ la cuestión a resolver es si la mercantil x pu=
ede
comparecer en juicio monitorio en el que se reclaman 63.163 pesetas por med=
io
de una Letrada con poderes procesales conferidos por el representante legal=
de
la referida marcantil, que entre otros estaba facultado para conferir poder=
es
para comparecer ante los Juzg=
ados y
Tribunales en los más amplios términos o sustituir en todo o =
en
parte las facultades que se le conferían así como revocarlos o
hacerlos de nuevo. Lo cierto es que la nueva L.E.Civ, no exige en la primera
fase del proceso monitorio ni=
la
intervención de Abogado ni Procurador (art 814.2) y de otra parte, d=
el
apartado 1º del número 2 del art. 23 , sin que exista
prohibición específica de apoderar a otra persona que no sea
Procurador , no cabe imponer al particular la carga de hacerlo en persona q=
ue
tenga tal condición.”
Si no
existe oposición, la fase de ejecución forzosa del tít=
ulo
requiere completar la capacidad de postulación de la parte ejecutante
mediante Abogado y Procurador, siempre que la cuantía por la que se
despache ejecución supere los 900 Euros (art. 539.1 II). Existiendo
oposición del deudor, y dando lugar al juicio que corresponda, es
necesario complementar la capacidad de postulación procesal mediante=
la
concurrencia de estos profesionales si la cuantía, igualmente supera=
los
900 Euros (art 818.1 II).
=
2.&n=
bsp;
COMPETENCIA.
El
artículo 813 de la L.E.Civ , dispone que será exclusivamente
competente para el proceso monitorio el Juez de Primera Instancia del domic=
ilio
o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el
deudor pudiera ser hallado a efectos de requerimiento de pago por el Tribun=
al,
salvo que se trate de la
reclamación de la deuda a que se refiere el número 2 del apartado 2 =
del artículo
812, en cuyo caso será también competente el Tribunal del lug=
ar
en donde se halle la finca a elección del solicitante.
En todo caso no
serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o
tácita contenidas en la Sección 2ª del Capítulo II
del Título II del Libro I.
El
conocimiento de proceso monitorio se atribuye al Juez de Primera Instancia,
cualquiera que sea la cuantía reclamada; al tratarse de una competen=
cia
objetiva de ius cogens habrá de ser apreciada de oficio por el propio
Juez. Se prevé la no aplicabilidad, a efectos de fijación de =
la
competencia territorial, de las reglas generales de sumisión expresa=
o
tácita contenidas en la Ley, por lo que se impone al Jez la
obligación de examinar y declarar de oficio su propia competencia.
En el
supuesto de fijar la competencia del Juez ante una acumulación de
acciones, la Audiencia Provincial de Valencia, en Auto de 25 de Junio de 20=
01,
estima el recurso de apelación interpuesto contra la resolució=
;n
de inadmisión a trámite de la demanda de proceso monitorio,
promovido por la recurrente
contra cuatro demandados, por no considerarse competente
territorialmente el juzgador de la instancia, ya que dos de los demandados<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> tenían su domicilio en
Valencia y otros dos en Torre=
nt,
aunque se desconocía cuál era el de estos últimos;
entendía la existencia de una obligación mancomunada, por lo =
que
no se podía proceder conforme al artículo 815 de la L.E.Civ,
salvo para los demandados residentes en Valencia, y para ello sería preciso conocer los p=
actos
de distribución de la cuota de responsabilidad patrimonial de los
deudores. Interpuesto el recurso de apelación por la demandante, la
Sección 6ª de la Audiencia estimó dicho recurso y
consideró que “el art. 813 de la L.E.Civ. establece que
será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juez de =
la
Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fuesen
conocidos, el del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de
requerimiento de pago por el Tribunal, pero afirma que en el presente caso, existe una acumulación
subjetiva de acciones y pluralidad de demandados, y dado que la L.E.Civ no
contiene previsión alguna respecto a la acumulación en el pro=
ceso
monitorio, se aplicarán los
arts. 72 y 53.2 de la L.E.Civ , y la demanda puede presentarse ante cualqui=
era
de los domicilios de los demandados, a elección del demandante.̶=
1;
En l=
os
casos en que es parte el Estado, los organismos públicos y los
órganos constitucionales, la Audiencia Provincial de Castelló=
n,
en Auto de fecha 19 de Febrero de 2002, en su Fundamento de Derecho II
establece que”la norma competencial del art. 813 de la L.E.Civ. en el
juicio monitorio cede en los supuestos en que es parte un organismo
público, por disponer el art. 15 de la Ley de Asistencia Jurí=
dica
del Estado e Instituciones Públicas la competencia de los Juzgados d=
e la
capital de provincia”.
Exam=
inada
la competencia objetiva y territorial, respecto de la funcional, siguiendo a
Gómez Amigo,diremos que es competente para despachar ejecución
contra el deudor que no paga ni se opone en plazo, el mismo Juez que
emitió el mandato de pago devenido ejecutivo.
También
corresponde el conocimiento del juicio verbal en que se convierte el proceso
monitorio por oposición del deudor,al Juez que haya emitido el
correspondiente mandato de pago.
Son normas de
competencia funcional las que señalan el Tribunal competente para
conocer de los recursos; no obstante, en la tramitación del proceso
monitorio en sentido estricto,no se prevé recurso alguno; en cambio,
contra la sentencia que decide el juicio verbal posterior al monitorio caben
los recursos de apelación ( ante la Audiencia Provincial), y =
en su
caso, los extraordinarios por infracción procesal y de casació=
;n (
ante la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y=
la
Sala 1ª del Tribunal Supremo, respectivamente) .
=
3.
La
petición inicial de juicio monitorio, como hemos visto, debe plantearse ante el Juzgado que res=
ulte
competente, pero para que pueda dar lugar a la admisión de este
procedimiento y posterior emisión del mandato de pago solicitado, de=
be
acreditarse documentalmente la existencia de la deuda reclamada , y é=
;sta
debe cumplir las condiciones que por Ley se exigen.
Así el art.=
812
de la L.E.Civ. establece:
1.&n=
bsp;
Podrá acudir al proceso monito=
rio
quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, vencida y exigible, de
cantidad determinada que no exceda de cinco millones de pesetas ( 30.050
Euros), cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes:
-&nb=
sp;
mediante documentos, cualquiera que s=
ea
su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren=
, que
aparezcan firmados por el deudor o con su sello , impronta o marca o con
cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente
del deudor.
-&nb=
sp;
Mediante facturas, albaranes de entre=
ga,
certificaciones, telegramas, telefax, o cualesquiera otros documentos que, =
aun
unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente
documentan los créditos y deudas&nb=
sp;
en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y
deudor.
2.&n=
bsp;
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisi=
tos
establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al pro=
ceso
monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:
-&nb=
sp;
cuando, junto al documento en que con=
ste
la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una relació=
;n
comercial duradera.
-&nb=
sp;
Cuando la deuda se acredite mediante
certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comun=
es
de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Este
artículo exige, como hemos visto, que se trate de una deuda dineraria, vencida y exigible de
cantidad determinada, que no exceda de&nbs=
p;
cinco millones de pesetas ( 30.000 Euros).
=
De la
lectura de este artículo se deduce que únicamente cabe acudir=
al
proceso monitorio para reclamar el cumplimiento de deudas dinerarias, por lo que la acción de condena tendrá
entonces su fundamento en un derecho de crédito.
No
puede utilizarse el monitorio para reclamar la entrega de un inmueble o de un bien mueble determinado, c=
on
fundamento en un derecho real, pero tampoco cuando la obligación der=
ive
de un derecho de crédito. No puede pretenderse por este cauce proces=
al
el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer.
La d=
euda
cuyo cumplimiento se exige a través de este proceso debe ser
además de dineraria, vencid=
a y
exigible; por tanto la exigibilidad de la deuda dineraria lleva consigo=
la
efectividad de la misma, al quedar constituída como una deuda real y
verdadera. Se hace igualmente necesario que la deuda dineraria sea determin=
ada,
lo que debe entenderse como sinónimo de líquida.
Las
diferentes Audiencias Provinciales se han pronunciado en relación a
estos caracteres de la deuda que puede reclamarse a través del proceso monito=
rio,
así la Audiencia Provincial de Lérida (Sección 2ª=
),
por Auto de 3 de Diciembre de 2001, en el Fundamento de Derecho I, pone de
manifiesto que “ “esta situación de liquidez no concurre
cuando se acciona con fundamento en un incumplimiento contractual por haber=
se
efectuado de forma incorrecta o inadecuada la prestación comprometid=
a,
pretendiéndose como consecuencia&nb=
sp;
la restitución del pago realizado, pues para ello se hace
necesario que exista previamente un pronunciamiento declarativo sobre la
realidad del incumplimiento y de la correlativa consecuencia de
restitución de la prestación; y por idénticos motivos
falta también el requisito de vencimiento de la deuda”. Esta a=
rgumentación
no es más que una reiteración de la ya expuesta por esta Sala=
en
Auto de 12 de Septiembre de 2001.
La
Audiencia Provincial de Valladolid en Auto de 26 de Marzo de 2001, establec=
e en
el Fundamento de Derecho III que “ en el presente supuesto se ha
producido una resolución desestimatoria de la admisión de la
demanda de proceso monitorio, por entender que la cantidad que se reclama e=
n la
misma no es determinada.En el Fundamento de Derecho IV, manifiesta que R=
20;
desde luego la Ley exige que la cantidad que se reclama sea determinada,
previsión esta paralela a la
establecida en el art. 520 de la L.E.Civ. que, cuando se trata de los
títulos ejecutivos a que se refieren los números 4,5,6 y 7
sólo permite despachar ejecución por cantidad determinada; de=
be
interpretarse como sinónimo de líquida, que será toda
aquella cantidad que se exprese en el título con letras, cifras o
guarismos comprensibles; y a ello no es obstáculo que el documento s=
ea
de los que se mencionan en la segunda norma del apartado 1 del art. 812 (creado unilateralmente por el
acreedor), pues la minuta de Abogado es un documento que habitualmente
documenta los créditos y deudas en relaciones de la clase que aparece
existente entre deudor y acreedor”.
La
Audiencia Provincial de Gerona en la Sentencia de 20 de Marzo de 2002,
resolviendo el recurso de apelación que dio lugar al rollo
número 140/2002, en su
Fundamento de Derecho II, recoge lo siguiente: “ en el presente caso,=
la reclamación
se basa en un contrato de préstamo.De forma reiterada, las Audiencias
Provinciales, normalmente aplicando el antiguo art. 1435 de la derogada
L.E.Civ., habían reiterado que en estos contratos la obtención
del saldo no reviste ninguna dificultad, considerándolos líqu=
idos
“ab initio”.
La Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 4ª), en Auto de 15 de Enero de 2002, dice que “ por deuda vencida se entiende , de conformi= dad con el art.1125 del C.C., aquélla cuyo día de vencimiento ha llegado.” Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en A= uto de 17 de Octubre de 2001 establece que la claúsula que permite al prestamista dar por vencido anticipadamente el préstamo por incumplimiento del prestatario de su obligación de pago es vá= lida y admisible, sin que la eventual decisión judicial al respecto, en c= aso de controversia, tenga carácter constitutivo sino meramente declarativo. Además la cantidad reclamada es determinada, porque nos hallamos ante un contrato de préstamo y no de crédito, por lo que la liquidez de la deuda resulta, según doctrina reiterada de los Tribunales, avalada por el Tribunal Constitucional, de simples operaciones aritméticas”.<= o:p>
La
cuantía de la deuda no excederá de 30.000 Euros, entendiendo =
que
en aquellos casos en que el mismo acreedor tenga varias deudas contra un mi=
smo
deudor, no procederá su acumulación, de forma que sería
conveniente instar diferentes procesos monitorios por la facilidad
procedimental que implica su articulación, poco amiga de complicacio=
nes.
Por
otro lado, la división en dos o más partes de una deuda
única superior a 30.000 Euros, a efectos de poderla tramitar en un
proceso monitorio, constituiría un fraude procesal, por lo que la
partición no sería admisible en ningún caso; otra cosa
sería que el acreedor renuciase a la cantidad que excede del
límite cuantitativo de los 30.000 Euros.
Sigu=
iendo
con el análisis del art. 812, se precisa de la aportación de =
los
documentos que acrediten la deuda reclamada, y en este punto diremos que
“rige la libertad de forma, si bien, es preceptiva la aportació=
;n
documental, no estando permitida la acreditación por simples
manifestaciones del acreedor. La Ley ha excluído de la tutela que el proceso monitorio proporcio=
na
aquellas reclamaciones dinerarias en las que el actor no puede proporcionar=
ni
un mínimo de prueba documental de su derecho de crédito. La
L.E.Civ. para admitir la petición inicial del monitorio no ha exigid=
o un
principio de prueba de todos o
algunos de los hechos constitutivos de la obligación del deudor, ya =
que
basta la acreditación de cualquier hecho del que pueda deducirse la
existencia de una relación jurídica obligacional entre el sujeto que i=
nsta
el proceso monitorio y aquel otro de quien se reclama el pago de una cantid=
ad
de dinero”; así lo manifiesta la Audiencia Provincial de Soria (Sección 1ª),=
en Auto
de 28 de Julio de 2001.
Por =
tanto
y como establece la Audiencia Provincial de Zaragoza, en Auto de 20 de Marz=
o de
2002, “con el proceso monitorio se pretende la protección
rápida y eficaz del crédito dinerario líquido, en espe=
cial
de profesionales y empresarios. Para ello, se le dota de una primigenia
agilidad, basada en la condición y estructura de los documentos que =
se
aportan con la demanda. A tal efecto, el art. 812 regula dos tipos de
documentos:
-&nb=
sp;
los del apartado 2º que llevan aparejados de f=
orma
casi automática la decisión judicial de requerimiento de pago
jurisdiccional.
-&nb=
sp;
Los del apartado 1º, que exigen =
un
juicio crítico más profundo por parte del órgano
jurisdiccional.
Sigue señal=
ando
esta Audiencia que “ en el presente caso, estamos ante un documento
unilateral creado por la acreedora, que habrá de ser analizado a la
vista de lo expuesto en su petición inicial, como dispone el art. 81=
5.
Se trata de documentos que configuran la transcripción a soporte pap=
el
del sistema de banda magnética utilizado por la aseguradora para el
cobro de las primas de sus seguros y la copia de una carta de un despacho de
Abogados reclamando el importe de la prima. Este Tribunal entiende suficien=
te
documentación la transcripción a soporte papel de lo recogido=
en la
banda magnética”.
Una
cuestión que se plantea en la práctica es determinar si puede acudir al proceso monitorio =
el
tenedor de una letra de cambio, existiendo en la L.E.Civ un juicio cambiario
perfectamente regulado.
La Audiencia
Provincial de Toledo (Sección 1ª), en Auto de 20 de Febrero de
2002,mantine que la L.E.Civ. regula un juicio cambiario, caracterizado por =
un
mecanismo procedimental similar al del monitorio, pero que a diferencia de
éste, no produce los efectos de cosa juzgada, y previsto exclusivame=
nte
para la tramitación de las letras de cambio, cheques y pagaré=
s.
Sigue argumentando esta Sala que, el acreedor podrá acudir al proceso monitorio cuando acredi=
te la
deuda mediante cualesquiera documentos que aparezcan firmados por el deudor=
(
entre los que puede incluirse las letras de cambio, cheques y pagaré=
s).
El art. 819 nos dice que sólo procederá el cambiario si al
incoarlo se presenta la letra de cambio, cheque o pagaré que
reúna los requisitos previstos en la LC CH., pero no nos dice que es=
tos
títulos en todo caso, hayan de ser ejercitados mediante ese juicio cambiario.
El art. 49 de la L=
CCH
dice que el tenedor tiene accion directa para reclamar tanto en la ví=
;a
ordinaria como a través del proceso especial cambiario, lo que parece
indicar que puede ir tanto al proceso monitorio y por tanto al declarativo,=
si
el deudor se opone, como al cambiario. Por último el art.66 establece
que la letra de cambio lleva aparejada ejecución a través del
proceso especial cambiario, pero, sin embargo en el monitorio la letra de
cambio no es título que lleva aparejada ejecución, pues no es=
un
juicio ejecutivo, sino un juicio que lo que pretende es la obtención=
de
un título ejecutivo.
El principio gener=
al
del derecho de que el que puede lo más puede lo menos permite, que si
los documentos justificativos del crédito están comprendidos
tanto en el precepto amplio del art. 812 como en el art.819, muchísi=
mo
más restringido, que el acreedor puede optar entre acudir a uno u ot=
ro.
También es
posible argumentar, que el tenedor de la letra, estando ésta perjudi=
cada
por faltar algún requisito formal de los que rígidamente exig=
e la
LCCH o incluso habiendo prescrito la acción cambiaria, podría
acudir a la vía ordinaria para reclamar la deuda acreditándolo
documentalmente con una letra carente de fuerza ejecutiva; en estos casos, =
nada
impediría accionar por medio del proceso monitorio y sólo ant=
e la
oposición del demandado
hacerlo en el declarativo correspondiente.
Siendo posible el
ejercicio de la acción cambiaria en un proceso declarativo,
también ser&aacu=
te;
posible el ejercicio de la acción personal, en el que lo que se
reclama es el cumplimiento
Esta posibilidad de
acudir al proceso monitorio con fundamento en letras de cambio tambié=
;n
ha sido admitida por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección
6ª), en el Auto de 29 de Julio de 2002. Sin embargo, Gómez Colo=
mer
es contrario a esta doble posibilidad de acudir al monitorio y al cambiario,
alegando la propia esencia del
proceso especial.
En el
supuesto de acompañar la petición de proceso monitorio con
documentos no originales sino por copias, la Audiencia Provincial de Alican=
te
en Auto de 16 de Mayo de 2002 establece que “con la petición
inicial se aportarán los documentos de los que resulte una buena
apariencia jurídica de la deuda. En el caso enjuiciado, afirma que el
documento aportado por la demandante es un contrato suscrito por el demanda=
do,
con suministro de material didáctico, para la matriculación e=
n el
curso de Técnico de construcción, el cual aparece debidamente
firmado por aquél en dos ocasiones, como alumno y como receptor del curso, conteni=
endo
todos los datos relativos a sus circunstancias personales, con inclusi&oacu=
te;n
de su D.N.I., así como las cantidades aplazadas a satisfacer en
veinticuatro mensualidades. El documento en cuestión se aporta por fotocopia, pero también es
verdad que la Ley no impone la necesidad de su presentación por original, ni ha sido el
propósito del Legislador negar “limine litis” la eficaci=
a de
los documentos aportados por copia simple, tal y como se deduce de las
disposiciones contenidas en los artículos 267 y 268 de la L.E.Civ.,
donde expresamente se autoriza esa forma de presentación, con
idéntica eficacia que el documento original, siempre que su conformi=
dad
no sea cuestionada por cualquiera de las partes. Por tanto, ninguna
indefensión puede irrogarse al demandado con la admisión a
trámite de la presente demanda, ya que tiene a su alcance todos los
medios de defensa compareciendo ante el Tribunal y oponiéndose, en t=
odo
o en parte a la reclamaci&oac=
ute;n,
si le asistiesen motivos para ello.”
La
Audiencia Provincial de Zaragoza, en la Sentencia de 11 de Mayo de 2001,
señala lo siguiente: “ en el caso a que se contraen los autos, se
acompaña por la mercantil actora las copias de las facturas por ella
emitidas, y cuyos originales deben obrar en poder de la deudora demandada,
documentos que reflejan pormenorizadamente la mercancía suministrada=
a
la misma, los precios de venta, albaranes de entrega y sus fechas, forma de
pago, abonos contabilizados a la actora como consecuencia de la
devolución de parte de dicha mercancía, documentos que
según la Sala son suficientes a los efectos de tener por cumplido el
requisito exigido por el art. 812 para dar curso a la petición inici=
al
deducida por la actora.”
Sin
embargo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en Auto de 18 de
Febrero de 2002, establece que “habiéndose aportado por fotoco=
pia
un documento que se denomina contrato, el cual contiene una descripci&oacut=
e;n
de trabajos a realizar con su
precio, otra fotocopia en parte mecanografiada y en parte manuscrita que
contiene lo que indica como conformidad a la oferta presentada para la obra=
y
otra fotocopia que se denomina factura por importe de 888.830 pesetas, que =
es
la cantidad que se reclama. Tales documentos estarían incardinados
Pare=
ce que
este proceso también está indicado para que los Letrados recl=
amen
sus honorarios de sus clientes, así la Audiencia Provincial de Palen=
cia
en Auto de 13 de Febrero de 2002 establece que en la relación de
arrendamiento de servicios o de obra en que se enmarca la prestación de asesoramie=
nto
jurídico por el Abogado a su cliente, el documento en el que, no
sólo habitual sino con expreso reconocimiento legal, se plasma el pr=
ecio
u honorarios devengados es la
minuta detallada y comprensiva de
los distintos conceptos del servicio prestado, firmada por el Letrado
acreedor; se trata de un documento unilateralmente creado por aquél,
debiéndose incluir entre los que el art. 812 contempla como
legitimadores “ab initio” para promover el proceso monitorio. Lo
contrario, conduciría a reputar de peor condición a tales
Letrados respecto al resto de profesionales, y a negar el “fumus boni
iuris” a un documento a=
l que
la propia Ley se lo reconoce en su art. 35, como base legitimadora del
procedimiento privilegiado que el mismo contempla para la reclamació=
n de
honorarios, procedimiento de jura de cuentas, al que es facultativo y no
obligatorio acudir al Letrado.”
En
principio, cabe señalar que la enumeración contenida en el ar=
t.
812 de la L.E.Civ no constituye un “numerus clausus”, pudiendo
instarse este proceso monitorio con la presentación de cualquier
documento que alcance el calificativo de principio de prueba exigido por el
art. 815.1, a efectos de admisión de dicha petición.
4. ADMISIÓN
DE LA PETICIÓN Y REQUERIMIENTO DE PAGO. OPOSICIÓN.
Form=
ulada
la petición de juicio monitorio debidamente acreditada, el art. 815
dispone que se requerirá
mediante providencia al
deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario,
acreditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y aleg=
ue
sucintamente, en escrito de oposición las razones por las que, a su
entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada.
El
requerimiento se notificará en la forma prevista en el art. 161 de e=
sta
Ley, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones =
de
la negativa al pago, se despachará contra él ejecución
según lo prevenido en el artículo siguiente.
Sorp=
rende
la parquedad de este artículo en una fase tan importante, puesto que=
la
eficacia del proceso monitorio dependerá de la técnica que se
utilice en la elaboración del mandato de pago.
Pese a que la
redacción del art. 815 de la L.E.Civ pudiera llevar a engaño, no=
debe
el Juez, en esta fase, limitarse al examen de si los documentos constituyen=
un
principio de prueba, sino que debe examinar la concurrencia de todos los
presupuestos generales y especiales del proceso; incidirá sobre su
propia competencia objetiva y territorial, la capacidad procesal de quien solicita la tutela
jurisdiccional, y si la
petición se ajusta a los requisitos que exige el art. 814 de la
L.E.Civ.(debe comprobar que la
deuda reclamada por el acreedor se encuentra dentro del ámbito objet=
ivo
del proceso monitorio y valorará, a continuación, si los
documentos constituyen un principio de prueba del derecho del peticionario)=
.
Así, la Audiencia Provincial de Segovia, en Sentencia de 29 de
Septiembre de 2001,establece que “la admisión judicial del pro=
ceso
monitorio exige el examen del juzgador acerca de que entienda, por la
documental aportada, demostrada a primera vista la deuda. Sigue seña=
lando que en esta fase no habrá un
enjuiciamiento definitivo sobre el fondo, en la medida en que el órg=
ano
jurisdiccional lo único que debe hacer es constatar “prima fac=
ie”,
si la petición inicial constituye el supuesto de hecho que le obliga=
a
emitir un requerimiento de pago. Esto determina que, aunque el órgano
judicial puede y debe contemplar si en el supuesto de hecho concurren los
requisitos básicos que el art. 812 de la L.E.Civ. establece para la
posibilidad de admitir la petición inicial, ello no puede suponer que
deba llevarse a cabo un análisis de los documentos más allá de lo que l=
a Ley
requiere porque el deudor puede oponerse a la ejecución despachada, por l=
o que
cualquier indicio de indefensión queda desvanecido.”
Como
afirma Gómez Colomer nada dice la L.E.Civ. sobre la resolución
que deba dictarse para admitir o no a trámite la demanda monitoria. =
En
la práctica, se está utilizando la providencia a que se
refiere el art. 815 con un do=
ble
contenido, el previsto en ese precepto expresamente, el de requerimiento de
pago, y previamente el de admitir a trámite la demanda. A juicio de =
este
autor, se trata de una resolución equivocada, porque para admitir o
inadmitir la demanda se exige la forma de auto, y también para
rechazarla por falta de presupuestos procesales.
En e=
l caso
de no admitirse a trámite la petición de proceso monitorio,
“se dictará auto, y dado que se está denegando la
prosecución de un proceso, por razón de lo previsto en el art.
455.1 de la L.E.Civ.,es directamente recurrible en apelación”.=
(
Así se pronuncia la Audiencia Provincial de Navarra ,Sección
2ª, en Auto de fecha 21 de Mayo de 2001). Se dictará auto de
inadmisión cuando se aprecie por el Juez la falta de algún
presupuesto procesal de carácter general no subsanable o cuando la
petición inicial carezca de alguna de las menciones que necesariamen=
te
deba contener de acuerdo al art. 814 de la L.E.Civ.
Una
cuestión que puede plantearse es si se puede pedir la adopción de
medidas cautelares en el seno de este proceso monitorio. Gómez Colom=
er
entiende que no es posible, porque desde el punto de vista formal, este proceso es lo
suficientemente rápido como para que el peligro por el retraso no se=
a presupuesto
a considerar. Desde el punto de vista material, la demanda monitoria persig=
ue
que la deuda motive un título ejecutivo, que de ser incumplido permi=
ta
entrar directamente en la ejecución.
Siguiendo con la
dicción del art. 815 de la Ley, y una vez comprobados por el Juez to=
dos
los requisitos procesales generales y especiales del proceso monitorio de
dictará el mandato de pago correspondiente.
El citado
artículo dice que “ se requerirá por providencia”=
, lo
cual induce a error, porque el requerimiento en el art. 149 de la L.E.Civ. =
se
configura como un acto de comunicación, que además de notific=
ar
una resolución, se utiliza para “ordenar, conforme a Ley, una
conducta o inactividad”. Lo lógico sería que el Juez
dictase una orden en una resolución y, posteriormente, por el Secret=
ario
o funcionario que designe, se comunique dicha orden con el requerimiento a =
su
destinatario.
“ La
providencia de requerimiento de pago
ha de concretarse en la cantidad líquida vencida y exigible
documentalmente determinada, habida cuenta de que el presente proceso espec=
ial
no produce efectos de cosa juzgada más allá de la cuant&iacut=
e;a
líquida de la suma por la que ha de ser requerido el pago (art.816.2
L.E.Civ.)”.(Así lo establece la Audiencia Provincial de Navarr=
a,
Sección 2ª, por Auto de 21 de Mayo de 2001).
El a=
rt.
815 se remite, a efectos de notificaciones, a las reglas generales contenid=
as
en el art. 161 de la L.E.Civ., pero una cuestión que se suscita en la
práctica de los Juzgados es si
cabe acudir a los edictos, en los casos en que el deudor no pueda ser
localizado; a tal efecto la Audiencia Provincial de Bilbao (en Auto de 20 de
Junio de 2001) manifiesta que “ la doctrina interpretativa del novedo=
so
juicio monitorio no es unánime a propósito de si cabe practic=
ar
el requerimiento de pago por medio de edictos, aunque muy mayoritariamente =
se
desaprueba”. Manifiesta que “el juicio monitorio significa una
inversión del principio
procesal tradicionalísimo de los juicios declarativos, confor=
me
al cual el silencio del demandado representaba el mero incumplimiento de una
carga, y se presumía de Derecho que el citado o emplazado
resistía la pretensión, de modo que no había allanamie=
nto
por rebeldía ni tampoco conformidad con los hechos por los que se
pedía tutela judicial. La inversión del principio presume de<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> Derecho en el juicio monitorio que=
el
demandado reconoce el crédito que se le enarbola por su silencio, una
vez requerido de pago y con aportación de un principio de prueba
documental. Esta ficción legal no puede congeniar con el núcl=
eo
esencial de efectiva tutela judicial si, a su vez, se edifica sobre otra
ficción legal, que resulta ser la comunicación edictal; se
fingiría que el requerido ha leído el requerimiento en el
tablón de anuncios del Juzgado, o en su caso, el B.O. o periódico que fue=
ra. El
título ejecutivo en el
monitorio es un complejo que forma la afirmación del crédito
documentado, la providencia de admisión judicial de la petició=
;n y
requerimiento de pago y el silencio del requerido, que se configura como consentimiento
tácito , y no se puede admitir que este consentimiento se produzca c=
on
un requerimiento por edictos. Sin embargo,=
el art. 815.2 prevé expresamente la posibilidad de
requerimiento de pago por med=
io de
edictos para las reclamaciones de las comunidades de propietarios, respecto=
de
gastos comunes, por lo que la falta de previsión expresa para el pro=
ceso
monitorio genérico, según el principio, si la Ley calla no
quiere, porque cuando quiere lo dice, debe determinar un rechazo a la
posibilidad del requerimiento de pago por edictos en el proceso monitorio&#=
8221;.
En el
requerimiento que se efectúa al deudor, se le advierte de que en el
plazo de veinte días, tiene que oponerse a la pretensión del
actor o pagar, pues en caso contrario, se despachará ejecución
contra él.
Como=
hemos
visto anteriormente, el deudor recibido el requerimiento de pago puede paga=
r,
guardar silencio u oponerse a la reclamación del acreedor.
En e=
l caso
de OPOSICIÓN, el art. 8=
18 de
la L.E.Civ, establece que si el deudor presentare escrito de oposició=
;n
dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio que
corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.
El e=
scrito
de oposición deberá ir firmado por Abogado y Procurador cuand=
o su
intervención fuese necesaria por razón de la cuantía,
según las reglas generales.
Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetici&oacut= e;n, se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a= lo que dispone el apartado segundo del artículo 21 de la presente Ley.<= o:p>
2. C=
uando
la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del jui=
cio
verbal, el tribunal procederá de inmediato a convocar la vista. Cuan=
do
el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad , si el
peticionario no interpusiera =
la demanda
correspondiente dentro del pl=
azo de
un mes desde el traslado del escrito de oposición , se
sobreseerán las actuaciones, y se condenará en costas al
acreedor. Si presentare la demanda, se dará traslado de ella al
demandado conforme a lo previsto en los artículos 404 y siguientes d=
e la
presente Ley.
En el
escrito de oposición el deudor debe alegar sucintamente las razones =
por
las que, a su entender, no debe la cantidad reclamada. Tal exigencia,
según afirma la Sentencia de 25 de Abril de 2002, dictada por la
Audiencia Provincial de Valencia (Sección 12ª),”responde =
al
principio de buena fe procesal ( art. 11 de la L.O.P.J.. y art.
A
través de la oposición, el deudor puede ejercitar su derecho
constitucional de introducir el contradictorio en el proceso y obtener una
resolución de fondo sobre el asunto. Debe presentar el escrito en el
plazo de veinte días ante el Juzgado de Primera Instancia que
esté conociendo del proceso en curso, escrito que deberá ir
firmado por Abogado y Procurador cuando la cantidad que se reclame supere l=
os
900 Euros, prevención ésta que deberá hacerse al
deudor al tiempo de la
notificación y requerimiento de pago.
El e=
scrito
de oposición traerá consigo que el Tribunal proceda de inmedi=
ato
a convocar vista cuando la deuda reclamada sea inferior a 3000 Euros, siendo necesario dar
traslado del escrito del deudor al
acreedor, llegando a la conclusión, como dice Vicente Marino de la L=
lana,
de que en estos casos recae sobre el deudor la carga de la prueba que suste=
nta
la contradicción. Sin embargo, cuando el proceso verse sobre
reclamación de una deuda por importe superior a 3000 Euros, la
oposición del deudor tralada al acreedor la obligación de
formular la correspondiente demanda en el plazo de un mes ( plazo que se
computará en los términos del art. 133.3 y 130.2 de la L.E.Ci=
v.,
como indica la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santa C=
ruz
de Tenerife en Auto de 4 de Febrero de 2002).
Resp=
ecto
del Auto en que el Juez acuer=
da el
sobreseimiento por no interponerse la demanda en el plazo de un mes,
Gómez Colomer afirma que debe gozar de los efectos de cosa juzgada, =
por
ello el acreedor deberá intentar con fundamento en la misma deuda no
prescrita, justificada en el mismo documento y contra el mismo deudor, un nuevo p=
roceso
monitorio, no pudiendo presentar la demanda en el juicio ordinario partiend=
o de
la primera oposición del deudor.
Siguie=
ndo a
este autor vamos a hacer referencia a una serie de actitudes de
oposición del deudor no resueltas legalmente:
-
-
-
En
el supuesto de AUSENCIA DE
OPOSICIÓN DEL DEUDOR, el art 816 de la L.E.Civ. dispone:
1.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> Que el Tribunal dictará auto=
en
que se despachará ejecución por la cantidad
adeudada.
2.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> Despachada ejecución,
proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias
judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en estos casos,
pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no
podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad
reclamada en el monitorio o la devolución de la que con la
ejecución se obtuviere. =
Una =
de las
opciones del deudor ante el requerimiento de pago que se le ha efectuado es
mantenerse pasivo sin dar razón alguna. Transcurrido el plazo de vei=
nte
días que le fue otorgado, el Juez dictará auto por el que se
despachará ejecución contra aquél por la cantidad
adeudada; deduciéndose del art. 816, que dicha resolución
habrá de dictarse de o=
ficio,
en contraste con lo establecido en el art. 549 de la L.E.Civ. que señ=
;ala
que “ 1. Sólo se
despachará ejecución a petición de parte...”
Marino
de la Llana Vicente opina que el auto declarando la ejecutoriedad del manda=
to
de pago debería ser dictado
a instancia del acreedor, solución más adecuada a su
entender pues evitaría que el Juez dictase resolución en los
casos en los que el deudor hubiese pagado y ni éste ni el acreedor lo
hubiesen puesto en su conocimiento.
Según se desprende del apartado segundo de este artícu=
lo
al ser considerado el auto despachando ejecución en el sentido
establecido por la Ley para la ejecución forzosa, y conforme al
art.551.2 L.E.Civ., dicha resolución no será susceptible de
recurso alguno y sí de una posible oposición por parte del de=
udor
ejecutado, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 556 y ss de la L.E.Civ.
Ante la
cuestión de si el auto que crea el título ejecutivo por la
incomparecencia o no oposición del deudor goza de la eficacia de cosa
juzgada, Gómez Colomer señala que si el solicitante del proce=
so
monitorio y el deudor ejecutado no pueden pretender ulteriormente en proceso
ordinario la cantidad reclamada en el ordinario o la devolución de la
que con la ejecución se obtuviese, la conclusión tiene que ser
que el auto por el que se despacha ejecución, una vez constatado el
silencio del deudor, sí produce los efectos de cosa juzgada material=
.
Este=
auto
no es ejecutable provisionalmente, ya que es una resolución irrecurr=
ible
y la ejecución provisional sólo tiene sentido si hay un recur=
so
interpuesto y porque se entra directamente en ejecución, lo que impl=
ica
la inutilidad de pedir provisionalmente lo que va a tener lugar de inmediat=
o de
forma forzosa y definitiva.
El d=
eudor
ante el requerimiento de pago también puede PAGAR el importe de la deuda reclamada. Por ello el articulo 81=
7 establece
que si el deudor atendiese el requerimiento de pago, tan pronto como lo
acredite, se le hará entrega de justificante de pago y se
archivarán las actuaciones.
El p=
ropio
precepto exige que sea el deudor quien acredite ante el órgano judic=
ial
el pago, haciendo entrega este último del correspondiente justifican=
te
de pago. El pago debe efectuarse en los veinte días siguientes al
requerimiento hecho al deudor. Éste puede pagar al acreedor, en cuyo
caso, como manifiesta Marino de la Llana, sería este último q=
uien
le entregaría el justificante de pago, con el cual el deudor justificaría el pago ante el
Juzgado, no resultando necesario que éste emitiese un nuevo
justificante. La otra posiblidad es que el deudor comparezca en el propio
Juzgado y consigne el importe de la deuda, en cuyo caso sería
éste quien le entregase el justificante, y posteriormente ofreciese =
al
acreedor la cantidad abonada. Si el deudor pagase al acreedor y no lo
acreditase ante el Juzgado, despachándose ejecución, en
opinión de este autor, el deudor acreditaría el pago (requisi=
to
subsanable) y podría ser contrarrestado el auto que despachó
ejecución.
Cuan=
do por
el deudor se haya pagado el t=
otal
de la deuda reclamada y lo hubiese justificado ante el Juzgado, se
archivarán las actuaciones; en la Ley no se recoge el tipo de
resolución que haya de dictarse, siendo lo más prudente
decantarse por un Auto, que debe declarar cancelada la obligación.
5. COSTAS.
La
Audiencia Provincial de Zarag=
oza
(Sección 4ª), en Auto de 30 de Octubre de 2001, se ha pronuncia=
do
en relación a las costas, señalando que el art. 817 de la
L.E.Civ. no prevé la imposición de costas a los deudores cuan=
do
atiendan al requerimiento de pago, mientras que este mismo cuerpo legal par=
a la
ejcución dineraria y el proceso cambiario sí lo establece. Es=
ta
Misma Audiencia , pero la Sección 5ª, en Auto de 22 de Marzo de
2002 también establece que “ puesto que la invocación d=
el
crédito realizado por el acreedor obliga al deudor a posicionarse fr=
ente
a aquella reclamación, dadas las drásticas consecuencias que =
el
legislador anuda a las diferentes posturas del demandado, no tolera que de
oponerse este último pueda el demandante eludir seguir el cauce del
contradictorio, imponiéndole la carga de promoverlo y asociando al h=
echo
de no hacerlo la obligación de
soportar las costas (art. 818.2), evitándose un uso abusivo de
este proceso monitorio.”
En e=
l caso
de allanamiento del deudor en el contradictorio, como consecuencia de la
oposición esgrimida por aquél tras el requerimiento de pago que =
se le
hizo en el proceso monitorio, la Audiencia Provincial de Albacete en Senten=
cia
de 16 de Abril de 2002, aplica de forma automática la condena en cos=
tas,
equiparando requerimiento fehaciente de pago a mala fe; aplicando un criter=
io
objetivo, entiende que “el simple hecho de haber mediado un requerimi=
ento
de pago (a través del
proceso monitorio) integra un supuesto de mala fe, pues el demandado conoc&=
iacute;a
la existencia de la reclamación, y obligó al actor a acudir a los Tribunales y por ello a realizar unos gastos,=
para
luego allanarse al iniciarse el proceso. Mantiene el pronunciamiento de condena en c=
ostas
al demandado realizado =
por el
Tribunal de la instancia.”
La
Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto de 18 de Febrero de 2002 se
pronuncia en el siguiente sentido: “ en el proceso monitorio, si el
deudor atendiese al requerimiento de pago, dice el art. 817 de la L.E.Civ. =
que
tan pronto como lo acredite, se le hará entrega del justificante, y =
se
archivarán las actuaciones, sin que nada se establezca sobre una pos=
ible
condena en costas del demandado, que sí está prevista cuando =
el
procedimiento se sobresee por las razones&=
nbsp;
contempladas en el art. 818.2 de la L.E.Civ. Sigue diciendo que el
monitorio es un proceso especial por razón de la materia, pero con
independencia de su naturaleza jurídica, lo cierto es que no puede
entenderse aplicable el art. 394 LECiv, a los efectos de imposición =
de
costas en la fase inicial. En los procesos declarativos, las costas de la
primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas
todas sus pretensiones, lo que en puridad no ocurre en el monitorio, que se
archiva por pago en su fase inicial, donde ninguna pretensión ha
formulado el demandado, que se ha limitado a atender el requerimiento.
Sólo cuando el deudor no atienda el requerimiento se sustanciar&aacu=
te;
como juicio declarativo, en el caso en que haya habido oposición,
resultando de aplicación las normas sobre costas específicame=
nte
previstas para cada uno de estos procedimientos. Cuando no se da ninguna de
estas circunstancias , porque el demandado paga, ningún precepto
autoriza la imposición de costas.”
III.=
Con =
la Ley
8/1999 de 6 de Abril se introdujo una importante reforma en la Ley de Propi=
edad
Horizontal ( art. 21) para la tramitación de las reclamaciones de las
comunidades de propietarios derivadas del impago de los gastos comunes por
parte de alguno de los comuneros, se aprovechaba así, el denominado
procedimiento monitorio que, ya por entonces, se barajaba como proceso a
introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Con la
promulgación de esta última , en su Disposición Final
Primera, se da una nueva redacción al art. 21 de la Ley de Propiedad
Horizontal, quedando en los siguientes términos:
1.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> Las obligaciones a que se refieren =
los
apartados e) y f) del art. 9 deberán cumplirse por el propietario de=
la
vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso
contrario el Presidente o Administrador , si así lo acordase la Junt=
a de
Propietarios , podrá exigirlo judicialmente a través del proc=
eso
monitorio.
2.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> La utilización del procedimiento monitorio requerir&a=
acute;
la previa certificación del acuerdo de la junta aprobando la liquidaci&oacut=
e;n de
la deuda con la Comunidad por quién actúe como Secretario de =
la
misma, con el visto bueno del Presidente, siempre que tal acuerdo haya sido
notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el art. =
9.
3.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> A la cantidad que se reclame en vir=
tud de
lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la derivada de los gastos de
requerimiento previo de pago,siempre que conste documentalmente la realizac=
ión
de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales
gastos.
4.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> Cuando el propietario anterior de la
vivienda o local deba responder solidariamente del pago de la deuda,
podrá dirigirse contra él la petición inicial , sin
perjuicio de su derecho a repetir
contra el actual propietario. Así mismo se podrá dirig=
ir
la reclamación contra =
el
titular registral, que gozará del mismo derecho mencionado
anteriormente.
En
todos estos casos, la petición inicial podrá formularse contra cualquiera de los obligados=
o contra todos ellos conjuntamente=
.
5.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> Cuando el deudor se oponga a la
petición inicial del proceso monitorio, el acreedor podrá
solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes de aquél, para
hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y costas.
El
Tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad=
de
que el acreedor preste caución. No obstante, el deudor podrá
enervar el embargo prestando aval bancario=
por la cuantía por la que hubiese sido decretado.
6.<=
span
style=3D'font:7.0pt "Times New Roman"'> Cuando en la solicitud inicial del
proceso monitorio se utilicen los servicios profesionales de Abogado y Procurador para reclamar las cantidades debid=
as a
la Comunidad , el deudor debe=
rá
pagar , con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercer=
o del art. 394 de la L.E.Civ., los h=
onorarios
y derechos que devenguen ambos por
su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de
pago como si no compareciere ante el Tribunal. En los casos en que exista
oposición , se seguirán las raglas generales en materia de
costas, aunque si el acreedor obtuviese&nb=
sp;
una sentencia totalmente favorable&=
nbsp;
a su pretensión, se deberán incluir en ella los honorarios de Abogado y los derechos de Procu=
rador
derivados de su intervención, aunque no hubiese sido preceptiva.
La L=
ey
permite acudir al juicio monitorio para “reclamar los gastos generales
del inmueble, los servicios, cargas y las responsabilidades que no sean susceptibles de
individualización, no diferenciando la Ley entre gastos ordinarios y
gastos extraordinarios”. ( Sentencia de 8 de Mayo de 2001 de la Audie=
ncia
Provincial de Burgos, Sección 2ª).
La sentencia de la Audiencia Provin=
cial
de Madrid, (Sección 10ª) de 12 de Septiembre de 2001, en su
Fundamento de Derecho V establece que “también cabe acudir al
proceso monitorio para reclamar las obligaciones que provengan de gastos no
satisfechos para la dotación
del fondo de reserva, que tendrá que constituirse en cada finca, pa=
ra
atender las obras de reparación y conservación de la
misma”.
Pare=
ce
deducirse que puede instarse este proceso en casos de multipropied, ya que<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> la Audiencia Provincial de Baleares
(Sección 4ª), en Auto de 16 de Mayo de 2001, en su Fundamento
La L=
ey
exige que la petición se acompañe de la certificación a
que se refiere el art. 21, y a este respecto la Sección 13ª de<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> la Audiencia Provincial de Madrid =
en su
Sentencia de 23 de Marzo de 2002 señala “ que la
utilización del proceso monitorio requerirá la previa
certificación del acue=
rdo de
la Junta aprobando la liquidación de la deuda.... sin concretar cual sea esta Junta, que ser&aacut=
e; la
competente en cada caso, la de Propietarios cuando la LPH es la directamente
aplicable, o aquélla otra a la que le esté atribuída t=
al
función por los estatutos o normas que rijan el organismo o comunida=
d de
que se trate, respecto de las que la L.P.H tiene sólo carácter
supletorio; y que la decisión en torno a las posibles deficiencias c=
ompetenciales
del órgano que adopte el acuerdo cuando estatutariamente es el
idóneo, excede del examen inicial de la solicitud del procedimiento =
que
regulan los artículos 812 y ss. de la L.E.Civ.”
El
Legislador cuando lo ha estim=
ado
equitativo ha dispuesto una regulación específica ( y por ende distinta) a la que resulta del
régimen genera, así
lo establece la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Zaragoza en Auto de 22 de Mar=
zo de
2002: existen normas específicas en relación a este tipo de r=
eclamaciones
en el propio desarrollo del art. 21 de la LPH dada por la Disposición
Final Primera de la L.E.Civ. ( necesidad de que la petición inicial =
se
acompañe de certificación del acuerdo que apruebe la
liquidación de la deuda con la comunidad, imposición de costa=
s al
deudor si la contraparte se valió de los servicios de Abogado y
Procurador, posibilidad de acordar embargo preventivo sin que el acreedor
preste fianza) y en los propios artículos de la LECiv y en los propios artículos =
de
esta última, en el art. 813 (relativo a la competencia), art. 815 (
requerimiento de pago y su notificación).
BIBLIOGARAFÍA:
Gómez Amigo, Luis. “La introducción del proceso
monitorio en el sistema procesal español”. Actualidad Civil.
G&oa=
cute;mez
Colomer, José Luis. “El proceso monitorio: algunos problemas
prácticos en su aplicación inicial”. Tirant on Line.
Mari=
no de
la Llana , Vicente. “El proceso monitorio. Su regulación en la=
Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil”. La Ley 2000-4.
Silguero Estagnan,
Joaquín. ”El proceso monitorio y el proceso cambiario en la Le=
y de
7 de Enero de
La
jurisprudencia se ha consultado en la base de datos de Aranzadi, El Derecho=
, La
Ley y Tirant on Line.
EL
PROCESO MONITORIO.
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MARÍA
GARCÍA SÁNCHEZ.