LAS REFORMAS EN EL RECURSO DE CASACION LABORAL DURANTE EL FUNCIONAMI= ENTO DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO

LAS REFORMAS EN EL RECURSO DE CASA= CION LABORAL DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO

María José Mascarell Navar= ro

Profesora T= itular de Derecho Procesal . Universitat de Valencia

SUMARIO: I. EL ESTABLECIM= IENTO DEL RECURSO DE CASACION LABORAL.- II. LA CREACION DEL TRIBUNAL= CENTRAL DE TRABAJO Y EL RECURSO DE SUPLICACION.- III. RAZON DE LA INCIDENCIA DE LAS REFORMAS EN EL RECURSO DE CASACION LABORAL SOBRE EL RECURSO DE SUPLICACION.- IV. LA LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1949.- V. LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1953.- VI. LOS DECRETOS DE 4 DE MAY= O DE 1960 Y 11 DE OCTUBRE DE 1967.- VII. LOS DECRETOS DE 18 DE MAYO DE 1972 Y 16= DE JULIO DE 1976, Y EL REAL DECRETO-LEY DE 7 DE JUNIO DE 1978.- VIII. EL TEXTO REFUNDIDO DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 13 DE JUNIO DE 1980.-IX. LA SUPRESION DEL TRIBUN= AL CENTRAL DE TRABAJO.

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I. EL ESTABLECIMIENTO DEL= RECURSO DE CASACION LABORAL

El rec= urso de casación laboral se establece, por primera vez, en la Ley de Tribuna= les Industriales de 22 de julio de 1912.

La Ley= de Tribunales Industriales de 1912 regulaba, en los arts. 48 a 58, el recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal y el recur= so de casación por quebrantamiento de forma, y atribuía su conocimiento a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Los recursos de casación laboral procedían contra las sentencias de los Tribunales Industriales (art. 48), “cualquiera que fuere la cuantía del litigio” (art. 49), y contra las sentencias dictad= as por las Salas de lo Civil de las Audiencias Territoriales resolviendo recursos de apelación interpuestos contra sentencia= s de los Juzgados de Primera Instancia, en los casos en que éstos hubieren conocido del proceso por no haberse podido constituir el Tribunal Industrial (art. 32).

El Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926 incorporó la Ley de Tribunales Industriales de 1912 a su Libro IV, “si bien –decía en= su Exposición- tendiendo a remediar las deficiencias que la prác= tica ha hecho advertir”.

El rec= urso de casación laboral fue objeto de dos importantes modificaciones en el Código de Trabajo de 1926 porque: declaró procedente el recur= so tanto contra las sentencias del Tribunal Industrial como contra las sentenc= ias del Juez de Primera Instancia (arts. 480 y 481), y limitó las resoluciones recurribles en casación por infracción de ley a = las que versaran sobre ciertas materias o la cuantía litigiosa excediera= de una determinada cantidad (art. 487) (1).

La Exposición del Código de Trabajo de 1926 justificaba los límites a la recurribilidad en casación por infracción= de ley con estas palabras: “El considerable número de recursos de casación tramitados, en los últimos años, ante el Trib= unal Supremo, ocasionando forzoso retraso en el fallo de los mismos, y la ampliación de la competencia de los Tribunales industriales, forzosamente ha conducido a examinar si era llegado el momento de aplicar a= la materia criterio análogo al existente en el orden civil; y sin ir a = una equiparación, que no corresponde, por razón de la materia, y buscando que siempre, sea cual sea la cuantía, los casos importantes, jurídicamente, puedan examinarse por el más alto Tribunal de = la Nación, se ha aceptado la fórmula de limitar el recurso de casación a casos específicos en Derecho y a los de cuant&iacu= te;a superior a 2.500 pesetas, más no sin establecer, para aquellas sentencias del Tribunal industrial que no puedan ser recurridas en casación, un recurso especial de revisión ante las Audiencias territoriales, que permita decidir sobre la recta inteligencia e interpretación del derecho aplicado por el inferior…” (2= ).

Las no= rmas sobre casación del Código de Trabajo de 1926 se aplicaron también al recurso de casación que el art. 21 del Real Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, de organización corporativa nacional, declaró procedente contra determinadas resoluciones de los Comités paritarios que creaba (3).

El Código de Trabajo de 1926 siguió atribuyendo la competencia p= ara conocer de la casación laboral a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo: “En tanto el Gobierno no cree en el Tribunal Supremo una Sección encargada de entender especialmente en los recursos de casación, incoados con motivo de la aplicación de las leyes sociales” (art. 486). Fue el Decreto de 6 de mayo de 1931 el que reorganizó el Tribunal Supremo y creó en el mismo una Sala qu= inta “de Cuestiones de Derecho social” (art. 1º), con competenc= ia para conocer de los recursos de casación laboral (art. 2º), “sobradamente justificada –según se puede leer en el Preámbulo- por el número y la importancia de los asuntos que ordinariamente se tramitan” (4).

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II. LA CREACION DEL TRIBUNAL= CENTRAL DE TRABAJO Y EL RECURSO DE SUPLICACION

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&n= bsp; El Decreto de 13 de mayo de 1938, de supresión de los Tribunales Industriales y de los Jurados Mixtos y creación de las Magistraturas= de Trabajo, mantuvo el recurso de casación tal y como era regulado por = el Código de Trabajo de 1926 (5).

Tras el Decreto de 13 de mayo de 1938, la Ley Orgánica de la Magistratura del Trabajo, de 17 de octubre de 1940, vinculó esta Magistratura, administrativa y disciplinariamente, al Ministerio de Trabajo, haciéndola depender directamente del Director general de Jurisdicción del Trabajo (art. 2º), y creó, en su art. 1= 4, un nuevo órgano judicial con competencia en el orden laboral: “= ;Con jurisdicción en todo el territorio nacional y para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de las Magistraturas, = se constituye el Tribunal Central del Trabajo, integrado por el Director gener= al del Ramo, que lo presidirá, y cuatro Magistrados del Trabajo designa= dos por el Ministro, a propuesta del Director general, de entre los de la prime= ra categoría o clase del Escalafón” (6).

No obs= tante, el Decreto de 11 de julio de 1941, que reguló la constitución y funcionamiento del Tribun= al Central de Trabajo, no le atribuyó competencia para conocer del recu= rso ordinario de apelación, tal como preveía el art. 14 de la Ley Orgánica de la Magistratura de Trabajo (7), sino de un recurso al que se denomina de suplicación, y que recuerda al derogado recurso de revisión a= nte la Audiencia Territorial= , porque procede “contra los f= allos de las Magistraturas no susceptibles del de casación (8), siempre qu= e la cuantía de la reclamación exceda de quinientas pesetas” (art. 2º,I) (9), y “tendrá por objeto examinar el derecho aplicado por la resolución recurrida, a fin de ratificarla o dictar,= en su caso, aquella otra que estime más ajustada a las Leyes” (ar= t. 1º,II).

A part= ir de ese momento, y aún en la actualidad, el proceso laboral se configura como un proceso de instancia única en el que coexisten dos recursos extraordina= rios: el recurso de casación y el recurso de suplicación.

III. RAZON = DE LA INCIDENCIA DE LAS REFORMAS EN EL RECURSO DE CASACION LABORAL SOBRE EL RECURSO DE SUPLICACIÓN

Desde = el establecimiento del recurso de casación laboral hasta nuestros días, se han adoptado diversas medidas legislativas tendentes a solucionar el problema del elevado número de recursos pendientes de resolución en el Tribunal Supremo. Las medidas han abarcado: reforma= s en la regulación del recurso de casación; reformas en la organización del Tribunal Supremo, y reformas en la composició= ;n de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para aumentar el número= de los Magistrados que la integran.

= Durante el funcionamiento del Tribunal Central de Trabajo la mayoría de las medidas adoptadas consistieron en reformas en la regu= lación del recurso de casación, y más concretamente, en la modificación de las resoluciones recurribles en casación.

= Como entre la regulación del recurso de casación competencia del Tribunal Supremo y la regulación del recurso de suplicación competencia del Tribunal Central de Trabajo existi&oacut= e; una gran interdependencia por razón de las resoluciones recurribles a través de uno y otro recurso, como ya se aprecia en el art. 2º,I del Decreto de 11 de julio de 1941, no resulta posible tratar de las modificaciones de las resoluciones recurribles en casación sin tratar también de las modificaciones de las resoluciones recurribles en suplicación.

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IV. LA LEY DE 22 DE DICIEM= BRE DE 1949

La exi= stencia de 5.114 recursos de casación pendientes de resolución en la = Sala de lo Social del Tribunal Supremo al comienzo del año judicial 1948-= 49, como consecuencia del aumento en el número de los recursos ingresado= s, motivó que la Ley de 23 de diciembre de 1948, de reorganizació= ;n del Tribunal Supremo de Justicia: ampliara en tres el número de Magistrados de la Sala de lo Social (quinta), que pasó a estar compu= esta por un Presidente y siete Magistrados (10), y permitiera al Presidente del Tribunal Supremo, si el servicio lo exigiere, constituir en la Sala de lo Social dos Secciones para el despacho simultáneo de los asuntos que = le competen (art. 2º).

Sin em= bargo, el aumento en la plantilla de Magistrados de la Sala de lo Social del Tribu= nal Supremo, llevada a cabo por Ley de 23 de diciembre de 1948, no se tradujo e= n un incremento en el número de los asuntos despachados; baste observar q= ue en el año judicial 1948-49 se despacharon 944 asuntos en la Sala qui= nta del Tribunal Supremo, frente a los 1.000 que se despacharon en el año judicial 1947-48 (11).

Para p= oner fin a la aglomeración de recursos de casación laboral pendientes = ante el Tribunal Supremo, el preámbulo de la Ley de 23 de diciembre de 19= 48 también proponía la adopción de medidas que impidieran= el acceso a la Sala de lo Social de cuestiones de escasa cuantía, y con= este fin se aprobó la Ley de 22 de diciembre de 1949 que modificó = la regulación de los recursos de casación y suplicación, e introdujo el recurso en interés de la Ley en el proceso laboral (12)= .

La Ley= de 22 de diciembre de 1949: excluyó, de entre las resoluciones recurribles= en casación por infracción de ley o doctrina legal por raz&oacut= e;n de la cuantía, aquellas reclamaciones que no superaran las 20.000 pesetas (art. 15) (13), y limitó, por primera vez, las resoluciones recurribles en casación por quebrantamiento de forma para hacerlas coincidir con las resoluciones recurribles en casación por infracción de ley o doctrina legal (art. 17) (14).

Pero l= a Ley de 22 de diciembre de 1949, además de impedir el acceso a la Sala quinta del Tribunal Supremo de asuntos de escasa cuantía, también trató de agilizar la tramitación del recurso de casació= ;n, y para ello dispuso: que el emplazamiento de las partes para comparecer ant= e la Sala quinta del Tribunal Supremo se llevaría a efecto por el órgano judicial “a quo” una vez preparado el recurso (ar= t. 18), y que, para el caso de preparación contra una misma sentencia de recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal y = de recurso de casación por quebrantamiento de forma, la entrega de los autos al recurrente para formalizar el recurso de casación por infra= cción de ley se produciría de oficio una vez desestimado el recurso de casación por quebrantamiento de forma (art. 19).

La ref= orma del recurso de casación tuvo su correlativo en la reforma del recurso de suplicación.

La Ley= de 22 de diciembre de 1949 modificó las resoluciones recurribles en casación y los motivos del recurso (15). Se declaran recurribles en suplicación por infracción de ley las resoluciones no susceptibles de casación cuya cuantía litigiosa supere las mil quinientas pesetas y no exceda de veinte mil pesetas, cuantía que se prevé que el Gobierno, oído el Consejo de Estado, pueda elevar (art. 2º). Como motivos del recurso de suplicación se conserva = el examen del derecho aplicado en la sentencia recurrida y se añaden lo= s de “revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas (16), confirmando o revocando aquella= en todo o en parte, y reponer los autos al estado en que se encontrasen en el momento de haberse cometido una falta esencial en el procedimiento” (= art. 1º).

Como consecuencia de la reforma del recurso de suplicación el Tribunal Central de Trabajo ganaba la competencia que la Sala de lo Social del Tribu= nal Supremo perdía. Lo cierto es que en aquel momento había una c= lara desproporción entre el número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo que se recurrían ante el Tribunal Supremo y= el número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo que se recurrían ante el Tribunal Central de Trabajo, así: en el año 1948 se recurrieron 2.361 resoluciones ante el Tribunal Supremo y sólo 897 ante el Tribunal Central de Trabajo, y en el año 194= 9 se recurrieron 2.279 resoluciones ante el Tribunal Supremo y sólo 701 a= nte el Tribunal Central de Trabajo (17). =

Pero l= a Ley de 22 de diciembre de 1949 no pretendía poner fin paulatinamente al cúmulo de recursos de casación pendientes de resolució= n en la Sala quinta del Tribunal Supremo, sino resolver el problema de modo inmediato, y para ello su disposición transitoria 4ª le otorgó efectos retroactivos, al disponer que “Los recursos de casación cuyas vistas estén señaladas se resolver&aacu= te;n con arreglo a la legislación anterior. De los demás expedient= es que radiquen en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ésta dispondrá que, dentro del plazo de tres meses, se remitan a las Magistraturas de procedencia todos los que, con arreglo a la presente Ley,= queden comprendidos dentro del ámbito de la suplicación”.

Ante la previsible avalancha de recursos de casación reconvertidos en recurs= os de suplicación que iban a llegar al Tribunal Central de Trabajo, también en fecha 22 de diciembre de 1949, y asimismo por ley, se aum= enta la plantilla de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo y se divide en = dos Salas: la Sala Pr= imera de “Reclamaciones generales” y la Sala Segunda = de “Despidos”, cada una con un Presidente y cuatro Magistrados (ar= t. 1º). Y, en efecto, la aplicación de la disposición transitoria 4ª dio lugar a que 5.000 asuntos pendientes ante la Sala d= e lo Social del Tribunal Supremo pasasen a ser conocidos por el Tribunal Central= de Trabajo (18), cifra sin duda excesiva, sobre todo si se recuerda que la existencia de 5.114 recursos de casación pendientes de resoluci&oacu= te;n en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al comienzo del año judicial 1948-49 estuvo en el origen de las Leyes de 23 de diciembre de 194= 8 y 22 de diciembre de 1949, y si se compara el número de Magistrados de= la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con los del Tribunal Central de Trab= ajo.

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V. LA LEY DE 17 DE JULIO = DE 1953

Tras l= a Ley de 22 de diciembre de 1949, de recursos de suplicación, casación= y en interés de la ley, y como era de prever, disminuyeron las resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y aumentaron las recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo: en 1950, de un total de 3.893 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas, 772 lo fueron ante el Tribunal Supremo= y 3.121 ante el Tribunal Central de Trabajo; en 1951 fueron recurridas ante el Tribunal Supremo 984 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo y 1.835 a= nte el Tribunal Central de Trabajo, y en 1952, de las 2.948 resoluciones recurridas, 1.024 se dirigieron al Tribunal Supremo y 1.924 al Tribunal Cen= tral de Trabajo (19).

No obs= tante lo anterior, que evidencia que la carga de trabajo del Tribunal Central de Tra= bajo excedía, con mucho, la del Tribunal Supremo, la Ley de 20 de dicie= mbre de 1952, al modificar la plantilla del Tribunal Supremo, aumentó en = tres el número de Magistrados de la Sala de lo Social (art. 7º) para permitir la constitución de Secciones, y lo justificó en la demora en la resolución de los recursos pendientes (20) (21). Tras la Ley de 20 de diciemb= re de 1952 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo quedaba constituida por un Presidente y diez Magistrados.

El aum= ento en la dotación de Magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supr= emo no se tradujo en un incremento significativo en el número de asuntos despachados, aunque sí aumentó el número de recursos de casación resueltos (22), y nuevamente para intentar descargar de recursos de casación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se aprueba la Ley de 17 de julio de 1953, que modifica los arts. 2, 13, 15, 21= y 23 de la Ley de 22 de diciembre de 1949.

La Ley= de 17 de julio de 1953: vuelve a elevar la cuantía mínima del recur= so de casación, que pasa a quedar fijada en más de 40.000 pesetas (art. 15,5º), con lo que correlativamente se eleva la cuantía máxima del recurso de suplicación hasta 40.000 pesetas (art. 2º,I), y reduce la competencia del Tribunal Supremo para conocer del recurso de casación contra resoluciones de la Magistratura de Trabajo que decidan cuestiones de competencia por razón de la materia a los casos en que sobre el fondo del asunto corresponda el recurso de casación (art. 15.2º), con lo que para las restantes cuestiones= de competencia por razón de la materia se establece la procedencia del recurso de suplicación (art. 2º,V) (23) (24).

Las consecuencias de la reforma se aprecian claramente en los siguientes datos estadísticos: mientras en el año 1952, de un total de 2.948 resoluciones recurridas, 1.024 se recurrieron ante el Tribunal Supremo y 1.= 924 ante el Tribunal Central de Trabajo, en el año 1953, de las 3.599 resoluciones de las Magistratura= s de Trabajo recurridas, 1.160 lo fueron ante el Tribunal Supremo y 2.439 ante el Tribunal Central de Trabajo, y en el año 1954 se recurrieron 870 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo ante el Tribunal Supremo y 2.8= 21 ante el Tribunal Central de Trabajo (25).

No obs= tante la reducción que se observa en el número de recursos de casación, con el consiguiente aumento de los recursos de suplicación, y a pesar de que la Ley de 17 de julio de 1953 dispuso,= en su disposición transitoria, que “Los litigios en materia labor= al cuyas demandas hubiesen sido presentadas antes de entrar en vigor esta Ley, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustancián= dose en todos sus trámites y recursos por las normas procesales que regían en la fecha de su iniciación y ante los órganos jurisdiccionales competentes, a tenor de los preceptos modificados por la presente Ley&= #8221;, la Orden de 11 de enero de 1955, dictada en cumplimiento de la disposición transitoria de la Ley de 17 de julio de 1953, acord&oacu= te;, en aplicación de la disposición transitoria 4ª de la Ley= de 22 de diciembre de 1949, el pase de recursos de casación al de suplicación (26). La aplicación de la Orden de 11 de enero de 1955 dio lugar a que 486 asuntos pendientes ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo pasaran a ser conocidos por el Tribunal Central de Trabajo (27).

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VI. LOS DECRETOS DE 4 DE = MAYO DE 1960 Y 11 DE OCTUBRE DE 1967

Durant= e los años 1956 a 1959 el número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recur= ridas ante el Tribunal Central de Trabajo superó, en más del doble,= al de las recurridas ante el Tribunal Supremo (28), y para hacer frente a la sobrecarga de trabajo la Ley de 20 de julio de 1957 hubo de crear dos nuevas plazas de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo, quedando su plantilla compuesta por dos Presidentes de Sala y diez Magistrados.

A pesa= r de ello, el Decreto de 4 de mayo de 1960 modificó el texto refundido de Procedimiento Laboral de 1958 (29) para establecer la procedencia del recur= so de casación por razón de la cuantía litigiosa de la reclamación en más de 100.000 pesetas, aumentando consiguientemente la competencia cuantitativa del Tribunal Central de Traba= jo hasta las 100.000 pesetas.

= El incremento en el número de recursos de suplicación, consecuencia del Decreto de 4 de mayo de 1960, hizo necesario un nuevo aumento en el número de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo, como también la elevación de la cuantía mínima que permitía el acceso al recurso de suplicación.

= La Ley de 22 de julio de 1961 creó dos pl= azas de Magistrados en la dotación de la Sala Primera = del Tribunal Central de Trabajo, con lo que la plantilla de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo pasó a ser de dos Presidentes de Sala y = doce Magistrados (30).

El Dec= reto de 20 de septiembre de 1962 trató de reducir el número de recurs= os de suplicación impidiendo el acceso al mismo de las reclamaciones cu= ya cuantía litigiosa no excediera de 10.000 pesetas (art. 1º, 4) (= 31). No obstante, el Decreto de 20 de septiembre de 1962, que atribuyó a = las Magistraturas de Trabajo competencia para conocer de los conflictos colecti= vos de trabajo, también aumentó la competencia del Tribunal Centr= al de Trabajo al establecer un recurso de alzada, ante una Sala especial del T= ribunal Central de Trabajo, contra las decisiones de la Magistratura de Trabajo sob= re conflictos colectivos, que de este modo quedaban sustraídas a la competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (art. 1º, 1 y= 2).

En los años siguientes el número de resoluciones de las Magistratura= s de Trabajo recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo siguió doblan= do en número a las recurridas ante el Tribunal Supremo (32), y el Tribu= nal Central de Trabajo volvió a ver incrementado el número de sus Magistrados por Ley de 31 de mayo de 1966, de aumento de las plantillas de = los Cuerpos de Magistrados y Secretarios de las Magistraturas de Trabajo (33). = En cambio, el Decreto de 30 de junio de 1966, sobre plantilla de destinos del personal de la Carrera Judicial, seguía fijando la plantilla de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (Sala sexta) en un Presidente y diez Magistrados.

A comienzos de año 1967 la situación en el Tribunal Central de Trabajo y en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se podría resumir así: el número = de resoluciones de las Magistraturas Provinciales de Trabajo recurridas durant= e el año 1966 se había incrementado hasta alcanzar la cifra de 5.1= 20, y el número de recursos ante el Tribunal Central de Trabajo triplica= ba al de los interpuestos ante el Tribunal Supremo – 3.856 frente a 1.26= 4- (34); el número de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo super= aba, pero desde luego no triplicaba, al de Magistrados de la Sala de lo Social d= el Tribunal Supremo, y, finalmente, en cuanto al rendimiento del Tribunal Cent= ral de Trabajo y de la = Sala Sexta del Tribunal Supremo, se observa que en el añ= ;o 1966 el Tribunal Central de Trabajo resolvió 2.406 recursos, incrementando así la cifra respecto de los resueltos en años anteriores (35), mientras que en el año judicial 1965-66 la Sala Sexta del = Tribunal Supremo despachó 1.495 asuntos, de los que 1.447 fueron recursos de casación –se resolvieron 909 recursos de casación por infracción de ley y 29 a recursos de casación por quebrantamiento de forma, mientras que 509 recursos de casación laboral terminaron por desistimiento u otros motivos- (36).

No obs= tante lo anterior, un Decreto de 11 de octubre de 1967, con justificación en la necesidad de adaptar la cuantía de los recursos a los incrementos salariales y a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (37), modificó el texto refundido de Procedimiento Laboral de 21 de abril de 1966 (38) y elevó el límite máximo del recurso de suplicació= ;n hasta las 200.000 pesetas, pasando el Tribunal Supremo a conocer, por razón de la cuantía, de los recursos en los que la reclamación excediera de 200.000 pesetas.

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VII. LOS DECRETOS DE 18 D= E MAYO DE 1972 Y 16 DE JULIO DE 1976, Y EL REAL DECRETO-LEY DE 7 DE JUNIO DE 1978<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>

Tras el Decreto de 11 de octubre de 1967, el número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas ante el Tribunal Supremo, que fue de 1.= 101 en el año 1968, aumentó progresivamente hasta llegar en el año 1971 a la cifra de 1.709, en tanto q= ue el número de resoluciones recurridas ante el Tribunal Central de Trabaj= o, que sufrió un espectac= ular aumento al llegar a 6.071 en el año 1968 –frente a las 4.729 d= el año 1967-, era de 6.534 en el año 1971 (39).

Y, par= a poder asumir el aumento de recursos que llegaban al Tribunal Central de Trabajo, = otra vez se volvió a incrementar el número de sus Magistrados. La = Ley de 30 de diciembre de 1969 aumentó en dos plazas la plantilla de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo (40) y la Ley de 30 de marzo de 1971 fijó en tres= el número de Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo y en veintiuno el de Magistrados del mismo Tribunal (41).

As&iac= ute; las cosas, el Decreto de 18 de mayo de 1972 volvió a elevar la cuantía mínima que permitía el acceso al recurso de casación y modificó las cuantías que determinaban la procedencia del recurso de suplicación: estableció el recurso= de suplicación para las reclamaciones cuya cuantía litigiosa fue= ra superior a 25.000 pesetas y no excediera de 300.00, y fijó en m&aacu= te;s de 300.000 pesetas la procedencia del recurso de casación por razón de la cuantía de la reclamación.

Las consecuencias del Decreto de 18 de mayo de 1972 sobre el número de recursos fueron las siguientes: en el año 1973 se recurrieron 10.864 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo, 3.634 ante el Tribunal Suprem= o y 7.230 ante el Tribunal Central de Trabajo, y, comparando las cifras con las= del año anterior, se observa que disminuyeron en 358 los recursos ante el Tribunal Central de Trabajo= y aumentaron en 701 los recursos ante el Tribunal Supremo; en 1974 las cifras experimentaron pocas variaciones porque se recurrieron 3.662 resoluciones a= nte el Tribunal Supremo y 7.308 ante el Tribunal Central de Trabajo; un a&ntild= e;o después, en 1975, en cambio, si el número de las resoluciones recurridas ante el Tribunal Supremo disminuyó en 137 respecto del año anterior, cifrándose en 3.525, no ocurrió lo mismo= con las resoluciones recurridas en suplicación que experimentaron un not= able incremento, alcanzando el número de 8.233 (42).

El not= able incremento de las resoluciones recurridas ante el Tribunal Central de Traba= jo, estuvo, sin duda, en el origen de la Ley de 30 de diciembre de 1975 de modificación de las plantillas de Magistrados y Secretarios de la Magistratura de Trabajo (43), que dispuso que la plantilla de Magistrados d= el Tribunal Central de Trabajo quedaba constituida por tres Presidentes de Sal= a y veintiséis Magistrados (44).

La sig= uiente reforma en la regulación de los recursos de casación y suplicación se llevó a cabo por Decreto de 16 de julio de 1976 que modificó el texto refundido de Procedimiento Laboral de 1973 para establecer la procedencia del recurso de casación cuando la cuantía de la reclamación excediera de 800.000 pesetas, y la recurribilidad en suplicación cuando la cuantía litigiosa fue= ra superior a 50.000 pesetas y no excediera de 800.000 pesetas (45) -obsérvese el aumento en las cuantías en poco menos de cuatro años-.

El Dec= reto de 16 de julio de 1976 redujo el número de resoluciones recurridas ante= el Tribunal Supremo, 2.308 en el año 1977, y elevó considerablem= ente los recursos ante el Tribunal Central de Trabajo, 11.890 también en = 1977 (46). Sin duda por esta razón el Real Decreto-Ley de 13 de junio de = 1977 volvió a modificar la plantilla de Magistrados y Secretarios de la Magistratura de Trabajo fijando en cuatro los Presidentes de Sala del Tribu= nal Central de Trabajo y en treinta y uno el número de Magistrados del Tribunal Central de Trabajo (47), y la Orden de 5 de agosto de 1977 dispuso la constitución en el Tribunal Central de Trabajo de cuatro Salas de Justicia: la Primera, denomi= nada `Reclamaciones Generales´; la Segunda de `Despidos´, y la Terce= ra y Cuarta, de `Seguridad Social´ (art. 1º).

En 1978, un Real Decreto-ley= de 7 de junio, con justificación en el aumento de la litigiosidad “particularmente notable en lo relativo a la materia de Seguridad Social” (48), vuelve a modificar los arts. 153 y 166 de la Ley de Procedimiento Laboral, tanto para aumentar las cuantías previstas pa= ra recurrir en suplicación y casación –suplicación cuando la cuantía litigiosa sea superior a cien mil y no exceda de un millón de pesetas, y casación para reclamaciones cuya cuantía exceda de un millón de pesetas-, como para establecer unas cuantías mínimas para el acceso al recurso de suplicación de l= as sentencias dictadas como consecuencia de reclamaciones sobre prestaciones d= e la Seguridad Social y de las Mutualidades acogidas a la Ley de 6 de diciembre de 1941 siempre q= ue tengan carácter de permanentes o vitalicias, y para el acceso al rec= urso de casación de las sentencias que decidan reclamaciones por invalidez absoluta y gran invalidez y por la incapacidad laboral transitoria que a el= las se acumule.

Adem&a= acute;s, el Real Decreto-ley de 7 de junio de 1978 también da nueva redacción a los arts. 173 y 174 del texto refundido de Procedimiento Laboral de 1973 para establec= er como facultativa la celebración de vista en la casación (49).=

En 197= 8, año en que tuvo lugar la reforma a que nos acabamos de referir, el número de resoluciones recurridas ante la Sala de lo Social del Trib= unal Supremo se redujo a 1.605 y la de resoluciones recurridas ante el Tribunal Central de Trabajo se elevó a 15.056 (50), mientras que en el a&ntil= de;o 1979 se recurrieron ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 601 resoluciones y ante el Tribunal Central de Trabajo 15.528 (51). Y también como consecuencia del aumento de la litigiosidad en el Tribu= nal Central de Trabajo, la Orden de 21 de noviembre de 1979 dividió el Tribunal Central de Trabajo en cinco Salas de Justicia al constituirse una = Sala Quinta, de `Conflictos Colectivos´ (art. único).

&iques= t;Cómo podríamos resumir la situación del Tribunal Supremo y del Tribunal Central de Trabajo, en cuanto a carga de trabajo, en el año 1979?.

Desde = 1963, en que ya disponemos de datos estadísticos sobre el Tribunal Central de Trabajo, hasta 1979, se observa que, año tras año, aumenta el número de los recursos interpuestos ante el Tribunal Central de Trab= ajo, así como también el número de los recursos resueltos p= or el Tribunal. Ello no obstante, a partir del año 1976 comienza a ser preocupante la desproporción entre los recursos ingresados en el Tribunal Central de Trabajo y los resueltos, y en el año 1979 el número de asuntos ingresados superó en más de cuatro m= il a los resueltos (52).

En cua= nto a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo disponemos de cifras, ya expuestas, sobre las resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas cada año ante el Tribunal Supremo, y que reflejan el éxito, mayor o menor, de las continuas reformas tendentes a limitar el acceso a la casación laboral, pero carecemos de datos sobre el número de recursos efectivamente ingresa= dos; por otra parte, la información que se ofrece de la Sala de lo Social= del Tribunal Supremo corresponde a asuntos despachados por años judicial= es. Partiendo de lo anterior podemos hacernos una idea de la situación en que se encontraba la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en 1979 diciendo que en el año judicial 1978-79, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolvió 999 recursos de casación por infracció= ;n de ley y 20 por quebrantamiento de forma, en tanto que 3.580 recursos de casación terminaron por desistimiento o por otros motivos (53).

&= nbsp;

VIII. EL TEXTO REFUNDIDO = DE PROCEDIMIENTO LABORAL DE 13 DE JUNIO DE 1980

<= /span>La Constitución de 1978 proclamó en su texto: el principio de un= idad jurisdiccional (art. 117.5), la existencia de un cuerpo único de Jue= ces y Magistrados de carrera cuyo estatuto jurídico determinaría = la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1), y la creación de un Consejo General= del Poder Judicial como órgano de Gobierno del Poder Judicial (art. 122.= 2). Y la primera consecuencia para la Magistratura de Trabajo fue que la Ley Orgánica de 10 de enero de 1980, del Consejo General del Poder Judicial, dispuso, en= su disposición transitoria 4ª, que “Hasta tanto se organice definitivamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial el Cuerpo ú= nico de Jueces y Magistrados de carrera, la competencia atribuida al Consejo Gen= eral en relación con el régimen estatutario de Jueces y Magistrado= s se extenderá a los miembros del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, sin perjuicio de la aplicación en lo demás del régimen orgánico por el que actualmente se rigen en cuanto no resulte modifi= cado por esta Ley…”.

Poco después, por Real Decreto legislativo de 13 de junio de 1980, se aprobó un nuevo texto refundido de Procedimiento Laboral.

Las únicas reformas destacab= les del texto refundido de Procedimiento Laboral de 1980 en la regulació= n de los recursos de casación y suplicación son dos: declara procedente el recurso de casación contra las sentencias dictadas por= las Magistraturas de Trabajo en procesos por extinción del contrato por causas objetivas de trabajadores miembros del Comité de Empresa o Delegados de personal y regula un recurso especial de suplicación en conflictos colectivos que sustituye al recurso de alzada introducido por el Decreto de 20 de septiembre de 1962.

A comi= enzos de 1983, el Consejo General del Poder Judicial, en uso de la facultad que le atribuía el art. 3º de la Ley Orgánica 1/1980 de 10 de enero, propuso al Gobierno que, haciendo uso de la autorización contenida e= n el último párrafo del art. 153 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, fijara la cuantía mínima que h= acía procedente el recurso de suplicación en doscientas mil pesetas, tant= o en atención al tiempo transcurrido desde que la misma fue fijada en cien mil pesetas -7 de junio de 1978-, como a la carga de trabajo del Tribunal Central de Trabajo (54), consecuencia del aumento de las resoluciones que se recurrían ante él -17.732 en el año 1982, frente a los 1.024 recursos interpuestos ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo = en la misma anualidad (55)-.

Por Re= al Decreto de 15 de junio de 1983 el Gobierno, de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo General del Poder Judicial, modificó el tex= to refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 para elevar la cuantía mí= nima que permitía el acceso al recurso de suplicación a 200.000 pesetas.

&= nbsp;

IX. LA SUPRESIÓ= N DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 no incluyó al Tribunal Cent= ral de Trabajo entre los órganos judiciales integrantes de la organización judicial ordinaria, como tampoco incluyó entre e= llos a las Magistraturas de Trabajo (art. 26). Por el contrario, la Ley Orgánica del Poder Judicial trataba, en las disposiciones transitorias decimoséptima, decimoctava y decimonovena, de la desaparición= del Cuerpo de Magistrados de Trabajo y de la supresión del Tribunal Cent= ral de Trabajo y de las Magistraturas de Trabajo.

Mientr= as la disposición transitoria decimoséptima establecía normas para la integración de los Magistrados de Trabajo en la Carrera judi= cial y la disposición transitoria decimonovena contemplaba la sustitución de las Magistraturas de Trabajo por los Juzgados de lo Social, la disposición transitoria decimoctava preveía la supresión del Tribunal Central de Trabajo “en la fecha en que entren en funcionamiento las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, que serán establecidas p= or la Ley que fije la planta de los Tribunales”.

Previs= ta la supresión del Tribunal Central de Trabajo por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, ya no resultaba viable ni reformar el recurso d= e casación para aumentar la competencia del Tribunal Central de Trabajo ni aumentar la plantilla del Tribunal Central de Trabajo para hacer frente a los recursos = de suplicación pendientes.

Desde = el anuncio de supresión del Tribunal Central de Trabajo hasta su efecti= va desaparición, dan cuenta de la litigiosidad laboral en vía de recurso las Memorias del Consejo General del Poder Judicial de 1986 a 1989, que ref= lejan: el aumento en el número de recursos que cada año ingresaban e= n la Sala sexta del Tribunal Supremo y en el Tribunal Central de Trabajo, con los consiguientes retrasos en la resolución de los mismos (56), y las soluciones que el Consejo Gene= ral del Poder Judicial propuso o adoptó para hacer frente a este problem= a.

Sobre = el funcionamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dice la Memoria del Consejo Genera= l del Poder Judicial de 1986: “en la Sala Sexta del Tribunal Supremo, o Sala de = lo Social, es tal el número de asuntos que, pese a las altas cotas de rendimiento alcanzadas, ha dado lugar a un grave y preocupante crecimiento = de los procedimientos pendientes. En el curso del período anual que aho= ra se analiza, registró esta Sala 3.829 nuevos asuntos, de los que la inmensa mayoría (concretamente 3.774) fueron recursos de casación. Se ha producido, pues, un incremento ligeramente superior = al 24% respecto de los 3.084 que tuvieron entrada en la anualidad precedente. Durante dicho año se despacharon 2.798 asuntos (2.095 en 1984), de l= os que 1.743 lo fueron por sentencia. La desarmonía o desajuste entre lo que corresponde resolver a la Sala y su capacidad de resolución ha originado un considerable aumento de sus índices de atraso que, valo= rado en términos relativos, se sitúa por encima del 63%. En efecto= , se ha pasado desde los 1.632 procedimientos en trámite con que se inició el año, hasta los 2.663 que subsistían a su terminación. Esta situación de desfase es tanto más significativa si se tiene en cuenta que los Magistrados, sin la excepci&oac= ute;n del Presidente, dictan un número de sentencias, últimamente incrementado, que es superior al normalmente exigible” (57).

En la = Memoria de 1988 el Consejo General del Poder Judicial vuelve a insistir en la sobrecarga de trabajo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pero además apunta soluciones al problema: “Considerada la última anualidad completa, puede afirmarse que la acentuada sobrecar= ga de trabajo ha vuelto a superar la normal capacidad de absorción de l= as diversas Salas y de sus servicios auxiliares. Este incremento progresivo no= se refleja de una manera igual o proporcionada en las Salas correspondientes a= los distintos órdenes jurisdiccionales, pues destaca sobremanera la Sala Segunda,= a la que sigue la Sexta…La acumulación de procedimientos y actuacio= nes, que todavía se advierte en algunas Salas con índices de retra= so ciertamente preocupantes, no puede en modo alguno imputarse a una falta de interés o de rendimiento, ya que nunca se han alcanzado cotas tan al= tas de productividad en la historia del Tribunal Supremo. Las causas son otras, como la insuficiencia de los medios, pese a todo lo que se ha hecho últimamente para mejorarlos, o la no adecuada estructuración legal del recurso de casación y del ámbito de competencias asignado a este alto Tribunal…Consiguientemente, hay que pensar en ot= ros medios o procedimientos para conseguir una adecuación y armoní= ;a entre los asuntos que ingresan y la resolución de los mismos en un tiempo prudencial. El aumento, sin más, de la plantilla del Tribunal Supremo no es la fórmula pues ya este órgano judicial, por la heterogeneidad de sus atribuciones y con su actual composición, resu= lta exageradamente grande y desproporcionado si se le compara con los Tribunales similares de los Estados miembros de la Comunidad Europea” (58).

Sobre = el funcionamiento del Tribunal Central de Trabajo, en la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 1986 puede leerse lo siguiente: “Ha est= ado integrado durante 1985 por su Presidente, cinco Presidentes de Salas, 33 Magistrados titulares (uno de ellos en situación de servicios especiales), dos destinados en comisión de servicio y dos suplentes… Durante el último año ha crecido de modo not= able el número de los recursos promovidos, con lo que continúa en ascenso el volumen de trabajo; así, y limitándonos al examen = de las tres últimas anualidades, encontramos que en 1983 entraron 16.348 recursos (lo que era un aumento del 24, 43% respecto de los del año anterior); en 1984 ingresaron 19.762 (aumento del 20,88 % sobre los del año precedente); y durante 1985 se han registrado 23.361 recursos, lo que supone un nuevo aumento del 18, 21 % sobre la cifra de los recursos entrados en 1984. La consecuencia es que los recursos pendientes está= ;n en alza constante, pues de los 29.033, al terminar 1983, pasan a 36.238 al finalizar el año 1984 y a la altísima de 49.926 al concluir el año 1985, de los que 30.834 corresponden a la Sala Tercera. Todo ello a pesar de que el ritmo de rendimiento es alto, habiéndose resu= elto en el último año 9.673 recursos, con un promedio de treinta y= dos ponencias mensuales por Magistrado (con excepción de la Sala Quinta, p= or ser innecesario). La solución exige el reforzamiento de la plantilla de Magistrados en las Salas Primera, Tercera y Cuarta mediante nombramientos temporales en comisión de servicio y toda vez que un aumento definit= ivo no es viable a la vista de la modificación de la jurisdicción laboral que ha de realizar la futura Ley de Planta. Asimismo, se precisa el aumento del personal de Secretaría en cuantía que la Presidencia fija en dieciocho Auxiliares y tres subalternos” (59).

Para i= ntentar paliar el retraso en la resolución de recursos pendientes ante el Tribunal Central de Trabajo, el Consejo General del Poder Judicial aprobó en 1986 un Programa de actualización, consistente en la actuación en el Tribunal Central de Trabajo, en régimen de comisión de servicio, de Magistrados de Trabajo (60).

La con= tinuidad del Programa de actualización se estima en la Memoria del Consejo General del Po= der Judicial de 1988 “estrictamente necesaria”, como “único mecanismo adecuado para evitar que dicho órgano colegiado entre en una situación de auténtico colapso”.= Y la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 1989 se refiere al Programa de actualización, y al Plan de Perfeccionamiento del mismo,= en estos términos: “Con independencia de su normal plantilla orgánica, correspondiente a sus cinco Salas, han actuado en el Tribu= nal Central de Trabajo, y como consecuencia del Programa de actualización aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, 32 Magistrados titulare= s de diversas Magistraturas, en Comisión de servicios y régimen de compatibilidad con las funciones que habitualmente les competen. Por otra parte, el 24 de febrero de 1.988 inició su actuación la Comisión de Clasificación de asuntos homogéneos, const= ituida como consecuencia de la aprobación por el Consejo de un Plan de Perfeccionamiento del Plan de Actualización autorizado en 1.986. Dic= ha Comisión está integrada por tres Magistrados y doce Secretari= os (reducidos estos últimos a uno por Acuerdo de la Comisión Pe= rmanente de 28.10.88), en funcionamiento de tardes y régimen de compatibilidad con sus tareas habituales. Los resultados obtenidos por esta Comisión han supuesto un notable perfeccionamiento del plan de Actualización inicialmente aprobado, de modo que, el nivel de resolución del Tribu= nal Central de Trabajo ha aumentado en casi un millar de recursos con relación al año 1.987….El balance de la labor realizada durante 1988 es muy positivo a la vista de los niveles cronológico y cuantitativo de resolución alcanzados, máxime si se tiene en cuenta que el de ingreso ha aumentado mucho (de 31.276 en 1987 a 37.700 en 198= 8) y que, sin embargo, el de recursos pendientes ha disminuido (de 51.014 en 1987 a 45.314 en 1988)” (61).

Finalm= ente, el Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 10 de mayo de 1= 989, acordó la supresión del Tribunal Central de Trabajo para el día 23 de mayo de 1989, fecha a partir de la cual la Sala de lo Soci= al de la Audie= ncia Nacional y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pasarían a conocer de los asuntos pendientes ante= el Tribunal Central de Trabajo en la forma establecida en la disposición transitoria decimoctava de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en = el art. 38 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y en las reglas dispuestas por el mismo Consejo General del Poder Judicial en su reuni&oacu= te;n de 10 de mayo de 1989.

Notas

(1) El art. 487 del Código de Trabajo de 1926 disponía: “Habrá recur= so de casación por infracción de ley en los siguientes:

1º Cuando, tratándose de reclamaciones a consecuencia de accidentes de trabajo,= el litigio verse sobre casos de muerte, incapacidad permanente absoluta para t= odo trabajo o para la profesión habitual;

2º Cuando, trat= ándose de litigios relativos a contratos de trabajo, individuales o colectivos, se alegue el incumplimiento de algún precepto legal, y

3º Cuando, cual= quiera que sea la materia litigiosa, la cuantía de ésta exceda de 2.= 500 pesetas”.

(2) El recurso de re= visión ante las Audiencias Territoriales se regulaba en los arts. 482 a 485 del C&oacut= e;digo de Trabajo de 1926. El art. 482 decía así: “En los caso= s en que, conforme a los artículos 487 y 488 (éste último se remitía a los motivos de casación por infracción de le= y o doctrina legal previstos en el art. 1692&n= bsp; LEC 1881), no proceda el recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia pronunciada por el Tribunal industrial o el Juez de primera instancia, habrá lugar al recurso de revisión que se tramitará ante la Sala de lo civil de la Audiencia territorial respectiva, para examinar el derecho aplicado en la sentencia y dictar, en su caso, la que sea procedente”.

(3) El art. 21,I del= Real Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926 disponía: “Las Comision= es mixtas del trabajo entenderán a los efectos de su aprobación y eficacia, en todos los acuerdos de los Comités paritarios de su grupo respecto de la reglamentación del trabajo, horario, descanso, regulación del despido y demás condiciones que sirvan de norm= a a los contratos de trabajo, teniendo en este punto las facultades que hoy están atribuidas a los Tribunales industriales y sin perjuicio del recurso de casación que establecen los artículos 486 y siguie= ntes del Código de Trabajo”.

= El art. 21,I del Real Decreto-ley de 26 de noviembre de 1926 fue reproducido, = con alguna variación terminológica, por el art. 21,I del texto refundido de organización corporativa nacional aprobado por Real Decreto-ley de 8 de marzo de 1929. <= /span>

(4) La Ley de 27 de = agosto de 1938 derogó el Decreto de 6 de mayo de 1931 y reorganizó provisionalmente el Tribunal Supremo en cuatro Salas; la Sala cuarta, compu= esta de un Presidente y dos Magistrados, se denominó “de lo Social” (art. 7º). La Ley de 30 de junio de 1939 aumentó = la dotación de personal del Tribunal Supremo “para que su trabajo comience a rendir la eficacia debida ante el enorme número de asunto= s de su competencia que se han ido acumulando durante todo el tiempo de su forza= da inactividad”, correspondiendo dos Magistrados más a la Sala de= lo Social (artículo primero).

P= or Ley de 18 de marzo de 1944 se creó en el Tribunal Supremo una nueva Sala= de lo Contencioso-administrativo, que pasó a ser la Sala cuarta, mientr= as que la Sala quinta se llamó de lo Social. El Decreto de 14 de junio = de 1957 creó una Sala más de lo Contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo y la Sala de= lo Social pasó a ser la Sala sexta.&nb= sp;

(5) El art. 3º = del Decreto de 13 de mayo de 1938, era del siguiente tenor:

“Contra la sen= tencia dictada por los Magistrados de Trabajo o Jueces de Primera Instancia en funciones de tales sólo cabrá recurso de casación en l= os casos, forma y plazo previstos en el artículo cuatrocientos ochenta y seis y siguientes del Código de Trabajo.

“La tramitaci&= oacute;n de los recursos se ajustará a las normas establecidas en dicho prece= pto legal.

“Queda subsist= ente el recurso extraordinario de revisión que previene el artículo cuatrocientos noventa y seis del Código de Trabajo”.

(6) Fue el art. 9&or= dm; de la Ley de 31 de mayo de 1966, de reforma orgánica y adaptació= n de los Cuerpos de la Jurisdicción del Trabajo a la Ley de Funcionarios Civiles, el que modificó el sistema de designación del Presid= ente del Tribunal Central de Trabajo al disponer que: “El Presidente del Tribunal Central de Trabajo será nombrado por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo, entre aquellos juristas q= ue en el desempeño de la Magistratura, del Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la Abogacía o en la cátedra gocen del más alto prestigio y acredi= tada competencia”.

(7) El art. 14 de la Ley Orgánica de la Magistratura de Trabajo de 1940 fue derogado por la disposición final 1ª de la Ley de 22 de diciembre de 1949 que reorganiza el Tribun= al Central de Trabajo y fija nuevas plantillas de Magistrados y Secretarios. <= /p>

(8) El art. 10 del D= ecreto de 11 de julio de 1941 declaraba subsistente el recurso de casación.=

(9) Cuando el Preámbulo del Decreto de 11 de julio de 1941 decía que “= ;El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Magistratura del Trabajo de 17 = de octubre de 1940, previene la creación de un Tribunal Central para conocer de los recursos contra las sentencias de la Magistratura cuando, con arreglo a las disposiciones vigentes, no cabe el de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo”, atribuía al art. 14 a= lgo distinto de lo que el precepto disponía.

(10) En el primer párrafo del preámbulo de la Ley de 23 de diciembre de 1948 pu= ede leerse lo siguiente: “El número de asuntos ingresados y a reso= lver en la Sala quinta de lo Social del Tribunal Supremo, tuvo estos últi= mos años tan considerable aumento, que no obstante el esfuerzo realizado= por los Magistrados que la componen, los recursos pendientes lo son cada vez en mayor cantidad, llegando al iniciarse este año judicial a la cifra de 5.114, por lo que, aparte de otras medidas que impidan el acceso a esta Sal= a de cuestiones de escasa cuantía, es imprescindible el aumento de tres Magistrados, quedando con una composición semejante a la de las Salas segunda, tercera y cuarta”.

(11) Datos obtenidos= del Anuario Estadístico de España, año XXXVI.-1961, p. 106= 1.

(12) La Ley de 22 de diciembre de 1949 estableció, a los únicos efectos de unifica= r la jurisprudencia, el recurso en interés de la Ley, competencia de la S= ala de lo Social del Tribunal Supremo en pleno, contra las sentencias dictadas = en suplicación por el Tribunal Central de Trabajo cuya doctrina se esti= mare dañosa o errónea.

(13) La modificaci&o= acute;n de las resoluciones recurribles en casación por infracción de= ley o doctrina legal tuvo, sin embargo, un mayor alcance. Según el art. = 15: “Procederá el recurso de casación por infracción= de ley y doctrina legal:

1º Contra las sentencias dictadas por la Magistratura de Trabajo que decidan reclamaciones por incapacidades permanentes o muerte en accidentes de trabajo industriale= s o agrícolas y por incapacidades temporales acumuladas a las de natural= eza permanente.

2º Contra las resoluciones de la Magistratura de Trabajo que decidan cuestiones de competencia por razón de la materia, cualquiera que sea la cuant&iac= ute;a litigiosa.

3º Contra las resoluciones de la Magistratura de Trabajo que decidan cuestiones de competencia por razón de lugar, siempre que sobre el fondo del asunto corresponda el recurso de casación.

4º Contra las sentencias de la Magistratura de Trabajo en el procedimiento especial por despido de Caballeros Mutilados; y

5º Contra las sentencias dictadas por dicha Magistratura, cualquiera que sea la materia s= obre que versen en reclamaciones cuya cuantía exceda de veinte mil pesetas”.

(14) No obstante, el número de recursos de casación por quebrantamiento de forma representaban un pequeño porcentaje del total de recursos de casación, como nos puede dar idea el dato de que en el año judicial 1947-48 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolviera 272 r= ecursos de casación por infracción de ley o doctrina legal y só= ;lo 18 recursos de casación por quebrantamiento de forma, y que en el año judicial 1948-49 resolviera 336 recursos de casación por infracción de ley frente a 18 recursos de casación por quebra= ntamiento de forma. Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1= 961, p. 1061.

(15) La Ley de 22 de diciembre de 1949 también reforma la tramitación del recurso = de suplicación.

(16) El art. 16 de l= a Ley de 22 de diciembre de 1949 enumeraba los motivos de casación por infracción de ley, y su numero 5º era del siguiente tenor: “Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de los elementos de pruebas documentales o periciales que, obrantes en autos, demuestren la equivocación evidente del juzgador”.

(17) Datos tomados d= el Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 64= 7.

(18) La cifra de 5.0= 00 asuntos es la que figura en la Revista de Trabajo, enero de 1950, p. 51. Sin embargo, en po= co menos, 4.474 asuntos parece fijarla el Anuario Estadístico de España, año XXXVI.-1961, p. 1061.

(19) Datos tomados d= el Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 64= 7.

(20) El preámbulo de la Ley de 20 de diciembre de 1952 dice así: “Para impedir el retraso de asuntos que se han producido por el exces= ivo número de los ingresados en el Tribunal Supremo, se estima que, apar= te otros medios de índole procesal, también en el proyecto es forzoso acudir al aumento de personal, aunque en reducida escala, en las Sa= las Primera, Segunda y Quinta de aquel Tribunal. Se establece en la Ley la creación de dos plazas en la Sala Primera, una en la Segunda y tres en la Quinta, lo cual permitirá con más facilidad que ahora constituirse con ellas Secciones, que podrán actuar simultáneamente para lograr un mayor rendimiento de trabajo y, como consecuencia, acelerar el despacho de los asuntos”.

(21) Aunque los dato= s de que hemos dispuesto no nos han permitido conocer el número exacto de recursos de casación interpuestos en los años judiciales 1950= -51 y 51-52, no parece que durante esos años existiese desproporci&oacut= e;n entre el número de recursos de casación ingresados y despacha= dos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

S= e puede llegar a la anterior conclusión comparando las cifras que se expondrán a continuación con el número de resoluciones= de las Magistraturas de Trabajo recurridas ante el Tribunal Supremo en los años 50, 51 y 52 que aparecen citadas en el texto.

<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> En el año judicial 1950-51 l= a Sala quinta del Tribunal Supremo despachó 1.371 asuntos –entre recu= rsos de casación, recursos de revisión en arrendamientos de fincas rústicas y otras, competencias, quejas, nulidad y otros conceptos-, resolviendo 436 recursos de casación por infracción de ley y = 23 por quebrantamiento de forma, en tanto que 711 recursos de casación terminaron por desistimiento, deserción u otros motivos, lo que hace= un total de 1.170 recursos de casación despachados. En el año judicial 1951-52 el número de asuntos despachados por la Sala quinta= del Tribunal Supremo fue de 1.161, de los que 435 correspondían a senten= cias dictadas en recursos de casación por infracción de ley y 29 a sentencias dictad= as en recursos de casación por quebrantamiento de forma, mientras que 524 recursos de casación terminaron por desistimiento, deserción u otros motivos, en total 988 recursos de casación despachados. Datos obtenidos del Anuario Estadístico de España, año XXXVI= .- 1961, p. 1061.

(22) La cifra de asu= ntos despachados por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el año judicial 1952-53 fue de 1.201, decidiendo 544 recursos de casación por infracción de ley y 36 recursos de casación por quebrantamiento de forma. Datos obtenidos d= el Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 1061.

(23) En la Ley de 17= de julio de 1953 puede leerse lo siguiente:

“La índ= ole de las cuestiones litigiosas de carácter laboral, cuyo contenido afecta= en la mayoría de los casos a personas de modesta condición económica, exige la posible celeridad sin merma de las necesarias garantías procesales, en el despacho y resolución de las pretensiones de esta naturaleza, formuladas ante los Tribunales.

“Ello puede al= canzarse dando mayor agilidad a los procesos en que se ventilen tales cuestiones, y = de modo especial mediante la elevación de la cuantía de los asun= tos de que entiende el Tribunal Central de Trabajo, al que, por otra parte, debe atribuirse el conocimiento, dentro de ciertos límites, de las cuesti= ones de competencia, por razón de la materia, hoy deferidas con carácter exclusivo a la Sala Quinta del Tribunal Supremo, recargada, por este motivo, con gran número de asuntos que dificultan su pronta resolución”.

(24) No obstante, la Ley de 17 de julio de 1953 también realiza una pequeña ampliación en el ám= bito del recurso de casación al declarar recurribles, por primera vez, las sentencias de la Magistratura de Trabajo en el procedimiento especial de despido de productores que sean enlaces sindicales o desempeñen carg= os sindicales (art. 15.4º).

(25) Datos obtenidos= del Anuario Estadístico de España, año XXXVI.- 1961, p. 64= 7.

(26) La Orden de 11 = de enero de 1955 no tiene desperdicio, y por ello la reproducimos en su integridad, = dice así:

“La Ley de 22 = de diciembre de 1949, al regular la tramitación y resolución de = los litigios entablados ante la jurisdicción laboral, persiguió c= omo finalidad primordial conseguir la mayor celeridad en la decisión de tales asuntos, que en la mayoría de los casos afectan a personas de modesta condición económica.

“Posteriorment= e y para lograr con más amplitud esa finalidad se promulgó la Ley de 1= 7 de julio de 1953, que modificó algunos preceptos del ordenamiento antes citado, pero bien entendido que dejaba subsistentes todos los no modificados expresamente por la segunda de las leyes mencionadas.

“Esto sentado,= y teniendo en cuenta que la disposición transitoria cuarta de la Ley d= e 22 de diciembre de 1949 ordenó que los asuntos de carácter labor= al en trámite, cuyas vistas no estuvieren señaladas en el moment= o de su vigencia, se atemperaran a las normas procesales que en ella se establecían, es lógico estimar la necesidad de aplicar idéntico criterio a la nueva situación creada por la Ley de 1= 7 de julio de 1953, toda vez que su única disposición transitoria = no sólo no contradice la anterior, sino que precisamente la complementa= al determinar con toda claridad que los litigios en materia laboral, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose en cua= nto a trámites y recursos por las normas procesales que regían en= la fecha de su iniciación -la Ley de 22 de diciembre de 1949-, pero añade que esa tramitació= ;n será `ante los órganos jurisdiccionales competentes a tenor de los preceptos modificados por la presente Ley´. En su consecuencia, es necesario dar cumplimiento a lo establecido en las dos disposiciones transitorias referidas y, por tanto, los Ministerios de Justicia y Trabajo, haciendo uso de la facultad concedida en la tercera disposición fina= l de la Ley de 22 de diciembre de 1949, han tenido a bien disponer que los recur= sos de casación pendientes ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo cuyas vist= as no estén señaladas, relativos a asuntos, que con arreglo a la Le= y de 17 de julio de 1953, queden comprendidos dentro del ámbito del recur= so de suplicación, sean remitidos, previo acuerdo de dicha Sala adoptad= o en cada caso dentro del plazo de un mes a partir de la publicación de <= st1:PersonName ProductID=3D"la presente Orden" w:st=3D"on">la presente Orden, a la Magistratura de procedencia, a fin de que prosiga el trámite que corresponda para que conozca de dichos asuntos el Tribunal Central de Traba= jo”.

(27) La cifra de 486= asuntos es la que figura en el Anuario Estadístico de España, a&ntild= e;o XXXVI.-1961, p. 1061. <= /p>

(28) En el añ= o 1956 se recurrieron 3.436 resoluciones de las Magistraturas de Trabajo, de ellas= 973 ante el Tribunal Supremo y 2.463 ante el Tribunal Central de Trabajo. En 19= 57, de las 3.484 resoluciones recurridas, 1.078 se dirigieron al Tribunal Supre= mo y 2.406 al Tribunal Central de Trabajo. En 1958 fueron recurridas 3.414 resoluciones, 1.207 ante el Tribunal Supremo y 2.207 ante el Tribunal Centr= al de Trabajo. Y en el año 1959 el número de resoluciones recurr= idas se elevó a 3.705, 1.140 tuvieron como destinatario al Tribunal Supre= mo y 2.565 al Tribunal Central de Trabajo. Datos del Anuario Estadístico = de España, año XXXVI.-1961, p. 647.

(29) El texto refund= ido de Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958 incorpora = a su redacción la regulación de los recursos de suplicación, casación e interés de la Ley que se encontraba en la Ley de 2= 2 de diciembre de 1949, con las modificaciones introducidas por la Ley de 17 de julio de 1953, si bien también incluye la previsión del art. 5º de la Ley de 24 de abril de 1958 sobre reforma del Procedimiento Laboral, a cuyo tenor: “La omisión del intento de conciliación sindical se considerará como motivo de recurso de suplicación o de casación por quebrantamiento de forma”= .

(30) En el pre&aacut= e;mbulo de la Ley de 22 de julio de 1961, párrafo primero, se puede leer lo siguiente: “El considerable incremento que han venido experimentando = los recursos que tramita la Sa= la Primera del Tribunal Central de Trabajo reclama un aument= o de los Magistrados que la componen en cuantía mínima de dos, si, como resulta adecuado, los asuntos han de continuar resolviéndose de= ntro de los plazos legales y con la celeridad indispensable en aquella jurisdicción”.

(31) El art. 1º= .4 del Decreto de 20 de septiembre de 1962 disponía:

“Los pá= rrafos primero y tercero del artículo 150 del texto refundido de Procedimie= nto Laboral quedan redactados en la forma respectiva siguiente:

“Proceder&aacu= te; el recurso de suplicación contra las sentencias no comprendidas en el artículo 164, dictadas en reclamaciones cuya cuantía litigiosa sea superior a 10.000 pesetas y no exceda de 100.000 pesetas.

“No obstante, procederá el recurso de suplicación contra las sentencias dictadas en reclamaciones cuya cuantía no exceda de 10.000 pesetas cuando se solicite únicamente la subsanación de una falta esencial del procedimiento”.

(32) En el añ= o 1964, de un total de 3.401 resoluciones de las Magistraturas Provinciales de Trab= ajo recurridas, 1.290 lo fueron ante el Tribunal Supremo y 2.111 ante el Tribun= al Central de Trabajo, y en 1965 el número de resoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas fue de 4.405, de ellas 1.407 para el Tr= ibunal Supremo y 2.998 para el Tribunal Central de Trabajo. Datos del Anuario Estadístico de España, año XLVI-1971, p. 302.

(33) El preám= bulo de la Ley de 31 de mayo de 1966, de aumento de las plantillas de los Cuerpos de Magistrados y Secretarios de la Magistratura de Trabajo, dice en su preámbulo: “El incremento de los litigios se refleja al propio tiempo, y como es natural, en los recursos de que son objeto las resolucion= es dictadas por los Tribunales de instancia; consiguientemente, al llevarse a = efecto la ampliación de las plantillas de aquéllos se hace indispens= able incrementar proporcionalmente las del Tribunal Central de Trabajo”. Y en el art. 1º puede leerse: “A partir de 1 de enero de 1966 las plantillas del Cuerpo de Magistra= dos de Trabajo serán las siguientes: a) Categoría Especial: 24 Magistrados. b) Magistrados de Trabajo de término: 11. c) Magistrado= s de Trabajo de primera: 27. d) Magistrados de Trabajo de segunda: 26. e) Magistrados de Trabajo de tercera: 22”.

(34) Datos del Anuar= io Estadístico de España, año XLVI-1971, p. 302.

(35) A partir del a&= ntilde;o 1963 pueden encontrarse datos sobre el Tribunal Central de Trabajo en las Estadísticas Judiciales de España.

H= ay que observar la lógica falta de coincidencia entre el número de r= esoluciones de las Magistraturas de Trabajo recurridas ante el Tribunal Central de Trab= ajo que aparecen en el Anuario Estadístico de España, como también en las Estadísticas Judiciales de España, y el número de recursos ingresados en el Tribunal Central de Trabajo que figuran en las Estadísticas Judiciales de España.

(36) Vid. Estadísticas Judiciales de España, año 1968, Madrid, 1= 971, pp. 164 y 165.

(37) En el pre&aacut= e;mbulo del Decreto de 11 de octubre de 1967 puede leerse lo siguiente: “Todas las disposiciones que han venido regulando la jurisdicció= ;n Laboral han atribuido al Gobierno, previa audiencia del Consejo de Estado, la facultad de modificar las cuantías fijadas en = las mismas a los efectos de los posibles recursos de suplicación o casación, frente a las sentencias de las Magistraturas de Trabajo, c= omo se recoge en …En aquellas disposiciones, y merced a las autorizaciones concedidas, se fueron elevando los límites desde los primeramente establecidos …todo ello debido a diferentes circunstancias, entre las cuales pueden señalarse los aumentos salariales que entonces se produjeron y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Estas mismas circunstancias subsisten en la actualidad, habiéndose producido desd= e el último Decreto citado tres aumentos salariales…”.

(38) El texto refund= ido de Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 21 de abril de 1966, que sustituyó al texto refundido de Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 17 de enero de 1963, no alteró la anterior regulaci&oacut= e;n del recurso de casación, pero si introdujo modificaciones en la regulación del recurso de suplicación al ampliar las resoluci= ones contra las que resultaba procedente el recurso a las siguientes: 1. reclamaciones, acumuladas o no, que sin alcanzar 10.000 pesetas la cuestión debatida afecte a todos o a un gran número de los beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, y 2. sentencias dictadas = como consecuencia de reclamaciones para el reconocimiento del derecho al benefic= io de prestaciones de la Seguridad Social y de las Mutualidades acogidas a la Ley = de 6 de diciembre de 1941, siempre que tengan el carácter de permanentes o vitalicias (art. 153.1 y 2).

(39) Datos del Anuar= io Estadístico de España, año XLVI-1971, p. 302, y del Anuario Estadístico de España, año LV-1980, p. 328.

(40) La Ley de 30 de diciembre de 1969, de modificación de la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, dispuso lo siguiente: “A partir de 1 de enero de 1970 se aumentar&aac= ute; en dos plazas la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, con lo que ésta quedará integrada por 112 plazas” (art. 1º); “La categoría de las dos plazas anteriores será de las comprendidas en el apartado c) del número 1º del art. 18 de la = Ley 33/1966, de 31 de mayo…” (art. 2º).

E= l art. 18.1º, c) de la Ley 33/1= 966, de 31 de mayo, comprendía: “Magistrados del Tribunal Central, Inspectores generales y Jefes de las Secciones de Asuntos Generales, Régimen Interior y Recursos y de Personal”.

(41) La Ley de 30 de= marzo de 1971 dice en su preámbulo: “En la actualidad sobreviene como inevitable la necesidad de ampliar, siquiera sea con las máximas limitaciones, las actuales plantillas de los Cuerpos de Magistrados de Trab= ajo y de Secretarios de Magistraturas, a causa de que en determinadas provincia= s, la litigiosidad ofrece un aumento en proporciones de cualificada excepción, con la consiguiente repercusión en el Tribunal Cen= tral de Trabajo, al que, por vía de recurso, le está atribuida la función de revisión y control de las resoluciones de los Tribunales de instancia, necesidades a las que debe atenderse con el fin de= que la jurisdicción laboral cumpla con celeridad y eficacia la función que le es inherente de resolver contiendas con la rapidez que los derechos cuestionados exigen y el interés social demanda”.=

= Conviene reproducir los dos primeros artículos de la Ley de 30 de marzo de 19= 31, que dicen así:

Artículo 1&or= dm; “A partir del 1 de enero de 1971 se aumentarán en quince plaza= s la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, y en doce plazas, la del Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo”.

Artículo 2&or= dm; “La plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo a que se refiere el artículo 4º, apartado 2º, de la Ley 33/1966, de 31 de mayo, será la siguiente:

“Categor&iacut= e;a b), tres. Tres Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo.

“Categor&iacut= e;a c), veintiocho. Veintiún Magistrados del Tribunal Central; un Inspector general Jefe de Magistraturas de Trabajo; dos Inspectores generales de Magistraturas de Trabajo; dos Jefes de Sección de la Dirección Gen= eral de Jurisdicción de Trabajo; un Presidente de la Comisión Técnica Calificadora Central y un Presidente de la Comisión Central de Recursos del Personal Sanitari= o de la Seguridad= Social.

“Categor&iacut= e;a d), noventa y seis. Magistrados provinciales de Trabajo”.

(42) Datos tomados d= el Anuario Estadístico de España, año LV-1980, p. 328.

(43) Con anteriorida= d la Ley de 22 de diciembre de 1972 aumentó en 20 plazas la plantilla de Magistrados Provinciales de Trabajo.

(44) Reproducimos también los dos primeros artículos de la Ley de 30 de diciemb= re de 1975.

= Artículo 1º: “A partir de 1 de enero de 1976, se aumentará en 20 plazas la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, y en 15 plazas, <= st1:PersonName ProductID=3D"la del Cuerpo" w:st=3D"on">la del Cuerpo de Secretarios de Magistratura de Trabajo”.

= Artículo 2º: “La plantilla orgánica del Cuerpo de Magistrados de Trabajo será la siguiente:

“Categor&iacut= e;a b). Cuatro: Tres Presidentes de Sala del Tribunal Central de Trabajo, y el Inspector general Jefe de Magistraturas de Trabajo.

“Categor&iacut= e;a c). Treinta y dos. Veintiséis Magistrados del Tribunal Central, dos Inspectores generales, dos Jefes de Sección de la Dirección Gen= eral, un Presidente de la Comisión Técnica Calificadora Central, y un Presidente de la Comisión Central de Recursos para la provisión de vacantes del personal sanitario de la Seguridad Social.

“Categor&iacut= e;a d). Ciento treinta y un Magistrados provinciales de Trabajo”.

(45) El Decreto de 1= 6 de julio de 1976 modificó los arts. 153 y 166 del texto refundido de Procedimiento Laboral aprobado por Decreto de 17 de agosto de 1973 que no introdujo modificaciones en la regulación de los recursos de suplicación y casación respecto del Decreto de 18 de mayo de 1972.

(46) Datos tomados d= el Anuario Estadístico de España, año LV-1980, p. 328.

(47) El Real Decreto= -Ley de 13 de junio de 1977 dice en sus dos primeros artículos:

= Art. 1º “A partir de 1 de julio de 1977, se aumentará en 24 pl= azas la plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo y en veinte plazas la del Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo”.

= Art. 2º “La plantilla orgánica del Cuerpo de Magistrados de Trabajo será la siguiente:

= Categoría b), Cinco.- Cuatro Presidentes de Sala y un Inspector general Jefe de Magistraturas de Trabajo.

= Categoría c), Treinta y ocho.- Treinta y un Magistrados del Tribunal Central de Traba= jo, tres Inspectores generales, dos Jefes de Sección de la Dirección Gen= eral, un Presidente de la Comisión Técnica Calificadora Central y un Presidente de la Comisión Central de Recursos para la provisión de vacantes del personal sanitario de la Seguridad Social.

= Categoría d) .- Ciento cuarenta y ocho Magistrados Provinciales de Trabajo”.

(48) El preám= bulo del Real Decreto-Ley de 7 de junio de 1978 justifica la reforma por el aumento = de la litigiosidad: “̷= 0;con la consecuencia de que si no se pone pronto el adecuado remedio, los pronunciamientos judiciales devendrán ineficaces por tardíos = y se correrá un grave riesgo de colapso. Es de subrayar que el incremento= de asuntos resulta particularmente notable en lo relativo a la materia de Seguridad Social, lo que ha provocado una acumulación muy elevada de recursos pendientes de resolver en la Sala VI del Tribunal Supremo y en el Tribun= al Central de Trabajo, porque tanto a uno como a otro Tribunal se accede en di= cha materia mas fácilmente que en otras, al venir determinada la compete= ncia por razón de la naturaleza objetiva de la reclamación, sin te= ner en cuenta la cuantía o importe que la misma significa. Aunque la solución común a los anteriores problemas podría ser aumentar la dotación de Magistrados, Secretarios y personal auxiliar, tal remedio parece preferible reservarlo exclusivamente para la instancia…En cuanto a los procesos de impugnación se reforma e= l trámite en un doble sentido: para la casación y suplicación se condic= iona el acceso a ambos recursos a la conjunción de materia y cuantí= ;a; y respecto de la casación, se aligera el procedimiento, regulando co= mo facultad del Tribunal la celebración de vista. Estas modestas reform= as de la Ley de Procedimiento Laboral (citada) responden a la exigencia de disminuir el número de recursos sin restringir la creación de criterios interpretativos o jurisprudenciales. Además se redactan los artículos 153 y 166 de la Ley de Procedimiento Laboral, acomod&aacut= e;ndolos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 17/1977 de 4 de marzo, dejando para una posterior y más amplia reforma de la citada Ley aque= llos puntos cuyo cambio venga impuesto por las modificaciones legislativas operadas”.

(49) El Real Decreto= -ley de 7 de junio de 1978 también modifica el art. 130 de la Ley de Procedimiento Laboral .

(50) Datos obtenidos del Anuario Estadístic= o de España, año LV-1980, p. 328.

(51) Datos obtenidos= del Anuario Estadístico de España, año LX-1985, p. 328.

(52) Estadíst= icas Judiciales de España año 1968, Madrid, 1971, p. 164 y Estadísticas Judiciales de España año 1979, Madrid, 19= 83, p. 96.

(53) Estadíst= icas Judiciales de España, año 1979, Madrid, 1983, p. 96.

(54) A juicio del Co= nsejo General del Poder Judicial: “El tiempo transcurrido desde el momento = en que la cuantía mínima que abre el recurso de suplicació= ;n fue fijada en cien mil pesetas, lo que tuvo lugar mediante el Real Decreto = Ley 14/1978 de 7 de Junio, ha determinado que la significación económica de dicha cifra comprenda un número de supuestos litigiosos mucho más elevado que el inicialmente correspondiente a <= st1:PersonName ProductID=3D"la misma. A" w:st=3D"on">la misma. A esta circunstancia se une la situación de acumulación de recursos pendientes de resolver por la que atraviesa el Tribunal Central de Trabajo,= que entre otros motivos está conectada al referido incremento de las cuestiones que acceden al recurso en virtud de la pérdida de significación económica de la cuantía mínima establecida…para determinar el grado de elevación de que dicha= cifra debe ser objeto, estima el Consejo General como módulo objetivo más apropiado, entre los diversos posibles, el de la elevación experimentada por las cuantías del salario mínimo interprofesional desde junio de 1978 hasta el presente. El salario mínimo interprofesional al tiempo de establecerse el límite cuantitativo de las cien mil pesetas, estaba fijado por el Real Decreto de = 30 de marzo de 1978 que lo concretó en 548 pesetas diarias. En el momen= to actual el salario mínimo interprofesional se encuentra establecido p= or el Real Decreto de 19 de Enero de 1983 que lo fija en 1.720- ptas. diarias, habiéndose producido prácticamente una duplicación de dicho salario desde la fecha de 1978 contemplada. En consecuencia, se estima que la cuantía mínima para acceder al recurso de suplicación, actualmente fijada en cien mil pesetas, debe establecer= se en la de doscientas mil”= ;, Boletín de Información del Consejo General del Poder Judicial= , Año III, núm. 12, Marzo 198= 3, pp. 8 y 9.

(55) Datos obtenidos= del Anuario Estadístico de España, año LX-1985, p. 328.

(56) A las Memorias = del Consejo General del Poder Judicial se acompañan unos completos cuadr= os estadísticos.

(57) Consejo General= del Poder Judicial, Memoria. Anexo, Madrid, 1986, p. 19.

(58) Consejo General= del Poder Judicial, Memoria. Anexo II, Madrid, 1988, p. 22.

(59) Consejo General= del Poder Judicial, Memoria. Anexo, Madrid, 1986, p. 29.

(60) Ya a mediados d= el mes de marzo de 1983, y con el fin de que disminuyera el número de recur= sos de suplicación pendientes, el Consejo General del Poder Judicial acordó la incorporación al Tribunal Central de Trabajo, en comisión de servicio, de seis Magistrados. Consecuencia de ello fue = la resolución de 13.361 recursos de suplicación en el año 1983, frente a los 9.024 resueltos en el año 1982.

(61) Consejo General= del Poder Judicial. Memoria. Anexo II, Madrid, 1989, pp. 63 y 64.